Vuelve y juega la aspersión con glifosato

Nuevamente el país asiste a una gran controversia socioambiental alrededor de la reactivación de la cuestionable aspersión aérea con glifosato. El problema esencial consiste en la timidez con la que el Estado colombiano asume su responsabilidad política y ética para garantizar los derechos de la madre tierra. Si bien es cierto que Colombia cuenta con un importante conjunto de políticas y normas orientadas a que ciudadanos/as tengan un ambiente sano y reza la protección de la diversidad y conservación de áreas de importancia ecológica; agendas de los gobiernos de turno se distancian de forma decidida de proteger, conservar y sobre todo respetar la riqueza natural y cultural que posee nuestra nación a lo largo y ancho del territorio.

Después de un largo trasegar de luchas ciudadanas y jurídicas, sobre todo de alcance internacional, las aspersiones con glifosato se habían suspendido por el gobierno colombiano en octubre de 2015 tomando como base un informe de la OMS que calificó el químico con algunos riesgos asociados al desarrollo de cáncer en seres humanos. Seguidamente, comenzaron a dar frutos las acciones judiciales emprendidas por comunidades indígenas que claramente en su rol de defender a la madre tierra, radicaron una tutela en la que argumentaban serias afectaciones a la vida por la aspersión aérea. En el 2017 la Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno reparar los daños causados a la comunidad indígena Carijona y basándose en el principio de precaución estableció directrices importantes para el probable uso del glifosato con estrictos controles y lo más interesante, solicitó al Congreso la construcción de una nueva legislación que atendiera a estudios científicos y a consultas ciudadanas para regular de mejor forma la erradicación de cultivos ilícitos.

Para diciembre del 2020 existían más de 190 demandas activas frente a la fumigación indiscriminada, sin contar los 109 fallos judiciales que condenaron a la nación por algún aspecto asociado a las aspersiones con el herbicida, todo esto evidencia que existe un inconformismo real y concreto de varios sectores del pueblo colombiano frente a una acción peligrosa que trae más riesgos que beneficios.

Nuevamente, vuelve y juega la terquedad gubernamental que en cabeza del mandatario Iván Duque insiste en combatir los cultivos ilícitos con la peligrosa formula del glifosato. Con la firma del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, a toda costa busca revivir una práctica que afectará claramente a la madre tierra, este parecería ser el mensaje desafortunado, justamente en el mes en el que conmemoramos el Día Internacional de la Tierra proclamado por las Naciones Unidas desde 1970, después de arduas luchas del naciente movimiento ambientalista internacional que logró concretar importantes compromisos internacionales con el posterior desarrollo de la primera Cumbre de la Tierra en Estocolmo en 1972.

No se trata de justificar a toda costa la aspersión con el control detallado de variables para que esta sea controlada y efectiva, o comprometerse a no realizarlas en lugares de conservación naturales, o establecer mecanismos para la reparación de los riesgos, en fin, un largo trasegar de compromisos que ocultan el trasfondo del problema, la falta de un compromiso real, ético y efectivo con los derechos del planeta y todas las formas de vida que habitamos en él.

Hay que insistir en acciones sustentables para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos, esto significa confiar en las comunidades, en sus saberes, en sus experiencias, es decir, que es posible trabajar con los indígenas, con los campesinos que han padecido todas las consecuencias del narcotráfico en las regiones y con ellos buscar avanzar en la sustitución de cultivos ilícitos, la erradicación manual y especialmente en las transformaciones sociales de los territorios rurales, tal como fue previsto en el Acuerdo de Paz.

La esencia del problema y su posible solución está en rescatar el saber ancestral que aboga por la libertad de la tierra, en palabras de las propias comunidades indígenas del Cauca: “Para nosotros, la tierra es la madre y contra ella se comete un crimen del que vienen todos los males y miserias. Nuestra madre, la de todos los seres vivos, está sometida, según la ley que se impone, tiene dueños, es propiedad privada. Al someterla como propiedad para explotarla, le quitaron la libertad de engendrar vida y de proteger y enseñar el lugar, las relaciones y el tiempo de todo lo que vive. Le impiden producir alimentos, riqueza, y bienestar para todos los pueblos y seres vivos. Los que se apropian de ella causan hambre, miseria y muerte que no deben ser. Le roban la sangre, la carne, los brazos, los hijos y la leche para establecer poder de unos sobre la miseria de todos”**.

* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.

** Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN. (2015). Seguimos en Minga por la Libertad de la Madre Tierra.