Este 20 de julio se instalará el tercer año de este Congreso. Con un discurso del presidente Gustavo Petro, del que se prevé que invite a los congresistas a hacer parte del acuerdo nacional en el que serían una parte fundamental, y la sombra del escándalo creciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Gobierno se concentrará en que sus reformas sean aprobadas.
La primera en la agenda será la reforma laboral, que fue aprobada en su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y tendrá que recibir el visto bueno antes del próximo 20 de junio. En la pasada legislatura, tomó un puesto secundario con respecto a la reforma pensional, que se convirtió en ley este martes, en un evento organizado por la Casa de Nariño. Para pasar el debate de comisión, la reforma fue sujeta a ciertos cambios, aunque faltará ver cómo llegará a la plenaria de la Cámara.
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La radicación de la reforma a la educación se espera en las próximas semanas y tendrá que avanzar rápido para lograr lo prometido por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien aseguró que la iniciativa terminará este año con la aprobación del Congreso. Lo que faltará ver es si el recién llegado ministro de Educación, Daniel Rojas, quien reemplazó a Aurora Vergara después de que la iniciativa se hundiera al no ser agendada en la plenaria del Senado en la pasada legislatura.
En esa misma línea, una reforma a la Ley 30 se espera en los próximos meses. Aunque es una iniciativa que se está construyendo desde el primer semestre del 2023, con una mesa permanente para los “Diálogos por la Educación Superior”, la Casa de Nariño ya estaría pensando en radicarla.
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Un punto de controversia que se espera en el próximo año será la reforma a la salud. El proyecto se hundió en marzo en la Comisión Séptima del Senado, después de que la mayoría de los integrantes firmaran la ponencia de archivo. Desde ese momento, los senadores comenzaron a planear una reforma propia, en diálogo con la ciudadanía y el sector de la salud, para presentar el texto en esta legislatura. El Gobierno también hizo lo propio y, aunque se pensaba que su articulado sería presentado antes del 20 de junio con un mensaje de urgencia, esto nunca ocurrió. Sin embargo, sobre esto han crecido en los últimos meses las discusiones, pues la intervención a las EPS, sumado a los retiros de otras del sistema de salud, han generado que la oposición señale al Ejecutivo de tratar de imponer lo que no se aprobó con su reforma.
La iniciativa de Ley para Reformar los Servicios Públicos será uno de los nuevos proyectos que se esperan del Gobierno. Esta está formulada por los Ministerios de Minas, Ambiente, Vivienda y TICs, junto con la Superintendencia de Servicios Públicos y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). La reforma contará con seis ejes temáticos: justicia tarifaria, universalización en la prestación del servicio, usuario como el centro de la regulación, fortalecimiento institucional y gobernanza, focalización de subsidios y participación comunitaria en la prestación del servicio.
Central en estos próximos 12 meses será la reforma al Sistema General de Participaciones, que determina la transferencia de recursos desde la Nación hacia entidades territoriales, que son las que esperan que este proyecto pueda llegar al Congreso, pues aumentará el monto. Este año, el mismo mandatario afirmó que habría que “repensar” el modelo para incluir, además, “la protección a la niñez”. La iniciativa ha sido impulsada además desde la Federación Nacional de Departamentos, que se reunió la semana pasada con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para tratar, entre otras cosas relacionadas con el acuerdo nacional, este tema.
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Una de las promesas del Gobierno que espera cumplir en esa legislatura es la actualización al Código Minero y una nueva ley de Minería. Esta última tendría cinco ejes centrales: el aprovechamiento de bienes, modernizar el modelo, el paso a economías productivas, proteger la minería artesanal y a pequeña escala, y generar conocimiento geocientífico.
Además de eso, también está la reforma a la justicia, que tendrá que adelantar la nueva ministra Ángela María Buitrago, retomando el trabajo de las mesas de la comisión que se creó con este objetivo. Sin embargo, hasta ahora no se conoce un texto que haya sido producto de estas deliberaciones, ni si será radicado en esta legislatura.
Sin claridad sobre las fechas en las que estos proyectos pueden ser radicados, y con dos años para lograr su aprobación, y así, la materialización de las promesas de campaña del “gobierno del cambio”, en la próxima legislatura se esperan más debates de control político y comenzar a ajustar las apuestas para las elecciones del 2026.
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