Jurisdicción agraria es el primer ‘round’ para el futuro del acuerdo nacional

El Gobierno se prepara no solo para defender el proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria, una de sus iniciativas clave en el Congreso, sino para superar lo que será la primera prueba para la supervivencia del acuerdo nacional.

El Gobierno se prepara no solo para defender el proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria, una de sus iniciativas clave en el Congreso, sino para superar lo que será la primera prueba para la supervivencia del acuerdo nacional.

El clima es cada vez más adverso para el proyecto por el temor manifestado por la oposición, así como de distintos sectores políticos y económicos, de que se pueda revivir la expropiación exprés. Por ello, este debate medirá uno de los preceptos que la Casa de Nariño tiene para buscar acuerdos: “trabajar con todos los partidos políticos representados en el Congreso, la discusión de un grupo prioritario de proyectos que hacen parte de la actual agenda legislativa, y de esta manera dar trámite para su aprobación”.

Se trata de una discusión que trasciende de los conceptos técnicos y jurídicos para llegar a las tribunas y las plazas políticas, donde hay una fuerte pugna que empieza a perfilar las discusiones que se darán para las elecciones de 2026. El reto del petrismo será demostrar que sí tiene disposición para conversar, y ceder en algunos puntos de honor, para que el acuerdo nacional sea extrapolable a otros de los grandes debates que planea tener como la reforma a la salud, la política y la laboral -que sigue siendo discutida en plenaria de la Cámara-.

El proyecto llegó por la Comisión Primera del Senado, que tiene 21 parlamentarios. Las fuerzas están, entre todo, equilibradas. Hay siete votos que acompañarán al Gobierno: los cuatro del Pacto Histórico, uno de Comunes, uno de la Alianza Verde y el de Humberto de la Calle, quien aunque independiente, ya cantó su apoyo.

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En contra también hay siete votos: tres de Cambio Radical, dos de Centro Democrático, uno de La U (el de Alfredo Deluque, que suele votar contra Petro) y uno de la Alianza Verde (el de JP Hernández). Así, hay siete votos, de los liberales, los conservadores y uno de La U (Julio Elías Chagüí), que definirán el futuro de la propuesta.

Y la emocionalidad de esas discusiones es la que pone en tensión el futuro del acuerdo. En efecto, muchas de las críticas llegan desde sectores adversos al proyecto progresista de Gustavo Petro. Incluso, así lo reconocen en los pasillos del Ministerio de Agricultura que dicen que, en efecto, el gran reto en los debates que se darán en la Comisión Primera del Senado tienen un tinte político, que va más allá de los argumentos técnicos.

Además, voces que aunque se mantienen en la oposición se han montado al bus de proyectos que son columnas del Gobierno, como es el caso de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán e integrante de la mesa de negociación con el ELN, han manifestado su desacuerdo explícito con el proyecto que define el funcionamiento de la jurisdicción agraria -cuya creación ya se aprobó con una reforma constitucional y acto legislativo-.

“Aunque los ministros digan lo contrario, representa una amenaza real a la propiedad privada de la tierra, al derogar de un plumazo la fase judicial del proceso de extinción administrativa de dominio, y también de expropiación, dejando al arbitrio de la ANT la decisión de cierre”, escribió Lafaurie en un reciente artículo de opinión.

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Así lo han manifestado voces fuertes de la oposición, como la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático y quien está en la Comisión Primera del Senado.

Mientras tanto, el Gobierno cada vez se muestra más firme en que han conversado con quienes han querido escucharlo y en que mantendrá sus posiciones. Así lo dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien se abanderó del acuerdo nacional desde su llegada en julio pasado a la cartera política.

“Hemos hablado con todo el mundo. Los que me están criticando, que son del Centro Democrático, no quisieron hablar con el Gobierno. Con todas las bancadas hemos planteado las reformas, yo entiendo que ellos están en su papel de oposición. Lo bueno de la propuesta del acuerdo nacional es que se abre una discusión en el país en general que es importante sobre el tono del debate”, aseveró en declaraciones a medios este lunes.

Como se dijo, aunque es una discusión política, el debate, al menos en el papel, se centra en un aspecto técnico. En el primer parágrafo del artículo 12, de 80 que tiene el proyecto de ley cuya ponencia está próxima a radicarse, señala que “los procesos agrarios especiales de los que trata la Ley 160 de 1994 contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo”.

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Los objetores a la propuesta dicen que con ese parágrafo el Gobierno reviviría la expropiación exprés, que la Corte Constitucional tumbó del Plan Nacional de Desarrollo (PND) por vicios de trámite.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, ha dicho que el proyecto no elimina la facultad de acudir a los estrados judiciales para los particulares envueltos en controversias porque se ordene una extinción administrativa. Así también lo aclaran personas directamente involucradas en la formulación del proyecto de ley, que son enfáticas en decir que lo que se busca es devolverle ciertas funciones a la ANT, sin que se le concedan nuevas funciones y con un objetivo claro: pisar el acelerador para lograr la ambiciosa meta de tres millones de hectáreas para la reforma agraria.

Pero no es primera vez, en cuestión de semanas, que el fantasma de la expropiación exprés ronda a iniciativas del Gobierno. En efecto, hace pocos días también hubo desconfianza en los pasillos del Congreso por otra iniciativa para darle más dientes a la ANT. Se trata de un decreto, que como reveló El Espectador, busca simplificar de manera significativa los procedimientos de compra de tierras.

En una respuesta escrita, la ministra Carvajalino fue enfática en que el Gobierno, ni con el decreto ni con el proyecto de ley, busca la expropiación exprés. “Lo propuesto no realiza cambios en las reglas vigentes del procedimiento administrativo de expropiación y ratifica el interés principal del Gobierno de utilizar como instrumento prevalente la compra voluntaria con oferta de la ANT o del propietario”, aseveró.

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La filigrana de la discusión muestra que el oficialismo tendrá que moverse con audacia entre el debate técnico y la visceralidad de las opiniones políticas. Si logra superar esa pared retórica representada en el fantasma de la expropiación exprés, demostrando que el acuerdo nacional va más allá de las 1.098 palabras en las que se exponen los cinco puntos, podrá extrapolar la discusión a otras reformas y proyectos claves, en medio de un ambiente cada vez más álgidos por las próximas elecciones.

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