Análisis: 2023, el año clave para la ‘Paz Total’

El presidente Petro ha hecho pública una apuesta a la que ha llamado ‘Paz Total’, que para muchos actores es arriesgada, al incluir organizaciones cuyo marco de violaciones a la ley está mucho más en delitos comunes como narcotráfico y extorsión, que en delitos políticos. Consiste en negociar con todos los grupos armados que por años han causado la violencia e incluir en el proceso a las comunidades y las regiones, y que la búsqueda de la paz sea una política de Estado.

Sin embargo, la historia nacional nos ha dado lecciones de sobra acerca de la enorme distancia que existe entre la expresión de una voluntad de paz y su desarrollo en los territorios o en el avance efectivo de negociaciones para cesar la violencia. En ese sentido, la reactivación de los diálogos con el Eln han despertado cierto entusiasmo –otros dirán preocupación– en la medida en la que parece un paso hacia la que hasta ahora se perfila como la principal ambición del Gobierno.

Aparecen entonces varios problemas que, dados los tiempos con los que cuenta la administración Petro, requerirán de soluciones urgentes. Por eso, 2023 se perfila, quizá, como el año que demarcará el camino del alcance o el fracaso de la idea de la ‘Paz Total’.

En primera medida, la consolidación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en los primeros meses del año y el comienzo de su tránsito en el Congreso será un punto de inflexión. ¿Alcanzarán las eventuales conversaciones preliminares con grupos armados a lanzar lineamientos para incluirse en el proyecto de ley? ¿Llevará el PND señales positivas para el futuro de los diálogos y las regiones, y, más aún, sobrevivirán en los debates de la oposición en el Congreso? Estas son preguntas para las que quizá tengamos al menos pistas en la primera mitad del año que viene.

De otro lado está lo que en términos simbólicos supondrá la mesa con el Eln. El avance lento –lentísimo– que mostraron los diálogos en Quito, ahora tendrán que sacudirse con Venezuela como nueva sede. Los acuerdos que se puedan ir conociendo de esa mesa –que al parecer la delegación del nuevo Gobierno no quiere hacer tan hermética como lo fue la de La Habana con las Farc– marcarán un listón para todo lo que se negocie después o en simultánea con los demás grupos.

Y en este punto entra un componente determinante del que todavía no tenemos idea. ¿Cómo va a funcionar el sometimiento a la justicia y sus implicaciones en la verdad y la reparación de las víctimas? Hasta el menos experto de los analistas señalará la inviabilidad de crear sistemas de jurisdicción especial para cada uno de los procesos. Esto sin contar con cómo, desde el Gobierno, deberá definirse el criterio de cuáles y cómo pueden resolverse con los mecanismos excepcionales que puede ofrecer la justicia ordinaria.

Así pues que el año que viene, casi de seguro, pondrá en el primer plano de referencia a la JEP, que a pesar de su accidentado y vilipendiado avance, parece alistarse para hacer públicas sus primeras sentencias. A pesar de las críticas feroces del uribismo, la JEP en el país sigue siendo el más completo mecanismo creado para acabar un conflicto. En caso de que su utilidad vaya al alza bajo la idea de la ‘Paz Total’, sería evidente su necesidad de reformarse, crecer y robustecerse.

Más allá del arduo debate que una intención así supondría, las modificaciones para ampliar la JEP necesitarían que las dos partes firmantes del Acuerdo de Paz acepten dichos cambios. Hoy podemos sospechar que para casos como el del Eln –por no hablar de las disidencias de las Farc– la afinidad ideológica podría no ser un problema, pero ¿Qué pasará cuando los delegados de la antigua guerrilla enfrenten la posibilidad de que el sistema que fundaron en conjunto con el Estado se pueda extender a organizaciones consideradas paramilitares?

A la par con todas estas tensiones, estará el cumplimiento mismo del Acuerdo de Paz, que –según el más reciente informe del Instituto Kroc, a cinco años de la firma– solo se encuentra implementado en un 30 por ciento; con un 19 por ciento de sus disposiciones en estado intermedio; 37 por ciento en estado mínimo; y un 15 que ni siquiera comienza.

Así que, una vez más, 2023 arrojará luces sobre los esfuerzos del Gobierno para acelerar su cumplimiento más allá de señalar a sus antecesores, así como la voluntad de la antigua guerrilla para asumir sus responsabilidades y cumplir con las sanciones derivadas de los crímenes cometidos.

La ‘Paz Total’ supone, entonces, de la coordinación de diversos y complejos planos ajustándose en paralelo. El Gobierno deberá marcar la parada y sobre todo, acoger las voces que desde la ciudadanía y las comunidades se alcen para la que pretende ser una nueva fase. Debe entender que el papel central de las transformaciones no solo pasa por el desarme de los ejércitos. La sociedad civil tiene muchos aportes que entregar.

