“Apoyamos la paz total, pero el balance es muy pobre”: líder indígena Gerardo Jumí

Conocí a Gerardo Jumí Tapias a finales de los años 90 en Medellín, siendo presidente de la Organización Indígena de Antioquia, y me interesó su historia porque era un emberá eyabida nómada al que las monjas de la Madre Laura habían sacado del resguardo Jaidukama de Ituango, en el nordeste de ese departamento, para que no se quedara analfabeto y estudiara en Medellín. Terminó graduándose en Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y Administración Pública. Por eso el movimiento indígena lo eligió diputado a la Asamblea Departamental y luego senador de la República para el periodo 2002-2006. En ese lapso le hice varios reportajes y ahora lo reencuentro como consejero y secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) para charlar de su vida y de la violencia que por estos días tiene sitiadas a comunidades indígenas en Chocó, Cauca y la Sierra Nevada de Santa Marta, por nombrar los puntos más neurálgicos donde guerrillas, disidencias o mafias quieren asesinarlos o desterrarlos. (Vea la entrevista de Nelson Fredy Padilla al profesor Eduardo Sáenz Rovner sobre la historia del narcotráfico en Colombia).

Cuéntele a nuestros lectores un poco de sus raíces.

Qué gusto volver a hablar con usted. Provengo de una cultura embera nómada, aunque los últimos 300 años en su mayoría ha tenido que volverse sedentaria. Pero yo crecí en una familia que aún continuaba como nómada, cruzando ríos y montañas, viviendo de la caza y los frutos de los árboles. A los 16 años de edad me rebelé porque había llegado al nordeste antioqueño una misión de monjas de la Madre Laura, a quienes les agradezco y les mandó saludos por haberme sacado a estudiar.

¿Por qué su nombre original es Jaizareama?

Fueron los sabios del resguardo quienes lo escogieron. Quiere decir espíritu que ya es fuerte del todo.

Y muy fuerte porque ha liderado la defensa de las culturas indígenas desde muchos cargos, incluido presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y en mayo pasado fue elegido representante de Colombia ante el Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina (FILAC). ¿Por qué lo han elegido para tantas responsabilidades?

Seguramente es porque hemos hecho un buen trabajo y hemos tenido la confianza de nuestra gente. Nosotros nos debemos es a nuestras comunidades y a nuestras autoridades. Cuando hemos hecho bien una parte, nos van dando más responsabilidades. Ya me falta un año para terminar esta, uno se va cansando y hay otra generación que tiene las mismas o más capacidades y ellos asumirán. Yo me quiero dedicar a la actividad académica, al estudio, que siempre me ha gustado.

Aparte de las responsabilidades, deben agotar los riesgos de seguridad que enfrenta como dirigente.

Sí. Por ejemplo, en Antioquia me costó casi la muerte. Los paramilitares nos persiguieron porque íbamos a hacer un documental y dijeron que la información que tenían era que íbamos para una cumbre con la guerrilla. Después, la guerrilla de las Farc nos mandó a llamar y como teníamos como principio hacer diálogos humanitarios con todos los actores armados, fuimos acompañados del Comité Internacional de la Cruz Roja. No nos recibieron, nos devolvimos y cuando la Cruz Roja nos dejó solos nos cogieron y casi nos fusilan. Hemos vivido situaciones muy difíciles y ahora al frente, junto con otros consejeros, del Consejo Mayor de Gobierno de la Organización Indígena de Colombia, una de las organizaciones históricas con mayor presencia territorial y poblacional, no deja de ser difícil. Seguimos teniendo los mismos riesgos cuando vamos a territorios y comunidades indígenas en que nos pueden secuestrar, amenazar o asesinar.

Antes de profundizar en la violencia, cuente qué papel está cumpliendo por Colombia para los pueblos latinoamericanos en el FILAC.

Fui elegido por el Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de Colombia y luego certificado por el Ministerio del Interior y Cancillería de Colombia. El objetivo es incorporar a la vida pública institucional a los indígenas en cada uno de los 23 países que componen el FILAC desde 1992, entidad creada con ocasión de la conmemoración de la llegada de los europeos a América. Mi trabajo es promover el desarrollo propio con la identidad de los pueblos indígenas, a fin de que los Estados lo incorporen y reconozcan.

