Ya hay 81 funcionarios de Registraduría investigados por falsear identidades

Desde hace cinco meses, en el interior de la Registraduría Nacional, a un grupo de jóvenes expertos en analítica de datos e inteligencia artificial se le ha asignado una labor clave en la lucha contra el tráfico de migrantes: cruzar bases de datos y crear un modelo de alerta que detecte anomalías en los procesos de expedición de cédulas y registros civiles. Es así como, en 2024, esta sala de análisis ha encontrado más de 300 casos irregulares, entre ellos, el de un colombiano que figura en 210 registros como testigo y en otros 55 como declarante.

Desde hace cinco meses, en el interior de la Registraduría Nacional, a un grupo de jóvenes expertos en analítica de datos e inteligencia artificial se le ha asignado una labor clave en la lucha contra el tráfico de migrantes: cruzar bases de datos y crear un modelo de alerta que detecte anomalías en los procesos de expedición de cédulas y registros civiles. Es así como, en 2024, esta sala de análisis ha encontrado más de 300 casos irregulares, entre ellos, el de un colombiano que figura en 210 registros como testigo y en otros 55 como declarante.

Las bandas que trafican con la nacionalidad colombiana a migrantes de manera fraudulenta han revelado patrones en sus operaciones. Uno de los métodos es el uso de ciudadanos colombianos como falsos testigos. Estos individuos declaran en las registradurías que los extranjeros nacieron en territorio nacional, facilitándoles así un registro civil. Este se convierte en la llave para obtener una cédula de ciudadanía, y eventualmente, el pasaporte vinotinto.

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En lo que va del año, la entidad ha cancelado 2.163 cédulas de ciudadanía, según información a la que pudo acceder El Espectador a través de mecanismos legales y haciendo seguimiento al especial sobre tráfico de identidades colombianas publicado en mayo de este año. De estas cédulas, 933 han sido revocadas por falsa identidad, un número que en junio ya había superado las 843 cancelaciones de todo el 2023. También, en el marco de las investigaciones de la Registraduría, se han anulado 16 registros civiles en los primeros seis meses del año.

A la par que el equipo de análisis de datos trabaja por encontrar qué registros y cédulas se han expedido de manera fraudulenta, en esta entidad también reposan 81 investigaciones disciplinarias contra funcionarios por presuntos actos irregulares de tráfico de migrantes y/o por expedir documentos de identidad de manera fraudulenta. Otro de los patrones identificados de estas redes ilegales es contar con funcionarios de la Registraduría —y más adelante en el proceso de Migración Colombia o la Cancillería— que emiten las cédulas y registros sin los soportes que exige la ley.

La mayoría de estas investigaciones, 29, se han abierto en la registraduría distrital y las auxiliares que quedan en las localidades de Bogotá. Solo un proceso disciplinario se ha aperturado en “el nivel central”, es decir, la sede de la Registraduría en el corazón del CAN. Es allí donde el registrador nacional, Hernán Penagos, ha ordenado purgar la entidad para evitar que se repitan este tipo de casos. Sin embargo, según la información de la entidad, hasta el momento ningún funcionario ha sido destituido por este tipo de cargos en la capital.

De las 33 delegaciones que abarcan todo el país (más el nivel central), en 10 de ellas hay investigaciones abiertas. Después de Bogotá, el lugar con más procesos en curso es Norte de Santander (20), seguido por Atlántico (15). Es comprensible que el departamento que colinda con Venezuela tenga tantas investigaciones activas, ya que, como informaron fuentes de la Registraduría a este diario, es difícil rastrear lo que sucede en las registradurías y notarías con función registral ubicadas en zonas de frontera.

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Fue en este departamento fronterizo precisamente donde destituyeron hace un año y medio, en enero de 2023, a Fredy Alberto Ramírez, registrador municipal de San Cayetano, municipio que hace parte del área metropolitana de Cúcuta. Hace exactamente tres años, la Fiscalía le imputó a Ramírez, entre otros, los delitos de tráfico de niños, tráfico de migrantes, y falsedad ideológica en documento público, por expedir de manera irregular un registro civil colombiano a un menor de edad venezolano.

Así lo detalló el ente investigador en su momento: “En el documento habría indicado que el menor de edad era nacido en Colombia, hijo de madre ecuatoriana y padre colombiano; estas dos personas son investigadas como integrantes de la estructura ilegal dedicada a la compra de niños en zona de frontera. Las autoridades señalan que con ese documento, al niño lo sacaron del país y fue trasladado a Ecuador, desde entonces se desconoce su paradero”.

