Análisis: ¿Es inevitable el fraude en las elecciones de este año?

Dos noticias preocupantes

Este año electoral comenzó con dos noticias alarmantes: las fallas en la inscripción de cédulas de ciudadanía para las jornadas electorales del 13 de marzo y la contratación de apoyos técnicos e informáticos para las elecciones.

Análisis: Cinco millones de votos al Congreso, ¿posibilidad o fantasía?

A pocos días de vencer el plazo para inscribir las cédulas, la Registraduría admitió que estaba fallando la plataforma. El problema se arregló temporalmente, pero el mismo día de vencer el plazo los ciudadanos reportaron nuevas fallas. Aunque no hay información sobre las consecuencias de estos errores, el incidente pudo haber impedido que muchos ciudadanos inscribieran su cédula.

A lo anterior se suman las preocupaciones sobre los contratos que suscribió la Registraduría en el segundo semestre de 2021, para las elecciones de 2021 y 2022, que incluyeron la elección de consejos de Juventud, Congreso y fórmula presidencial:

• El contrato 071 del 14 de septiembre de 2021;
• El contrato 015 del 29 de diciembre de 2021, y
• El contrato 088 del 16 de noviembre de 2021.

El propósito de estos contratos era mejorar la organización de las elecciones y garantizar el ejercicio del sufragio. Pero todo indica que estas finalidades no se cumplirán y que la integridad de las próximas elecciones puede estar en riesgo.

Pedagogía electoral: Cosas que debe saber para votar al Congreso y las consultas

Las elecciones en manos de particulares

El contrato 071 se refería a las etapa preelectoral, electoral y postelectoral de los comicios de 2021 y 2022, excluyendo el escrutinio nacional. El único proponente para obtener este contrato fue la Unión Temporal “Disproel 2021″, de la que hacen parte once sociedades y que finalmente ganó la licitación.

Entre las sociedades que conforman esa Unión Temporal figura Thomas Greg & Sons Limited S.A, empresa que ya había tenido a su cargo otras elecciones en 2013, 2015, 2017 y 2019. La Registraduría había exigido que los proponentes hubieran participado en cuatro procesos electorales anteriores, lo cual hacía casi imposible que empresas diferentes se quedaran con la licitación. Esto es significativo si se tiene en cuenta que el contrato asciende a 1,24 billones de pesos.

Según el contrato celebrado, la Unión Temporal debe entregar diez software para:

• inscripción de cédulas;
• revisión de firmas de grupos significativos de ciudadanos;
• inscripción de candidatos;
• selección de jurados de votación;
• testigos electorales;
• autenticación biométrica en puestos y mesas de votación;
• sistemas informáticos para los datos del “preconteo”;
• escrutinios de orden auxiliar, municipal, distrital y general; y
• publicación en la página web de las actas E-14 de claveros.

Además, la Unión Temporal se encargará de elaborar y distribuir el llamado “kit electoral”, que incluye formularios sobre listados de votantes y tarjetas electorales.

En otras palabras, con este contrato la Registraduría les delegó a unos particulares toda la organización, administración y operación de los procesos electorales de 2021 y 2022.

Un “contrato exprés” para evitar el fraude

El segundo contrato tuvo origen en una decisión del Consejo de Estado de febrero de 2018, debido a una reclamación del partido Mira por los resultados de las legislativas de 2014.

El Consejo de Estado encontró varias irregularidades en el proceso de escrutinios:

• Un sabotaje a los sistemas de información, transmisión y consolidación de resultados electorales;
• El software permitió la manipulación fraudulenta, y
• Se encontraron más de 3.600 registros irregulares, que beneficiaron a tres senadores de los partidos Liberal, Opción Ciudadana y Centro Democrático.

Como consecuencia, el Consejo de Estado anuló la elección de estos senadores y ordenó la entrega de las credenciales a tres candidatos del Mira.

Por último, el tribunal exhortó a la organización electoral a adquirir “un software para escrutinios desde y para el Estado, de su propiedad”, que permitiera la trazabilidad de los escrutinios en todas sus etapas, con personal idóneo y el soporte técnico requerido.