Me mostró varios documentos que elaboró la ONIC a propósito del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, que se celebra en agosto, y me impresionó esta cifra: 180.635 víctimas de los pueblos originarios por temas de violencia desde 2016 hasta hoy. ¿Cómo la establecieron?

En la ONIC tenemos el Observatorio de Derechos Humanos, donde trabajan abogados, antropólogos, sociólogos y psicólogos que recaudan información de las denuncias que presentan las autoridades indígenas y las víctimas y luego se la enviamos a los organismos de derechos humanos y a las entidades gubernamentales. Y esa cifra es solamente del 2016 al 2024. Ya en 2018 habíamos entregado un expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre alrededor de 3.000 personas indígenas asesinadas desde 52 años atrás a causa de violencia guerrillera, paramilitar y estatal.

¿Qué ha hecho la JEP a partir de ese expediente?

A partir de esa documentación ha podido ir identificando casos para la búsqueda de personas desaparecidas y definir los macrocasos donde los pueblos indígenas son víctimas en distintas regiones para judicializar a ciertos actores. Ha servido para mucho.

A propósito del incremento de la violencia contra los pueblos indígenas, la ONIC le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para los pueblos y los dirigentes indígenas a través del Gobierno colombiano. ¿En qué va ese proceso?

Ellos ya hicieron una visita. En marzo pasado estuvieron en varias regiones, recibieron informes de universidades, de ONGs defensoras de derechos humanos y de nuestra organización nacional. Ahora tienen que producir un informe de recomendaciones al gobierno colombiano para que lo pueda implementar. También en marzo nos visitó de las Naciones Unidas el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, y presentó una denuncia de enorme preocupación, ahora esperamos su informe final de recomendaciones al presidente de la República, para una mejor protección de los derechos colectivos e individuales.

¿Cuál es su balance como Organización Nacional Indígena luego de dos años de gobierno de Gustavo Petro?

Nosotros somos siempre muy optimistas y apoyamos la paz total, pero el balance es muy pobre. Mientras hay acuerdos y cese al fuego, parece que es como entre combatientes, del Estado y las guerrillas. Eso no ha significado mayor protección a la población civil, a los pueblos indígenas. Pero necesitamos que esas negociaciones de paz con todos los grupos delincuenciales se consoliden, porque si con el cese al fuego hay víctimas indígenas es peor si no lo hay.

Esta semana aquí en “El Espectador” hemos informado de la violencia que están viviendo los indígenas entre el Chocó y el Valle, a través del río San Juan por el paro armado de la guerrilla del Eln, y por cuenta de disidencias en el Cauca y mafias en la Sierra Nevada de Santa Marta, siempre confinados, desplazados o victimizados en medio de combates. ¿Le parece triste no ver cercana una solución de fondo?

Pues dan ganas de llorar, pero hay que perseverar. La gente no se merece esa suerte. Por eso no nos cansamos de denunciar y pedir la paz abierta, porque la gente la necesita. Llamo a los que están en oficinas, a los que han perdido la empatía, a los que contabilizan un muerto más sin sensibilidad, a que no pierdan la humanidad y les duela esto como a nosotros (lo dice entre lágrimas).

Desde que lo conozco, siempre carga ese portafolio lleno de denuncias por violaciones de derechos humanos.

Es nuestro deber. Y por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas estamos haciendo este nuevo análisis y publicando los datos actualizados y la tendencia es que aumentan los casos. Uno esperaría que con la paz total, que con las negociaciones de paz, mejorara la situación pero hasta ahora no.

¿El capítulo étnico de los acuerdos de paz que se firmaron con la guerrilla de las Farc se ha cumplido?

Es un ejemplo de los documentos de que nos valemos para pedir que se cumpla lo pactado en ese acuerdo de paz para protección de los pueblos indígenas, así el gobierno anterior lo haya vuelto trizas. Este gobierno no lo está pudiendo implementar adecuadamente, pero son acuerdos vinculantes que implican exigibilidad de nuestra parte.

