A pesar de las críticas, proyecto de seguridad ciudadana se convertirá en ley

A pesar de las duras críticas y las voces que advirtieron una supuesta inconveniencia, el proyecto del Gobierno sobre seguridad ciudadana fue aprobado en su totalidad. Este martes, el ministerio del Interior, Daniel Palacios, celebró que el Senado de la República diera la estocada final para que la iniciativa se convierta en ley. El trámite, sin embargo, no contó con la oposición pues, en un acto de rotundo rechazo, abandonó el recinto y se abstuvo de votar.

(Lea: “Mensaje a la delincuencia”: Gobierno tras aprobación de proyecto de seguridad)

La discusión fue corta. Este martes el Senado cerró la página sobre el proyecto de seguridad ciudadana que busca, según el Gobierno, responder a la ola de inseguridad que viven los centros urbanos y las situaciones de violencia que se han registrado en las últimas movilizaciones, en el marco del Paro Nacional.

Fue justamente este último punto el que desató el pulso de los congresistas opositores. Desde el comienzo de la discusión en la Cámara, hasta los últimos minutos en el Senado, una buena parte del Congreso repudió el proyecto por encontrar inconsistencias, “populismo punitivo”, y hasta “autoritarismo” en contra de quienes deciden salir a las calles a protestar. Asimismo, manifestaron que la propuesta no entiende las dinámicas del campo colombiano, ya que una parte del articulado hacía referencia a penas por intromisión en la propiedad privada, pero sin adaptarla a las situaciones que ocurren en la cotidianidad de la ruralidad. En eso se centró parte del debate que se dio en la Cámara el pasado lunes. (Conozca: Las razones de la oposición para refutar el proyecto de seguridad ciudadana)

Como la exposición de argumentos ya se había dado, los opositores concentraron sus argumentaciones en manifestar que llevarían a instancias internacionales este proyecto porque, dijeron, va en contravía de los derechos humanos de los manifestantes. En ese sentido se refirió el senador del Polo, Iván Cepeda: “Esta iniciativa recibió mensaje de urgencia y ha sido aprobada con premura. Contiene varias disposiciones que afectan el derecho de reunión y asociación, y profundiza los problemas de violencia y convivencia que el representante Jim Mcgovern constató en su reciente visita al país. El articulado pareciera encontrar el origen de la inseguridad en la protesta social. La iniciativa se centra en aumentar las penas para actividades relacionadas con la protesta y fortalece acciones de autodefensa, bajo el concepto de legítima defensa privilegiada que recuerda estrategias de las convivir, antesala legal del paramilitarismo”.

Ante esa y otras intervenciones en contra del proyecto, el senador Eduardo Pacheco, del Partido Mira, arguyó que Colombia tenía autonomía para tomar este tipo de decisiones y no le parecía válido que los contradictores de la iniciativa “amenazaran” con dicha carta. “Desde su génesis venimos acompañando este proyecto. Se le acusó de ser inconstitucional, pero nunca se demostró dónde se vulneraban esos derechos constitucionales. Ahora viene un ataque de presentar constancia y enviarla al Congreso de Norteamérica, sin tener en cuenta el principio de la autodeterminación de las naciones. Para unas cosas sí, pero para otras no. También atacan con amenaza sobre la Corte Internacional de Derechos Humanos, como si nosotros fuéramos a temer frente a este tipo de declaraciones”, indicó.

Paloma Valencia, del Centro Democrático, insistió en que el proyecto no limitaba el derecho a protestar. “Otra cosa es que la protesta se torne en visos de terrorismo, vandalismo y destrucción. Una cosa es protestar y otra cosa es destruir bienes, transporte y que se secuestren las ciudades”, señaló la parlamentaria caucana, agregando además que este proyecto es relevante para las ciudades de su zona del país. Pese a esto, las críticas no pararon. De hecho, tanto opositores como congresistas liberales destacaron que la propuesta da amplia discrecionalidad a la Fuerza Pública de acceder a información de vigilancia sin orden judicial. “Un Congreso desprestigiado y comprado ahora está legislando contra las protestas y los manifestantes serán considerados como terroristas”, añadió el senador Armando Benedetti.

(Más: “No puedo equiparar la vida con el robo de unas latas de atún”: Rodrigo Lara)

A su turno, el senador Iván Marulanda, del partido verde, agregó que este proyecto de ley le entrega a la legalidad, un instrumento más de guerra: “Es la forma de legalizar el abuso de poder y la arbitrariedad para escalar esta trayectoria terrible de confrontación en Colombia. Esto en una nación libre y democrática sería inaceptable. Está en juego el orden jurídico fundado en la ilusión de una sociedad liberal, democrática y de seres humanos libres, para pasar a tener una civilidad amenazada con la legalización del abuso del poder. Me retiro de esta sesión como expresión de mi rechazo”.

Por ello, la oposición abandonó el recinto y no votó. A pesar de ello, el proyecto fue aprobado con mayorías, había quórum decisorio y más de 60 votos apoyaron la iniciativa. “Esta iniciativa piensa en el ciudadano de a pie, el ciudadano que sale a coger Transmilenio, el ciudadano que sale a coger un bus público para desplazarse a su casa o trabajo, el ciudadano al que le roban el celular, el ciudadano al que todos los días es víctima de un delito. Brindando mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad. Así mismo, pretende agravar las conductas que afectan a todos los ciudadanos y que el delincuente siempre vaya a la cárcel y no a la calle”, indicó Daniel Palacios, ministro del Interior.

La conciliación se hará mañana a primera hora para que posteriormente pase a sanción presidencial y se haga ley. El texto final, con las modificaciones realizadas estará listo para ese momento.

