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Este 7 de agosto se cumplen dos años del ascenso del presidente Gustavo Petro al poder. Este segundo periodo, en el que dos de sus reformas— de salud y a la educación— se hundieron en el Congreso y se concretaron dos remezones ministeriales, llega a su fin con miras hacia el 2026. En la agenda del mandatario, así como en años anteriores, el Puente de Boyacá, en Tunja, será el punto desde donde se dirigirá a la ciudadanía colombiana.
Puede ver los análisis de los dos años del presidente aquí.
Hace un año, el jefe de Estado llegó junto con su esposa, Verónica Alcocer, y sus hijas Antonella y Sofía Petro. En el lugar también estaban presentes el presidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal), hoy cuestionados por su presunta participación en la red de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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De igual forma, varios de sus ministros reciben esta fiesta patria no sin pocos cuestionamientos a sus nombres. Otros supuestos salpicados por el escándalo en la entidad serían el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. De igual forma, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, y la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González (quien ya renunció al cargo, pero no ha abandonado sus labores), tendrían una presunta implicación en el caso.
Paralelo a lo que ocurrirá en Tunja, en Bogotá se desarrollará la audiencia de medida de aseguramientos contra el exdirector de la Ungrd Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes destaparon la olla de corrupción que se habría creado en el órgano. Por el momento, ninguno de estos dos, ni Luis Eduardo López (otro implicado en el caso) ha aceptado los cargos imputados por la Fiscalía, pues se encuentran en un proceso de negociación.
¿Qué dijo Petro hace un año?
En su discurso el pasado agosto, el mandatario habló sobre la paz, sus reformas sociales, la inflación, la justicia ambiental y el acuerdo nacional. Varios de esos temas se mantienen en la agenda en este próximo periodo, pues su nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha sostenido reuniones con bancadas y asociaciones para poder concretar diálogos que permitan obtener los consensos para que las iniciativas del Ejecutivo puedan prosperar en el Legislativo.
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“No queremos excluir a nadie. Nos acusan de instar la lucha de clases cuando en nuestras palabras y actos siempre hemos demostrado que lo que buscamos es un acuerdo nacional”, dijo en ese entonces el presidente. Y añadió que “no se trata de que el Gobierno se salga con la suya. Necesitamos vernos a la cara y hablarnos con franqueza. Necesitamos estar a la altura de lo que nos está pidiendo la historia. El pueblo tiene unas expectativas que no podemos defraudar”.
Los textos de los que habló en ese entonces—la reforma a la salud y a la educación— tendrán que volver a ser presentados tras haberse hundido por falta de consensos en la pasada legislatura. Especialmente, la reforma a la salud, que se enfrenta a otras tres iniciativas de Cambio Radical, Centro Democrático y la bancada independiente. Sin embargo, la reforma a la educación no será radicada en los próximos meses, según dijo el mismo Cristo, pues se concentrarán en lograr la aprobación de proyectos como la Ley de Jurisdicción Agraria y la reforma a los servicios públicos.
“Queremos un programa de salud que no mire a la persona como un potencial cliente, sino como un ser humano. Que no califique a los pacientes por si tienen dinero o no, por si son blancos o negros o por haber nacido en un lugar privilegiado”, afirmó Petro sobre el texto de la salud.
Como hace un año, la implementación del Acuerdo de Paz sigue siendo vital para el Gobierno. Desde ese discurso en el Puente de Boyacá, el presidente ha hablado de la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente con la que se pueda ejecutar lo pactado en el 2016 con las extintas Farc-EP y fue al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir ayuda para lograrlo.
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“En el Gobierno estamos trabajando en la implementación del acuerdo de 2016. Hemos respetado la institucionalidad, apoyando a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Que el acuerdo se materialice en serio porque es la antesala de la paz total”, aseveró el presidente en ese entonces.
Además, habló de los diálogos con grupos armados, que en este momento están pasando una crisis por cuenta de la fragmentación en el interior de las agrupaciones criminales, así como de ceses al fuego que no se han podido ampliar. El proyecto de la paz total ha sido cuestionado por abarcar mucho y no mostrar resultados concretos.
“La paz no es un negociado de grupos armados. Esa paz esquiva está en el diálogo, en la búsqueda de acuerdos que nos ayuden a salvar a vida de la gente en vez de profundizar en la violencia que acaba con el tejido social, con las juventudes y la vida de la gente más pobre. Eso es la paz total, poder la vida sobre el lucro de unos cuantos y que convenga a quienes quieren que sigan creciendo fines codiciosos”, agregó en ese entonces.
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