Después de esa decisión se produjeron dos nuevos pronunciamientos: uno, que resolvió doce demandas por los resultados de las elecciones legislativas de 2018; y otro, que examinó una reclamación por el escrutinio de los votos para la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca.

En ambos casos se alegó un sabotaje contra los sistemas de escrutinios y un fraude en la identificación biométrica. El Consejo de Estado exhortó a la organización electoral a corregir el sistema informático y fijar unos horarios precisos para los escrutinios.

Hasta entonces, el Consejo Nacional Electoral (CNE) –que es la comisión escrutadora de elecciones nacionales– no contaba con los instrumentos tecnológicos para declarar los resultados de los procesos electorales y quedaba a merced de la información de la Registraduría y su contratista.

El contrato 015 de 2021 responde a esta deficiencia. Su objeto es dotar al CNE de una “solución informática” para consolidar el escrutinio para el Congreso y la fórmula presidencial. El monto de este contrato asciende a 27.000 millones de pesos.

Según el contrato se debe:

• elaborar el software de escrutinios a nivel nacional;
• hacer los trámites para su registro como propiedad de la organización electoral;
• disponer del personal especializado como soporte del CNE;
• disponer de una página web que incluya el software para la implementación del sistema de seguimiento al escrutinio nacional;
• permitir la descarga de los archivos mesa por mesa, con trazabilidad de los “log de auditoría”, es decir, el registro de la actividad de los usuarios;
• garantizar la descarga de las actas de los formularios E-14, E-24 y E-26, con trazabilidad en los “log de auditoría”.

Mediante un proceso de selección abreviada con proponente único, el contrato se adjudicó a la empresa española Indra Colombia S.A.S., y se firmó el 29 de diciembre de 2021. ¡Esto significa que el contratista tendrá apenas dos meses para elaborar el software, preparar e instalar los equipos y asegurar su buen desempeño para el 13 de marzo!

Puede leer: La Registraduría Nacional: ¿una mina de oro?

El contrato de auditoría del software

Finalmente está el contrato 088 de 2021, que responde a los reclamos de algunos candidatos en las elecciones de 2018. En ese momento, el candidato Gustavo Petro solicitó una auditoría externa al software de la Registraduría.

El contrato, adjudicado a JAHV McGregor S.A.S. debe facilitar una herramienta tecnológica, en manos de los partidos, para hacerle seguimiento y auditoría en tiempo real a los datos de los escrutinios que adelante el CNE. Su valor es de 10,480 millones de pesos.

Varios líderes de oposición celebraron la firma de este contrato, pues de operar adecuadamente, brindará más garantías a los partidos y candidatos.

Lo alarmante

Aunque los tres contratos son indispensables para garantizar el buen curso de las elecciones, quedan varias preocupaciones: por ejemplo, la opacidad de los procedimientos contractuales, la concentración de los procesos en un solo grupo económico y la delegación de las elecciones a particulares.

Hoy, la organización electoral cuenta con nuevas herramientas informáticas, pero la tecnología es insuficiente en ambientes altamente clientelizados, como el de la Registraduría. Tampoco es claro cómo se articulan estos instrumentos tecnológicos, y a través de cuáles instancias institucionales pueden armonizarse.

En particular, el contrato adjudicado a la Unión Temporal Disproel 2021 deja enormes dudas sobre la integridad de las elecciones que se avecinan.

Esta Unión Temporal ya estuvo a cargo de la elección de los consejos municipales de Juventud, un evento que estuvo plagado de controversias. La noche anterior a las elecciones, la Registraduría expidió la Resolución 15881 de 2021, que habilitó a los jóvenes entre 14 y 17 años para votar en el puesto de votación “más cercano a su lugar de residencia”, a pesar de que en todo proceso electoral el sufragante debe inscribirse en un determinado lugar para ejercer su derecho al voto.

La medida –orientada a contrarrestar la abstención– estropeó la planeación de la jornada y abrió las puertas para suplantar a los electores. La intervención atropellada del registrador y la falta de claridad sobre las medidas adoptadas en el último momento dejaron en entredicho la solidez de las herramientas contratadas para asegurar la transparencia de esas elecciones.

