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El debate paralelo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría perjudicar al PND, advierte el presidente de las comisiones económicas del Congreso, Óscar Darío Pérez. Insiste en que a este proyecto le espera una cuesta más empinada que la que sorteó en las comisiones.
“Hay que actuar paralelamente para que el Congreso se luzca y no vaya a dejar ninguna de las iniciativas”. Sostiene que al presidente Duque le falta manejo del Congreso.
¿Cómo se vivieron esas horas cuando el Plan Nacional de Desarrollo estuvo a punto de naufragar?
Con un altísimo nivel de estrés y de preocupación, porque realmente no sabíamos lo que podría pasar. Yo no sabía sí íbamos a constituir el quórum decisorio en la Comisión Tercera del Senado. Pero aquí lo que hace noticia son los que faltaban, no los que estaban allá. Había cien congresistas de las comisiones económicas.
¿Qué habría pasado si no se completa el quórum y fracasa la iniciativa?
Se hubiera tenido que adoptar por decreto, y para adoptarse por decreto no se podrían haber incluido los primeros cuatro artículos. El artículo dos son las bases del PND que son 1.390 páginas y además muchos artículos son orgánicos y otros tienen modificaciones tributarias y algunos pensionales. Piense también en la imagen internacional que se hubiera dado al país por un PND adoptado por decreto.
¿Qué efecto tuvieron las declaraciones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al advertir que el Gobierno no se iba a dejar chantajear?
Yo no sabría decirle. No creo que los senadores que aparecieron lo hayan hecho por eso, pero yo no tengo ninguna base cierta para afirmar eso, es una apreciación. Quien debe responder si lo estaban presionado o no es el ministro de Hacienda, y si no lo estaban presionado es una afirmación bastante audaz.
En ese momento crucial, ¿quién ganó el pulso: el presidente Duque o el excandidato presidencial Vargas Lleras?
Yo creo que el pulso lo ganó Colombia y lo ganó (al punto de) que por las vías constitucionales tiene un Plan de Desarrollo, y si usted quiere poner pulso, yo creo que si el doctor Vargas (Lleras) dio esa orden, pues entonces lo perdió.
Pero falta el segundo tiempo...
Falta la segunda etapa, donde el doctor Vargas (Lleras) y el partido Cambio Radical van a ser fundamentales. Cambio Radical es muy importante y tiene una presencia muy vigorosa tanto en Senado como en Cámara. De manera que aquí debemos es pensar en el país.
¿Ahora sigue una cuesta más empinada que en la primera etapa?
Sí señor, mucho más empinada porque ya son todas las plenarias y si con las comisiones teníamos 3.000 proposiciones, imagínese lo que puede pasar en las plenarias.
¿Pueden presentarse ahora más palos en las ruedas que en la primera etapa?
Más dificultades pueden darse sin duda, pero también hay una cosa que no sé cómo analizar: este (PND) se está entrelazando o cruzando con las objeciones de la JEP. ¿Entonces el Congreso se va a ocupar más del tema de la JEP que del Plan de Desarrollo?, porque ese PND lo tenemos que aprobar o improbar o hacer lo que haya que hacer antes del 7 de mayo, de lo contrario, se tendría que adoptar por decreto.
Nunca habíamos vivido una situación parecida con un Plan Nacional de Desarrollo.
Así es. Si usted quiere decir que el Gobierno nunca había tenido un manejo tan poco claro del Congreso, como ahora, puede tener razón.
La salvación de Electricaribe es un tema muy polémico. ¿Por qué salvarla a costa del bolsillo de los colombianos?
Electricaribe es un problema nacional y se ha venido mostrando como si fuera solo de la zona norte del país. El problema de Electricaribe vale $7 billones, el Estado no tiene esos $7 billones. Las inversiones correctivas debieron hacerse desde el año 2016 y no se hicieron. Hoy Electricaribe no es viable si no se le hace un saneamiento. La carga pensional vale $1,2 billones, el Gobierno la puede asumir a ochenta años con un costo anual de $80.000 millones y con eso la sanea pensionalmente. Entonces se ha creado una tasa de $4 por kilovatio/hora que tiene un impacto marginal en las tarifas, es un pequeño esfuerzo porque si Electricaribe no se sanea, no se le puede entregar a un privado. Si eso no lo hacemos les van a caer a todos los colombianos con menos inversión, más deuda pública, más déficit fiscal y más inflación.
¿Cómo queda el tema pensional?
A una persona a la que no le hayan devuelto los saldos que aportó pero que no logró la pensión, tiene dos opciones: o retira el saldo y los gasta, o los puede dejar en BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), que por cada peso que deje le dan 20 % y eso se vuelve una renta vitalicia. La crítica estaba en que se habían dejado diez días de espacio para decidir, pero ahora vamos en cuatro meses, pero puede ser un año.
¿Y los licores?
Ahí había un artículo que era muy delicado para las rentas de los departamentos, porque de cierta manera favorecía las importaciones de los licores. No tenemos nada contra los importadores, porque ellos también pagan impuestos, pero sí afecta a las licoreras de Colombia. El Gobierno se comprometió que para calcular la base gravable de los licores se tenga en cuenta los sitios donde más se consume y ahí hay una propuesta de decreto del Ministerio de Hacienda para establecer una fórmula de cómo el DANE debe calcular.
¿Cuántas reformas tributarias tiene el Plan?
Ninguna. Se busca subsanar lo que le pasó a la Ley de Financiamiento que por un error del Gobierno no incluyó una renta deducible para las personas naturales de los aportes en AFC y en pensiones voluntarias y por un error de transcripción el Gobierno no incluyó lo aprobado en la Ley de Financiamiento.
¿Qué suerte va a tener el tema de los aranceles?
Es muy polémico ese artículo, la ANDI ha hecho algunos estudios contra él. Dice que el Congreso por ley no puede legislar en materia de aranceles y eso es contraproducente, pero también entendemos que los empresarios de la cadena fibra, textil y confección se están quebrando, porque está entrando contrabando técnico con mano de obra barata de China, India o Indonesia. Debemos defender a los unos sin afectar a los otros y, sobre todo, que Colombia puede ser sancionada por la OMC.
¿Le ataron las manos al presidente para no feriar los activos del Estado?
No puede, porque el Gobierno pidió facultades plenas y no se le dieron. Se le dieron limitadas. Por ejemplo, en el país hay tres fiduciarias públicas (Fiduprevisora, Fiduagraria y Fidubancoldex), dos aseguradoras (La Previsora y Positiva) y 60.000 trámites. Aquí no viene la inversión, porque la tramitología se los traga, pues reduzca eso a la mínima expresión, eso no fue una propuesta de campaña. Hay bancos públicos que tienen más vicepresidentes que todo el Grupo Aval.