A 22 años del asesinato de Manuel Cepeda Vargas

Este martes se cumplen 22 años del asesinato de uno de los máximos dirigentes del Partido Comunista Colombiano (PCC) y considerado el último congresista de la Unión Patriótica (UP): el líder político Manuel Cepeda Vargas.

Cuando apenas llevaba un mes como senador de la República, tras su paso por la Cámara de Representantes –donde impulsó la creación del Ministerio de Cultura, el estatuto de la oposición y la rebaja de penas a los presos políticos– Cepeda fue asesinado el 9 de agosto de 1994 por sicarios mientras se movilizaba en su vehículo particular en el occidente de Bogotá.

Manuel Cepeda contaba con más de 40 años de trayectoria política desde sus inicios en las Juventudes Comunistas, alternando su trabajo político con su oficio de periodista, escenario desde el que se desempeñó como jefe de redacción del Semanario Voz entre 1970 y 1986, sumado a una columna de opinión que conservó por años en la que era evidente su orientación de oposición crítica.

Nacido en Armenia (Quindío) el 13 de abril de 1930, Cepeda pasó la mayor parte de su juventud en Popayán donde estudió derecho en la Universidad del Cauca. Era padre de dos hijos, Iván y María, de su matrimonio con Yira Castro, dirigente popular y política que falleció el 9 de julio de 1981.

Resultó electo senador para el período 1994-1998 como último congresista postulado por la UP, con iniciativas como reformas al Código del Menor, ley de la mujer trabajadora, ley marco de la cultura, consejo nacional de juventud y objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

Sin embargo, sus proyectos fueron frustrados por dos sargentos del Ejército Nacional (Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador) quienes en complicidad con paramilitares, dispararon en varias oportunidades contra la humanidad del senador de 64 años desde un vehículo blanco, causando su muerte instantánea.

Su crimen causó un repudio nacional que se tradujo en marchas y manifestaciones a lo largo del país y que se extendieron hasta Medellín, Urabá, Bucaramanga, Barranquilla y Barrancabermeja, donde incluso hubo gremios sindicales que anunciaron paros laborales ante el asesinato del líder político.

Un año antes de su homicidio, Manuel Cepeda había denunciado públicamente la existencia del denominado plan ‘Golpe de gracia’, un supuesto proyecto coordinado por altos mandos del Ejército y grupos paramilitares para asesinarlo a él y a otros líderes de la UP por su militancia política de oposición.

A raíz de las diversas solicitudes de protección ante las autoridades estatales, Cepeda acudió a organismos internacionales y fue cobijado con medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales no resultaron efectivas para evitar su muerte.

“El senador Cepeda Vargas fue ostensiblemente desprotegido ante la situación de riesgo que enfrentaba, por el contexto general de violencia contra la UP y PCC, por ser dirigente político y senador por esos partidos. En este contexto, agentes estatales se abstuvieron de brindar la protección especial debida al senador Cepeda”, declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010 a través de una sentencia que condenó al Estado colombiano por el asesinato del líder político.

En dicho fallo, la Corte puso en evidencia la irregularidad con la que fue investigado el homicidio, señalando la responsabilidad del Estado en el incumplimiento de sus obligaciones de prevención y protección con el senador, sin que aún se conozcan las circunstancias y los autores intelectuales del crimen, por lo que declaró que el asesinato se mantiene en la impunidad.

Tras el asesinato de Cepeda, las amenazas se extendieron contra su familia por lo que sus dos hijos tuvieron que abandonar el país ante los frecuentes hostigamientos. En 2004, el ahora senador Iván Cepeda regresó a Colombia y continuó siendo víctima de amenazas por lo que la CIDH ordenó medidas de protección a su favor.

Al cumplirse dos décadas de su asesinato, aún la justicia colombiana no ha logrado determinar a los autores intelectuales del crimen de Manuel Cepeda y los interrogantes alrededor de su muerte son latentes.