Me mostraba también que sigue recibiendo denuncias de reclutamiento forzoso de indígenas. ¿Tampoco ha mejorado ese fenómeno?

Las medidas en ese sentido no han servido, al contrario, nosotros estamos denunciando que la guerrilla del ELN, en medio de las negociaciones de paz, ya lleva al menos 43.000 hechos victimizantes contra indígenas entre reclutamientos, confinamientos, amenazas y asesinatos. Cifras de nuestro observatorio supremamente lamentables y dolorosas.

Esta situación ha agravado el estrés dentro de las comunidades, aumentando también los casos de suicidio entre jóvenes. ¿Cierto?

Los casos de reclutamiento, confinamiento, desplazamiento y suicidio son los elementos más graves que están viviendo los pueblos indígenas. Por cuenta de que hay tanta presión, la gente no puede convivir, no puede salir a cazar o a pescar tranquilamente, a cultivar. Inclusive mientras están cultivando los han asesinado. Los jóvenes no tienen oportunidades, la única oportunidad es que sean voluntaria o forzosamente reclutados para engrosar esas filas de los grupos armados. Entonces, hay quienes no quieren someterse a ninguno de esos vejámenes y se suicidan.

¿Lo que usted hacía cuando era un adolescente nómada en el nordeste antioqueño, salir por horas o días en busca de frutos o animales, ya no se puede hacer?

No. La vida de nuestra gente ya es diferente. Recibimos reportes permanentes de que caen en minas antipersonales y nosotros le preguntamos hoy al gobierno colombiano qué se está haciendo de desminado humanitario en zonas indígenas. Lo mismo le preguntamos a los grupos armados ilegales: qué sentido le encuentran afectar así a la población civil.

Y eso que estamos hablando de un país que consagró la Constitución de 1991 la obligación de proteger y respetar a las culturas indígenas y donde está vigente una ley contra la discriminación.

Pues yo hablo permanentemente con los constituyentes indígenas que aún están vivos y están muy, muy desanimados porque Colombia es uno de los países que tiene mayores avances normativos, pero no es consecuente con los avances del goce efectivo de los derechos, sino sigue sumida en la violencia extrema y la pobreza extrema sigue en aumento. Tenemos que seguir haciendo muchos esfuerzos como sociedad civil, como movimiento indígena, y el Estado colombiano, en cabeza del gobierno nacional, tiene que seguir haciendo mayores esfuerzos para que la inversión pública en este sentido no vaya a quedar igual que en los gobiernos anteriores.

Hablando de discriminación, ¿la ONIC interpondrá una denuncia contra el exvicepresidente Francisco Santos porque los acusó hace poco en la red social X de “alquilarse” para las protestas petristras a cambio de “mermelada”?

Sí. Es que aquí permanentemente hay personalidades públicas muy irresponsables frente al país y frente al Estado, que pueden coger un medio de comunicación y decir cualquier cosa, denigrar de una población, descalificarla, insultarla o discriminarla y no dar cuenta de eso ante la sociedad. Decidimos que el movimiento indígena tiene que empezar a tomar acciones de orden político y judicial para que ellos tengan que recapacitar. En el caso de Santos, ya tenemos preparada la denuncia.

La derecha política también insiste en acusarlos de recibir cada vez más prebendas del Estado, por ejemplo más tierras, pero usted me ha mostrado documentos sobre la inviabilidad de muchos de esos predios y a pesar de eso, tiene cifras como que los indígenas producen en Colombia un millón de toneladas de alimentos cada año.

A los pueblos indígenas no hay que mandarles comida, porque producen su propia comida. Es más, participan en muchos mercados con su producción de plátano, yuca, cacao, café, frijol, todo eso. Pero déjeme decirle lo siguiente: viven denigrando de ellos y son los mayores protectores del medio ambiente. Tenemos 33 millones de hectáreas de tierras en calidad de resguardo, que no es una propiedad individual sino colectiva y cuidamos los mayores bosques del país para que lleguen los vientos, las lluvias y el agua para que las ciudades la puedan consumir tranquilamente a través de un grifo. Eso ocurre porque estamos protegiendo la biodiversidad. Somos 115 pueblos indígenas en Colombia y beneficiamos a cerca de 50 millones de habitantes.

