Surgió fractura entre el Gobierno y el poder regional por manejo de la paz total

La relación entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el poder regional no es la mejor, y aunque hay varios puntos de entendimiento y ciertos proyectos de nación conjuntos, existe una fractura fuerte en torno a cómo se está aplicando la denominada paz total y la violencia que se está generando como consecuencia de algunos ceses al fuego con estructuras criminales.

La relación entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el poder regional no es la mejor, y aunque hay varios puntos de entendimiento y ciertos proyectos de nación conjuntos, existe una fractura fuerte en torno a cómo se está aplicando la denominada paz total y la violencia que se está generando como consecuencia de algunos ceses al fuego con estructuras criminales.

Los voceros de al menos cinco gobernaciones le han hecho saber a la Casa de Nariño que la interlocución para expresar sus preocupaciones no es óptima y que el accionar de la Fuerza Pública en ciertas zonas está supeditado a esos acuerdos de no agresión, lo que dificulta tomar medidas de fondo cuando hay enfrentamientos entre las mismas organizaciones ilegales que se disputan a sangre y fuego el mercado ilícito y el control territorial en sus regiones de influencia.

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Una de ellas es la de Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, quien aseguró que las disidencias de alias Iván Mordisco comenzaron a entrar en su departamento tras la ofensiva que el Gobierno ordenó sobre sus estructuras en el Cauca, Valle y Nariño. Además, alertó que la otra fracción ilegal de esa banda, la que comanda alias Calarcá y con la que se prorrogó este martes el cese al fuego, le ha permitido el ingreso a su departamento.

De hecho, fue más allá y advirtió que tiene información en cuanto a que reductos del Clan del Golfo están intentando penetrar las zonas urbanas del Meta, en especial en Villavicencio (la capital), lo que hace que el ajedrez de ilegales con alto poder terrorista y extorsivo aumente de fichas. Y todo esto sin contar que –según la funcionaria– en su departamento también están presentes las disidencias de alias Iván Márquez, autobautizada Segunda Marquetalia, y la que se conoce como Comandos de la Frontera; entre todas estas estructuras hay disputas.

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“Lo que se dejó ver es que el Gobierno Nacional no tiene claridad, no tiene un modelo ni un cronograma de actividades de cómo quiere hacer la paz. Así que nos preocupa muchísimo, porque llevan más de año y medio en negociaciones y veo que esto no avanza. (…) La paz total es un fracaso en este Gobierno”, le dijo Cortés a El Espectador en una entrevista reciente.

Pero el tema no para ahí. Otra de las regiones que le dijo al Gobierno del presidente Petro que es necesario que replantee su estrategia de negociación con la criminalidad es Antioquia, departamento en donde hasta el fantasma de las minas antipersona volvió a rondar y en el cual hay un componente urbano de esas mesas de conversación.

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El gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, se negó hace unas semanas a asistir a una reunión entre fracciones disidentes que están en Antioquia y delegados del Ejecutivo, entre ellos el comisionado de Paz, Otty Patiño, asegurando que la violencia desbordada no se puede combatir con “permisividad”.

Incluso, justo cuando voceros del Clan del Golfo han expresado su interés de volver a negociar con la administración Petro, se perpetró el asesinato de seis miembros del Ejército en una vereda de Valdivia, Antioquia, cuando militantes de esa organización narcotraficante atacaron a un pelotón hasta llevarlo a un campo minado. Eso sucedió el pasado 4 de julio.

“En el Gobierno de Antioquia, que tengo el honor de presidir, la paz se entiende como el imperio de la ley, la justicia y las oportunidades. Y si se quiere, la paz con muestras de buena voluntad”, dijo hace poco Rendón. Y en otra intervención, en la que denunció una alianza criminal en su región entre narcoguerrillas, advirtió: “Fin del cese al fuego ya; la macabra alianza entre el ELN y las disidencias de las FARC tiene a Antioquia y al país de luto”.

