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El deterioro de las instituciones
En estos doce meses múltiples episodios protagonizados por las instituciones colombianas pusieron en evidencia: el deterioro de la calidad democrática del país; la falta de empatía con las necesidades de la sociedad; la ausencia de sintonía con las expectativas de la ciudadanía, y la deriva autoritaria y cínica de sus responsables.
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En general, no fue un buen año para las instituciones del Estado, pero tampoco lo fue en particular. Así fue el 2021 para las siguientes instituciones de las tres ramas del poder público y los organismos de control.
Rama Legislativa
Dos situaciones en el Congreso retratan el divorcio entre la clase política nacional y la ciudadanía. Por una parte, la habilitación temporal de los convenios interadministrativos entre la Nación y las entidades territoriales. Para llevar a cabo esta reforma se incurrió en un vicio procedimental con pleno conocimiento: la aprobación de un artículo en la ley anual de presupuesto que salta las prohibiciones de la ley estatutaria de garantías electorales.
La Corte Constitucional dará su declaratoria de inexequibilidad —sentenciar una ley como inconstitucional—, pero será muy tarde. El tiempo que demora la Corte en realizar su pronunciamiento, es suficiente para lograr el resultado pretendido: liberar un flujo de recursos que alimenten la contratación pública territorial. Esto lubricará la maquinaria clientelista en los Departamentos y Municipios, de cara a las elecciones parlamentarias del mes de marzo.
Por otra parte, la inacción de las mayorías en la Cámara de Representantes y, por supuesto, de la presidenta de esa corporación, quien incurrió en plagio en su tesis de maestría.
Aunque la Universidad Externado de Colombia confirmó este hecho, ni la presidenta renunció a esta dignidad ni, lo que es peor, los parlamentarios se manifestaron en contra. La coalición gubernamental podía haberle exigido su renuncia como presidenta de la Cámara, e incluso, revocar su elección.
En contraste, destaca la elección de la abogada uniandina Natalia Ángel Cabo como magistrada de la Corte Constitucional, pues, con esta elección, habrá mayoría femenina por primera vez en la historia del país. Este acontecimiento marca un hito a favor de la equidad de género, la cual es tan necesaria en la cúpula de la administración de justicia.
Con los antecedentes del 2021 no es de esperar que el Congreso aborde las grandes reformas pendientes en el último período ordinario de sesiones. Parte de estas reformas están plasmadas en el Acuerdo del Teatro Colón, y su adopción fue postergada durante este cuatrienio.
De manera que los parlamentarios que se posesionen el próximo 20 de julio tendrán el reto de realizar las transformaciones legislativas aplazadas. Esta es una oportunidad que parece posible, sólo si las cifras de las encuestas se trasladan a las urnas.
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Organismos de control
La Procuraduría General impulsó la aprobación de la reforma al código disciplinario que, al final, creó un caldo de cultivo para nuevas demandas internacionales contra el Estado colombiano.
La aprobación de esta reforma tenía el pretexto de ajustar el ordenamiento interno —como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia proferida en el caso Petro vs. Colombia—.
Sin embargo, la reforma insiste en la idea de que un órgano administrativo tiene la competencia para destituir e inhabilitar servidores públicos de elección popular. Aunque la Procuraduría fue investida excepcionalmente de facultades jurisdiccionales, no puede adelantar procesos penales: ni instruir sumarios ni investigar delitos.
Por el lado de la Contraloría General basta mencionar el pronunciamiento del fallo con responsabilidad fiscal —con reparación del patrimonio público— por el caso de Hidroituango.
Si bien en Hidroituango hubo sobrecostos y demoras traducidas en costos de oportunidad, las razones del fallo son discutibles. Es por lo menos dudoso atribuir un comportamiento gravemente culposo a los responsabilizados, y que la aseguradora atendiera la reclamación formulada.
Las pólizas suelen tener como causa de exclusión el comportamiento con dolo o con culpa grave. Si hubiera advertido el menor atisbo de negligencia en el obrar de los vinculados en el caso, la aseguradora habría desatendido el pago de la indemnización.
Además, poco ha contribuido a la imagen de estas entidades el hecho de que sus titulares sean personas cercanas al poder ejecutivo.
Esto es aún más evidente en el caso del fiscal general de la nación, cuya gestión ha sido muy controversial y bastante comprometida con el ejecutivo. Ha mantenido la petición de pérdida de potestad en la investigación contra el expresidente Uribe, la cual realiza el jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
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Rama Ejecutiva
Dos hechos marcaron a la rama ejecutiva en este año: la gestión de la pandemia de COVID-19 y el manejo del orden público.
Por un lado, el gobierno sale bien librado de la gestión de la pandemia:
- un buen porcentaje de la población obtuvo la vacunación completa,
- ya comenzó la aplicación de refuerzos, y
- no ocurrió el temido tercer pico.
Los programas de ayuda económica fueron en la dirección correcta, aunque los montos fueron calificados como insuficientes. Lo anterior, porque otros países con economías similares destinaron a ellos un mayor porcentaje de su PIB.
Por otro lado, el manejo del orden público quedó marcado por:
- la militarización en la persecución del narcotráfico;
- la insistencia en la fumigación con glifosato, en detrimento del programa de sustitución voluntaria de cultivos, y
- la respuesta a la protesta social con la confrontación estatal.
La violación de los derechos humanos por parte de efectivos de la Policía Nacional dejó un pendiente para la agenda nacional: la reforma de la institución. En 2021 el gobierno pretendió resolver este problema con un cambio cosmético, pero la creciente desmejora de la seguridad ciudadana no lo pasa por alto.
Rama Judicial
Finalmente, la administración de justicia sigue sumida en un eterno letargo. La impunidad, congestión y morosidad son los elementos distintivos de la justicia en Colombia según los usuarios. Lamentablemente, ninguna de las reformas que hacen curso en el Congreso van a resolver sus problemas de fondo.
El gobierno persiste en que la solución congestión de los despachos se resuelve habilitando como operadores judiciales a personas ajenas a la Rama. Pero la solución es más simple: fortalecer la estructura de la Rama Judicial.
Solo así será posible acercar al país a los estándares internacionales que desea, como los de la OCDE. Los países miembros de esta organización ostentan una tasa de 67 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en Colombia la tasa respectiva es apenas de 11 jueces.
Así, el reto para el nuevo gobierno, el Congreso entrante y la propia rama judicial es resolver el atraso institucional de la justicia. En conjunto tendrán que convenir, obtener los recursos y gestionar una verdadera política de fortalecimiento para la oferta institucional de justicia.
Lo anterior significa aumentar de manera progresiva el número de despachos judiciales con atención al mapa de necesidades jurídicas insatisfechas. De la misma forma, debe atenderse la demanda de justicia de una manera focalizada y priorizada según la situación de vulnerabilidad de los justiciables. Sólo así, la justicia colombiana podremos alcanzar los estándares de los países desarrollados.
* Profesor emérito y de carrera de la Universidad del Rosario, donde dirige la escuela doctoral de derecho y la especialización en gerencia pública y control fiscal, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.