*Mariana Díaz Kraus es socia, directora institucional y de alianzas estratégicas de Movilizatorio.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

El presidente Petro ha hecho pública una apuesta a la que ha llamado ‘Paz Total’, que para muchos actores es arriesgada, al incluir organizaciones cuyo marco de violaciones a la ley está mucho más en delitos comunes como narcotráfico y extorsión, que en delitos políticos. Consiste en negociar con todos los grupos armados que por años han causado la violencia e incluir en el proceso a las comunidades y las regiones, y que la búsqueda de la paz sea una política de Estado.

Sin embargo, la historia nacional nos ha dado lecciones de sobra acerca de la enorme distancia que existe entre la expresión de una voluntad de paz y su desarrollo en los territorios o en el avance efectivo de negociaciones para cesar la violencia. En ese sentido, la reactivación de los diálogos con el Eln han despertado cierto entusiasmo –otros dirán preocupación– en la medida en la que parece un paso hacia la que hasta ahora se perfila como la principal ambición del Gobierno.

Aparecen entonces varios problemas que, dados los tiempos con los que cuenta la administración Petro, requerirán de soluciones urgentes. Por eso, 2023 se perfila, quizá, como el año que demarcará el camino del alcance o el fracaso de la idea de la ‘Paz Total’.

En primera medida, la consolidación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en los primeros meses del año y el comienzo de su tránsito en el Congreso será un punto de inflexión. ¿Alcanzarán las eventuales conversaciones preliminares con grupos armados a lanzar lineamientos para incluirse en el proyecto de ley? ¿Llevará el PND señales positivas para el futuro de los diálogos y las regiones, y, más aún, sobrevivirán en los debates de la oposición en el Congreso? Estas son preguntas para las que quizá tengamos al menos pistas en la primera mitad del año que viene.

De otro lado está lo que en términos simbólicos supondrá la mesa con el Eln. El avance lento –lentísimo– que mostraron los diálogos en Quito, ahora tendrán que sacudirse con Venezuela como nueva sede. Los acuerdos que se puedan ir conociendo de esa mesa –que al parecer la delegación del nuevo Gobierno no quiere hacer tan hermética como lo fue la de La Habana con las Farc– marcarán un listón para todo lo que se negocie después o en simultánea con los demás grupos.

Y en este punto entra un componente determinante del que todavía no tenemos idea. ¿Cómo va a funcionar el sometimiento a la justicia y sus implicaciones en la verdad y la reparación de las víctimas? Hasta el menos experto de los analistas señalará la inviabilidad de crear sistemas de jurisdicción especial para cada uno de los procesos. Esto sin contar con cómo, desde el Gobierno, deberá definirse el criterio de cuáles y cómo pueden resolverse con los mecanismos excepcionales que puede ofrecer la justicia ordinaria.

Así pues que el año que viene, casi de seguro, pondrá en el primer plano de referencia a la JEP, que a pesar de su accidentado y vilipendiado avance, parece alistarse para hacer públicas sus primeras sentencias. A pesar de las críticas feroces del uribismo, la JEP en el país sigue siendo el más completo mecanismo creado para acabar un conflicto. En caso de que su utilidad vaya al alza bajo la idea de la ‘Paz Total’, sería evidente su necesidad de reformarse, crecer y robustecerse.

Más allá del arduo debate que una intención así supondría, las modificaciones para ampliar la JEP necesitarían que las dos partes firmantes del Acuerdo de Paz acepten dichos cambios. Hoy podemos sospechar que para casos como el del Eln –por no hablar de las disidencias de las Farc– la afinidad ideológica podría no ser un problema, pero ¿Qué pasará cuando los delegados de la antigua guerrilla enfrenten la posibilidad de que el sistema que fundaron en conjunto con el Estado se pueda extender a organizaciones consideradas paramilitares?

A la par con todas estas tensiones, estará el cumplimiento mismo del Acuerdo de Paz, que –según el más reciente informe del Instituto Kroc, a cinco años de la firma– solo se encuentra implementado en un 30 por ciento; con un 19 por ciento de sus disposiciones en estado intermedio; 37 por ciento en estado mínimo; y un 15 que ni siquiera comienza.

Así que, una vez más, 2023 arrojará luces sobre los esfuerzos del Gobierno para acelerar su cumplimiento más allá de señalar a sus antecesores, así como la voluntad de la antigua guerrilla para asumir sus responsabilidades y cumplir con las sanciones derivadas de los crímenes cometidos.

La ‘Paz Total’ supone, entonces, de la coordinación de diversos y complejos planos ajustándose en paralelo. El Gobierno deberá marcar la parada y sobre todo, acoger las voces que desde la ciudadanía y las comunidades se alcen para la que pretende ser una nueva fase. Debe entender que el papel central de las transformaciones no solo pasa por el desarme de los ejércitos. La sociedad civil tiene muchos aportes que entregar.

*Mariana Díaz Kraus es socia, directora institucional y de alianzas estratégicas de Movilizatorio.

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