Análisis: El narcotráfico en 2021 —y en 2022—

Coca, cocaína y sustitución de cultivos

El tema del narcotráfico no fue muy comentado durante este año, pero sigue atravesando la vida social, económica, política y la situación de seguridad del país.

En el 2021 la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reportó dos tendencias aparentemente contradictorias: la reducción de los cultivos de coca y el aumento de la producción de cocaína. Las cifras corresponden al 2020, pero es probable que este año las tendencias fueran similares. Esto sugiere que:

• El aumento exponencial de los cultivos entre 2013 y 2017 se estabilizó como respuesta al mercado.
• La adaptación a las políticas de erradicación forzada y el aumento de la intervención de los grupos criminales en la transformación de la hoja de coca resultó en una mayor productividad de los cultivos.
• La demanda mundial de cocaína aumentó y se dispersó geográficamente. Los reportes de Europa muestran un aumento del consumo en los últimos tres años. Pero la última encuesta entre adolescentes en Estados Unidos sugiere una disminución en el uso de todas las drogas en el 2020, seguramente como efecto de la pandemia.

Otro tema importante es la interrupción de las políticas de sustitución voluntaria de cultivos. Desde el 2020 no se incorporaron más familias al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), porque el cuarto punto del Acuerdo con las FARC incluyó únicamente a las familias que cultivaron antes de la firma y excluía a potenciales cultivadores oportunistas.

Esto significa que no existe una política clara de sustitución voluntaria en un país con 143.000 hectáreas de coca sembradas. Aun así, el PNIS involucró a más de 99.000 familias en acuerdos colectivos que permitieron eliminar más de 40.000 hectáreas de coca.

La tasa de resiembra de estas hectáreas ha sido de 0,4 % (en algunos lugares es más alta, como en Tibú). Según la UNODC, la tasa de resiembra podría ser en realidad del 7 %, pero aun así sería menor que en los casos de erradicación forzada, donde se ubica entre el 50 % y el 60 %.

Según el balance del Instituto Kroc sobre el acuerdo con las FARC, el presupuesto de ejecución para lo convenido en materia de droga se recortó de manera drástica. Esta es una mala noticia si se quiere mantener el resultado del PNIS y aún peor si quiere mejorarse.

Le recomendamos: Aumento de la producción de cocaína en Colombia

Los grupos armados

El gobierno presentará este año un buen balance por lo tocante a cabecillas de los grupos criminales involucrados en el narcotráfico que han sido dados de baja, capturados o asesinados.

• El 15 de agosto las autoridades dieron de baja en Nariño a Anderson Perlaza Caicedo, alias “Borojó”, líder de las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP).
• En octubre las autoridades capturaron a Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, líder del Clan del Golfo.
• El excomandante de las FARC, Jesús Santrich, fue asesinado en mayo y los excomandantes Romaña y El Paisa, el 8 de diciembre; los tres en territorio venezolano. El asesinato de Santrich aún es confuso, pero los de Romaña y El Paisa se atribuyeron a disputas entre narcotraficantes.

La captura de Otoniel y la baja de Borojó son buenas para el gobierno, pero el efecto de estas capturas en las redes del narcotráfico es muy limitado. La organización descentralizada del Clan del Golfo impedirá que la captura de Otoniel afecte al grupo armado. Y aun si se debilitara, siempre hay alguien dispuesto a llenar los vacíos de poder.

Puede leer: El narcotráfico después de Otoniel

Mercado ilícito

Aunque los fenómenos del crimen no son homogéneos, existe una mayor descentralización y fragmentación de las redes del narcotráfico que se agudizó desde la desmovilización de las FARC.

En el 2021 varios hechos mostraron una mayor dispersión geográfica y organizativa del narcotráfico, y una expansión hacia las fronteras. Esto convirtió a los países fronterizos en partícipes más directos de las cadenas del narcotráfico. Entre esos hechos se destacan:

• Los arrestos en diciembre vinculados con el Clan del Golfo en Panamá. Estos arrestos incluyeron autoridades de alto nivel y reflejaron la expansión del grupo hacia esa zona.
• El recrudecimiento de los combates en la frontera con Venezuela entre las fuerzas armadas y los grupos no estatales de ambos lados de la frontera.
• Los grandes decomisos de drogas confirmaron la descentralización y fragmentación de las redes del narcotráfico hacia Europa, las cuales encontraron múltiples aliados en Colombia.

Las capturas o bajas de cabecillas son a corto plazo una divisa esencial para los gobiernos ávidos de resultados, pero a largo plazo no aportan mucho en la lucha contra el narcotráfico. Las actividades criminales son diversas y las redes se vuelven más resilientes.

La relación con Estados Unidos

El 2021 fue un buen año para la relación entre Estados Unidos y Colombia en temas de narcotráfico y seguridad. La salida de Donald Trump hizo más predecible la relación bilateral y permitió que Estados Unidos apoyara la ejecución del acuerdo de paz, pero la posición del gobierno Biden sobre el narcotráfico es tímida.

