Análisis: ¿Es inconstitucional un Congreso virtual?

Este miércoles el Congreso de la República cumple 101 días sin sesionar, desde que salió a vacaciones en diciembre pasado. No se sabe cuándo ni dónde se reanudarán labores oficialmente y la razón de esta incógnita es el coronavirus. Se supone que las labores empezaban el 17 de marzo, pero el temor al contagio llevó a los presidentes de Senado y Cámara de Representantes a posponer la reanudación del trabajo legislativo para el 13 de abril. Sin embargo, se acerca la fecha y la situación del país frente a la pandemia no mejora. Por eso, distintos sectores han comenzado a señalar al mundo virtual como la mejor alternativa para que los congresistas retomen funciones, pero lo que parece una simple solución tiene más de una complicación.

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El sábado 28 de marzo, el presidente Iván Duque firmó un decreto en el que, supuestamente, les abría la puerta a las sesiones virtuales para diferentes corporaciones públicas, entre ellas el Congreso. “Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas vigentes, los órganos, corporaciones (…) de todas las ramas del Poder Público podrán realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir”, reza el artículo 12 del Decreto 491 de 2020. La orden presidencial fue recibida de buena manera por el presidente del Senado, Lidio García, quien ya había dicho que estaba esperando ese aval para convocar a sesiones virtuales.

“Superada la dificultad jurídica, hoy a través del decreto quedan autorizadas las sesiones del Congreso para deliberar y decidir virtualmente”, celebró García. Todo parecía indicar que se zanjaba así un gran problema, pues la Ley Quinta de 1992 —que reglamenta el funcionamiento del Congreso— no contempla las sesiones virtuales y, al ser una ley orgánica, tiene que sortear el proceso legislativo en ambas cámaras y superarlo con la mayoría absoluta en cada una de ellas para ser reformada. Con la acción presidencial, el Congreso estaría listo para ejercer, por medios digitales, el control político sobre los decretos con fuerza de ley que ha expedido el Ejecutivo al amparo de la emergencia económica y social establecida por la crisis de la pandemia.

No obstante, más allá del trino de García, no hay anuncios de cuándo comenzarían las sesiones virtuales formales, y son varios los congresistas y expertos los que han puesto en duda su viabilidad y constitucionalidad. “El Congreso virtual es una reunión de alta peligrosidad”, aseveró el senador Jorge Robledo, del Polo, para señalar que a través de lo digital se podrían cometer omisiones y errores en el trámite de proyectos y se podrían aprobar leyes nocivas sin mayores controles. En diálogo con El Espectador, aseguró que “ese trámite ilegal termina arrodillando más al Congreso, cada vez estamos más lejos de la democracia”, pues se rompe con la división del poder.

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Desde antes de que se emitiera el decreto presidencial, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, venía diciendo que convocar a las sesiones digitales a través de un decreto presidencial era inconstitucional. En su concepto, no se pueden admitir las sesiones virtuales a través del decreto de emergencia económica y social, dado que este no contempla estos procedimientos. “De convocarse a una sesión formal, en la que se deliberara y decidiera, se estaría rompiendo el principio de legalidad del Congreso”, dijo Motoa, quien cree que tarde o temprano el Legislativo tendrá que ser convocado a sesiones presenciales.

Las objeciones a las sesiones virtuales también llegaron por antiguos miembros de la Rama Judicial, como el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán. El exmagistrado, haciendo referencia a la Ley Quinta, señaló que “nunca antes un presidente ha modificado leyes orgánicas”, y puso en duda que el primer mandatario pudiera hacerlo, a pesar de la emergencia. Beltrán cree que una decisión de este tipo pondría en juego la autonomía del Congreso: “No se puede dejar que quede a expensas de lo que diga u ordene el presidente”. Por último, subrayó que los congresistas deben reunirse lo más pronto posible para realizar el control político a los decretos-ley expedidos por el Gobierno.

Ahora, no todas las posiciones son contrarias a la determinación presidencial. Por ejemplo, el representante Inti Asprilla, de la Alianza Verde, consideró el decreto como ajustado a derecho y necesario para iniciar el mencionado control al Ejecutivo. “El decreto que saca el Gobierno también confirma lo que hemos venido hablando de la falta de voluntad. Hay un clima de zozobra, pero veo ambiente para sesionar, pero han querido meter todo tipo de obstáculos que no son reales. Hay una sobreoferta de plataformas para sesionar”, dijo Asprilla, recalcando que el decreto presidencial deja algunos vacíos.

