Álvaro Leyva Durán es uno de los constituyentes que ha tenido uno de los papeles fundamentales en el país luego de varias décadas de promulgada la nueva Carta Magna. Su arraigo político siempre ha sido conservador, sin embargo, ha sido una de las fichas clave en varios procesos de paz que el Estado colombiano ha intentado hacer con los diferentes grupos guerrilleros. Entre esas mediaciones se le suma la que hizo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las entonces Farc, que resultó en el pacto de paz firmado en 2016.
Cuando la cuestión es retratarlo, muchos han acudido a calificarlo como el puente entre el establecimiento colombiano y las guerrillas, en especial, las Farc. Eso, a pesar de que algunas de las personas que más lo conocen dicen no creer que sea alguien perteneciente al establecimiento, aunque haya pasado por ministerios y haya sido una figura política importante en el Partido Conservador.
De lo que no hay dudas es que la vida de Álvaro Leyva se podría resumir en una obsesiva búsqueda de la paz. “Es el personaje central de la paz en Colombia, de lejos. Su labor de mediación, de facilitación. Está a la vanguardia en el planteamiento de los aspectos jurídicos de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Es uno de los padres de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y del sistema integral de justicia, reparación y no repetición”, comenta el senador Iván Cepeda.
Por los albores de la Constituyente, Leyva no atendió a los llamados que le hicieron los sectores conservadores para integrar las listas del llamado Movimiento de Salvación Nacional (MSN), liderado por Álvaro Gómez Hurtado. A pesar de sus raíces conservadoras, llegó a la Constituyente a través de la Alianza Democrática M-19, lista que encabezó Antonio Navarro Wolff. “Yo entré como conservador en la Alianza Democrática y, cuando yo votaba, decía: ‘Voto por el Partido Conservador en la Alianza Democrática’”, comenta el exministro.
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Pero el papel de Leyva, más allá de los puntos gruesos en los que participó como miembro de la Asamblea, se remonta a su intenso interés por la paz porque, además, para él, el motivo más claro que llegó a la realización de dicho escenario de construcción de una nueva constitución fue la necesidad de llegar a una paz integral. Y recuerda: “El presidente Gaviria creó una comisión para que se hablara con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, para ver si estaban dispuestos a entrar en la Constituyente. Hay una cosa que nadie recuerda, y es una carta firmada por Manuel Marulanda Vélez, Alfonso Cano, Adán Izquierdo, Timoleón Jiménez, Pablo Tejada, del Eln, y Francisco Caballero, del Epl, en donde dicen que están dispuestos a ir”.
Esa era la señal que necesitaba el Gobierno para integrar una nueva comisión que tuviese por objetivo desarrollar un diálogo directo con los guerrilleros. “Esa comisión nunca se mandó y bombardearon Casa Verde el día de las elecciones. Entonces, se iniciaron las sesiones y se aprobaron dos artículos, que decían que la condición para que los guerrilleros fueran a la Constituyente era iniciar un diálogo con el Gobierno”, comenta Leyva.
Lo que hizo en ese entonces, ante la decisión del Gobierno de bombardear ese bastión guerrillero, fue buscar a los insurgentes para iniciar el esquivo diálogo. “Me fui el 30 de abril del 91 a la Embajada de Venezuela con unos representantes a la Cámara (Rafael Serrano Prada, Hernando Motta y Jesús Carvajal) y con unos guerrilleros (Lucía González, del Eln, y Daniel Aldana y Miguel Suárez, de las Farc). El embajador era Fernando Gerbasi, quien me pidió que me retirara y yo no me retiré hasta que Venezuela resolvió mandar por ellos. Yo soy el autor del diálogo de Caracas y Tlaxcala. Aunque los guerrilleros habían dicho que tenían intención de ir a la Constituyente, el Gobierno no lo permitió e hizo que se extendiera esta guerra durante años”, rememora.
Entrada la noche de ese 30 de abril, Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, y con quien Leyva tenía una muy buena relación personal, autorizó el traslado de los guerrilleros a Caracas.