Atlántico, además de ser el tercer territorio con más funcionarios investigados después de Norte de Santander, es también un departamento donde se han identificado 35 casos de pasaportes fraudulentos, en el puesto de control migratorio del aeropuerto internacional de Barranquilla Ernesto Cortissoz. Adicionalmente, en esta ciudad fue destituida la registradora auxiliar María Elena Miranda Roncancio el 6 de abril de 2023, por irregularidad en trámites de identificación.

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Según documentaron los medios en plena crisis del Covid-19, Miranda Roncancio fue mencionada en una investigación sobre cómo un par de narcotraficantes consiguieron certificados de defunción falsos para continuar delinquiendo sin ser detectados. Uno de ellos fue José Berley Guarín Loaiza, conocido como “el Ilustre” y quien sostenía vínculos de colaboración con el cartel de Sinaloa. Después de años de ser perseguido por la justicia, en 2019 se registró su muerte en la capital del Atlántico por enfermedad, lo cual resultó ser falso.

Otro capo, Miguel Antonio Meneses, alias “el Ingeniero”, también desapareció del sistema registral mediante un falso certificado de defunción. Fue capturado el 4 de mayo de 2019, a pesar de que su certificado de defunción indicaba que había fallecido el 11 de abril. En medio de estos procesos judiciales, Miranda Roncancio entuteló a la Registraduría pidiendo la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y otros.

Según le indicó la Registraduría a El Espectador, estos 81 procesos de investigación interna se encuentran en etapa de instrucción, por lo cual las identidades de los funcionarios están amparadas por reserva legal. Entre los siete registradores que se han destituido entre 2022 y 2024, además de Miranda Roncancio y Fredy Alberto Ramírez, se encuentran: la exregistradora municipal de Magangué (Bolívar) Jania Vanessa Campo; el exregistrador de Facatativá Luis Ernesto Cortés Gamboa; y tres funcionarios de Magdalena, incluyendo a Eduardo Noguera Dangond (Ciénaga), Said José Sarquis Lissa (Pivijay), y Eduardo Castañeda Altamar (Fundación).

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El pliego de cargos contra Cortés Gamboa incluye específicamente la elaboración de un registro de nacimiento en el que se inscribe a una persona mayor de edad con padres desconocidos. Este registro aparentemente no cumplió con los requisitos establecidos por la ley. El caso lleva años en juicio, ya que el exregistrador demandó la sanción impuesta, que fue su destitución del cargo y la inhabilidad general de diez años. De hecho, este próximo 30 de julio, hay una audiencia programada para continuar con esta batalla judicial.

Dos de los funcionarios destituidos en Magdalena, Noguera Dangond y Sarquis Lissa, estuvieron inmersos en un escándalo por presuntamente haber emitido documentos de identidad colombianos a ciudadanos extranjeros, específicamente a tres hombres de nacionalidad siria, quienes nunca habían estado en el país. Estos individuos, Al Hariri Al Hariri Ahmad, Tuameh Tuameh Bachar y Al Refaee Al Rafaee Amer, utilizaron estos documentos para ingresar a la Unión Europea y luego a Estados Unidos, donde fueron arrestados durante una operación contra una célula terrorista. Se descubrió que Noguera, Sarquis y otros funcionarios aceptaban a ciudadanos extranjeros con testigos que declaraban falsamente que estos individuos habían nacido en Colombia.

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En mayo de 2018, la Procuraduría General dictó un auto que destituía e inhabilitaba por 15 años a Noguera Dangdond debido a irregularidades en la inscripción de 13 registros civiles de nacimiento para ciudadanos extranjeros. Sin embargo, el registrador logró aferrarse a su puesto por mucho más tiempo mediante acciones judiciales. Por eso, este era uno de los asuntos principales que tenía el exregistrador Alexander Vega cuando llegó a la entidad. Según la Registraduría, él y Sarquis Lissa fueron finalmente destituidos el 15 de febrero de 2023.

Las investigaciones por este tipo de casos continúan avanzando, al igual que la revocación de documentos falsos. Aunque el registrador Penagos ha hecho énfasis en este despliegue de nuevas tecnologías para purgar la corrupción dentro de la entidad que dirige, el proceso sigue siendo desafiante. Hasta el momento, estas no han arrojado pistas claras para engrosar la lista de los siete funcionarios destituidos en los últimos años.

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