Abecé del proyecto de la oposición que busca el desmonte del Esmad

Con el fin de desescalar la violencia que se registró durante más de cuatro meses de paro nacional, y en general en las recientes movilizciones convocadas en el país, en el Congreso se empezó a discutir un proyecto de ley que impulsan tres senadores de la oposición y que hace parte de las reformas a la Policía que se plantean desde el Legislativo. Iván Cepeda (Polo Democrático), Antonio Sangunio (Alianza Verde) y Feliciano Valencia (MAIS) pusieron a consideración de la Comisión Segunda del Senado un proyecto de ley que busca suprimir el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Con el fin de desescalar la violencia que se registró durante más de cuatro meses de paro nacional, y en general en las recientes movilizciones convocadas en el país, en el Congreso se empezó a discutir un proyecto de ley que impulsan tres senadores de la oposición y que hace parte de las reformas a la Policía que se plantean desde el Legislativo. Iván Cepeda (Polo Democrático), Antonio Sangunio (Alianza Verde) y Feliciano Valencia (MAIS) pusieron a consideración de la Comisión Segunda del Senado un proyecto de ley que busca suprimir el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

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El proyecto estaba en agenda de la comisión para este miércoles, pero sus autores solo alcanzaron a argumentar sobre uno de los puntos que plantea. Entre otras cosas, la iniciativa busca que las funciones del Esmad sean asumidas por la fuerza disponible de la Policía, que los agentes de escuadrón antidisturbios sean incorporados a otras unidades de la institución y que se cree una unidad especial de diálogo y mediación policial. En entrevista con El Espectador, el senador Cepeda explicó algunas de las claves de la iniciativa que, vale recordar, se ha presentado varias veces sin éxito.

No es la primera vez que se presenta un proyecto para desmontar el Esmad. ¿Por qué insistir en esto?

Así es. En la Comisión Segunda desde hace más de una década hemos presentado proyectos con ese fin. Pero, a mi modo de ver, la tensión sobre su trámite ha venido creciendo conforme se ha venido acentuando la crisis de la Policía y las Fuerzas Militares. Por eso volvemos a insistir en la iniciativa.

No solo se busca el desmonte del Esmad. ¿En qué consiste el conjunto de proyectos?

El primero tiene que ver con la reforma estructural a la Policía. En segundo lugar, la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Hay otro proyecto que busca eliminar el servicio militar obligatorio y pueda surgir un servicio que sea útil para la paz y que los jóvenes tengan una alternativa distinta.

A su modo de ver, ¿por qué ese necesario desmontar el escuadrón antidisturbios?

El Esmad ha mostrado hasta la saciedad ser un cuerpo que viola sistemáticamente los derechos humanos. Sus integrantes han sido formados para tratar la movilización social como una especie de escenario bélico en el que es válido toda clase de procedimientos y armas. A pesar de que se nos ha intentado disuadir con que el Esmad tiene una muy fuerte formación en derechos humanos y que las armas que utiliza son de baja letalidad, está demostrado y la realidad que hemos constatado desde el pasado 28 de abril habla de un panorama muy distinto. Eso ha sido objeto de informes internacionales y de la observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay un cuerpo policial que agrede de una manera sistemática la movilización y no está preparada para hacer un uso proporcional de la fuerza.

En el caso de que se presenten disturbios en las movilizaciones, ¿qué contempla el proyecto que ocurra?

La Policía cuenta con un aparato que es la fuerza disponible. Esta puede ser utilizada en esas circunstancias y por ende hemos propuesto que en vez del Esmad exista una unidad especial para el diálogo y la tramitación, por vía del diálogo, de la convivencia que debe existir y que debe ser respetada en las movilizaciones ciudadanas. Se elimina el Esmad, pero queda vigente en la policía la fuerza disponible.

En el proyecto se propone la creación de un modelo de mediación policial. ¿En qué consiste?

El uso de la fuerza es justificado cuando las circunstancias lo requieren. Pero antes de eso, que es lo que regularmente no ocurre, deben ser utilizados otros medios para evitar que se llegue a la violencia. En esto, distintas administraciones de varias ciudades han mostrado que se pueden conformar equipos de diálogo desde la propia Policía para intercambiar con los manifestantes y lograr que asuntos que rápidamente van escalando hacia una confrontación se resuelvan por la vía del diálogo.

Quienes presentaron ponencia negativa dicen que en la Policía ya existe ese modelo para privilegiar el diálogo y que su proyecto sería redundar en algo que ya existe...

La realidad es contraria a esa ponencia y es lo que hemos evidenciado en los últimos cuatro meses. De ninguna manera hemos visto diálogo, mediación o respeto por la vida. En eso se equivoca la ponencia mayoritaria y también diciendo que todas las formas de movilización generan actos vandálicos y de violencia. Está demostrado que eso es minoritario y que se podría evitar simplemente aplicando realmente el plan.

¿Pero entonces sí existe un plan dentro de la Policía?

