Al ritmo actual, Acuerdo de Paz se implementaría en su totalidad hasta 2047
Así lo evidencia un informe de la Contraloría, que advierte que el avance de la implementación es insuficiente y, de continuar con este ritmo, solo se concretaría lo pactado en La Habana (Cuba) hasta dentro de 26 años.
Un informe de la Controlaría General de la República revelado este miércoles evidencia que, al ritmo actual, la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la otrora guerrilla de las Farc se concretaría en 2047, es decir, en 26 años.
Según la entidad, que le puso lupa a la ejecución de los recursos del posconflicto, en ninguno de los casi cinco años desde que se firmó el Acuerdo se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos, por lo que, a este ritmo –en promedio $5,6 billones anuales–, la implementación se lograría en 26 años.
Las cifras son disientes. En 2017, apenas se ejecutaron $5,36 billones, frente a $9,09 billones previstos; en 2018, $4,21 billones de $8,62 billones disponibles; en 2019, $6,31 billones de $8,55 billones, y el año pasado $6,53 billones de $8,38 billones previstos. Este año se han empleado recursos por el orden de los $5,67 billones, de $8,80 billones que se destinaron.
“Si bien la ejecución de recursos presenta un crecimiento anual promedio de 5 % desde la firma del Acuerdo hasta la fecha, el avance de la implementación aún es insuficiente para cumplir con lo planeado en el Plan Marco de Implementación”, explicó el organismo de control.
La Contraloría señaló que, entre 2017 y 2020, se ejecutaron $22,4 billones (a precios de 2020), es decir, un 65 % de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para este cuatrienio. Además, se presentó un 15 % de avance frente al coste total de $146,7 billones (también a precios constantes de 2020).
Se evidencia también que la mayor parte de los recursos ejecutados a 2020, se orientaron al punto 1 del Acuerdo, referente a la reforma rural integral y al punto 4, sobre la solución al problema de drogas. Este año, se han destinado el 74,2 % de los recursos para el punto 1, mientras que el punto 4 apenas alcanza un 0,2 %.
Respecto al componente de paz de $42 billones de 2020, se han ejecutado $18,5 billones a marzo de 2021, es decir un 44 % de lo previsto para los cuatro años. Se estima que el Presupuesto General de la Nación ha apalancado el 71 % de la implementación del Acuerdo Final, incluyendo los recursos proyectados en 2021. Otras fuentes de financiación son el Sistema General de Participaciones, lo que destinen las entidades territoriales, cooperación internacional y sector privado.
Para la Contraloría, hay riesgo de desfinanciación de la implementación por la falta de lineamientos para el uso de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), fuente que soporta a las entidades territoriales. “Se sigue alertando sobre la necesidad de reformar la Ley 715 de 2001, para que el SGP aporte de manera efectiva a la Reforma Rural Integral (RRI)”, sostuvo el ente.
Para el organismo, se evidencian deficiencias en la planeación y ejecución de los recursos del OCAD PAZ. Una auditoría de cumplimiento de la Contraloría detectó hallazgos fiscales por más de $11 mil millones. Por otro lado, se advierte un riesgo de desfinanciamiento para la implementación del catastro multipropósito. “El Fondo de Tierras, principal instrumento para abordar esta política, no cuenta con recursos monetarios para la compra o subsidio de tierras”.
La Contraloría estableció también que se monetizaron bienes entregados por las Farc por valor de $42.680 millones y se cuenta con otros con un valor susceptible de monetizar de $25.924 millones.
“Gobierno ha sido responsable, diligente y eficiente”
En respuesta al informe de la Contraloría, el consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, defendió los avances del Gobierno, señalando que “son serios y verificables” por parte de las entidades de seguimiento y las comunidades en los territorios.
Según el funcionario, son “significativos” los logros que ha hecho el Ejecutivo para la consecución y ejecución de recursos que garanticen la implementación. “Partiendo de lo que se necesitaba, conseguimos la focalización de todos: Nación, departamentos, comunidad internacional y sector privado”.
Archila defendió que se pasó de “la fantasía presupuestal a la realidad de la ejecución”, explicando que este gobierno recibió una proyección de lo que se debería tener para poder cumplir. “Prácticamente partimos sin recursos y sin claridad en la planeación”, sostuvo.
“Hemos mecho mucho en todos los frentes, con recursos para acciones concretas como la reparación integral a las víctimas, ($3,2 billones); en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, (más de $8 billones para inversión), apoyo a la reincorporación de excombatientes, ($804 mil millones), el Desarrollo Rural y el respaldo a 100 mil familias en la sustitución de cultivos ilícitos” ($1,3 billones)”, agregó el consejero.
