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La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó en la madrugada del domingo 5 de julio la Ley de Urgente Consideración (LUC ), un megaproyecto que incluye 478 artículos.
En Montevideo, más de 10 mil personas salieron a la calle a protestar. Sindicatos, gremios estudiantiles y organizaciones se unieron a la manifestación: “No a la LUC”. Las pancartas demostraban, con exactitud, el descontento con la mano dura del presidente Luis Lacalle Pou: “Ninguna militarización”, “Perdiendo derechos a la velocidad de la LUC”.
Para muchos la LUC representa retroceso y represión, pues apoya la privatización de la educación y la pérdida de derechos sociales, lo que indica una posible injerencia de la policía y el ejército en la educación y una mayor pérdida de autonomía. Algunos sectores consideran que los más afectados por la LUC serían la clase trabajadora y la educación pública.
El frente Amplio, partido político de los expresidentes Mujica y Tabaré Vázquez, la calificó de “inconstitucional, antipopular, represiva y regresiva, pues viola la Constitución Política y vulnera los derechos consagrados en la legislación nacional”.
Aunque el gobierno de Lacalle Pou tenga que afrontar varios desafíos, como disminuir la criminalidad, atraer la inversión extranjera y aminorar el déficit fiscal, fue oportunista, pues este proyecto de tamaña importancia en áreas esenciales de política pública fue enviado al Congreso, con carácter de urgencia, en un contexto de emergencia sanitaria y económica, lo que impidió debates más profundos sobre las reformas propuestas.
Históricamente, Uruguay ha sido un país de vanguardia en América Latina: legalización del matrimonio homosexual, la adopción por parejas del mismo sexo, la aprobación de la ley referente a la producción y venta y consumo de marihuana, en aquel entonces una decisión pionera a escala mundial para desactivar el narcotráfico.
En los últimos días, varios medios internacionales han reconocido a Uruguay como un caso de éxito en el contexto de la pandemia provocada por el COVID-19, debido a la eficacia de su sistema de salud.
En una entrevista concedida a DW, en español, el doctor Giovanni Escalante, nuevo representante de la OPS/OMS en Uruguay, afirmó que esto se debía “al nivel sostenido de inversión pública en salud por más de 15 años, su solidez institucional, tradición democrática y cívica con credibilidad relativa importante en sus dirigentes, una fuerte presencia del Estado en campos como salud, seguridad social, sistema educativo y capacidad de regulación del sector privado”.
Con la inclusión de puntos como la creación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica y la criminalización de la protesta social, Uruguay se alinea con países que utilizaron este camino para judicializar la política y controlar la “amenaza interna”.
Pareciera que el presidente Lacalle Pou, con el objetivo de mantener los compromisos de campaña, podría estar dispuesto a desmontar las conquistas democráticas de Uruguay y transformarlo en un país menos justo, menos democrático y libre.
Con distintos matices, el fantasma del autoritarismo deambula en la región y todo indica que con Lacalle Pou este será el lamentable turno de Uruguay.
* Profesora U. Externado de Colombia.