Abogada de militares pide que se sancione ley estatutaria de la JEP

Tania Parra es una abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas. Tiene Maestría en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario pero, más allá de sus títulos, tiene una larga experiencia en defensa jurídica de militares y policías. Ha sido la defensora de los uniformados en los más emblemáticos casos contra militares y policías, como los del Palacio de Justicia o el de los falsos positivos de Soacha.

Este lunes, participó en la audiencia pública que se realizó en la Cámara de Representantes sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, desde donde controvirtió la ponencia del fiscal Néstor Humberto Martínez, a quien señaló de manipular con argumentos falsos a quienes están convencidos de que la reconciliación y el cierre jurídico del conflicto armado tiene que darse en la JEP, y que la ley estatutaria es necesaria para la seguridad jurídica de sus defendidos: los militares y policías investigados por crímenes en el desarrollo de la guerra.

¿Por qué le pide al Congreso no tramitar las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP?

Porque las objeciones ya fueron definidas por la Corte Constitucional y el gobierno está objetando es la Constitución Política. Por ejemplo, cuando objeta el tema de los máximos responsables, está objetando un artículo de la Constitución que ya surtió todo el trámite institucional. Es un absurdo. Ese no es el camino, y, además, no puede cambiar las reglas del juego cuando ya hay uniformados que se han sometido, han rendido versión, han confesado y están ad portas de una sentencia que deberían salir a finales de junio. El caso de los falsos positivos de Soacha está muy adelantado, entonces nosotros pedimos que se respeten la reglas que se pactaron en el Acuerdo de Paz.

Usted dijo que el fiscal Néstor Humberto Martínez está mintiendo en su interpretación sobre las objeciones, ¿a qué se refiere exactamente?

Todo el mundo pretende que le den la razón a sus argumentos sólo con sacar a bailar el “coco” de la Corte Penal Internacional.  El fiscal dice que hay que darles trámite a las objeciones para no quedar en manos de la Corte Penal Internacional, y eso no es cierto. Es una falacia. La CPI le dio un tiempo a Colombia para que investigara y, de hecho, la Fiscalía continúa investigando. Y la JEP también, porque es que hay más de 60 uniformados que ya han rendido versión ante el tribunal.  Se está avanzando y no se dan cuenta porque no van, pero uno como abogado sí se da cuenta de que están trabajando. Entonces no se entiende por qué el fiscal dice que ahora la CPI los va a coger.

Y el fiscal también insiste en que el ente acusador perderá sus competencias si no se modifica la estatutaria de la JEP. ¿Qué opina?

En la JEP se está trabajando, se están investigando los falsos positivos y las masacres. Y el fiscal dice que si la objeción al literal J del artículo 79 no se aprueba entonces la Fiscalía va a perder sus competencias. Le recuerdo al señor fiscal que la objeción que planteó el presidente no fue todo el literal J sino el tercer párrafo de ese literal, donde precisamente dice que la Fiscalía no perderá su competencia para investigar. Lo que sí hace es prohibirle tomar decisión respecto a la libertad de los comparecientes y tomar decisiones de fondo. No es cierto que se limite la investigación en la justicia ordinaria, pero sí le prohíbe  que cite a diligencias individuales, y esto está bien porque muchos de los agentes del Estado no tienen un solo proceso.

¿Qué ocurriría si ese aparte concreto se modifica, entonces, como pide el Gobierno y el fiscal?

Esos comparecientes a la JEP estuvieron en el conflicto 10, 15 y hasta 30 años, entonces tienen muchos más procesos. Eso implicaría que si están rindiendo cuentas por un caso, obtienen la libertad y de repente les surge otro caso en la Fiscalía, ¿otra vez presos? No, eso no es justo y, precisamente, la falta de la ley estatutaria produce una zona gris que hace difusas las competencias. Las objeciones están poniendo en grave inseguridad jurídica a los agentes de Estado.

¿Por qué?