Por su parte, Juanita Goebertus, representante de la misma colectividad, ha sido otra de las que más han insistido en el deber de sesionar ante la contingencia, preferiblemente a través de medios electrónicos. “Celebro la decisión del presidente de habilitar las sesiones virtuales del Congreso”, expresó, revelando de paso que Renata (Red Nacional de Investigación y Educación en Colombia) se ofreció a suministrar la infraestructura para las deliberaciones y votaciones online. “La única manera de garantizar la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos es que el Congreso cumpla con sus funciones”, enfatizó Goebertus.

Como parte de su iniciativa por un congreso virtual que sesione lo más pronto posible, la representante bogotana replicó una carta firmada por más de 100 profesores de derecho constitucional que apoyan la viabilidad de dicho proceso. En la misiva, de dos páginas, se señala que la medida presidencial no desconoce la Constitución, pues se continúa con su mandato de seguir las labores del Legislativo en los estados de excepción y de hacer controles a los decretos de emergencia económica y social. Además, es acorde con el articulado de la Carta Magna, en la que se establece que las cámaras pueden trasladar su sede a otro lugar, sobre todo en estados de excepción.

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Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, es otro de los que secundan esta posición. Según indicó, en estos momentos, en los que es primordial el control político por parte del Congreso, “toda interpretación debe estar orientada a asegurar” la continuidad de sus labores. Por la misma línea, reconoció que la Ley Quinta no contempla las reuniones virtuales, pero el artículo 140 de la Constitución autoriza al Congreso a reunirse en otros lugares en caso de perturbación del orden público. Y para él, lo del coronavirus puede interpretarse como una perturbación del orden público, y los espacios virtuales como lugares a los que se asiste. “Existe entonces una autorización constitucional y legal para que el Congreso decida y sesione virtualmente”, concluyó.

Lo cierto es que la última palabra la tienen los presidentes de cada corporación. En el caso del Senado, solo se conocen los trinos de Lidio García, mientras que Carlos Cuenca, presidente de la Cámara, le comentó a este diario que esperará un pronunciamiento de la Corte Constitucional, porque, a su forma de ver, el decreto no toca al Congreso, pues no modifica la Ley Quinta, que es la que impide en estos momentos el desarrollo de las decisiones virtuales. De esta forma, no hay consenso en qué pasará. Mientras tanto, son varios los que piden que los congresistas estén a la altura de las circunstancias y sesionen de forma presencial, corriendo los mismos riesgos del personal médico, de la Fuerza Pública y de otros sectores que han tenido que seguir adelante a pesar del coronavirus.

Este miércoles el Congreso de la República cumple 101 días sin sesionar, desde que salió a vacaciones en diciembre pasado. No se sabe cuándo ni dónde se reanudarán labores oficialmente y la razón de esta incógnita es el coronavirus. Se supone que las labores empezaban el 17 de marzo, pero el temor al contagio llevó a los presidentes de Senado y Cámara de Representantes a posponer la reanudación del trabajo legislativo para el 13 de abril. Sin embargo, se acerca la fecha y la situación del país frente a la pandemia no mejora. Por eso, distintos sectores han comenzado a señalar al mundo virtual como la mejor alternativa para que los congresistas retomen funciones, pero lo que parece una simple solución tiene más de una complicación.

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El sábado 28 de marzo, el presidente Iván Duque firmó un decreto en el que, supuestamente, les abría la puerta a las sesiones virtuales para diferentes corporaciones públicas, entre ellas el Congreso. “Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas vigentes, los órganos, corporaciones (…) de todas las ramas del Poder Público podrán realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir”, reza el artículo 12 del Decreto 491 de 2020. La orden presidencial fue recibida de buena manera por el presidente del Senado, Lidio García, quien ya había dicho que estaba esperando ese aval para convocar a sesiones virtuales.

“Superada la dificultad jurídica, hoy a través del decreto quedan autorizadas las sesiones del Congreso para deliberar y decidir virtualmente”, celebró García. Todo parecía indicar que se zanjaba así un gran problema, pues la Ley Quinta de 1992 —que reglamenta el funcionamiento del Congreso— no contempla las sesiones virtuales y, al ser una ley orgánica, tiene que sortear el proceso legislativo en ambas cámaras y superarlo con la mayoría absoluta en cada una de ellas para ser reformada. Con la acción presidencial, el Congreso estaría listo para ejercer, por medios digitales, el control político sobre los decretos con fuerza de ley que ha expedido el Ejecutivo al amparo de la emergencia económica y social establecida por la crisis de la pandemia.

