Vivir para licitar

Mucho hemos hecho como país en los últimos años para incrementar la competencia. Ello se ha debido, fundamentalmente, a la puesta en marcha de una política pública que ha tenido como factor determinante el rol de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como guardiana de la libre concurrencia económica.

Esa labor ha estado precedida de varias decisiones de política pública: el aumento de la fuerza laboral de la SIC y de su presupuesto; su independencia; su capacidad sancionatoria; sus facultades investigativas; la lucha contra la cartelización y la promoción de la libre competencia, en donde los medios de comunicación y gremios han jugado un papel validador preponderante. Sin embargo, el papel de la SIC no ha sido lo único relevante.

Noticias alentadoras llegan de otras entidades, que tal vez pasan desapercibidas para el común de los mortales, pero que no por ello dejan de tener gran relevancia en este asunto, que no busca nada diferente a generar en la clase empresarial un ambiente propicio para el desarrollo ético de sus negocios. De vital importancia es que la economía de mercado sea incluyente y garantice el acceso, sin cadenas ni trampas, a los distintos mercados, entre ellos, el de las compras públicas.

Me refiero a las cifras que reveló Juan David Duque, director de Colombia Compra Eficiente, en su “Informe de Competencia No. 1”. Ese estudio muestra que, en el mercado de las compras públicas que equivale al 17 % del PIB, estamos teniendo una mayor competencia que se refleja en el número de oferentes en los procesos de selección estatal y que permite dejar a un lado no solo los procesos con un único o pocos proponentes, sino también erradicar la apatía de muchos empresarios.

Las cifras son emocionantes. Según ese estudio, en el 2018 varias entidades tuvieron un alto promedio de ofertas en sus procesos de contratación. Veamos: Instituto de Infraestructura de Cundinamarca (21), Secretaría de Educación Distrital (17), ANI (12), INVÍAS (12), DANE (12), Mintic (10), entre otras. Adicionalmente, en la específica modalidad de licitaciones públicas de obra, la ANI obtuvo un promedio histórico de ofertas superior a 41.

Con esos niveles de concurrencia, el país va consolidando una política pública que apunta a la transparencia y que hace que las compras estatales sean un escenario propicio para que los empresarios decentes hagan lo que saben hacer: competir en franca lid y en su beneficio, pero también en el del Estado, que dejará de contratar con el que toca y empezará a contratar con el mejor.

Esto animará a los empresarios a dejar la apatía respecto de los procesos de contratación estatal y a gozar, en el buen sentido de la palabra, de un mercado que tiene negocios por $140 billones al año. En este interesante y dinámico mercado, esperamos compitan los mejores y no los inescrupulosos que ven en las compras públicas una oportunidad de enriquecerse al lado de funcionarios corruptos.

Ojalá todos los empresarios decentes puedan gritar “vivir para licitar”, en vez de “morir antes que licitar”.