Análisis: Santos y su verdad sobre falsos positivos, ¿dijo poco o dijo mucho?

Habla el Mindefensa de la época

El viernes pasado, el 11 de junio, el expresidente Juan Manuel Santos se presentó ante la Comisión de la Verdad (CEV) para leer su versión sobre los homicidios extrajudiciales (o mal llamados “falsos positivos”) que tuvieron lugar mientras él fue ministro de Defensa del gobierno Uribe entre 2006 y 2009.

Lea también: “Hoy deberían estar vivos”: Santos pidió perdón por los falsos positivos

Mientras él leía su intervención, el hashtag que más aparecía en el chat era #QuiénDiólaOrden intercalado con el de #6.402, cifra que unos días antes había sido establecida por la JEP como el número de personas asesinadas por agentes del Estado bajo la modalidad de los “falsos positivos”.

Al día siguiente, mientras las Madres de los Falsos Positivos reclamaban una reunión cara a cara con el exministro y expresidente Santos “donde nos vea a los ojos”, otras voces, más críticas, calificaban la intervención de decepcionante.

No obstante, mirada con atención, la admisión de responsabilidades por parte del exministro no es de poca monta.

¿Se necesitan órdenes explicitas?

Los colombianos tendemos a creer que se necesitan órdenes explícitas de los altos mandos para que ellos sean responsables de violaciones reiteradas de los derechos humanos y el DIH en el marco de un conflicto armado. Pero en la vida real esas violaciones suelen resultar de una combinación de condiciones construidas históricamente que siguen siendo repugnantes y oprobiosas y por las que las dirigencias deben responder, aunque no hayan sido el resultado de una orden verbal o un plan de acción consignado por escrito.

Todos sabemos que quienes integran una institución actúan siguiendo ciertas normas formales e informales, que constituyen lo que algunos llaman la cultura institucional. La dirigencia de cada institución se encarga de reproducir o corregir esa cultura con su propio ejemplo, y a través de políticas internas, diseños institucionales y discursos-marco orientadores de su accionar.

Por ejemplo, la violación o el abuso reiterado de mujeres, adolescentes o menores de edad en distintas instituciones, rara vez responde a una orden, pero el clima cotidiano de chistes, eufemismos y conductas de quienes ocupan cargos de autoridad, envía a sus integrantes un mensaje de desprecio de los cuerpos femeninos y de niños y niñas. Esos cuerpos, despojados de los atributos de la dignidad humana a través del lenguaje y las conductas cotidianas, se transforma en un lienzo sobre el cual los hombres, sin remordimiento, se sienten autorizados a inscribir su dominio. Esta autorización se ve además reforzada por la ausencia de castigos morales o penales que llevan a la impunidad, uno de los engranajes más potentes para que los crímenes persistan.

En el caso de los falsos positivos, ¿qué implica tener en cuenta la cultura institucional de la Fuerza Pública? ¿Qué nos confirma, qué nos niega y qué nos esclarece la intervención del expresidente?

Puede leer: Las cuentas sobre los falsos positivos: la tarea pendiente

El conteo de cadáveres

La opinión colombiana sabía que los falsos positivos resultaron de una medida adoptada por el Ministerio de Defensa que consistía en otorgar recompensas al personal militar por “captura o abatimiento en combate de los cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley”. Esta medida fue aprobada en 2005 y firmada por el entonces ministro Camilo Ospina en el marco de la política de “Seguridad Democrática” cuyo propósito, en palabras del propio Santos, era “acabar militarmente a las Farc” y obtener “una derrota total”.

Allí ya tenemos dos condiciones históricas propicias para los falsos positivos: el decreto y un discurso-marco que quiere la obliteración del enemigo. Estas dos condiciones conjugadas propiciaron las conductas conocidas como “falsos positivos”. Esto no quiere decir que el expresidente Uribe y su ministro Camilo Ospina dieran la orden de asesinar a muchachos inocentes que vivían en condiciones de enorme vulnerabilidad –cuerpos juzgados por una mirada clasista y racista sin valor— pero sí los señala de responsables de construir un escenario donde altos mandos y reclutas rasos recibieron incentivos para producir resultados, así estos resultados se midieran en “litros de sangre”.

Lea también: “Debo ir a contar mi verdad sobre los falsos positivos”: Juan Manuel Santos

Tanto Uribe como Ospina deben responder por el diseño de esa política y por sus resultados — por lo demás, previsibles para una persona con la educación y experiencia administrativa del señor expresidente y el señor exministro —. Y esto es así sobre todo porque la órbita de acción de esos dos funcionarios era justamente ésa: el diseño y puesta en movimiento de políticas institucionales relacionadas con el manejo de la Fuerza Pública.