El segundo lunar que hace dudar de la idoneidad de la Unión Temporal Disproel 2021 fueron las fallas en la inscripción de cédulas para las consultas presidenciales y las elecciones legislativas. Mediante Resolución 2104 de 2021, el registrador “reglamentó el procedimiento para la inscripción de cédulas”. La resolución trajo una novedad: además de las sedes de la Registraduría y los puestos autorizados, se habilitó la inscripción mediante aplicativos remotos dispuestos por la esa entidad.

La autorización se produjo a pesar de que el artículo 78 del Código Electoral señala que la inscripción necesita “la presencia del ciudadano y la impresión de su huella del dedo índice derecho” y que, de no seguir este procedimiento, la inscripción queda sin efecto.

La plataforma para adelantar la inscripción remota es uno de los productos que la Unión Temporal debía entregar. Aunque existía una partida presupuestal de más de 76 mil millones de pesos, más el rubro destinado a la biometría, el sistema presentó fallas técnicas y produjo “una saturación” que impidió cargar la información de manera oportuna.

La Registraduría informó que se inscribieron 2.611.750 cédulas, de las cuales el 62 % se inscribió por canales virtuales. Además, la entidad señaló que la validación biométrica facial de quienes se inscribieron entre el 9 y el 13 de enero se realizará hasta el 29 de enero, previo el recibo de un correo electrónico con las instrucciones para hacer este trámite.

Le recomendamos: Elecciones 2022: lo que parece saberse y lo que no

Esta improvisación despierta muchas dudas: ¿se garantizó la inscripción de las cédulas de ciudadanos residentes en el exterior, que no tienen posibilidad de desplazarse a los consulados para adelantar el procedimiento? ¿De qué manera se auditará la validación del cotejo biométrico de las inscripciones por canales digitales? ¿Cuándo se consolidará el censo electoral para las elecciones de marzo, si la ley establece que esto debe ocurrir a más tardar dos meses antes de la fecha de las elecciones?

En un contexto como el actual, cuando existen tantas dudas sobre la integridad de las elecciones, es necesario que los ciudadanos no se limiten a votar, sino que se inscriban como testigos para garantizar el respeto a la voluntad popular.

*Expresidente de la Comisión Especial Legislativa y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral.

Dos noticias preocupantes

Este año electoral comenzó con dos noticias alarmantes: las fallas en la inscripción de cédulas de ciudadanía para las jornadas electorales del 13 de marzo y la contratación de apoyos técnicos e informáticos para las elecciones.

Análisis: Cinco millones de votos al Congreso, ¿posibilidad o fantasía?

A pocos días de vencer el plazo para inscribir las cédulas, la Registraduría admitió que estaba fallando la plataforma. El problema se arregló temporalmente, pero el mismo día de vencer el plazo los ciudadanos reportaron nuevas fallas. Aunque no hay información sobre las consecuencias de estos errores, el incidente pudo haber impedido que muchos ciudadanos inscribieran su cédula.

A lo anterior se suman las preocupaciones sobre los contratos que suscribió la Registraduría en el segundo semestre de 2021, para las elecciones de 2021 y 2022, que incluyeron la elección de consejos de Juventud, Congreso y fórmula presidencial:

• El contrato 071 del 14 de septiembre de 2021;
• El contrato 015 del 29 de diciembre de 2021, y
• El contrato 088 del 16 de noviembre de 2021.

El propósito de estos contratos era mejorar la organización de las elecciones y garantizar el ejercicio del sufragio. Pero todo indica que estas finalidades no se cumplirán y que la integridad de las próximas elecciones puede estar en riesgo.

Pedagogía electoral: Cosas que debe saber para votar al Congreso y las consultas

Las elecciones en manos de particulares

El contrato 071 se refería a las etapa preelectoral, electoral y postelectoral de los comicios de 2021 y 2022, excluyendo el escrutinio nacional. El único proponente para obtener este contrato fue la Unión Temporal “Disproel 2021″, de la que hacen parte once sociedades y que finalmente ganó la licitación.

