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Se cumple cerca de un mes de protestas en el sector de Los Pozos, en San Vicente del Caguán (Caquetá), en donde indígenas y miembros de la guardia campesina se manifiestan en contra la compañía petrolera, Esmerald Energy. Argumentan que la empresa ha causado daños ambientales, así como la destrucción de vías.
Ayer, 2 de marzo, la violencia se escaló y tras la muerte de agente de la Policía y de un campesino, el Gobierno envió una comisión para concertar. “He ordenado detener los hechos de violencia”, dijo el presidente Petro
Sin embargo, de acuerdo con documentos de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, el Gobierno ya tenía conocimiento de que las protestas estaban en riesgo de “escalar”, pues esa situación la habrían advertido las entidades, así como las autoridades locales.
(Lea: “Petro alcalde ya había pedido a la Fiscalía investigar a su hijo por otro caso”)
Esa idea la respalda el alcalde de San Vicente del Caguán, Julián Perdomo, quien dice que “la comisión del Gobierno tuvo que haber estado desde el día martes en nuestro municipio y no llegaron porque tenían una agenda programada. La copa se rebosó y fue cuando la guardia campesina decidió tomarse las instalaciones de la empresa”, dijo en una entrevista con Blu Radio.
Igualmente, señaló que como las protestas se presentan desde hace más de un mes, “nosotros comunicamos y dejamos muy claro al Gobierno Nacional lo que estaba pasando. Ellos ya conocían los hechos y la situación que se estaba presentado en el municipio y, de hecho, ya habían enviado gente del Ministerio del Interior para tratar de mediar este conflicto”, dijo.
Alfonso Prada viajó a San Vicente del Caguán
Desde ayer se encuentra en el territorio una comisión del Ministerio del Interior, liderada por Lilia Solano, viceministra para la Participación y la Igualdad de Derechos; sin embargo, hasta este viernes llegará a la zona de Los Pozos, el ministro Alfonso Prada.
Según señaló antes de tomar vuelo al territorio, han estado en contacto permanente con el alcalde Julián Perdomo y con “la secretaría de gobierno del departamento del Caquetá, también con los delegados de la empresa y (...) con los líderes de la marcha campesina”.
Agregó que el Gobierno dialogará con la comunidad en la medida en que se presente la “liberación inmediata de nuestros miembros de la Policía Nacional y de seis trabajadores de la empresa, que también se encuentran retenidos”. Al menos 79 policías continúan privados de su libertad.
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