Mire usted que a los guerrilleros les suspendieron las investigaciones y a nosotros, con el decreto 706 de 2017, se nos extendía el mismo beneficio, se suspendían las órdenes de captura, pero no se han suspendido. La Fiscalía sigue emitiendo órdenes de captura y les hemos pedido que cumplan con el decreto, pero no lo hacen. ¿Entonces, a qué jugamos? Por eso le digo al fiscal: no nos engañe, apliquemos las normas por favor, quítese esa máscara que no está ayudando en nada a los uniformados. Le estamos exigiendo el cumplimiento de las normas de implementación del Acuerdo de Paz.

¿En qué se verían afectados los uniformados si el Congreso aprueba las objeciones a la JEP?

No son solo los uniformados, también los agentes del Estado civiles: exministros, viceministros, congresistas. Si se aprueban las objeciones, quedará en juego su libertad, van a continuar avanzando las investigaciones y tomándose decisiones de fondo. Quedarían sin claridad procesal y el riesgo es que su vida depende de la interpretación de su investigador. Le apostamos a esto con unas reglas del juego, y es claro que cuando a uno en la mitad de la partida le cambian las reglas, le están haciendo trampa. Esta ley marco es la que establece las reglas.

¿Dijo usted en la audiencia que le preocupa también el tema de la reparación?

El presidente objeta la reparación en lo que concierne a las Farc, pero eso ya está definido en una sentencia de la Corte (C-080) y en el Acto Legislativo 01 de 2017; entonces, no se entiende cómo se va a meter con la reparación de los agentes del Estado porque estos no reparan con su pecunio. Reparan inmaterialmente y el presidente pone en riesgo esa premisa. Y es inexplicable que haga esto mediante una objeción a la ley estatutaria. Si quiere cambiar las reglas del Acuerdo Final de Paz, pues hágalo como corresponde: reformando las leyes con actos legislativos. Es que cientos de militares se sometieron a las reglas que fijó el Acuerdo de Paz. A los agentes de Estado, militares y civiles, lo que les conviene es que se sancione la ley estatutaria de la JEP lo antes posible.

Tania Parra es una abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas. Tiene Maestría en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario pero, más allá de sus títulos, tiene una larga experiencia en defensa jurídica de militares y policías. Ha sido la defensora de los uniformados en los más emblemáticos casos contra militares y policías, como los del Palacio de Justicia o el de los falsos positivos de Soacha.

Este lunes, participó en la audiencia pública que se realizó en la Cámara de Representantes sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, desde donde controvirtió la ponencia del fiscal Néstor Humberto Martínez, a quien señaló de manipular con argumentos falsos a quienes están convencidos de que la reconciliación y el cierre jurídico del conflicto armado tiene que darse en la JEP, y que la ley estatutaria es necesaria para la seguridad jurídica de sus defendidos: los militares y policías investigados por crímenes en el desarrollo de la guerra.

¿Por qué le pide al Congreso no tramitar las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP?

Porque las objeciones ya fueron definidas por la Corte Constitucional y el gobierno está objetando es la Constitución Política. Por ejemplo, cuando objeta el tema de los máximos responsables, está objetando un artículo de la Constitución que ya surtió todo el trámite institucional. Es un absurdo. Ese no es el camino, y, además, no puede cambiar las reglas del juego cuando ya hay uniformados que se han sometido, han rendido versión, han confesado y están ad portas de una sentencia que deberían salir a finales de junio. El caso de los falsos positivos de Soacha está muy adelantado, entonces nosotros pedimos que se respeten la reglas que se pactaron en el Acuerdo de Paz.

Usted dijo que el fiscal Néstor Humberto Martínez está mintiendo en su interpretación sobre las objeciones, ¿a qué se refiere exactamente?