Entre las sociedades que conforman esa Unión Temporal figura Thomas Greg & Sons Limited S.A, empresa que ya había tenido a su cargo otras elecciones en 2013, 2015, 2017 y 2019. La Registraduría había exigido que los proponentes hubieran participado en cuatro procesos electorales anteriores, lo cual hacía casi imposible que empresas diferentes se quedaran con la licitación. Esto es significativo si se tiene en cuenta que el contrato asciende a 1,24 billones de pesos.

Según el contrato celebrado, la Unión Temporal debe entregar diez software para:

• inscripción de cédulas;
• revisión de firmas de grupos significativos de ciudadanos;
• inscripción de candidatos;
• selección de jurados de votación;
• testigos electorales;
• autenticación biométrica en puestos y mesas de votación;
• sistemas informáticos para los datos del “preconteo”;
• escrutinios de orden auxiliar, municipal, distrital y general; y
• publicación en la página web de las actas E-14 de claveros.

Además, la Unión Temporal se encargará de elaborar y distribuir el llamado “kit electoral”, que incluye formularios sobre listados de votantes y tarjetas electorales.

En otras palabras, con este contrato la Registraduría les delegó a unos particulares toda la organización, administración y operación de los procesos electorales de 2021 y 2022.

Un “contrato exprés” para evitar el fraude

El segundo contrato tuvo origen en una decisión del Consejo de Estado de febrero de 2018, debido a una reclamación del partido Mira por los resultados de las legislativas de 2014.

El Consejo de Estado encontró varias irregularidades en el proceso de escrutinios:

• Un sabotaje a los sistemas de información, transmisión y consolidación de resultados electorales;
• El software permitió la manipulación fraudulenta, y
• Se encontraron más de 3.600 registros irregulares, que beneficiaron a tres senadores de los partidos Liberal, Opción Ciudadana y Centro Democrático.

Como consecuencia, el Consejo de Estado anuló la elección de estos senadores y ordenó la entrega de las credenciales a tres candidatos del Mira.

Por último, el tribunal exhortó a la organización electoral a adquirir “un software para escrutinios desde y para el Estado, de su propiedad”, que permitiera la trazabilidad de los escrutinios en todas sus etapas, con personal idóneo y el soporte técnico requerido.

Después de esa decisión se produjeron dos nuevos pronunciamientos: uno, que resolvió doce demandas por los resultados de las elecciones legislativas de 2018; y otro, que examinó una reclamación por el escrutinio de los votos para la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca.

En ambos casos se alegó un sabotaje contra los sistemas de escrutinios y un fraude en la identificación biométrica. El Consejo de Estado exhortó a la organización electoral a corregir el sistema informático y fijar unos horarios precisos para los escrutinios.

Hasta entonces, el Consejo Nacional Electoral (CNE) –que es la comisión escrutadora de elecciones nacionales– no contaba con los instrumentos tecnológicos para declarar los resultados de los procesos electorales y quedaba a merced de la información de la Registraduría y su contratista.

El contrato 015 de 2021 responde a esta deficiencia. Su objeto es dotar al CNE de una “solución informática” para consolidar el escrutinio para el Congreso y la fórmula presidencial. El monto de este contrato asciende a 27.000 millones de pesos.

Según el contrato se debe:

• elaborar el software de escrutinios a nivel nacional;
• hacer los trámites para su registro como propiedad de la organización electoral;
• disponer del personal especializado como soporte del CNE;
• disponer de una página web que incluya el software para la implementación del sistema de seguimiento al escrutinio nacional;
• permitir la descarga de los archivos mesa por mesa, con trazabilidad de los “log de auditoría”, es decir, el registro de la actividad de los usuarios;
• garantizar la descarga de las actas de los formularios E-14, E-24 y E-26, con trazabilidad en los “log de auditoría”.

Mediante un proceso de selección abreviada con proponente único, el contrato se adjudicó a la empresa española Indra Colombia S.A.S., y se firmó el 29 de diciembre de 2021. ¡Esto significa que el contratista tendrá apenas dos meses para elaborar el software, preparar e instalar los equipos y asegurar su buen desempeño para el 13 de marzo!

Puede leer: La Registraduría Nacional: ¿una mina de oro?

El contrato de auditoría del software

Finalmente está el contrato 088 de 2021, que responde a los reclamos de algunos candidatos en las elecciones de 2018. En ese momento, el candidato Gustavo Petro solicitó una auditoría externa al software de la Registraduría.