Lo que las mayorías gubernamentales presentan como una especie de estatuto donde están claramente enunciados los distintos protocolos que emplea la Policía, en realidad es letra muerta. No hemos visto ninguna clase de práctica que pueda ser considerada valiosa o necesaria para rescatar en medio de esta situación. Lo que hemos visto es un uso indiscriminado de la fuerza, en desconocimiento de los principios de proporcionalidad y legalidad en el uso de la fuerza, y el panorama es que hay muertos o desaparecidos por acción de la Policía y el Esmad.

Incluso hay quienes denuncian que cerca a sus sitios de vivienda llega el Esmad disparando gases lacrimógenos. También hay jóvenes que han quedado sin un ojo por el uso de estas armas, que se presentan como de baja letalidad, pero que utilizadas de ciertas formas se convierten en armas letales. La lista es larga y es necesario ser muy imaginativo para demostrar que la Policía en Colombia no respeta los derechos humanos.

Durante las movilizaciones el Esmad dice utilizar armas de letalidad reducida, justamente para causar el menor daño posible...

Eso es propaganda. Los hechos muestran que esas armas, que se presentan como inofensivas, no solo están prohibidas en el contexto internacional sino también nacional. Por ejemplo el “venom”, que dispara de manera simultánea múltiples proyectiles entre gases lacrimógenos y aturdidoras que han causado heridas. Para no ir muy lejos y mencionar otros casos, estas armas han provocado muertos y es evidente que hay que prohibir o regular el uso de ese dispositivo. También hay que regular otras armas y prácticas, por lo que en el proyecto señalamos que hay que reformar el artículo 155 del Código de Policía, que crea los Centros de Traslado por Protección, porque se han convertido en una manera de generar capturas y arrestos arbitrarios.

¿Cambia en algo los procesos en curso contra uniformados del Esmad inmersos por lesionar y herir jóvenes durante protestas?

Está mencionado en el proyecto de desmonte. Hemos propuesto que la justicia penal militar no se pueda aplicar a los policías por la sencilla razón de que esa justicia opera para delitos que se pueden cometer dentro del servicio del Ejército y las Fuerzas Militares, pero no al interior de un órgano que, como lo dice la Constitución, es civil. No tiene ninguna justificación que hechos de violencia atribuidos al Esmad y la Policía sigan siendo tratados por la justicia penal militar.

Además, hemos visto muchas transformaciones institucionales en las que personas que han incurrido en graves violaciones de derechos humanos terminan en dependencias similares a las que ocupaban antes de la depuración y eso se convierte en una especie de puerta giratoria.

¿Qué ejemplos de éxito hay de haber trasladado las competencias de las fuerzas antidisturbios a otras delegaciones?

Los hay en países como Francia donde se han producido protestas tan intensas y multitudinarias como en Colombia, incluso con hechos de violencia y desmanes. Pero a diferencia de Colombia, el saldo después de estas circunstancias no son decenas de muertos y heridos. Colombia es un país en el que hay que señalar la intervención de la policía es sinónimo de personas heridas y lesionadas. En el plano internacional existe suficiente experiencia y asesoría para evitar estos hechos de los últimos meses.

¿Qué les responde a quienes dicen que solo hay que ver el balance del paro que inició el 28 de abril, en temas como vandalismo y pérdidas materiales?

Ese discurso está destinado a generar una psicosis del miedo y a comparar la movilización social con actos vandálicos. El propio Gobierno y sus estadísticas desmienten ese tipo de afirmaciones. El Gobierno señala que entre abril y agosto se realizaron cerca de 12.800 movilizaciones ciudadanas, de las que entre 800 y 1.500 terminaron en hechos lamentables. Si uno se pone en la idea de la estadística gubernamental, es evidente que la movilización social ha sido mayoritariamente pacífica.

En algunos casos, condenables por supuesto, terminan en hechos de violencia, pero ese no es el común denominador. Un Gobierno que tiene un balance tan desastroso en materia social busca razones por doquier para intentar encubrir ese balance que es el que dio lugar a las protestas ciudadanas.

¿Qué ambiente le ve esta vez al proyecto?

Es evidente, como ha ocurrido en la triste historia de la Comisión Segunda del Senado, que las mayorías intentarán imponer una ponencia negativa para hundir este y los otros proyectos que hemos presentado.

En caso de que no pase del primer debate, ¿se intentará impulsar mediante otro proyecto?

Si eso ocurre, inmediatamente los congresistas de oposición vamos a remitir esa información a la Corte Penal Internacional. Sería muy vergonzoso que, estando de visita en el país, la primera noticia que reciban sea que un proyecto de ley que buscaba eliminar la violencia y las formas de violación de derechos humanos ha sido rechazado por mayorías en el Senado. Además, eso también tendría como repercusión inmediata que nosotros informemos a la CIDH, que ordenó seguimiento a unas recomendaciones entre las cuales está explícitamente la necesidad de hacer una reforma no cosmética de la Policía.