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El parlamentario contó que las presiones se han incrementado desde que dio a conocer las denuncias sobre acaparamiento de tierras en la Orinoquia por poderosos empresarios.
“Es muy grave, estamos muy preocupados, se nos quiere exterminar por hacer unas denuncias que mire en lo que van, esperemos que el Gobierno haga algo, tengo un esquema de seguridad muy precario para la magnitud de las amenazas que he recibido”, le explicó Arias a Caracol Radio.
El congresista opositor ha sido, junto con el senador Jorge Robledo, también del Polo Democrático, uno de los principales denunciantes de las presuntas irregularidades en la adquisición de terrenos baldíos en Vichada por parte de empresas como Río Paila Castilla, la multinacional Cargill, el ingenio azucarero Manuelita o firmas de propiedad del banquero Luis Carlos Sarmiento.
Las denuncias de estos senadores provocaron la renuncia del embajador en Washington, Carlos Urrutia, pues fue el bufete de abogados Brigard&Urrutia —del que el exembajador fue presidente por años— quien asesoró las compras de tierras por parte de Río Paila y Cargill. Un escándalo que ha desatado una fuerte discusión en torno al modelo de desarrollo de la altillanura y los límites actuales en la acumulación de tierras.
A raíz de este debate, el mismo presidente Juan Manuel Santos ha hablado de la necesidad de reformar la Ley 70 de 1994, mediante la cual se prohíbe la acumulación de tierras baldías, pues éstas deben ser entregadas a campesinos sin tierra. El proyecto será radicado en los próximos días ante el Congreso.