En segundo lugar, aprendimos que una de las personas que le quitó a Santos “la venda negacionista” que el reconoce haber portado fue el general Álvaro Valencia Tovar; el general le advirtió que “la doctrina Vietnam, la del conteo de cadáveres”, había llevado a la degradación de las operaciones adelantadas por el ejército norteamericano —lo que a su vez desembocó en el repudio de la población y la derrota eventual de los Estados Unidos —.

Esta crítica del conteo de muertos en Vietnam se recoge de manera magistral en el documental de Ken Burns y Lynn Novack, “La guerra de Vietnam”. En su capítulo cuarto, un periodista, con un tinte de ironía, afirma que “si no puedes contar lo que es importante, haces importante lo que puedes contar», y continúa: “los números no te dan detalles y por eso los números encubren mentiras. Si los números se convierten en marcadores de éxito, estás presionando a hombres honorables para que se conviertan en mentirosos”. Y un poco más adelante un oficial veterano de la guerra de Vietnam declara que el recuento de cadáveres produjo «la tendencia a contar a todo el mundo como un enemigo, a apilar cadáveres y, tal vez, a utilizar un poder de fuego menos discriminatorio [entre población civil y combatientes] para lograr los resultados que se le ha encomendado». Es decir: propició la degradación de una guerra que costó muchas vidas, le valió la derrota a Estados Unidos, y la protesta airada de toda una generación en su propio suelo.

Le recomendamos: Los falsos positivos son una vergüenza para Colombia

Las preguntas

Caben varias preguntas que no son menores frente al conteo de cadáveres y las recompensas asociadas con él que fueron adoptadas en Colombia:

-¿Cómo y por qué los altos funcionarios del gobierno adoptaron esas decisiones?

-¿Quiénes las discutieron?

-¿Quiénes las aprobaron?

-¿Cuál fue la veeduría institucional que se ejerció sobre la adopción y desarrollo de estas políticas?

-¿Cómo es posible que —a sabiendas de la degradación que provocó esa métrica y el fracaso del ejército más poderoso del mundo— se la hubiera “importado” a Colombia?

-¿Cuáles fueron los argumentos para adoptarla? ¿Cómo se pudo creer que ella ayudaba al objetivo de ganar la guerra?

Si las contribuciones a la verdad quieren servir para la no repetición, el esfuerzo de esclarecimiento debería responder a estas preguntas además de identificar a los responsables. La opinión necesita conocer los diseños institucionales, los procesos de toma de decisiones y de rendición de cuentas, y los actores que dieron origen a adoptar semejantes esperpentos.

No ignorar las denuncias

El expresidente Santos dijo abiertamente que a él le costó aceptar que una práctica tan degradada estuviera ocurriendo en las filas del Ejército. Como él mismo reconoce, en un comienzo leyó las acusaciones como una estrategia de los enemigos del Estado para desacreditar a la Fuerza Pública.

Aquí el expresidente está poniendo el dedo en la llaga de un problema de las instituciones colombianas: el descrédito de voces que alertan sobre problemas mayúsculos. En ocasiones esas voces se encuentran dentro del propio Estado: en la Defensoría del Pueblo y sus alertas tempranas; o en jueces y fiscales valientes que llegan a dar la vida por hacer bien su tarea; o en oficiales o suboficiales de la Fuerza Pública como el General Valencia Tovar, el General Suárez o el cabo primero Raúl Antonio Carvajal Londoño. En otras ocasiones, provienen de los familiares de las propias víctimas o las víctimas sobrevivientes y sus organizaciones aliadas, y de una academia y un periodismo investigativo interesados en robustecer los pilares y las conductas democráticas y denunciar las conductas que las debilitan.

En todos estos casos, una mentalidad paranoica producto del mundo ya desaparecido de la Guerra Fría desoye esas alarmas y acaba por tildar de ingenuas, de manipuladas o más directamente, de enemigas, a las personas u organizaciones que las emiten.

Por eso importa esclarecer los escenarios donde esa mentalidad se inculca, los recursos que utiliza, los aliados que concita y los mecanismos que la activan.

No son manzanas podridas

Por último, el exministro Santos dijo con toda claridad que un patrón tan vergonzoso como el de los falsos positivos no puede ser visto como producto de unas manzanas podridas.

Los “kit de legalizaciones” a los que él se refirió y a los que también han aludido oficiales militares ante la JEP, indican que detrás de estos asesinatos había un entramado de complicidades que exige el reconocimiento del Ejército de responsabilidades institucionales y su consecuente petición de perdón.

Con esta toma de postura, Santos se separa de la versión oficial del Ejército según la cual los “falsos positivos” fueron responsabilidad de unas pocas “manzanas podridas”.

Desafortunadamente, quienes ocupan en este momento los altos cargos del Ejército se arropan en una obstinada y reiterada negación de su responsabilidad corporativa que, en lugar de recomponer su legitimidad, profundiza la creciente desconfianza que los colombianos expresan frente a la institución.

