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En 2021, América Latina se encuentra en un momento de enorme dificultad. La región ha sido significativa y trágicamente sacudida por la pandemia. Pese a que América Latina representa el 8% de la población mundial, sorprendentemente, ha registrado alrededor del 35% del total de muertes. El mayor número de víctimas mortales se encuentra en el Brasil y México, seguido por Colombia. Sin importar cuáles han sido las medidas adoptadas por gobiernos de variada naturaleza ideológica, las consecuencias económicas, sociales y políticas en la región han sido devastadoras.
En Colombia, los retrocesos en materia de progreso social y económico han sido notables. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), más del 40% de la población se encuentra en la pobreza y los índices de pobreza extrema han aumentado considerablemente. Los efectos relacionados con la pandemia han agravado una situación social que en Colombia ya era grave, expresada a través de desigualdades profundamente arraigadas, servicios públicos precarios y falta de oportunidades laborales en un contexto de altos índices de informalidad. Con este telón de fondo de angustia socioeconómica, los colombianos están particularmente preocupados por la corrupción y la impunidad.
Adicionalmente y, por desgracia, Colombia continúa polarizada políticamente. El Acuerdo de Paz de 2016 suscrito entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dividió al país y es uno de los mayores obstáculos para el progreso. Alcanzar el consenso se ha vuelto cada vez más difícil. Con el paso del tiempo, las élites económicas y políticas han perdido su estatus y, desde la perspectiva de una generación más joven, más movilizada y socialmente conectada, estas élites se han visto en gran medida desacreditadas.
A la luz de las condiciones actuales, del profundo estallido así como de las importantes incertidumbres que encara hoy Colombia, el relato notablemente lúcido y meticuloso que de manera detallada da cuenta de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 escrito por Fernando Carrillo Flórez, no podía ser más oportuno. Como sucedió hace tres décadas, Colombia reclama hoy una reforma y una renovación institucional así como una modernización de su política, de su democracia.
Los reclamos legítimos de diversos grupos que protestan en las calles de las principales ciudades colombianas deben ser abordados y canalizados de manera estructurada. Carrillo, quien ha sido Ministro de Justicia y del Interior, y recientemente Procurador General de la Nación, es un jurista y una figura política ampliamente respetada, un protagonista clave en el exitoso esfuerzo por impulsar una nueva constitución. De manera convincente, él argumenta que los innegables avances reflejados en la Constitución de 1991 son contundentes para la crisis de hoy y podrían ofrecer una guía útil para resolver de manera pacífica y productiva las agudas diferencias y sacar adelante el país.
Sin duda hay grandes diferencias entre la crisis actual y las terribles condiciones que asediaron a Colombia a finales de los años ochenta y que impulsaron un movimiento progresista e innovador para redactar una nueva constitución. Uno de los días más inolvidables de mi vida fue el 18 de agosto de 1989 cuando mataron a Luis Carlos Galán. Me encontraba en Bogotá por motivos de trabajo y fui testigo del poderoso impacto emocional causado por el asesinato de un líder nacional que representaba la esperanza e inspiraba a millones de colombianos. Actores violentos, en la derecha y en la izquierda -a menudo con conexiones con el próspero negocio del narcotráfico- causaron estragos en una sociedad que corría el riesgo de hacer implosión.
En esa época aterradora, Colombia tuvo la suerte de que otros protagonistas -comprometidos con la resolución pacífica de problemas y la protección de los derechos fundamentales- fueron capaces de unirse y construir juntos el camino hacia una nueva constitución. Aunque el texto no solucionó todos los problemas del país -ese no fue su principal objetivo- la nueva Carta Magna proporcionó al menos un marco que relejaba las realidades nacionales y permitió involucrar a una serie de actores relevantes en políticas más democráticas que terminaron beneficiando a la sociedad. En el contexto latinoamericano, Colombia siempre se ha destacado por su rica tradición reformista y la visionaria Constitución de 1991 que encaja perfectamente con este patrón histórico.
De hecho, tal como queda claro en este libro, la Constitución de 1991 se adelantó a su tiempo. Hubo una serie de avances e innovaciones dignas de ser mencionadas, como el instrumento de la tutela que reforzó los derechos individuales; la representación de las comunidades indígenas con escaños asegurados en el Congreso; y, la incorporación de antiguos grupos guerrilleros, tales como el M-19 y el Frente Quintín Lame, para participar en este proceso democrático.
