Advierten “pérdidas millonarias” por enredos con al menos 50 diplomáticos
Desde los sindicatos de la Cancillería cuestionaron que en solo siete de esos casos podría haber riesgo sobre $1.500 millones. La desvinculación dilatada de los sancionados por tribunales generaría pérdidas. El Ministerio analiza los casos.
Daniela Cristancho
Diecisiete días antes de asumir en propiedad el mando de la Cancillería y de prometer impulsar la carrera diplomática, Luis Gilberto Murillo firmó el decreto 0560 por medio del cual designó a Irene Vélez como cónsul general en Londres. Con este documento, la exministra de Minas y Energía quedó encargada, por lo menos de manera provisional, de la autorización y de la expedición de los trámites de los colombianos en la capital inglesa. En este abanico de funciones están los permisos de salida de menores, un tema por el que ella misma es investigada disciplinariamente.
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Diecisiete días antes de asumir en propiedad el mando de la Cancillería y de prometer impulsar la carrera diplomática, Luis Gilberto Murillo firmó el decreto 0560 por medio del cual designó a Irene Vélez como cónsul general en Londres. Con este documento, la exministra de Minas y Energía quedó encargada, por lo menos de manera provisional, de la autorización y de la expedición de los trámites de los colombianos en la capital inglesa. En este abanico de funciones están los permisos de salida de menores, un tema por el que ella misma es investigada disciplinariamente.
El pasado 5 de abril, menos de un mes antes de que la nombraran cónsul, a Vélez la Procuraduría le profirió un pliego de cargos por presunto uso de la influencia que tenía al ser jefa de la cartera de Minas para que Migración Colombia permitiera que sus hijos menores de edad salieran del país sin el papel de autorización que se requiere en esos casos. Este fue uno de los escándalos que sacudieron su labor como ministra, a los que también se suman el de un millonario contrato de su esposo, Sjoerd van Grootheest, con el gobierno; su choque con la entonces viceministra de Energía, Belizza Ruizy; y las cifras reportaba sobre las reservas de gas y petróleo en el país.
El de Vélez, quien le dijo a El Espectador que no se podía pronunciar sobre el expediente en la Procuraduría para respetar el proceso en curso, no es el único caso de exfuncionarios del gobierno que se han visto inmersos en escándalos y que han terminado con cargos en las sedes diplomáticas de Colombia en el exterior. El 3 de mayo, además del de la exministra, Murillo firmó otros seis decretos. Entre ellos también se designó a Camilo Iguarán, quien salió del viceministro de Deporte en medio de denuncias por presunta corrupción con alcaldes en La Guajira (en todo caso aún no tiene investigaciones abiertas al respecto), como cónsul en Santo Domingo. Desde que salieron a la luz los señalamientos de presuntas coimas para aprobar proyectos deportivos, Iguarán los ha negado. También le dijo a este diario que no tenía autorización para hablar sobre el consulado en la capital de República Dominicana.
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Dos semanas después, en medio de la entrega de credenciales de ocho embajadores -Argelia, Australia, Ecuador, Emiratos Árabes, Guatemala, Nicaragua, República Checa y Rumania-, momentos después de que el presidente Gustavo Petro lo nombrara oficialmente como ministro, Murillo dijo: “Estamos comprometidos con la profesionalización del servicio del exterior y la democratización de la diplomacia. Por primera vez, en mucho tiempo en esta Cancillería, a todos los embajadores y embajadoras que estaban en línea para salir al exterior se les ofreció una embajada. Fue su decisión aceptarla o no y eso también es un hecho sin precedentes”.
Con estas palabras, el reto que asumió no es menor. En sus hombros está cumplir la promesa que había hecho el primer mandatario, y a la que se había Álvaro Leyva cuando llegó al Palacio de San Carlos, de designar al menos la mitad de los cargos en el exterior a profesionales de la carrera diplomática. En este momento, de una lista de 62 jefes de misión nombrados y posesionados, hay 41 políticos y 21 de carrera.
Además, los sindicatos se han encargado de demandar decenas de nombramientos, entre ellos el de Marisol Rojas Izquierda, quien ocupa el puesto en el consulado de Londres que ahora estará en manos de Irene Vélez. En noviembre del año pasado, el Consejo de Estado declaró la nulidad del decreto que la designaba como cónsul, pues la Cancillería solo puede nombrar a personas externas para ocupar cargos provisionales cuando es imposible asignar a alguien que ya sea miembro de la carrera diplomática.
La Cancillería tardó casi cinco meses en formalizar la decisión que tomó el alto tribunal. Sin embargo, su desvinculación de la diplomacia duró menos de dos semanas. Este mes, volvió a ser nombrada como consejera en la Embajada de Reino Unido. En el decreto 0562 del pasado 3 de mayo se especifica que Rojas no recibirá viáticos ni tiquetes aéreos, por lo que ya reside en ese país. Sin embargo, sí seguirá teniendo una asignación salarial básica de cerca de 2.000 dólares más 3.600 dólares de prima especial, que se le corresponde a quien ocupe ese puesto.
