Análisis: Radiografía de la corrupción en Colombia

La corrupción y la memoria

Con cierta frecuencia decimos que en Colombia no tenemos memoria, pues parece que los problemas se repiten en lugar de resolverse. Los escándalos de corrupción reaparecen continuamente en los medios, aunque a veces con nombres distintos –y como si cada episodio fuera el primero–.

A partir de esta reflexión, en Transparencia por Colombia hemos investigado cómo recordar lecciones del pasado para enfrentar la corrupción de forma efectiva. Con este propósito, reconstruimos y analizamos 967 casos de corrupción reportados en más de 2.000 notas de prensa publicadas por 25 medios escritos, entre 2016 y 2020. Además, contrastamos estas notas con datos de la Fiscalía General de la Nación y otros órganos de control.

Los resultados de esta “radiografía de la corrupción” son muy preocupantes, pues muestran que la corrupción es un problema extendido en distintos sectores y territorios, y que sus consecuencias van más allá de las económicas.

¿Cuál es el tipo de corrupción más común?

El 44 % de los casos analizados corresponden a corrupción administrativa, es decir, aquella que afecta la ejecución de recursos públicos y la provisión de bienes y servicios por parte del Estado.

En esta categoría se incluye el desvío de recursos o políticas en función de intereses particulares, por ejemplo, la manipulación de las investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales. También se incluyen el desvío de recursos públicos o el uso de recursos de origen ilícito para financiar campañas políticas, y el pago de favores políticos mediante la asignación irregular de contratos y cargos públicos.

El 19 % de los casos corresponden a corrupción privada, una categoría que en reportes anteriores había llegado apenas al 9 %. En este tipo de corrupción, actores privados que ejecutan recursos públicos afectan el interés general de diferentes formas: mediante sobrecostos en contratos públicos, cobros dobles por obras ejecutadas, cobros sin la prestación del servicio, pagos por conceptos no autorizados, apropiación de dinero sin terminar las obras contratadas o la entrega de obras inconclusas.

Igualmente, se identifican casos de falsificación de documentos, en especial de títulos profesionales, permisos de construcción, garantías y titulaciones de tierra, así como prácticas de colusión entre agentes privados para repartirse contratos públicos.

Por último, el 10 % de los casos analizados corresponden a corrupción judicial: interferencias de jueces, fiscales o funcionarios judiciales para beneficiar ilegalmente a una persona o un grupo de personas. Dentro de esta categoría se incluyen, por ejemplo, otorgamiento de libertades, detenciones domiciliarias y rebajas de pena a cambio de grandes cantidades de dinero. También se identifican irregularidades en la asignación de audiencias y beneficios a personas privadas de la libertad, como traslados, fiestas y celulares dentro de los centros carcelarios.

Desde otra perspectiva, encontramos que el 62 % de los casos analizados afectaron al sector defensa; el 11 % al sector judicial y el 30 % a otros sectores –como educación, ciencia, vivienda, ordenamiento territorial, salud y transporte–.

Dentro de este tipo de corrupción se destacan casos de irregularidades en la contratación pública, la prestación de servicios de seguridad –como la venta de armas o de información– y otros trámites administrativos –como otorgamiento de permisos de construcción o licencias ambientales, expedición de cédulas y cobro de impuestos–.

El 27 % de los reportes estuvieron relacionados con corrupción política, es decir, casos en los que funcionarios públicos manipularon procedimientos, reglas y trámites institucionales a su favor, con el fin de mantener o aumentar su poder.

Le recomendamos: La corrupción de la justicia y de los organismos de control

Más allá de lo económico

La corrupción tiene graves consecuencias económicas. En efecto, en 367 de los 967 casos analizados fue posible determinar una cifra precisa del dinero que se había puesto en riesgo. En total, 92,77 billones de pesos se vieron comprometidos, 13,67 se perdieron y apenas 4,94 se recuperaron.

Sin embargo, las consecuencias de la corrupción van mucho más allá de lo económico. En 311 casos, la corrupción afectó a niños, niñas y adolescentes, estudiantes y población en condición de vulnerabilidad socioeconómica. En todos ellos, la corrupción acentuó las desigualdades y fue un obstáculo para que poblaciones vulnerables mejoraran la calidad de su vida.

Pero eso no es todo. En 561 de los casos analizados se identificaron 1.926 afectaciones a derechos humanos: el 39 % corresponde a derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos; el 31 % a derechos incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 30 % a derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El mapa de la corrupción

En esta investigación se identificaron casos de corrupción en todos los departamentos del país.

Sin embargo, hay ciertas regiones que tienen más casos reportados que otras. Aunque esto tiene varias explicaciones, es necesario distinguir entre los casos reportados y los que en realidad existen: las regiones en donde hay mejores condiciones para la libertad de prensa, expresión y denuncia son aquellas con más casos reportados. En cambio, los territorios con una libertad de prensa y de expresión más débiles tienen menos reportes, pero esto no significa que haya menos corrupción.