Sin embargo, más significativo que el contenido de la nueva Constitución -y más pedagógico para afrontar la crisis actual- fue el proceso para hacerla realidad. El relato que hace Carrillo cuenta la historia de cómo se logró el documento, cómo diversos grupos -entre ellos los estudiantes universitario que desempeñaron un papel crucial- fueron capaces de superar colectivamente la tremenda angustia y desesperación que vivía el país y de ponerse a la altura de las circunstancias y aprovechar esta oportunidad de progreso. Esta es una historia inspiradora que celebra la resiliencia y la determinación del pueblo colombiano.
En 2021, los obstáculos que se interponen en el camino para resolver los problemas del país son mayúsculos. La polarización y el descrédito de los principales partidos políticos son nuevos aspectos que dificultan aún más la construcción de consensos. Aunque no hay necesidad de reemplazar la Constitución, es necesario tomar prestados el espíritu y la metodología de este proceso ejemplar emprendido en 1991, comprometerse seriamente con una nueva generación de colombianos en un esfuerzo por encontrar un terreno común y desarrollar políticas constructivas y realistas que aborden las necesidades reales del país.
Lo más llamativo y preocupante en Colombia hoy -y, de hecho, en varios países de América Latina- es el creciente número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados “ni-nis”. Este sector está profundamente frustrado a causa de las desigualdades generalizadas y las escasas oportunidades económicas. Para ellos, los caminos de la movilidad social son cada vez más esquivos.
De 2019 a 2020, la proporción de jóvenes entre 14 a 25 años en esta categoría, aumentó en un 27%. Con el fin de superar este dilema, es esencial encontrar formas de llegar y comprometer efectivamente a esta población. El proceso que caracterizó a la Constitución de 1991 donde se enfatizó en el diálogo estructurado y la política inclusiva podría ofrecer algunas lecciones valiosas y ayudar a trazar un camino viable hacia adelante.
El proceso constitucional de Colombia y, el documento que resultó de este, fue único en el contexto latinoamericano. A principios de 1990, las condiciones -tanto de la crisis como de las movilizaciones- eran especialmente propicias para un esfuerzo de este tipo. Hoy en día, bajo el escrutinio, Chile también está inmerso en el proceso de lograr una nueva constitución. (La constitución actual, aunque reformada varias veces, data de 1980 cuando el General Augusto Pinochet estaba en el poder.)
En el caso chileno, este proceso es el resultado de las presiones y demandas desatadas tras el estallido social del país en octubre de 2019. Con base en los resultados de los representantes elegidos para la Asamblea Constituyente de mayo de 2021, se espera que la nueva constitución sea notablemente progresista y represente y proteja mejor a grupos sociales como la considerable población indígena mapuche que no está reconocida en la actual constitución de Chile.
No cabe duda que las nuevas constituciones por muy bien desarrolladas, no resuelven los problemas por sí solas. Es fundamental manejar las expectativas y ser realistas sobre sus límites y posibilidades. Para algunos líderes y gobiernos, es atractivo, por razones políticas, proferir una letanía de nobles aspiraciones y principios que son imposibles de alcanzar. Este enfoque es una receta de decepción y desilusión. En América Latina también hay ejemplos de constituciones que fueron esencialmente diseñadas y concertadas para consolidar el poder político que han tenido resultados poco halagadores en la historia de la región.
Por todas estas razones, revivir y celebrar la fascinante historia detrás de la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia de 1991 y su transformador resultado, es particularmente convincente y bienvenido. Colombia, como otros países de la región, se encuentra en apuros y cuestiones fundamentales estarán en juego en el intenso ciclo electoral de 2021 y 2022. Colombia tiene unas elecciones presidenciales críticas en 2022. Pero dada la gravedad y la urgencia de las actuales circunstancias, marcadas por un descontento y agitación social generalizados, el país no se puede dar el lujo de esperar hasta entonces para abordar lo que está atizando la agitación.
Este oportuno volumen es un grato recordatorio de que, a pesar de los problemas actuales de Colombia, el país tiene enormes fortalezas y la capacidad de juntar sus recursos humanos para abordar eficientemente esta profunda crisis. Fernando Carrillo, uno de los principales protagonistas del admirable e innovador ejercicio constitucional de Colombia hace tres décadas, y, de hecho, miembro de la Asamblea, es también un talentoso y apasionado narrador. Con este libro ha hecho un precioso regalo a su país, en el momento en que más lo necesita.