En marzo Biden le pidió a Colombia que reanudara la fumigación de cultivos ilícitos. Los miembros de su partido y una larga lista de organizaciones y académicos firmaron una carta contra esa petición. Desde entonces la administración Biden evita el tema de la fumigación.

Uno de los avances más significativos de Biden fue sacar a las FARC de la lista de las organizaciones terroristas, dejando incluidas a las disidencias. Esto fue un espaldarazo al acuerdo de paz que criticaron miembros del partido republicano y el gobierno colombiano.

De cualquier modo, Biden tiene una agenda complicada internamente y sus prioridades internacionales son la migración y los coletazos de la salida de Afganistán.

Políticas antidrogas en Colombia

Además de lo mencionado frente a los cultivos ilícitos, hay otros aspectos de la política antinarcóticos que conviene destacar:

• En el 2019 se aprobó una resolución para crear el Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas. Sin duda alguna es importante mejorar las políticas de diagnóstico, prevención, tratamiento e investigación; pero esta política se ejecuta lentamente y con pocos recursos.
• La discusión sobre el cannabis medicinal cambió radicalmente. Muchos precandidatos presidenciales quieren promover la industria e incluso el presidente la apoya. El gran desafío es lograr un beneficio para los pequeños productores y las comunidades. Seguramente los debates sobre el uso recreacional seguirán activos en el 2022, pero aquí las posiciones están divididas.
• En agosto el gobierno aprobó una estrategia contra el crimen organizado que presta atención al lavado de activos y destina recursos para ejecutarla. Una buena intención, pero en Colombia hay mucho trecho entre la política y la práctica.

Con las elecciones presidenciales en el horizonte, este balance permite recordar los retos que enfrentará quien llegue a la Casa de Nariño. El problema no tiene una solución rápida. Por eso debe pensarse en propósitos a largo plazo, en vez de enfocarse en eliminar a las cabecillas de los grupos armados y criminales.

Para eso deben promoverse políticas sustitución y desarrollo alternativo y de desarrollo de los territorios, y deben proponerse otros usos lícitos para los cultivos. Hay que prestar más atención a los mandos medios criminales y a qué sucede cuando se elimina uno. También hay que trabajar conjuntamente con otros países que ahora inciden activamente en las cadenas del narcotráfico y restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela.

*Ph.D. en Ciencia Política de Brown University, profesora asociada de Ciencia Política y co-directora del Doctorado en Estudios Globales de la Universidad de Massachusetts-Lowell.

Coca, cocaína y sustitución de cultivos

El tema del narcotráfico no fue muy comentado durante este año, pero sigue atravesando la vida social, económica, política y la situación de seguridad del país.

En el 2021 la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reportó dos tendencias aparentemente contradictorias: la reducción de los cultivos de coca y el aumento de la producción de cocaína. Las cifras corresponden al 2020, pero es probable que este año las tendencias fueran similares. Esto sugiere que:

• El aumento exponencial de los cultivos entre 2013 y 2017 se estabilizó como respuesta al mercado.
• La adaptación a las políticas de erradicación forzada y el aumento de la intervención de los grupos criminales en la transformación de la hoja de coca resultó en una mayor productividad de los cultivos.
• La demanda mundial de cocaína aumentó y se dispersó geográficamente. Los reportes de Europa muestran un aumento del consumo en los últimos tres años. Pero la última encuesta entre adolescentes en Estados Unidos sugiere una disminución en el uso de todas las drogas en el 2020, seguramente como efecto de la pandemia.

Otro tema importante es la interrupción de las políticas de sustitución voluntaria de cultivos. Desde el 2020 no se incorporaron más familias al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), porque el cuarto punto del Acuerdo con las FARC incluyó únicamente a las familias que cultivaron antes de la firma y excluía a potenciales cultivadores oportunistas.

Esto significa que no existe una política clara de sustitución voluntaria en un país con 143.000 hectáreas de coca sembradas. Aun así, el PNIS involucró a más de 99.000 familias en acuerdos colectivos que permitieron eliminar más de 40.000 hectáreas de coca.

La tasa de resiembra de estas hectáreas ha sido de 0,4 % (en algunos lugares es más alta, como en Tibú). Según la UNODC, la tasa de resiembra podría ser en realidad del 7 %, pero aun así sería menor que en los casos de erradicación forzada, donde se ubica entre el 50 % y el 60 %.

Según el balance del Instituto Kroc sobre el acuerdo con las FARC, el presupuesto de ejecución para lo convenido en materia de droga se recortó de manera drástica. Esta es una mala noticia si se quiere mantener el resultado del PNIS y aún peor si quiere mejorarse.

Le recomendamos: Aumento de la producción de cocaína en Colombia

Los grupos armados

El gobierno presentará este año un buen balance por lo tocante a cabecillas de los grupos criminales involucrados en el narcotráfico que han sido dados de baja, capturados o asesinados.

