Acuerdo social por el Catatumbo

El anuncio fue hecho por una comisión mediadora integrada por el expresidente Ernesto Samper; el vicepresidente de la República, Angelino Garzón; el representante de Naciones Unidas, Todd Howland; el provenzal jesuita Francisco de Roux; el representante Iván Cepeda; el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, y los representantes de los manifestantes, Andrés Gil y Olga Quintero.

El expresidente Samper explicó que se retomó una fórmula construida por los manifestantes, que consiste en crear una comisión entre Gobierno y protestantes, que será integrada por los anteriormente mencionados, y realizar un evento el próximo 2 de agosto en el que se hará un pacto social por el Catatumbo, con miras a volcar la institucionalidad a esta región históricamente abandonada por el Estado. Una vez se firme este pacto de confianza, los campesinos desbloquearan la vía Tibú-Cúcuta y tres días después se retomará la mesa de interlocución y acuerdo.

“La comisión de facilitación hará el examen de los puntos propuestos por los protestantes del Catatumbo: zona de reserva campesina, sustitución social de cultivos ilícitos y garantías de no judicialización a los protestantes. Este acuerdo está avalado por el presidente Juan Manuel Santos, con quien nos reunimos el pasado martes”, señaló el expresidente Samper.

Pero la noticia más importante la dio el fiscal Eduardo Montealegre, quien sostuvo que “al amparo que le da la Constitución a la protesta social los miembros de las organizaciones sociales que participaron de las movilizaciones no serán judicializados y menos criminalizados. Las marchas como tal no son conductas punibles. Hay conductas individualizadas que se pueden calificar como delito, pero pierden ese contexto cuando se hacen en el marco de una protesta ciudadana”.

Del otro lado, Olga Quintero, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), concluyó que no se trata de una protesta ni guerrillera ni terrorista, sino una por los derechos de los campesinos. “Después de 53 días de manifestaciones empezará a andar el acuerdo social por el Catatumbo con garantes del Gobierno y los campesinos. Nuestro primer acto será desbloquear la vía Tibú-Cúcuta y desde ese momento esperamos que Santos cumpla su promesa de sentarse a negociar. No se trata de hablar de la guerra, sino de la paz, por eso les pido que nos untemos de pueblo, de campesino, nos untemos la manos de tierrita y no de sangre. Y que esto sirva de ejemplo para solucionar los problemas que se han extendido por el país”.

El anuncio fue hecho por una comisión mediadora integrada por el expresidente Ernesto Samper; el vicepresidente de la República, Angelino Garzón; el representante de Naciones Unidas, Todd Howland; el provenzal jesuita Francisco de Roux; el representante Iván Cepeda; el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, y los representantes de los manifestantes, Andrés Gil y Olga Quintero.

El expresidente Samper explicó que se retomó una fórmula construida por los manifestantes, que consiste en crear una comisión entre Gobierno y protestantes, que será integrada por los anteriormente mencionados, y realizar un evento el próximo 2 de agosto en el que se hará un pacto social por el Catatumbo, con miras a volcar la institucionalidad a esta región históricamente abandonada por el Estado. Una vez se firme este pacto de confianza, los campesinos desbloquearan la vía Tibú-Cúcuta y tres días después se retomará la mesa de interlocución y acuerdo.

“La comisión de facilitación hará el examen de los puntos propuestos por los protestantes del Catatumbo: zona de reserva campesina, sustitución social de cultivos ilícitos y garantías de no judicialización a los protestantes. Este acuerdo está avalado por el presidente Juan Manuel Santos, con quien nos reunimos el pasado martes”, señaló el expresidente Samper.

Pero la noticia más importante la dio el fiscal Eduardo Montealegre, quien sostuvo que “al amparo que le da la Constitución a la protesta social los miembros de las organizaciones sociales que participaron de las movilizaciones no serán judicializados y menos criminalizados. Las marchas como tal no son conductas punibles. Hay conductas individualizadas que se pueden calificar como delito, pero pierden ese contexto cuando se hacen en el marco de una protesta ciudadana”.

Del otro lado, Olga Quintero, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), concluyó que no se trata de una protesta ni guerrillera ni terrorista, sino una por los derechos de los campesinos. “Después de 53 días de manifestaciones empezará a andar el acuerdo social por el Catatumbo con garantes del Gobierno y los campesinos. Nuestro primer acto será desbloquear la vía Tibú-Cúcuta y desde ese momento esperamos que Santos cumpla su promesa de sentarse a negociar. No se trata de hablar de la guerra, sino de la paz, por eso les pido que nos untemos de pueblo, de campesino, nos untemos la manos de tierrita y no de sangre. Y que esto sirva de ejemplo para solucionar los problemas que se han extendido por el país”.