Alto turmequé: de estrategias, notificaciones y encrucijadas

Nueva estrategia

Nueva estrategia

Entre los constantes ingresos y salidas que se registran diariamente en la Casa de Nariño, pasó desapercibida una cita de estrategia que hubo a mediados de la semana. Resulta que los directores de comunicaciones de varias entidades del Estado, incluyendo a los de algunos ministerios, fueron reunidos en Palacio para recibir una instrucción clara: los comunicados claves tienen que ser siempre aprobados por la sede principal del Ejecutivo y queda totalmente prohibido entrar en polémicas entre organismos oficiales a través de redes sociales, algo que ha pasado con cierta frecuencia. La decisión no es menor, porque en temas como el de la polémica licitación de pasaportes o la búsqueda de apoyos para las reformas los mensajes han salido —y no en pocas ocasiones— de forma contradictoria.

Partiendo cobijas

Uno de los partidos más consentidos por la administración del presidente Gustavo Petro es Alianza Verde; prueba de ello es la representación burocrática que tiene en varios frentes oficiales. Pero en su intimidad no todos los militantes están de acuerdo con seguir haciendo parte de la coalición petrista, por lo que desde hace unas semanas hay un grupo de legisladores que analiza si es viable pedir una escisión de la colectividad. Algunas fuentes aseguran que la idea viene de quienes buscan quedarse cerca de la Casa de Nariño, lo que les facilitaría entrar al bloque político que quiere construir el Pacto Histórico para el 2026. Además, otras voces indican que los más antigobierno también apoyarían la idea.

A la izquierda

Y hablando de la coalición que se quiere hacer en torno al Pacto Histórico, por petición directa del presidente Gustavo Petro, el tema ha venido avanzando silenciosamente. Por un lado, como lo dijimos aquí hace ocho días, el primer paso es revivir el transfuguismo para permitir la movilidad entre partidos; el segundo —que también ya está en marcha— es encontrar puntos de acuerdo entre fuerzas de izquierda que quieren hacer una especie de megapartido que pueda tener candidato presidencial y listas fuertes al Congreso. Hasta ahora, según los mismos promotores de este proyecto, ya habría luz verde entre Colombia Humana, Polo Democrático y Unión Patriótica, pero aún hay al menos otras 10 colectividades que lo están pensando.

Deshojando azules

El Partido Conservador está deshojando fichas para asumir la presidencia del Senado a partir del 20 de julio, dignidad que le corresponde por los acuerdos políticos que se hicieron con la instalación del Congreso un año y medio atrás. Y lo hace con cuidado porque el reciente envión del gobierno del presidente Petro para tumbar al senador Efraín Cepeda de la jefatura de la colectividad despertó alertas. Por un lado, no quieren que el sector del también senador Carlos Trujillo, el más petrista que hay en las filas azules, tome fuerza a punta de cargos. Todo esto se da porque si Cepeda aspira a ser de nuevo el presidente del Congreso tendría que dejar la dirección azul, lo que le abriría el espacio a Trujillo. Algunos quieren impulsar a Marcos Daniel Pineda, pero en el grueso del Capitolio aún no tiene fuerza.

Notificación masiva

En desarrollo de una acción de grupo contra Rappi, la juez 41 Civil del Circuito de Bogotá profirió una orden que dejó a esa empresa pasando saliva. Resulta que los demandantes contra Rappi la acusan de indebido manejo de datos personales de sus usuarios, pues les llegaban permanentemente mensajes promocionales sin su consentimiento. Mientras se adelanta el caso, el despacho judicial consideró pertinente que Rappi les notificara personalmente a sus millones de usuarios registrados para que se enteren y participen si es su deseo dentro del proceso, tal como sucede en Estados Unidos y Canadá en demandas similares conocidas como acciones de clase. La defensa de la empresa (a cargo de la prestigiosa firma europea Garrigues) hizo todo lo que pudo para evitar esta orden, pero el juzgado la ratificó. Ahora Rappi deberá notificar a todos sus usuarios, como lo hizo en el pasado, según los demandantes, mandando promociones de su compañía.

Fallo clave

El jueves pasado la Corte Constitucional tomó una decisión trascendental para garantizar la pensión mínima de mujeres que hubieran cotizado como mínimo mil semanas; es decir, 20 años, y tuvieran la edad mínima de pensión, es decir, 57 años. La Corte tumbó un artículo que decía que para acceder a esta pensión las mujeres debían cotizar 1.150 semanas, como hacen los hombres. Lo hizo tras analizar una demanda que señalaba que los requisitos para pensionar a las mujeres en Colombia debían tener un enfoque de género, independientemente del costo fiscal de esta sentencia. A partir de hoy los fondos privados y públicos están obligados a jubilar con 1.000 semanas a las mujeres que cotizan sobre el salario mínimo.

Semana de pasión

El escándalo de los pasaportes no para. Mientras José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, dice que adjudicó el contrato por $599.000 millones a la firma Thomas Greg & Sons con todas las competencias y acatando la ley, el gobierno Petro lo tildó de traidor y pidió investigarlo penalmente. Ahora resulta que, según Palacio, esa adjudicación se hizo sin que tuviera competencias, aunque estas le fueron dadas cabalmente. La ventana por donde busca zafarse el Gobierno de esa adjudicación es que no había la plata para disponer de ese contrato, aunque el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo inicialmente que la había. En todo caso, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo les envió copias a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, pues dice que Salazar prevaricó al no contar con un certificado de disponibilidad presupuestal. ¡Qué enredo!

Efectos

El novelón por este contrato continúa. Algunos juristas consideran, por ejemplo, que lo que hizo el exsecretario Salazar fue dejar sin urgencia manifiesta el contrato actualmente en ejecución por Thomas Greg & Sons, que asegura la disponibilidad de pasaportes hasta octubre de este año. Existe preocupación entre algunos de que la empresa pueda interrumpir el suministro de pasaportes, dejando a los colombianos sin este documento como medida para forzar la firma de un contrato de largo plazo. La Cancillería ha evaluado esta situación, consultando a diversos juristas. Si ocurriese tal interrupción, se declararía la caducidad del contrato, lo que resultaría en una inhabilitación de Thomas Greg & Sons para contratar con el Estado por un periodo de cinco años. En tal caso, tratándose de un asunto de seguridad nacional, ya hay un plan de respaldo.

La encrucijada

Hay mucha preocupación en la Jurisdicción Especial para la Paz porque en los territorios las disidencias de las FARC están amenazando a los firmantes del acuerdo y les están diciendo que ya no comparezcan más a las audiencias convocadas por ese alto tribunal porque, aseguran, buscarán otro tribunal de cierre que los amnistíe en la llamada “paz total”. A eso se suma que los crímenes contra los excombatientes se siguen multiplicando, al punto que esta semana se llevó a cabo una audiencia en la que esa entidad volvió a exigirle cuentas al Gobierno en materia de protección a los desmovilizados. Allí la delegada del gobierno Gloria Cuartas se quejó señalando que la JEP se estaba extralimitando. El magistrado Gustavo Salazar, muy molesto, le respondió que tramitara ese malestar por las vías correspondientes porque esa audiencia “no era un opinadero”.

MICROLINGOTES

Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ

No hay que pedirle peras al olmo, ni carrotanques a Olmedo.

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Por pensar en el régimen, a Petro se le subió el azúcar.

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Con un Salvatore y una Paloma, la paz está que vuela... y se ve Grave.

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Llegó a la Cancillería y le preguntaron: “¿Qué Thomas Greg?”.

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Con esos amigos de Leyva ¿para qué Zamora?

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Los pliegos sastre, son un desastre.

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