Aunque Bogotá, Atlántico, Antioquia, Santander y Valle del Cauca son los territorios con más casos reportados de corrupción, también son los lugares con mejores condiciones para la participación y la libertad de expresión. En Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga hay un entorno propicio para la denuncia y el reporte de este tipo de casos.

En cambio, los territorios con menos reportes son los más silenciados: en municipios sin medios locales de comunicación se reportó apenas el 15 % de los hechos de corrupción del país, mientras que en los 89 municipios que la Fundación para la Libertad de Prensa cataloga como lugares “con suficiente información local” se reportaron 595 casos.

¿Hacia dónde vamos?

A partir de estos y muchos otros datos que hacen parte de este ejercicio de memoria y análisis elaborado por Transparencia por Colombia se podrían establecer algunas rutas para enfrentar la corrupción en el país.

Sabemos que poner demasiado énfasis en reformas normativas es insuficiente, porque estas medidas suelen tener bajos niveles de ejecución. Por eso se necesitan políticas integrales y coherentes, que aborden la corrupción en los ámbitos más afectados: defensa, educación, salud y vivienda. Además, se requiere atacar seriamente la corrupción política –que distorsiona el acceso y el ejercicio del poder– y la corrupción judicial –que impide alcanzar sanciones justas y efectivas–.

A la luz de esta radiografía, es evidente que la corrupción en Colombia está soportada en redes de clientelismo y criminalidad. Por lo tanto, son urgentes las medidas ambiciosas dirigidas, por ejemplo, a combatir al lavado de activos, recuperar los recursos robados, reparar los daños causados y luchar contra la criminalidad electoral.

Por último, es necesario transformar la cultura de la trampa en la política, en los negocios y en la vida cotidiana. Esto exige un esfuerzo más allá de lo estatal e involucra a la ciudadanía, al sector privado y a la sociedad en su conjunto.

Puede leer: Es urgente frenar la corrupción

Ahora que hemos iniciado un nuevo proceso electoral, ojalá que no nos falle la memoria, que recordemos los daños que ha causado la corrupción y que elijamos a quienes demuestren capacidades y propuestas efectivas para llevar esta lucha a la realidad.

*Director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

La corrupción y la memoria

Con cierta frecuencia decimos que en Colombia no tenemos memoria, pues parece que los problemas se repiten en lugar de resolverse. Los escándalos de corrupción reaparecen continuamente en los medios, aunque a veces con nombres distintos –y como si cada episodio fuera el primero–.

A partir de esta reflexión, en Transparencia por Colombia hemos investigado cómo recordar lecciones del pasado para enfrentar la corrupción de forma efectiva. Con este propósito, reconstruimos y analizamos 967 casos de corrupción reportados en más de 2.000 notas de prensa publicadas por 25 medios escritos, entre 2016 y 2020. Además, contrastamos estas notas con datos de la Fiscalía General de la Nación y otros órganos de control.

Los resultados de esta “radiografía de la corrupción” son muy preocupantes, pues muestran que la corrupción es un problema extendido en distintos sectores y territorios, y que sus consecuencias van más allá de las económicas.

¿Cuál es el tipo de corrupción más común?

El 44 % de los casos analizados corresponden a corrupción administrativa, es decir, aquella que afecta la ejecución de recursos públicos y la provisión de bienes y servicios por parte del Estado.

En esta categoría se incluye el desvío de recursos o políticas en función de intereses particulares, por ejemplo, la manipulación de las investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales. También se incluyen el desvío de recursos públicos o el uso de recursos de origen ilícito para financiar campañas políticas, y el pago de favores políticos mediante la asignación irregular de contratos y cargos públicos.

El 19 % de los casos corresponden a corrupción privada, una categoría que en reportes anteriores había llegado apenas al 9 %. En este tipo de corrupción, actores privados que ejecutan recursos públicos afectan el interés general de diferentes formas: mediante sobrecostos en contratos públicos, cobros dobles por obras ejecutadas, cobros sin la prestación del servicio, pagos por conceptos no autorizados, apropiación de dinero sin terminar las obras contratadas o la entrega de obras inconclusas.

Igualmente, se identifican casos de falsificación de documentos, en especial de títulos profesionales, permisos de construcción, garantías y titulaciones de tierra, así como prácticas de colusión entre agentes privados para repartirse contratos públicos.

