El próximo 1o de enero se cumple el requisito legal para el inicio de las iniciativas de revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores. Muchos alistan motores para el proceso, pero habrá que ver si alcanzan su objetivo.
Esta figura es una institución jurídica contemplada por la Constitución Política que ha prosperado en muy pocas oportunidades, dados los exigentes requisitos legales que deben cumplirse para que pueda hacerse realidad. Uno de estos consiste en que solo se puede iniciar el proceso si ha transcurrido un año desde la posesión de quien se pretende revocar el mandato.
Así, el próximo 1 de enero se empezarán a prender motores para inscribir comités, recoger firmas y adelantar un proceso que tiene un complejo tinte político. La revocatoria al mandato tiende a ser utilizada por aquellos que no ganaron las elecciones territoriales, los que son de vertientes políticas distintas a quien gobierna e incluso aquellos que nunca han estado a favor de quien ha ocupado durante ese primer año la alcaldía y la gobernación.
Y es en ese punto donde se identifica la primera debilidad para que el proceso de revocatoria prospere, puesto que no se trata de un asunto de percepciones subjetivas, sino que se debe demostrar que en efecto no se ha cumplido el plan de gobierno prometido. Así, quienes estén interesados en adelantar este proceso en cualquier municipio, distrito o departamento, deberán ponerse a la tarea de leer el plan de gobierno para establecer si el mismo fue o no cumplido.
Para afrontar esta situación, la mayoría de alcaldes y gobernadores se esfuerzan durante su primer año en establecer las bases suficientes para lograr sus proyectos en el tiempo previsto. Así, no se puede esperar que transcurrido solamente el primer año de gobierno se pueda establecer con claridad si se cumplió o no el plan propuesto. Por el contrario, este es el primer argumento que impide que la revocatoria sea una realidad pues en estricto sentido solamente se sabrá si se cumplió o no lo prometido finalizados los cuatro años para los que fue elegido el alcalde o gobernador.
Además de estos requisitos se debe adelantar un complejo proceso de recolección de firmas que, sin duda alguna, requiere una financiación similar a las de las campañas políticas. No suficiente con ello, si se logra alcanzar el mínimo exigido deberá asegurarse que los ciudadanos acudan a las urnas para expresar su intención de continuidad o revocatoria del mandatario. Se trata de una telaraña de requisitos que exigen tiempo y recursos con pocas probabilidades de éxito, los cuales pueden ser mejor aprovechados políticamente en una campaña para ganar las siguientes elecciones de alcaldía o gobernación.
Así, es probable que, quienes emprendan la tarea de revocatoria, persigan réditos políticos para futuras elecciones y no necesariamente para sacar al alcalde o gobernador de turno. Se trata de batallas políticas de largo aliento, donde esta iniciativa tiende a ser utilizada más como plataforma política por quienes quieren ocupar el cargo de alcalde o gobernador a futuro. Se sugiere, de esta manera, que este proceso como está contemplado no está llamado a cumplir los objetivos constitucionalmente previstos.
En conclusión, en el 2021 se escucharán varias iniciativas de revocatoria al mandato, pero será muy extraño que alguna de ellas prospere. Por lo mismo, lo esperable es que se desarrolle un riguroso debate en torno a esta institución jurídica para que deje de ser solo una disposición formalmente considerada en el papel. Vale la pena discutir rigurosamente si los requisitos actuales deben seguir siendo los mismos, de lo contrario podría estarse frente a una posibilidad de reforma constitucional que estará para alquilar balcón.
*Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.