El contrato, adjudicado a JAHV McGregor S.A.S. debe facilitar una herramienta tecnológica, en manos de los partidos, para hacerle seguimiento y auditoría en tiempo real a los datos de los escrutinios que adelante el CNE. Su valor es de 10,480 millones de pesos.

Varios líderes de oposición celebraron la firma de este contrato, pues de operar adecuadamente, brindará más garantías a los partidos y candidatos.

Lo alarmante

Aunque los tres contratos son indispensables para garantizar el buen curso de las elecciones, quedan varias preocupaciones: por ejemplo, la opacidad de los procedimientos contractuales, la concentración de los procesos en un solo grupo económico y la delegación de las elecciones a particulares.

Hoy, la organización electoral cuenta con nuevas herramientas informáticas, pero la tecnología es insuficiente en ambientes altamente clientelizados, como el de la Registraduría. Tampoco es claro cómo se articulan estos instrumentos tecnológicos, y a través de cuáles instancias institucionales pueden armonizarse.

En particular, el contrato adjudicado a la Unión Temporal Disproel 2021 deja enormes dudas sobre la integridad de las elecciones que se avecinan.

Esta Unión Temporal ya estuvo a cargo de la elección de los consejos municipales de Juventud, un evento que estuvo plagado de controversias. La noche anterior a las elecciones, la Registraduría expidió la Resolución 15881 de 2021, que habilitó a los jóvenes entre 14 y 17 años para votar en el puesto de votación “más cercano a su lugar de residencia”, a pesar de que en todo proceso electoral el sufragante debe inscribirse en un determinado lugar para ejercer su derecho al voto.

La medida –orientada a contrarrestar la abstención– estropeó la planeación de la jornada y abrió las puertas para suplantar a los electores. La intervención atropellada del registrador y la falta de claridad sobre las medidas adoptadas en el último momento dejaron en entredicho la solidez de las herramientas contratadas para asegurar la transparencia de esas elecciones.

El segundo lunar que hace dudar de la idoneidad de la Unión Temporal Disproel 2021 fueron las fallas en la inscripción de cédulas para las consultas presidenciales y las elecciones legislativas. Mediante Resolución 2104 de 2021, el registrador “reglamentó el procedimiento para la inscripción de cédulas”. La resolución trajo una novedad: además de las sedes de la Registraduría y los puestos autorizados, se habilitó la inscripción mediante aplicativos remotos dispuestos por la esa entidad.

La autorización se produjo a pesar de que el artículo 78 del Código Electoral señala que la inscripción necesita “la presencia del ciudadano y la impresión de su huella del dedo índice derecho” y que, de no seguir este procedimiento, la inscripción queda sin efecto.

La plataforma para adelantar la inscripción remota es uno de los productos que la Unión Temporal debía entregar. Aunque existía una partida presupuestal de más de 76 mil millones de pesos, más el rubro destinado a la biometría, el sistema presentó fallas técnicas y produjo “una saturación” que impidió cargar la información de manera oportuna.

La Registraduría informó que se inscribieron 2.611.750 cédulas, de las cuales el 62 % se inscribió por canales virtuales. Además, la entidad señaló que la validación biométrica facial de quienes se inscribieron entre el 9 y el 13 de enero se realizará hasta el 29 de enero, previo el recibo de un correo electrónico con las instrucciones para hacer este trámite.

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Esta improvisación despierta muchas dudas: ¿se garantizó la inscripción de las cédulas de ciudadanos residentes en el exterior, que no tienen posibilidad de desplazarse a los consulados para adelantar el procedimiento? ¿De qué manera se auditará la validación del cotejo biométrico de las inscripciones por canales digitales? ¿Cuándo se consolidará el censo electoral para las elecciones de marzo, si la ley establece que esto debe ocurrir a más tardar dos meses antes de la fecha de las elecciones?

En un contexto como el actual, cuando existen tantas dudas sobre la integridad de las elecciones, es necesario que los ciudadanos no se limiten a votar, sino que se inscriban como testigos para garantizar el respeto a la voluntad popular.

*Expresidente de la Comisión Especial Legislativa y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral.