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Desde enero de este año, la Red de Auditores de Colombia radicó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría su intención de adelantar una iniciativa popular legislativa que plantea la eliminación de la institución de la Procuraduría, al considerar que el Ministerio Público no está cumpliendo con su labor y, por el contrario, ha dejado en impunidad muchos casos.
La iniciativa nació tras años de trabajo como auditores de entidades públicas y luego de la noticia de que se archivarían 10.000 procesos disciplinarios en la Procuraduría por vencimiento de términos. Entre estos, casos como los de Reficar, Odebrecht, PAE, Ruta del Sol, entre otros. Sin embargo, con la Ley 2094 de 2021 dichos procesos seguirán en vigencia por dos años y medio más, evitando la prescripción de los mismos.
“Se roban la alimentación de los niños y la Procuraduría no hace nada. Se roban la salud y la Procuraduría no hace nada. A los casos les dejan vencer términos y a nadie castigan. Por eso creemos que a la entidad hay que suprimirla. ¿Cómo así que se están adjudicando contratos a un solo oferente? Un contrato con un solo licitante no debería de existir”, dijo Wilfredo Pardo, vocero de la Red de Auditores de Colombia.
Para Pardo y la Red, el Estado debe volcarse a la prevención de la corrupción para evitar la comisión de faltas contra el erario y, para ello, dicen, hay herramientas como la Ley 1757 de 2015 que es el Estatuto de Participación Ciudadana. “No necesitamos Procuraduría, necesitamos que el control social participe semanalmente en las comisiones internas de cada entidad para revisar el funcionamiento fiscal de estas”, recalcó Pardo.
Por ley, insiste, la ciudadanía tiene derecho a hacer veeduría y control a las instituciones. En casos en los que se incurra en una falta, explica el vocero, entraría a actuar la Fiscalía y la Contraloría, según corresponda.
Además del incumplimiento de las funciones del Ministerio Público, Pardo considera que la Procuraduría se convirtió en un fortín burocrático que solo falla en contra de los enemigos políticos de la cabeza de la entidad.
La iniciativa popular legislativa es un mecanismo de participación ciudadana que les permite a un grupo de personas presentar proyectos de ley ante el Congreso. Según Pardo, ya hicieron la solicitud de inscripción del comité promotor de la iniciativa, sin embargo, no han recibido respuesta o los formularios para comenzar a recolectar firmas.
Por eso, esta semana volvieron a escribir a la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, pidiendo los formularios. Para adelantar este proceso, requieren recoger firmas correspondientes al 5 % del censo electoral. Una vez recolectadas las rúbricas, deben ser aprobadas por la Registraduría para luego remitir la iniciativa al Congreso y se inicie su discusión allí.