Un informe de la Controlaría General de la República revelado este miércoles evidencia que, al ritmo actual, la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la otrora guerrilla de las Farc se concretaría en 2047, es decir, en 26 años.
Según la entidad, que le puso lupa a la ejecución de los recursos del posconflicto, en ninguno de los casi cinco años desde que se firmó el Acuerdo se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos, por lo que, a este ritmo –en promedio $5,6 billones anuales–, la implementación se lograría en 26 años.
Las cifras son disientes. En 2017, apenas se ejecutaron $5,36 billones, frente a $9,09 billones previstos; en 2018, $4,21 billones de $8,62 billones disponibles; en 2019, $6,31 billones de $8,55 billones, y el año pasado $6,53 billones de $8,38 billones previstos. Este año se han empleado recursos por el orden de los $5,67 billones, de $8,80 billones que se destinaron.
“Si bien la ejecución de recursos presenta un crecimiento anual promedio de 5 % desde la firma del Acuerdo hasta la fecha, el avance de la implementación aún es insuficiente para cumplir con lo planeado en el Plan Marco de Implementación”, explicó el organismo de control.
La Contraloría señaló que, entre 2017 y 2020, se ejecutaron $22,4 billones (a precios de 2020), es decir, un 65 % de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para este cuatrienio. Además, se presentó un 15 % de avance frente al coste total de $146,7 billones (también a precios constantes de 2020).
Se evidencia también que la mayor parte de los recursos ejecutados a 2020, se orientaron al punto 1 del Acuerdo, referente a la reforma rural integral y al punto 4, sobre la solución al problema de drogas. Este año, se han destinado el 74,2 % de los recursos para el punto 1, mientras que el punto 4 apenas alcanza un 0,2 %.
Respecto al componente de paz de $42 billones de 2020, se han ejecutado $18,5 billones a marzo de 2021, es decir un 44 % de lo previsto para los cuatro años. Se estima que el Presupuesto General de la Nación ha apalancado el 71 % de la implementación del Acuerdo Final, incluyendo los recursos proyectados en 2021. Otras fuentes de financiación son el Sistema General de Participaciones, lo que destinen las entidades territoriales, cooperación internacional y sector privado.
Para la Contraloría, hay riesgo de desfinanciación de la implementación por la falta de lineamientos para el uso de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), fuente que soporta a las entidades territoriales. “Se sigue alertando sobre la necesidad de reformar la Ley 715 de 2001, para que el SGP aporte de manera efectiva a la Reforma Rural Integral (RRI)”, sostuvo el ente.
Para el organismo, se evidencian deficiencias en la planeación y ejecución de los recursos del OCAD PAZ. Una auditoría de cumplimiento de la Contraloría detectó hallazgos fiscales por más de $11 mil millones. Por otro lado, se advierte un riesgo de desfinanciamiento para la implementación del catastro multipropósito. “El Fondo de Tierras, principal instrumento para abordar esta política, no cuenta con recursos monetarios para la compra o subsidio de tierras”.
La Contraloría estableció también que se monetizaron bienes entregados por las Farc por valor de $42.680 millones y se cuenta con otros con un valor susceptible de monetizar de $25.924 millones.
“Gobierno ha sido responsable, diligente y eficiente”
En respuesta al informe de la Contraloría, el consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, defendió los avances del Gobierno, señalando que “son serios y verificables” por parte de las entidades de seguimiento y las comunidades en los territorios.
Según el funcionario, son “significativos” los logros que ha hecho el Ejecutivo para la consecución y ejecución de recursos que garanticen la implementación. “Partiendo de lo que se necesitaba, conseguimos la focalización de todos: Nación, departamentos, comunidad internacional y sector privado”.
Archila defendió que se pasó de “la fantasía presupuestal a la realidad de la ejecución”, explicando que este gobierno recibió una proyección de lo que se debería tener para poder cumplir. “Prácticamente partimos sin recursos y sin claridad en la planeación”, sostuvo.
“Hemos mecho mucho en todos los frentes, con recursos para acciones concretas como la reparación integral a las víctimas, ($3,2 billones); en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, (más de $8 billones para inversión), apoyo a la reincorporación de excombatientes, ($804 mil millones), el Desarrollo Rural y el respaldo a 100 mil familias en la sustitución de cultivos ilícitos” ($1,3 billones)”, agregó el consejero.