Este martes se cumplen 22 años del asesinato de uno de los máximos dirigentes del Partido Comunista Colombiano (PCC) y considerado el último congresista de la Unión Patriótica (UP): el líder político Manuel Cepeda Vargas.

Cuando apenas llevaba un mes como senador de la República, tras su paso por la Cámara de Representantes –donde impulsó la creación del Ministerio de Cultura, el estatuto de la oposición y la rebaja de penas a los presos políticos– Cepeda fue asesinado el 9 de agosto de 1994 por sicarios mientras se movilizaba en su vehículo particular en el occidente de Bogotá.

Manuel Cepeda contaba con más de 40 años de trayectoria política desde sus inicios en las Juventudes Comunistas, alternando su trabajo político con su oficio de periodista, escenario desde el que se desempeñó como jefe de redacción del Semanario Voz entre 1970 y 1986, sumado a una columna de opinión que conservó por años en la que era evidente su orientación de oposición crítica.

Nacido en Armenia (Quindío) el 13 de abril de 1930, Cepeda pasó la mayor parte de su juventud en Popayán donde estudió derecho en la Universidad del Cauca. Era padre de dos hijos, Iván y María, de su matrimonio con Yira Castro, dirigente popular y política que falleció el 9 de julio de 1981.

Resultó electo senador para el período 1994-1998 como último congresista postulado por la UP, con iniciativas como reformas al Código del Menor, ley de la mujer trabajadora, ley marco de la cultura, consejo nacional de juventud y objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

Sin embargo, sus proyectos fueron frustrados por dos sargentos del Ejército Nacional (Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador) quienes en complicidad con paramilitares, dispararon en varias oportunidades contra la humanidad del senador de 64 años desde un vehículo blanco, causando su muerte instantánea.

Su crimen causó un repudio nacional que se tradujo en marchas y manifestaciones a lo largo del país y que se extendieron hasta Medellín, Urabá, Bucaramanga, Barranquilla y Barrancabermeja, donde incluso hubo gremios sindicales que anunciaron paros laborales ante el asesinato del líder político.

Un año antes de su homicidio, Manuel Cepeda había denunciado públicamente la existencia del denominado plan ‘Golpe de gracia’, un supuesto proyecto coordinado por altos mandos del Ejército y grupos paramilitares para asesinarlo a él y a otros líderes de la UP por su militancia política de oposición.

A raíz de las diversas solicitudes de protección ante las autoridades estatales, Cepeda acudió a organismos internacionales y fue cobijado con medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales no resultaron efectivas para evitar su muerte.

“El senador Cepeda Vargas fue ostensiblemente desprotegido ante la situación de riesgo que enfrentaba, por el contexto general de violencia contra la UP y PCC, por ser dirigente político y senador por esos partidos. En este contexto, agentes estatales se abstuvieron de brindar la protección especial debida al senador Cepeda”, declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010 a través de una sentencia que condenó al Estado colombiano por el asesinato del líder político.

En dicho fallo, la Corte puso en evidencia la irregularidad con la que fue investigado el homicidio, señalando la responsabilidad del Estado en el incumplimiento de sus obligaciones de prevención y protección con el senador, sin que aún se conozcan las circunstancias y los autores intelectuales del crimen, por lo que declaró que el asesinato se mantiene en la impunidad.

Tras el asesinato de Cepeda, las amenazas se extendieron contra su familia por lo que sus dos hijos tuvieron que abandonar el país ante los frecuentes hostigamientos. En 2004, el ahora senador Iván Cepeda regresó a Colombia y continuó siendo víctima de amenazas por lo que la CIDH ordenó medidas de protección a su favor.

Al cumplirse dos décadas de su asesinato, aún la justicia colombiana no ha logrado determinar a los autores intelectuales del crimen de Manuel Cepeda y los interrogantes alrededor de su muerte son latentes.