• El 15 de agosto las autoridades dieron de baja en Nariño a Anderson Perlaza Caicedo, alias “Borojó”, líder de las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP).
• En octubre las autoridades capturaron a Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, líder del Clan del Golfo.
• El excomandante de las FARC, Jesús Santrich, fue asesinado en mayo y los excomandantes Romaña y El Paisa, el 8 de diciembre; los tres en territorio venezolano. El asesinato de Santrich aún es confuso, pero los de Romaña y El Paisa se atribuyeron a disputas entre narcotraficantes.

La captura de Otoniel y la baja de Borojó son buenas para el gobierno, pero el efecto de estas capturas en las redes del narcotráfico es muy limitado. La organización descentralizada del Clan del Golfo impedirá que la captura de Otoniel afecte al grupo armado. Y aun si se debilitara, siempre hay alguien dispuesto a llenar los vacíos de poder.

Puede leer: El narcotráfico después de Otoniel

Mercado ilícito

Aunque los fenómenos del crimen no son homogéneos, existe una mayor descentralización y fragmentación de las redes del narcotráfico que se agudizó desde la desmovilización de las FARC.

En el 2021 varios hechos mostraron una mayor dispersión geográfica y organizativa del narcotráfico, y una expansión hacia las fronteras. Esto convirtió a los países fronterizos en partícipes más directos de las cadenas del narcotráfico. Entre esos hechos se destacan:

• Los arrestos en diciembre vinculados con el Clan del Golfo en Panamá. Estos arrestos incluyeron autoridades de alto nivel y reflejaron la expansión del grupo hacia esa zona.
• El recrudecimiento de los combates en la frontera con Venezuela entre las fuerzas armadas y los grupos no estatales de ambos lados de la frontera.
• Los grandes decomisos de drogas confirmaron la descentralización y fragmentación de las redes del narcotráfico hacia Europa, las cuales encontraron múltiples aliados en Colombia.

Las capturas o bajas de cabecillas son a corto plazo una divisa esencial para los gobiernos ávidos de resultados, pero a largo plazo no aportan mucho en la lucha contra el narcotráfico. Las actividades criminales son diversas y las redes se vuelven más resilientes.

La relación con Estados Unidos

El 2021 fue un buen año para la relación entre Estados Unidos y Colombia en temas de narcotráfico y seguridad. La salida de Donald Trump hizo más predecible la relación bilateral y permitió que Estados Unidos apoyara la ejecución del acuerdo de paz, pero la posición del gobierno Biden sobre el narcotráfico es tímida.

En marzo Biden le pidió a Colombia que reanudara la fumigación de cultivos ilícitos. Los miembros de su partido y una larga lista de organizaciones y académicos firmaron una carta contra esa petición. Desde entonces la administración Biden evita el tema de la fumigación.

Uno de los avances más significativos de Biden fue sacar a las FARC de la lista de las organizaciones terroristas, dejando incluidas a las disidencias. Esto fue un espaldarazo al acuerdo de paz que criticaron miembros del partido republicano y el gobierno colombiano.

De cualquier modo, Biden tiene una agenda complicada internamente y sus prioridades internacionales son la migración y los coletazos de la salida de Afganistán.

Políticas antidrogas en Colombia

Además de lo mencionado frente a los cultivos ilícitos, hay otros aspectos de la política antinarcóticos que conviene destacar:

• En el 2019 se aprobó una resolución para crear el Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas. Sin duda alguna es importante mejorar las políticas de diagnóstico, prevención, tratamiento e investigación; pero esta política se ejecuta lentamente y con pocos recursos.
• La discusión sobre el cannabis medicinal cambió radicalmente. Muchos precandidatos presidenciales quieren promover la industria e incluso el presidente la apoya. El gran desafío es lograr un beneficio para los pequeños productores y las comunidades. Seguramente los debates sobre el uso recreacional seguirán activos en el 2022, pero aquí las posiciones están divididas.
• En agosto el gobierno aprobó una estrategia contra el crimen organizado que presta atención al lavado de activos y destina recursos para ejecutarla. Una buena intención, pero en Colombia hay mucho trecho entre la política y la práctica.

Con las elecciones presidenciales en el horizonte, este balance permite recordar los retos que enfrentará quien llegue a la Casa de Nariño. El problema no tiene una solución rápida. Por eso debe pensarse en propósitos a largo plazo, en vez de enfocarse en eliminar a las cabecillas de los grupos armados y criminales.

Para eso deben promoverse políticas sustitución y desarrollo alternativo y de desarrollo de los territorios, y deben proponerse otros usos lícitos para los cultivos. Hay que prestar más atención a los mandos medios criminales y a qué sucede cuando se elimina uno. También hay que trabajar conjuntamente con otros países que ahora inciden activamente en las cadenas del narcotráfico y restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela.

*Ph.D. en Ciencia Política de Brown University, profesora asociada de Ciencia Política y co-directora del Doctorado en Estudios Globales de la Universidad de Massachusetts-Lowell.