Advierten que en pandemia creció concentración del poder en manos de Duque
Transparencia Internacional alertó no solo que el Gobierno se “convirtió en legislador transitorio” dado el estado de emergencia por el COVID-19, sino que en Fiscalía, Procuraduría y Defensoría llegaron allegados e incluso exfuncionarios del presidente.
La organización Transparencia Internacional, y su capítulo en Colombia, expresó este jueves preocupación porque, en tiempos de pandemia, aumentó la concentración del poder en manos del presidente Iván Duque, lo que afecta la de independencia de otras ramas del poder y de las libertades ciudadanas.
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Destacando que ya el diseño institucional le da amplísima capacidad de decisión al poder ejecutivo, el organismo advierte que su poder ha aumentado “en forma preocupante” en meses recientes. Si bien destaca la creciente cercanía del Gobierno a las mayorías en el Congreso, llama la atención por la declaratoria del estado de excepción de emergencia económica, lo que “lo convirtió en legislador transitorio”.
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Adicionalmente, alertó un debilitamiento de las autoridades descentralizadas locales frente al gobierno central, así como acciones cuestionables del Gobierno “que afectan las libertades de expresión, participación ciudadana y acceso a información pública”, entre ellos la lista de influenciadores que se hizo pública la semana pasada, manejada por la Presidencia y elaborada por la firma Du Brands.
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A lo anterior se suma el riesgo de pérdida de autonomía de los órganos que deben ejercer control sobre el Ejecutivo. Lo anterior, teniendo en cuenta que se han elegido personas cercanas al Gobierno para dirigir la Fiscalía (Francisco Barbosa, exfuncionario de Duque), la Procuraduría (Margarita Cabello, su ministra de Justicia) y la Defensoría del Pueblo (en manos de Carlos Camargo).
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“Se corre el grave riesgo de afectar la independencia que debe tener dichos órganos externos de control frente al poder ejecutivo”, insistió Transparencia Internacional. Para Delia Ferreira, presidenta del organismo, durante la pandemia se ha identificado una tendencia de aumento de la discrecionalidad del poder ejecutivo en muchos países.
“Sin embargo, nos genera una profunda preocupación que el sistema de pesos y contrapesos en Colombia se vea afectado también por cuestionamientos a la independencia de instituciones que precisamente deben vigilar y controlar su acción”, manifestó Ferreira.
A su turno, Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, alertó que “la estabilidad y la independencia del sistema del control al poder en nuestro país está en riesgo”.
El organismo indicó que Colombia ha anunciado que destinará 25 billones de pesos para enfrentar la pandemia y atender la recuperación económica. Además, el país cuenta con 10.8 mil millones de dólares de capacidad de apoyo del Fondo Monetario Internacional en caso de ser requeridos.
“Durante la atención a la pandemia ya se han evidenciado irregularidades en el uso de recursos públicos, y se han tomado decisiones cuestionables sobre la ayuda directa a grandes empresas. Un control débil y poco independiente, puede facilitar decisiones que favorezcan intereses particulares”, agregó Hernández.
Transparencia por Colombia anunció además que fortalecerá sus acciones de monitoreo al desempeño de los órganos de control y a la preservación de la separación de poderes, mediante la incorporación de experiencias internacionales y el fortalecimiento de alianzas orientadas a generar soluciones estructurales.
“Reiteramos que la discrecionalidad de los poderes ejecutivos en medio de la pandemia y para los procesos de reactivación económica, no son cheques en blanco para el uso de recursos públicos ni para decisiones fundamentales sobre el funcionamiento de la democracia”, manifestó por su parte Delia Ferreira.
La organización Transparencia Internacional, y su capítulo en Colombia, expresó este jueves preocupación porque, en tiempos de pandemia, aumentó la concentración del poder en manos del presidente Iván Duque, lo que afecta la de independencia de otras ramas del poder y de las libertades ciudadanas.
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Destacando que ya el diseño institucional le da amplísima capacidad de decisión al poder ejecutivo, el organismo advierte que su poder ha aumentado “en forma preocupante” en meses recientes. Si bien destaca la creciente cercanía del Gobierno a las mayorías en el Congreso, llama la atención por la declaratoria del estado de excepción de emergencia económica, lo que “lo convirtió en legislador transitorio”.
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Adicionalmente, alertó un debilitamiento de las autoridades descentralizadas locales frente al gobierno central, así como acciones cuestionables del Gobierno “que afectan las libertades de expresión, participación ciudadana y acceso a información pública”, entre ellos la lista de influenciadores que se hizo pública la semana pasada, manejada por la Presidencia y elaborada por la firma Du Brands.
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A lo anterior se suma el riesgo de pérdida de autonomía de los órganos que deben ejercer control sobre el Ejecutivo. Lo anterior, teniendo en cuenta que se han elegido personas cercanas al Gobierno para dirigir la Fiscalía (Francisco Barbosa, exfuncionario de Duque), la Procuraduría (Margarita Cabello, su ministra de Justicia) y la Defensoría del Pueblo (en manos de Carlos Camargo).
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“Sin embargo, nos genera una profunda preocupación que el sistema de pesos y contrapesos en Colombia se vea afectado también por cuestionamientos a la independencia de instituciones que precisamente deben vigilar y controlar su acción”, manifestó Ferreira.
A su turno, Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, alertó que “la estabilidad y la independencia del sistema del control al poder en nuestro país está en riesgo”.
El organismo indicó que Colombia ha anunciado que destinará 25 billones de pesos para enfrentar la pandemia y atender la recuperación económica. Además, el país cuenta con 10.8 mil millones de dólares de capacidad de apoyo del Fondo Monetario Internacional en caso de ser requeridos.
“Durante la atención a la pandemia ya se han evidenciado irregularidades en el uso de recursos públicos, y se han tomado decisiones cuestionables sobre la ayuda directa a grandes empresas. Un control débil y poco independiente, puede facilitar decisiones que favorezcan intereses particulares”, agregó Hernández.
Transparencia por Colombia anunció además que fortalecerá sus acciones de monitoreo al desempeño de los órganos de control y a la preservación de la separación de poderes, mediante la incorporación de experiencias internacionales y el fortalecimiento de alianzas orientadas a generar soluciones estructurales.
“Reiteramos que la discrecionalidad de los poderes ejecutivos en medio de la pandemia y para los procesos de reactivación económica, no son cheques en blanco para el uso de recursos públicos ni para decisiones fundamentales sobre el funcionamiento de la democracia”, manifestó por su parte Delia Ferreira.