Aunque se establece que los funcionarios que sean desvinculados tienen un tiempo para organizar sus asuntos y regresar al país, desde los sindicatos se señala que este proceso muchas veces se ha llegado a extender hasta cinco meses, tiempo en el que se continúan gastando recursos públicos. Ejemplo de ello sería Karen Carvajal, cuyo nombramiento como segunda secretaria en el consulado de Barcelona lo tumbó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en septiembre de 2023. Sin embargo, la Cancillería no la habría desvinculado sino hasta seis meses después. Las cifras de los sindicatos indican que solo en siete casos de desvinculaciones dilatadas habría un detrimento patrimonial de casi 1.500 millones de pesos.
En esa misma tanda de decretos que incluyen a Vélez, Iguarán y Rojas Izquierda, Murillo también designó a María Antonia “Nany” Pardo como cónsul en Chile. Pardo hizo parte de la campaña de Gustavo Petro en 2018 y 2021 y se desempeñó como gerente de asuntos internacionales de Procolombia. En enero de este año, cuando estalló la discusión por el alquiler que hizo el Gobierno de una casa de 4.500 millones de pesos en Davos, Suiza, para promocionar la marca país en el Foro Económico Mundial, “Nany” Pardo salió en defensa de la decisión y llamó al presidente Petro un “visionario”.
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La comunicadora llega en reemplazo de Sebastián Guanumen, quien fue nombrado embajador en el mismo país, una decisión que fue criticada incluso por políticos chilenos por apoyar “expresiones violentas”. Pero además de limar posibles asperezas que pudo dejar su antecesor, el trabajo del consulado es complejo y esa precisamente una de las razones por las cuales se cuestiona que se asignen a personas que no son de carrera diplomática: por la falta de preparación que tienen para asumir con ese nivel de tecnicidad.
“El 3 de mayo no había ningún funcionario de carrera diplomática disponible para asumir como Cónsul General de Colombia en Chile. En vista de eso fui nombrada en provisionalidad porque urgía ocupar dicho cargo toda vez que Chile es uno de los países en donde más migrantes colombianos hay”, le dijo Pardo a este diario. “Soy muy respetuosa de la carrera diplomática y siempre he defendido públicamente que dichos cargos deben ser ocupados por los funcionarios que se llevan preparando años para ello. Para aceptar, primero me cercioré de que en efecto no hubiese nadie en lista. Me preparé para asumir este cargo y lo desempeñaré con altura, defendiendo siempre los derechos de nuestro connacionales en Chile”, agregó.
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De acuerdo con el Decreto 869 de 2016, entre las funciones de los consulados colombianos están: brindar asesoría y asistencia a los connacionales, actuar como notarios y funcionarios de Registro Civil, expedir pasaportes y visados, y apoyar la promoción económica, turística y cultural. También deben informar sobre la política migratoria y servicios consulares, proteger los derechos de los colombianos en el exterior y mantener registros de la población colombiana en su jurisdicción.
Más allá de reducir los más de 50 nombramientos que han cuestionado los sindicatos de la Cancillería, correspondientes a personas que no cumplían con los requisitos o familiares de políticos, Murillo también ha hablado de modificar otros asuntos relacionados con la representación diplomática de Colombia en el exterior. En diálogo con El Espectador, el ministro habló sobre la figura de las embajadoras itinerantes. El canciller explicó que la embajadora Laura Gil encabezará la representación en temas de política de drogas, desempeñando un papel itinerante desde Viena, Austria. Mientras tanto, la embajadora Arlene Tickner, que está actualmente en Nueva York, irá a Ginebra para asumir los temas de género en la política exterior. Y, aunque aún no hay un nombre, se creará una figura que se encargue de la diplomacia subnacional y aseguró que será un embajador de carrera diplomática.
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Además de esto, tanto el canciller como el presidente han sido enfáticos en la necesidad de tener representación regional en los cargos diplomáticos. Al respecto, el presidente del sindicato Semrex, Francisco Burchardt Melo, recalcó que estos esfuerzos se vienen realizando desde hace 12 años, por iniciativa de María Ángela Holguín, y que, aunque falta camino, sí ha habido logros en este sentido.
Aunque varios de estos temas que hoy son del resorte del nuevo canciller son una herencia de la pasada jefatura de cartera, estos retos de restructuración, en los nombramientos de cargos diplomáticos y la desvinculación oportuna de los que son anulados adquieren especial importancia en un contexto global convulso. Esta semana, por ejemplo, Colombia, en el diálogo de alto nivel con Estados Unidos, asumió una serie de compromisos en temas clave como la crisis climática y el rol a jugar en las elecciones presidenciales de Venezuela.
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