*Profesora de cátedra Universidad de los Andes.

Habla el Mindefensa de la época

El viernes pasado, el 11 de junio, el expresidente Juan Manuel Santos se presentó ante la Comisión de la Verdad (CEV) para leer su versión sobre los homicidios extrajudiciales (o mal llamados “falsos positivos”) que tuvieron lugar mientras él fue ministro de Defensa del gobierno Uribe entre 2006 y 2009.

Lea también: “Hoy deberían estar vivos”: Santos pidió perdón por los falsos positivos

Mientras él leía su intervención, el hashtag que más aparecía en el chat era #QuiénDiólaOrden intercalado con el de #6.402, cifra que unos días antes había sido establecida por la JEP como el número de personas asesinadas por agentes del Estado bajo la modalidad de los “falsos positivos”.

Al día siguiente, mientras las Madres de los Falsos Positivos reclamaban una reunión cara a cara con el exministro y expresidente Santos “donde nos vea a los ojos”, otras voces, más críticas, calificaban la intervención de decepcionante.

No obstante, mirada con atención, la admisión de responsabilidades por parte del exministro no es de poca monta.

¿Se necesitan órdenes explicitas?

Los colombianos tendemos a creer que se necesitan órdenes explícitas de los altos mandos para que ellos sean responsables de violaciones reiteradas de los derechos humanos y el DIH en el marco de un conflicto armado. Pero en la vida real esas violaciones suelen resultar de una combinación de condiciones construidas históricamente que siguen siendo repugnantes y oprobiosas y por las que las dirigencias deben responder, aunque no hayan sido el resultado de una orden verbal o un plan de acción consignado por escrito.

Todos sabemos que quienes integran una institución actúan siguiendo ciertas normas formales e informales, que constituyen lo que algunos llaman la cultura institucional. La dirigencia de cada institución se encarga de reproducir o corregir esa cultura con su propio ejemplo, y a través de políticas internas, diseños institucionales y discursos-marco orientadores de su accionar.

Por ejemplo, la violación o el abuso reiterado de mujeres, adolescentes o menores de edad en distintas instituciones, rara vez responde a una orden, pero el clima cotidiano de chistes, eufemismos y conductas de quienes ocupan cargos de autoridad, envía a sus integrantes un mensaje de desprecio de los cuerpos femeninos y de niños y niñas. Esos cuerpos, despojados de los atributos de la dignidad humana a través del lenguaje y las conductas cotidianas, se transforma en un lienzo sobre el cual los hombres, sin remordimiento, se sienten autorizados a inscribir su dominio. Esta autorización se ve además reforzada por la ausencia de castigos morales o penales que llevan a la impunidad, uno de los engranajes más potentes para que los crímenes persistan.

En el caso de los falsos positivos, ¿qué implica tener en cuenta la cultura institucional de la Fuerza Pública? ¿Qué nos confirma, qué nos niega y qué nos esclarece la intervención del expresidente?

Puede leer: Las cuentas sobre los falsos positivos: la tarea pendiente

El conteo de cadáveres

La opinión colombiana sabía que los falsos positivos resultaron de una medida adoptada por el Ministerio de Defensa que consistía en otorgar recompensas al personal militar por “captura o abatimiento en combate de los cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley”. Esta medida fue aprobada en 2005 y firmada por el entonces ministro Camilo Ospina en el marco de la política de “Seguridad Democrática” cuyo propósito, en palabras del propio Santos, era “acabar militarmente a las Farc” y obtener “una derrota total”.

Allí ya tenemos dos condiciones históricas propicias para los falsos positivos: el decreto y un discurso-marco que quiere la obliteración del enemigo. Estas dos condiciones conjugadas propiciaron las conductas conocidas como “falsos positivos”. Esto no quiere decir que el expresidente Uribe y su ministro Camilo Ospina dieran la orden de asesinar a muchachos inocentes que vivían en condiciones de enorme vulnerabilidad –cuerpos juzgados por una mirada clasista y racista sin valor— pero sí los señala de responsables de construir un escenario donde altos mandos y reclutas rasos recibieron incentivos para producir resultados, así estos resultados se midieran en “litros de sangre”.

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Tanto Uribe como Ospina deben responder por el diseño de esa política y por sus resultados — por lo demás, previsibles para una persona con la educación y experiencia administrativa del señor expresidente y el señor exministro —. Y esto es así sobre todo porque la órbita de acción de esos dos funcionarios era justamente ésa: el diseño y puesta en movimiento de políticas institucionales relacionadas con el manejo de la Fuerza Pública.

