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La corrupción ha sido uno de los temas centrales de la administración del presidente Gustavo Petro. Este año se destapó uno de los escándalos más polémicos desde el caso de Centros Poblados, con el que se reportó una pérdida de $70 mil millones en el Ministerio de las TIC: el entramado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para redireccionar contratos, en el que estarían involucrados varios funcionarios del Ejecutivo.
En su alocución presidencial con ocasión de sus dos años en el poder, el jefe de Estado afirmó que este era un flagelo que ha corrompido las instituciones del Estado y aceptó que en su gobierno también se ha presentado.
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“[L]a lucha contra la corrupción, que es un flagelo derivado en todos los estratos de nuestra sociedad y que ha permeado todas nuestras instituciones, es fundamental. A este gobierno lo permeó también la corrupción. ¿Cómo gobiernos progresistas terminan permeados por un cáncer que es la corrupción y terminan por no cumplir sus objetivos? (...) Este presidente saca a cualquiera que, por sospecha, más o menos creíble, sepamos que se ha robado un peso del pueblo. Aquí los corruptos no gobiernan, porque este es el ‘gobierno del cambio”, reconoció Petro.
Este mismo miércoles ocurrió la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector de la entidad, Olmedo López, el exsubdirector Sneyder Pinilla y el empresario nariñense Luis Eduardo López, conocido como el Pastuso. Allí, la Fiscalía insistió en la participación de altos funcionarios del Gobierno en la red de corrupción, que incluyen a figuras cercanas al presidente.
Según pruebas presentadas por la Fiscalía, Carlos Ramón González, quien renunció recientemente a su cargo como la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia y solía ser el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), habría dado órdenes a López para direccionar contratos para beneficiar al expresidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle.
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Otros mencionados de la cúpula del Gobierno fueron el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes habrían participado en “cónclaves”, como los llamó López, para concretar la entrega de estos contratos en lugares como Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y Carmen de Bolívar (Bolívar), para así beneficiar a congresistas. De igual forma, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, habrían sido parte de los encuentros.
El pasado 20 de julio, el mandatario había reconocido su responsabilidad política en el caso. En la instalación de esta legislatura, y ante el Congreso en pleno, pidió perdón por llevar a Olmedo López al cargo y afirmó que “la corrupción no es un asunto ideológico, no es de izquierda o derecha”.
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Aun así, este no ha sido el único escándalo que ha hecho mella en el Gobierno.
En otras instancias que involucraron a funcionarios del alto gobierno, la exministra de Deporte, María Isabel Urrutia, salió de su puesto involucrada en supuestas irregularidades en procesos de contratación en la cartera. Tras solo cinco meses en el cargo, habría dejado 104 contratos firmados en el Ministerio que no cumplían con los requisitos legales, según la Fiscalía, que señaló que estos “no obedecieron a una necesidad justificada”, con los que la exfuncionaria habría tenido una “voluntad dolosa” para “dirigir esos contratos”.
A eso se suman las polémicas que rodean la campaña presidencial del ahora jefe de Estado. Entre ellas, las que involucran al hijo del mandatario, Nicolás Petro, quien habría recibido dinero de forma irregular para financiar la organización y, presuntamente, la habría usado para enriquecerse. Entre los personajes que habrían donado fueron Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, señalado de financiar a grupos criminales en la costa caribe, y Santander Lopesierra, conocido como el ‘hombre Malboro’ y quien fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico.
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Además, los $500 millones que Fecode habría donado a la campaña y los $15 mil millones que el embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, hoy denunciado por haber agredido verbalmente a su esposa y con una investigación en la Cancillería en curso, presuntamente consiguió para la organización.
En dos años de poder, y con otros dos que le esperan, el presidente afirmó que está preparado para seguir combatiendo la corrupción en las entidades estatales y aseguró que las investigaciones para dar con los dineros perdidos en la Ungrd se adelantan para dar tranquilidad a los colombianos.
“No han sido dos años fáciles, hemos tenido problemas, obstáculos, pero también logros y satisfacciones. Nos quedan dos años de gobierno, el remate, lo más duro, y en donde daremos todos para conseguir las metas”, finalizó el jefe de Estado su alocución.
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