No obstante, más allá del trino de García, no hay anuncios de cuándo comenzarían las sesiones virtuales formales, y son varios los congresistas y expertos los que han puesto en duda su viabilidad y constitucionalidad. “El Congreso virtual es una reunión de alta peligrosidad”, aseveró el senador Jorge Robledo, del Polo, para señalar que a través de lo digital se podrían cometer omisiones y errores en el trámite de proyectos y se podrían aprobar leyes nocivas sin mayores controles. En diálogo con El Espectador, aseguró que “ese trámite ilegal termina arrodillando más al Congreso, cada vez estamos más lejos de la democracia”, pues se rompe con la división del poder.

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Desde antes de que se emitiera el decreto presidencial, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, venía diciendo que convocar a las sesiones digitales a través de un decreto presidencial era inconstitucional. En su concepto, no se pueden admitir las sesiones virtuales a través del decreto de emergencia económica y social, dado que este no contempla estos procedimientos. “De convocarse a una sesión formal, en la que se deliberara y decidiera, se estaría rompiendo el principio de legalidad del Congreso”, dijo Motoa, quien cree que tarde o temprano el Legislativo tendrá que ser convocado a sesiones presenciales.

Las objeciones a las sesiones virtuales también llegaron por antiguos miembros de la Rama Judicial, como el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán. El exmagistrado, haciendo referencia a la Ley Quinta, señaló que “nunca antes un presidente ha modificado leyes orgánicas”, y puso en duda que el primer mandatario pudiera hacerlo, a pesar de la emergencia. Beltrán cree que una decisión de este tipo pondría en juego la autonomía del Congreso: “No se puede dejar que quede a expensas de lo que diga u ordene el presidente”. Por último, subrayó que los congresistas deben reunirse lo más pronto posible para realizar el control político a los decretos-ley expedidos por el Gobierno.

Ahora, no todas las posiciones son contrarias a la determinación presidencial. Por ejemplo, el representante Inti Asprilla, de la Alianza Verde, consideró el decreto como ajustado a derecho y necesario para iniciar el mencionado control al Ejecutivo. “El decreto que saca el Gobierno también confirma lo que hemos venido hablando de la falta de voluntad. Hay un clima de zozobra, pero veo ambiente para sesionar, pero han querido meter todo tipo de obstáculos que no son reales. Hay una sobreoferta de plataformas para sesionar”, dijo Asprilla, recalcando que el decreto presidencial deja algunos vacíos.

Por su parte, Juanita Goebertus, representante de la misma colectividad, ha sido otra de las que más han insistido en el deber de sesionar ante la contingencia, preferiblemente a través de medios electrónicos. “Celebro la decisión del presidente de habilitar las sesiones virtuales del Congreso”, expresó, revelando de paso que Renata (Red Nacional de Investigación y Educación en Colombia) se ofreció a suministrar la infraestructura para las deliberaciones y votaciones online. “La única manera de garantizar la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos es que el Congreso cumpla con sus funciones”, enfatizó Goebertus.

Como parte de su iniciativa por un congreso virtual que sesione lo más pronto posible, la representante bogotana replicó una carta firmada por más de 100 profesores de derecho constitucional que apoyan la viabilidad de dicho proceso. En la misiva, de dos páginas, se señala que la medida presidencial no desconoce la Constitución, pues se continúa con su mandato de seguir las labores del Legislativo en los estados de excepción y de hacer controles a los decretos de emergencia económica y social. Además, es acorde con el articulado de la Carta Magna, en la que se establece que las cámaras pueden trasladar su sede a otro lugar, sobre todo en estados de excepción.

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Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, es otro de los que secundan esta posición. Según indicó, en estos momentos, en los que es primordial el control político por parte del Congreso, “toda interpretación debe estar orientada a asegurar” la continuidad de sus labores. Por la misma línea, reconoció que la Ley Quinta no contempla las reuniones virtuales, pero el artículo 140 de la Constitución autoriza al Congreso a reunirse en otros lugares en caso de perturbación del orden público. Y para él, lo del coronavirus puede interpretarse como una perturbación del orden público, y los espacios virtuales como lugares a los que se asiste. “Existe entonces una autorización constitucional y legal para que el Congreso decida y sesione virtualmente”, concluyó.

Lo cierto es que la última palabra la tienen los presidentes de cada corporación. En el caso del Senado, solo se conocen los trinos de Lidio García, mientras que Carlos Cuenca, presidente de la Cámara, le comentó a este diario que esperará un pronunciamiento de la Corte Constitucional, porque, a su forma de ver, el decreto no toca al Congreso, pues no modifica la Ley Quinta, que es la que impide en estos momentos el desarrollo de las decisiones virtuales. De esta forma, no hay consenso en qué pasará. Mientras tanto, son varios los que piden que los congresistas estén a la altura de las circunstancias y sesionen de forma presencial, corriendo los mismos riesgos del personal médico, de la Fuerza Pública y de otros sectores que han tenido que seguir adelante a pesar del coronavirus.