A pesar de las duras críticas y las voces que advirtieron una supuesta inconveniencia, el proyecto del Gobierno sobre seguridad ciudadana fue aprobado en su totalidad. Este martes, el ministerio del Interior, Daniel Palacios, celebró que el Senado de la República diera la estocada final para que la iniciativa se convierta en ley. El trámite, sin embargo, no contó con la oposición pues, en un acto de rotundo rechazo, abandonó el recinto y se abstuvo de votar.

(Lea: “Mensaje a la delincuencia”: Gobierno tras aprobación de proyecto de seguridad)

La discusión fue corta. Este martes el Senado cerró la página sobre el proyecto de seguridad ciudadana que busca, según el Gobierno, responder a la ola de inseguridad que viven los centros urbanos y las situaciones de violencia que se han registrado en las últimas movilizaciones, en el marco del Paro Nacional.

Fue justamente este último punto el que desató el pulso de los congresistas opositores. Desde el comienzo de la discusión en la Cámara, hasta los últimos minutos en el Senado, una buena parte del Congreso repudió el proyecto por encontrar inconsistencias, “populismo punitivo”, y hasta “autoritarismo” en contra de quienes deciden salir a las calles a protestar. Asimismo, manifestaron que la propuesta no entiende las dinámicas del campo colombiano, ya que una parte del articulado hacía referencia a penas por intromisión en la propiedad privada, pero sin adaptarla a las situaciones que ocurren en la cotidianidad de la ruralidad. En eso se centró parte del debate que se dio en la Cámara el pasado lunes. (Conozca: Las razones de la oposición para refutar el proyecto de seguridad ciudadana)

Como la exposición de argumentos ya se había dado, los opositores concentraron sus argumentaciones en manifestar que llevarían a instancias internacionales este proyecto porque, dijeron, va en contravía de los derechos humanos de los manifestantes. En ese sentido se refirió el senador del Polo, Iván Cepeda: “Esta iniciativa recibió mensaje de urgencia y ha sido aprobada con premura. Contiene varias disposiciones que afectan el derecho de reunión y asociación, y profundiza los problemas de violencia y convivencia que el representante Jim Mcgovern constató en su reciente visita al país. El articulado pareciera encontrar el origen de la inseguridad en la protesta social. La iniciativa se centra en aumentar las penas para actividades relacionadas con la protesta y fortalece acciones de autodefensa, bajo el concepto de legítima defensa privilegiada que recuerda estrategias de las convivir, antesala legal del paramilitarismo”.

Ante esa y otras intervenciones en contra del proyecto, el senador Eduardo Pacheco, del Partido Mira, arguyó que Colombia tenía autonomía para tomar este tipo de decisiones y no le parecía válido que los contradictores de la iniciativa “amenazaran” con dicha carta. “Desde su génesis venimos acompañando este proyecto. Se le acusó de ser inconstitucional, pero nunca se demostró dónde se vulneraban esos derechos constitucionales. Ahora viene un ataque de presentar constancia y enviarla al Congreso de Norteamérica, sin tener en cuenta el principio de la autodeterminación de las naciones. Para unas cosas sí, pero para otras no. También atacan con amenaza sobre la Corte Internacional de Derechos Humanos, como si nosotros fuéramos a temer frente a este tipo de declaraciones”, indicó.

Paloma Valencia, del Centro Democrático, insistió en que el proyecto no limitaba el derecho a protestar. “Otra cosa es que la protesta se torne en visos de terrorismo, vandalismo y destrucción. Una cosa es protestar y otra cosa es destruir bienes, transporte y que se secuestren las ciudades”, señaló la parlamentaria caucana, agregando además que este proyecto es relevante para las ciudades de su zona del país. Pese a esto, las críticas no pararon. De hecho, tanto opositores como congresistas liberales destacaron que la propuesta da amplia discrecionalidad a la Fuerza Pública de acceder a información de vigilancia sin orden judicial. “Un Congreso desprestigiado y comprado ahora está legislando contra las protestas y los manifestantes serán considerados como terroristas”, añadió el senador Armando Benedetti.

(Más: “No puedo equiparar la vida con el robo de unas latas de atún”: Rodrigo Lara)

A su turno, el senador Iván Marulanda, del partido verde, agregó que este proyecto de ley le entrega a la legalidad, un instrumento más de guerra: “Es la forma de legalizar el abuso de poder y la arbitrariedad para escalar esta trayectoria terrible de confrontación en Colombia. Esto en una nación libre y democrática sería inaceptable. Está en juego el orden jurídico fundado en la ilusión de una sociedad liberal, democrática y de seres humanos libres, para pasar a tener una civilidad amenazada con la legalización del abuso del poder. Me retiro de esta sesión como expresión de mi rechazo”.

Por ello, la oposición abandonó el recinto y no votó. A pesar de ello, el proyecto fue aprobado con mayorías, había quórum decisorio y más de 60 votos apoyaron la iniciativa. “Esta iniciativa piensa en el ciudadano de a pie, el ciudadano que sale a coger Transmilenio, el ciudadano que sale a coger un bus público para desplazarse a su casa o trabajo, el ciudadano al que le roban el celular, el ciudadano al que todos los días es víctima de un delito. Brindando mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad. Así mismo, pretende agravar las conductas que afectan a todos los ciudadanos y que el delincuente siempre vaya a la cárcel y no a la calle”, indicó Daniel Palacios, ministro del Interior.

La conciliación se hará mañana a primera hora para que posteriormente pase a sanción presidencial y se haga ley. El texto final, con las modificaciones realizadas estará listo para ese momento.