En esta misma postura, sin matices, está el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, quien además pidió revaluar la mesa urbana con las bandas de la capital antioqueña que aún no rinde frutos.

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“Díganme quién gana con el cese al fuego. Ganan las estructuras criminales. ¿Quién pierde? Nuestros soldados y policías. Pierde la población civil, porque estas estructuras se siguen tomando al país. Hay que fortalecer a nuestra Fuerza Pública, porque si no hay es una entrega total a las estructuras criminales. No hay paz total, sino una entrega total de los territorios a las peores estructuras criminales”, precisó Gutiérrez quien, junto a Rendón, es un duro crítico de la administración del presidente Petro.

Otra de las regiones que también ha levantado la mano pidiendo que analicen medidas más eficaces para que la apuesta por una salida negociada a la guerra no derive en violencia, como está pasando en varias partes del país, es el Valle del Cauca.

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En efecto, su gobernadora, Dilian Francisca Toro, ha venido manteniendo diálogos con ciertos sectores del Ejecutivo para analizar la crisis que se está desatando en su departamento por el accionar de organizaciones ilegales como las disidencias de “Iván Mordisco” o la que se conoce como La Inmaculada. Estas estructuras, incluso, han desatado alertas que se están analizando en torno a la seguridad de la COP16 que se realizará en octubre próximo en Cali.

Lo que dijeron fuentes de inteligencia de la región es que la cumbre aún no tiene un riesgo que derive en su posible suspensión y que para evitar un escenario de esa naturaleza es que se están tomando medidas, pero sí admitieron –lo que concuerda con voces autorizadas del alto Gobierno– que se podrían presentar situaciones de no asistencia por razones de seguridad.

Pero, por lo mismo, es que los gobiernos Nacional y del Valle trabajan en cómo poder sostener la seguridad para ese evento y en general para una región que siente golpeada su situación de orden público.

“Seguimos en el proceso de que haya control territorial por la institucionalidad, en este caso del Ejército y de la Policía, y por supuesto con inversión social. Pero, además, ya estamos comprando drones, que demoran entre 40 y 60 días para llegar, pero los vamos a comprar por emergencias y la idea es que ya estén para la COP”, le dijo la gobernadora Toro recientemente a este diario.

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Llamados similares también han hecho los gobernadores del Chocó, Nubia Carolina Córdoba; de Boyacá, Carlos Amaya; y, entre otros, de Sucre, Lucy García Montes. Además, han coincidido en que la nueva consejera de las Regiones, Luz María Múnera –quien reemplazó en el cargo a Sandra Ortiz tras terminar salpicada en el escándalo de corrupción de la UNGRD–, no ha tenido un diálogo directo con las gobernaciones y que eso dificulta que haya interlocución y articulación.

Incluso, a través de la Federación Nacional de Departamentos, se hizo un llamado conjunto de los gobernadores para que la Casa de Nariño acabe con los ceses al fuego hasta tanto no existan muestras reales de que las organizaciones ilegales quieren dejar las armas y sus actividades ilícitas.

“Hasta ahora la suspensión de operaciones militares ha permitido el fortalecimiento de dichas organizaciones ilegales, la instrumentalización de las comunidades y la ocupación de nuevos espacios para el aumento de economías ilícitas”, dijeron los gobernadores a través de un reciente comunicado que divulgó la Federación.

En todo caso, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ya se reunió con los gobernadores intentando darles tranquilidad sobre los procesos de seguridad y políticos que se vienen realizando desde el Gobierno, aunque aún faltan las citas con las delegaciones de paz que han venido solicitando desde el poder regional.

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El presidente Petro y su gabinete, por ahora, analizan todo el panorama y cómo tender puentes con un poder regional que es clave para lograr cumplir los objetivos de su plan de gobierno y darle celeridad a sus principales apuestas, como dijo que sería su objetivo en este segundo tiempo de su mandato.

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