De hecho, desde la Asamblea Nacional Constituyente se creó una comisión para que llegara a Caracas a verificar las condiciones para que los guerrilleros llegaran a esa instancia. “El que rinde el informe positivo es Iván Marulanda. Va a Caracas y recibe un documento firmado de puño y letra, ni siquiera a máquina, creo que de Márquez o de Cano. Él lo lleva a la Constituyente, pero el Gobierno no lo permitió. Me pareció una falla gravísima e histórica”, dice Leyva.
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Los puntos gruesos
Hay varios asuntos en los que Leyva tuvo una participación crucial, como en la configuración de los estados de excepción y de emergencia económica. Para esos efectos, la Constituyente integró una comisión de revisión y redacción final de esos artículos (212, 213 y 214), que fue integrada por Guillermo Plazas Alcid, Jaime Castro y Leyva. “Metí, de mi puño y letra, una cosa en el 214 que dice que se respetarán las reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Eso le dio un valor especial porque, cuando vienen los protocolos del DIH, ya todo estaba incluido y la Corte ha tenido que respetarlo”.
También habla de su rol en la configuración de lo que se conoce como el espectro electromagnético. “Lo definí en el artículo 75. Yo me copié de la figura de la Junta del Banco de la República, que era una cosa completamente autónoma, pero, yendo a Caracas, desbarataron esa junta y amañaron una cosa rarísima. Así quedó el artículo 75 y el 76, lo limitaron solo a la televisión. Devolvieron todo lo demás al Ministerio de Comunicaciones, como la radio; por eso la entregan y la regalan a dedo. La idea era que el espectro lo manejara una junta independiente”.
También hace memoria para hablar de la cadena de mando de la Policía, en la que la autoridad civil tiene un papel importante. “Yo cogí una norma que era el Código del Régimen Político y Municipal, que es la Ley 4 de 1913, porque en el capítulo de la Fuerza Pública, la Policía quedaba absolutamente militarizada. La metí para que el alcalde, que es civil, fuese el jefe de la Policía. Ahí se rompe esa cadena de mando militar”, comenta.
El derecho a la paz
Lo que se convertiría para Leyva en una meta incasable quedó plasmado en la Constitución de 1991. La paz fue escrita no como cualquier asunto para los colombianos, sino como uno de los principales deberes del Estado y uno de los más importantes derechos para los ciudadanos. “No solo aparece en la Constitución en el artículo 22, sino en el preámbulo y en otros artículos. La Constitución terminó por ser una integración de la paz y de las vías para conseguirla en el ordenamiento constitucional, que ha permitido el desarrollo de jurisprudencia por parte de la Corte”, recalca el senador Cepeda.
Sobre este asunto, Leyva hace un especial énfasis en recordar al constituyente Diego Uribe Vargas. Cuenta que fue él quien le manifestó su deseo de incluir en la nueva constitución el derecho a la paz. Para explicar su punto, rememora, Uribe Vargas le hizo de manera clara una exposición sobre el derecho a la paz como solidaridad y como parte de la tercera generación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En pocas palabras, comenta el exministro, lo que le resumió aquel constituyente fue que los primeros en consagrar por escrito el derecho a la paz fueron los africanos en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.
Por otra parte, la participación de Leyva en la nueva constitución estuvo muy centrada en los derechos, las garantías y los deberes fundamentales. Junto con Antonio Navarro Wolff, miembro de la presidencia tripartita de la Constituyente, y otros, puso sobre la mesa la gran falencia que tenía la Constitución de 1886: “Es pobre en relación con los derechos, y las reforma que se le han introducido no alcanzan a cubrir aspectos fundamentales que hoy se consideran básicos en cualquier organización social”, decía el proyecto de reforma constitucional que fue radicado en ese sentido. La meta era convertir a Colombia en un “país líder en los derechos fundamentales”.
Allí, por ejemplo, se habló del derecho a la igualdad, de la universalidad, del derecho a la vida y a la dignidad, del derecho al trabajo y a escoger profesión u oficio. También se incluyó el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva, el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, el derecho a la educación, los derechos agrarios, el derecho a la propiedad y al medio ambiente, entre otros más. Incluso, se incluyó la figura del derecho de amparo, que terminó, al final, recogido en otro proyecto que se consolidó como la tutela. Muchas de esas cosas quedaron desde otros textos; otras solo quedaron en propuestas.