Todo el mundo pretende que le den la razón a sus argumentos sólo con sacar a bailar el “coco” de la Corte Penal Internacional.  El fiscal dice que hay que darles trámite a las objeciones para no quedar en manos de la Corte Penal Internacional, y eso no es cierto. Es una falacia. La CPI le dio un tiempo a Colombia para que investigara y, de hecho, la Fiscalía continúa investigando. Y la JEP también, porque es que hay más de 60 uniformados que ya han rendido versión ante el tribunal.  Se está avanzando y no se dan cuenta porque no van, pero uno como abogado sí se da cuenta de que están trabajando. Entonces no se entiende por qué el fiscal dice que ahora la CPI los va a coger.

Y el fiscal también insiste en que el ente acusador perderá sus competencias si no se modifica la estatutaria de la JEP. ¿Qué opina?

En la JEP se está trabajando, se están investigando los falsos positivos y las masacres. Y el fiscal dice que si la objeción al literal J del artículo 79 no se aprueba entonces la Fiscalía va a perder sus competencias. Le recuerdo al señor fiscal que la objeción que planteó el presidente no fue todo el literal J sino el tercer párrafo de ese literal, donde precisamente dice que la Fiscalía no perderá su competencia para investigar. Lo que sí hace es prohibirle tomar decisión respecto a la libertad de los comparecientes y tomar decisiones de fondo. No es cierto que se limite la investigación en la justicia ordinaria, pero sí le prohíbe  que cite a diligencias individuales, y esto está bien porque muchos de los agentes del Estado no tienen un solo proceso.

¿Qué ocurriría si ese aparte concreto se modifica, entonces, como pide el Gobierno y el fiscal?

Esos comparecientes a la JEP estuvieron en el conflicto 10, 15 y hasta 30 años, entonces tienen muchos más procesos. Eso implicaría que si están rindiendo cuentas por un caso, obtienen la libertad y de repente les surge otro caso en la Fiscalía, ¿otra vez presos? No, eso no es justo y, precisamente, la falta de la ley estatutaria produce una zona gris que hace difusas las competencias. Las objeciones están poniendo en grave inseguridad jurídica a los agentes de Estado.

¿Por qué?

Mire usted que a los guerrilleros les suspendieron las investigaciones y a nosotros, con el decreto 706 de 2017, se nos extendía el mismo beneficio, se suspendían las órdenes de captura, pero no se han suspendido. La Fiscalía sigue emitiendo órdenes de captura y les hemos pedido que cumplan con el decreto, pero no lo hacen. ¿Entonces, a qué jugamos? Por eso le digo al fiscal: no nos engañe, apliquemos las normas por favor, quítese esa máscara que no está ayudando en nada a los uniformados. Le estamos exigiendo el cumplimiento de las normas de implementación del Acuerdo de Paz.

¿En qué se verían afectados los uniformados si el Congreso aprueba las objeciones a la JEP?

No son solo los uniformados, también los agentes del Estado civiles: exministros, viceministros, congresistas. Si se aprueban las objeciones, quedará en juego su libertad, van a continuar avanzando las investigaciones y tomándose decisiones de fondo. Quedarían sin claridad procesal y el riesgo es que su vida depende de la interpretación de su investigador. Le apostamos a esto con unas reglas del juego, y es claro que cuando a uno en la mitad de la partida le cambian las reglas, le están haciendo trampa. Esta ley marco es la que establece las reglas.

¿Dijo usted en la audiencia que le preocupa también el tema de la reparación?

El presidente objeta la reparación en lo que concierne a las Farc, pero eso ya está definido en una sentencia de la Corte (C-080) y en el Acto Legislativo 01 de 2017; entonces, no se entiende cómo se va a meter con la reparación de los agentes del Estado porque estos no reparan con su pecunio. Reparan inmaterialmente y el presidente pone en riesgo esa premisa. Y es inexplicable que haga esto mediante una objeción a la ley estatutaria. Si quiere cambiar las reglas del Acuerdo Final de Paz, pues hágalo como corresponde: reformando las leyes con actos legislativos. Es que cientos de militares se sometieron a las reglas que fijó el Acuerdo de Paz. A los agentes de Estado, militares y civiles, lo que les conviene es que se sancione la ley estatutaria de la JEP lo antes posible.