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Como lo reconoció el propio ministro de Hacienda, en 2021 habrá una reforma tributaria en Colombia. Pero esta no es una noticia nueva. La pandemia produjo una grave contracción de la economía colombiana y ahora el reto es garantizar que el efecto acordeón previsto para el año entrante sea duradero y beneficie a quienes más lo necesitan.
Si bien ya se advierten señales de recuperación, la emergencia ha afectado seriamente el tejido laboral y empresarial, así como la capacidad adquisitiva de los colombianos. Además, estas circunstancias se han agravado por la reacción tardía y poco ambiciosa del Gobierno Nacional, que no brindó subsidios amplios y oportunos a las nóminas desde el comienzo de la pandemia, a pesar de tener los cálculos y el dinero para hacerlo.
Es probable que en esa reforma el Gobierno incluya un viejo anhelo: gravar con IVA toda la canasta familiar. En contraste, la Red de Trabajo Fiscal, integrada por ocho prestigiosos centros de investigación, ha planteado una serie de propuestas con el propósito de salvaguardar y profundizar el Estado Social de Derecho. Esto es lo que proponen.
La propuesta de la academia
La reforma tributaria que viene será la más importante de las últimas décadas. Por eso, aunque la pelota estará en el campo del Gobierno, esta reforma no debería ser una imposición del ministro de Hacienda ni el producto de un “pupitrazo”, sino el resultado de un ejercicio de construcción colectiva.
Para aportar a ese proceso, la Red de Trabajo Fiscal formuló nueve propuestas que buscan impulsar la reactivación económica y garantizar un recaudo estable:
1. Beneficios tributarios
Se propone que la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP) del Congreso de la República haga un “test de proporcionalidad” para analizar si las consecuencias negativas de determinada medida tributaria son equivalentes a los beneficios que reporta o si son desproporcionadas. Así se pueden evaluar los actuales y futuros beneficios tributarios para descartar los que no superen esta prueba.
2. Transparencia
Crear mecanismos que permitan acceder a datos anonimizados de las declaraciones de renta, así como a información sobre beneficios tributarios y sanciones a evasores.
Con esto se pretende dar cumplimiento al mandato constitucional de un sistema tributario equitativo, progresivo y eficiente; para cumplir ese mandato se necesita acceso a la información completa y a los datos suficientes para actuar. Esta propuesta incluye una casilla de género en las declaraciones de renta, que permitiría introducir condiciones de equidad de género en la política tributaria.
3. Impuesto al valor agregado
La Red está en desacuerdo con la aspiración gubernamental de gravar con IVA toda la canasta familiar. Semejante decisión afectaría a los sectores más pobres de la sociedad, mucho más en un contexto de pandemia o pos-pandemia. A pesar de los avances, el Gobierno no ha llevado la devolución efectiva de este impuesto a quienes más lo necesitan y, por lo tanto, mal haría en gravar los artículos que necesitan para subsistir.
4. Impuesto saludable a las bebidas azucaradas
Establecer una sobretasa al consumo de bebidas azucaradas en todo el país. El dinero recaudado serviría para mejorar la atención en salud pública. La utilidad y la urgencia de este tipo de medidas son evidentes: la Organización Mundial de la Salud ha declarado la obesidad como “un problema mundial” y, en Colombia, el porcentaje de personas que padecen sobrepeso va en aumento.
5. Impuestos verdes
La Red propone ampliar el hecho generador del impuesto a las emisiones de carbono y aumentar de manera progresiva la tarifa de este impuesto. Además, se propone que el precio del carbono no tenga un límite máximo. Adoptar medidas realistas y ambiciosas para hacer frente a las consecuencias del cambio climático es urgente en un país como Colombia, muy sensible y vulnerable ante la crisis ambiental.
6. Fiscalidad internacional
Se propone unificar el concepto de beneficiario final dentro del sistema tributario colombiano, constituir un mecanismo de registro de beneficiario final e impulsar acuerdos automáticos de información teniendo en cuenta la regulación de protección de datos. El objetivo de esta propuesta es que Colombia esté en sintonía con las medidas que se vienen tomando en el nivel internacional, con el propósito de prevenir la evasión y la circulación de dinero producto de actividades ilícitas.
7. Impuestos para la economía digital
La Red propone crear un nuevo impuesto que grave los servicios digitales, cuando el beneficiario del servicio se encuentre en territorio colombiano. Esta propuesta también pondría a Colombia en sintonía con los desafíos fiscales que plantea la digitalización de la economía y que vienen dando los demás miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
8. Sistema territorial
Elevar la tarifa del impuesto predial y desarrollar el catastro multipropósito con apoyo del Gobierno Nacional, para realizar la actualización catastral y mejorar el recaudo de las entidades territoriales.
9. Cultura tributaria
La Red propone crear una asignatura obligatoria para que los estudiantes de todo el país adquieran conocimientos en materia de cultura tributaria y entendimiento financiero del Estado. Además, se propone construir colectivamente Códigos de Ética para asesores fiscales y contribuyentes, y también para la administración misma. Finalmente, se plantea que, en adelante, no se brinden más amnistías ni normalizaciones tributarias.
Una oportunidad
En suma, se trata de un compendio de propuestas con visión de largo plazo y con una mirada integral sobre el sistema tributario colombiano.
Aunque parezca obvio, es importante subrayar que el país atraviesa la crisis económica más difícil de la historia. Las medidas que se adopten para hacerle frente deben ser audaces, creativas y ambiciosas. No se trata de crear impuestos sobre impuestos, sino de revisar el sistema como un todo.
Estamos ante una oportunidad histórica para avanzar, y desde la academia ponemos nuestra propuesta a disposición del país.
* Asesor de Finanzas Públicas del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y analista de Razón Pública.
Esta publicación es posible gracias a una alianza entre El Espectador y Razón Pública. Puede leer el texto original aquí.