En segundo lugar, aprendimos que una de las personas que le quitó a Santos “la venda negacionista” que el reconoce haber portado fue el general Álvaro Valencia Tovar; el general le advirtió que “la doctrina Vietnam, la del conteo de cadáveres”, había llevado a la degradación de las operaciones adelantadas por el ejército norteamericano —lo que a su vez desembocó en el repudio de la población y la derrota eventual de los Estados Unidos —.

Esta crítica del conteo de muertos en Vietnam se recoge de manera magistral en el documental de Ken Burns y Lynn Novack, “La guerra de Vietnam”. En su capítulo cuarto, un periodista, con un tinte de ironía, afirma que “si no puedes contar lo que es importante, haces importante lo que puedes contar», y continúa: “los números no te dan detalles y por eso los números encubren mentiras. Si los números se convierten en marcadores de éxito, estás presionando a hombres honorables para que se conviertan en mentirosos”. Y un poco más adelante un oficial veterano de la guerra de Vietnam declara que el recuento de cadáveres produjo «la tendencia a contar a todo el mundo como un enemigo, a apilar cadáveres y, tal vez, a utilizar un poder de fuego menos discriminatorio [entre población civil y combatientes] para lograr los resultados que se le ha encomendado». Es decir: propició la degradación de una guerra que costó muchas vidas, le valió la derrota a Estados Unidos, y la protesta airada de toda una generación en su propio suelo.

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Las preguntas

Caben varias preguntas que no son menores frente al conteo de cadáveres y las recompensas asociadas con él que fueron adoptadas en Colombia:

-¿Cómo y por qué los altos funcionarios del gobierno adoptaron esas decisiones?

-¿Quiénes las discutieron?

-¿Quiénes las aprobaron?

-¿Cuál fue la veeduría institucional que se ejerció sobre la adopción y desarrollo de estas políticas?

-¿Cómo es posible que —a sabiendas de la degradación que provocó esa métrica y el fracaso del ejército más poderoso del mundo— se la hubiera “importado” a Colombia?

-¿Cuáles fueron los argumentos para adoptarla? ¿Cómo se pudo creer que ella ayudaba al objetivo de ganar la guerra?

Si las contribuciones a la verdad quieren servir para la no repetición, el esfuerzo de esclarecimiento debería responder a estas preguntas además de identificar a los responsables. La opinión necesita conocer los diseños institucionales, los procesos de toma de decisiones y de rendición de cuentas, y los actores que dieron origen a adoptar semejantes esperpentos.

No ignorar las denuncias

El expresidente Santos dijo abiertamente que a él le costó aceptar que una práctica tan degradada estuviera ocurriendo en las filas del Ejército. Como él mismo reconoce, en un comienzo leyó las acusaciones como una estrategia de los enemigos del Estado para desacreditar a la Fuerza Pública.

Aquí el expresidente está poniendo el dedo en la llaga de un problema de las instituciones colombianas: el descrédito de voces que alertan sobre problemas mayúsculos. En ocasiones esas voces se encuentran dentro del propio Estado: en la Defensoría del Pueblo y sus alertas tempranas; o en jueces y fiscales valientes que llegan a dar la vida por hacer bien su tarea; o en oficiales o suboficiales de la Fuerza Pública como el General Valencia Tovar, el General Suárez o el cabo primero Raúl Antonio Carvajal Londoño. En otras ocasiones, provienen de los familiares de las propias víctimas o las víctimas sobrevivientes y sus organizaciones aliadas, y de una academia y un periodismo investigativo interesados en robustecer los pilares y las conductas democráticas y denunciar las conductas que las debilitan.

En todos estos casos, una mentalidad paranoica producto del mundo ya desaparecido de la Guerra Fría desoye esas alarmas y acaba por tildar de ingenuas, de manipuladas o más directamente, de enemigas, a las personas u organizaciones que las emiten.

Por eso importa esclarecer los escenarios donde esa mentalidad se inculca, los recursos que utiliza, los aliados que concita y los mecanismos que la activan.

No son manzanas podridas

Por último, el exministro Santos dijo con toda claridad que un patrón tan vergonzoso como el de los falsos positivos no puede ser visto como producto de unas manzanas podridas.

Los “kit de legalizaciones” a los que él se refirió y a los que también han aludido oficiales militares ante la JEP, indican que detrás de estos asesinatos había un entramado de complicidades que exige el reconocimiento del Ejército de responsabilidades institucionales y su consecuente petición de perdón.

Con esta toma de postura, Santos se separa de la versión oficial del Ejército según la cual los “falsos positivos” fueron responsabilidad de unas pocas “manzanas podridas”.

Desafortunadamente, quienes ocupan en este momento los altos cargos del Ejército se arropan en una obstinada y reiterada negación de su responsabilidad corporativa que, en lugar de recomponer su legitimidad, profundiza la creciente desconfianza que los colombianos expresan frente a la institución.

*Profesora de cátedra Universidad de los Andes.