Por último, el 10 % de los casos analizados corresponden a corrupción judicial: interferencias de jueces, fiscales o funcionarios judiciales para beneficiar ilegalmente a una persona o un grupo de personas. Dentro de esta categoría se incluyen, por ejemplo, otorgamiento de libertades, detenciones domiciliarias y rebajas de pena a cambio de grandes cantidades de dinero. También se identifican irregularidades en la asignación de audiencias y beneficios a personas privadas de la libertad, como traslados, fiestas y celulares dentro de los centros carcelarios.

Desde otra perspectiva, encontramos que el 62 % de los casos analizados afectaron al sector defensa; el 11 % al sector judicial y el 30 % a otros sectores –como educación, ciencia, vivienda, ordenamiento territorial, salud y transporte–.

Dentro de este tipo de corrupción se destacan casos de irregularidades en la contratación pública, la prestación de servicios de seguridad –como la venta de armas o de información– y otros trámites administrativos –como otorgamiento de permisos de construcción o licencias ambientales, expedición de cédulas y cobro de impuestos–.

El 27 % de los reportes estuvieron relacionados con corrupción política, es decir, casos en los que funcionarios públicos manipularon procedimientos, reglas y trámites institucionales a su favor, con el fin de mantener o aumentar su poder.

Le recomendamos: La corrupción de la justicia y de los organismos de control

Más allá de lo económico

La corrupción tiene graves consecuencias económicas. En efecto, en 367 de los 967 casos analizados fue posible determinar una cifra precisa del dinero que se había puesto en riesgo. En total, 92,77 billones de pesos se vieron comprometidos, 13,67 se perdieron y apenas 4,94 se recuperaron.

Sin embargo, las consecuencias de la corrupción van mucho más allá de lo económico. En 311 casos, la corrupción afectó a niños, niñas y adolescentes, estudiantes y población en condición de vulnerabilidad socioeconómica. En todos ellos, la corrupción acentuó las desigualdades y fue un obstáculo para que poblaciones vulnerables mejoraran la calidad de su vida.

Pero eso no es todo. En 561 de los casos analizados se identificaron 1.926 afectaciones a derechos humanos: el 39 % corresponde a derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos; el 31 % a derechos incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 30 % a derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El mapa de la corrupción

En esta investigación se identificaron casos de corrupción en todos los departamentos del país.

Sin embargo, hay ciertas regiones que tienen más casos reportados que otras. Aunque esto tiene varias explicaciones, es necesario distinguir entre los casos reportados y los que en realidad existen: las regiones en donde hay mejores condiciones para la libertad de prensa, expresión y denuncia son aquellas con más casos reportados. En cambio, los territorios con una libertad de prensa y de expresión más débiles tienen menos reportes, pero esto no significa que haya menos corrupción.

Aunque Bogotá, Atlántico, Antioquia, Santander y Valle del Cauca son los territorios con más casos reportados de corrupción, también son los lugares con mejores condiciones para la participación y la libertad de expresión. En Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga hay un entorno propicio para la denuncia y el reporte de este tipo de casos.

En cambio, los territorios con menos reportes son los más silenciados: en municipios sin medios locales de comunicación se reportó apenas el 15 % de los hechos de corrupción del país, mientras que en los 89 municipios que la Fundación para la Libertad de Prensa cataloga como lugares “con suficiente información local” se reportaron 595 casos.

¿Hacia dónde vamos?

A partir de estos y muchos otros datos que hacen parte de este ejercicio de memoria y análisis elaborado por Transparencia por Colombia se podrían establecer algunas rutas para enfrentar la corrupción en el país.

Sabemos que poner demasiado énfasis en reformas normativas es insuficiente, porque estas medidas suelen tener bajos niveles de ejecución. Por eso se necesitan políticas integrales y coherentes, que aborden la corrupción en los ámbitos más afectados: defensa, educación, salud y vivienda. Además, se requiere atacar seriamente la corrupción política –que distorsiona el acceso y el ejercicio del poder– y la corrupción judicial –que impide alcanzar sanciones justas y efectivas–.

A la luz de esta radiografía, es evidente que la corrupción en Colombia está soportada en redes de clientelismo y criminalidad. Por lo tanto, son urgentes las medidas ambiciosas dirigidas, por ejemplo, a combatir al lavado de activos, recuperar los recursos robados, reparar los daños causados y luchar contra la criminalidad electoral.

Por último, es necesario transformar la cultura de la trampa en la política, en los negocios y en la vida cotidiana. Esto exige un esfuerzo más allá de lo estatal e involucra a la ciudadanía, al sector privado y a la sociedad en su conjunto.

Puede leer: Es urgente frenar la corrupción

Ahora que hemos iniciado un nuevo proceso electoral, ojalá que no nos falle la memoria, que recordemos los daños que ha causado la corrupción y que elijamos a quienes demuestren capacidades y propuestas efectivas para llevar esta lucha a la realidad.

*Director ejecutivo de Transparencia por Colombia.