En esa cantidad de tierras se escudan para decir que ya tienen suficiente. Sin embargo, explique por qué el Estado les debe más.

Nos faltan siete millones de hectáreas de tierras que no tienen título de resguardo aunque tienen la protección de la Constitución. Y las tierras que tenemos lo que pasa es que la mayoría tienen otro tipo de vocación; tienen vocación forestal, son áreas degradables, áreas de protección y apenas un 11% sirve para la agricultura y la pequeña agroindustria. Eso hay que dejarlo claro frente a los criticadores y a los irresponsables que no valoran nuestro enorme aporte. Al paso que vamos, se requieren cien años para poder satisfacer las demandas y necesidades de los pueblos indígenas y que no entremos en una situación de acabose como sociedad en su conjunto.

Otro factor es que a pesar de que tengan tierras, miles y miles de indígenas viven desplazados por actores violentos que quieren apropiarse de esas zonas y ocurren casos como el de los indígenas embera que llegan al Parque Nacional de Bogotá y cada cierto tiempo los devuelven a regiones como el Chocó donde están en mayor peligro. ¿Es otro fenómeno sin solución?

La solución tiene que ver con la necesidad de una paz total, para que no haya grupos armados que están asediando y reclutando a los indígenas. Ahora, hacer un retorno no es meramente contratar unos buses y dejarlos allá. Retornar es retornar con voluntariedad, con garantías y seguridad. Y también la gente tiene que llegar donde ya se haya adecuado por parte del Estado, en este caso estamos a la espera de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y las entidades gubernamentales del orden nacional, los ministerios del Interior, Defensa, Medio Ambiente, Vivienda, para que la gente pueda regresar, pueda sembrar con asistencia técnica agropecuaria, tenga viviendas, infraestructura y seguridad. Eso sí sería un retorno con garantías. Pero según lo que nosotros estuvimos coordinando con las autoridades, no hay ningún preparativo para cuando llegue la gente. Yo he ido allá y al ratico se van a devolver porque no existen las comodidades mínimas que hoy en día todo colombiano debería tener, como agua potable, escuelas, vías de acceso.

Una situación similar vive el resguardo donde usted nació. ¿Ha vuelto recientemente?

Sí he ido, pero me toca de un día para otro. Mejor dicho, que sepan que aquí estuvo, pero ya se fue, porque allá lo pueden secuestrar o asesinar y esos son riesgos permanentes que vive mi familia, que ha sido desplazada por esa violencia que no cesa.

Dicen que ahora manda allá el llamado Clan del Golfo. ¿Es verdad?

Tenemos que reconocer que el Clan del Golfo existe y que es un actor real y que hay que negociar la paz con ellos. Pedimos que apliquen el Derecho Internacional Humanitario, que respeten a la población civil, que respeten a los pueblos indígenas y que los excluyan de todo tipo de confrontación armada como la que están viviendo.

Después de cuatro décadas de haber salido de ese resguardo, ¿todo lo que ha vivido tiene sentido o se arrepiente de haber salido hacia la llamada “civilización”?

Yo no me arrepiento. Podía vivir de pronto más tranquilo bajo el silencio de los árboles si no hubiera salido, pero estaría sometido a los grupos armados. En cambio, aquí estamos llevando una vocería pública para que nuestra gente sufra menos. Yo tengo días en que quisiera descansar un poquito más, pero cuando reviso las cosas por hacer por la gente que está sufriendo ya mi pie está en el sueldo, me levanto instantáneamente, sin pensarlo. Deberíamos tener tiempos de más tranquilidad, pero eso no es posible todavía. Tenemos que seguir trabajando por nuestra gente.

¿Tiene que ver con el significado del tejido que tiene en la camisa y en el pecho?

Vea: es un atuendo que quiere decir que el camino está tejido, ya está trazado, el camino de la resistencia seguramente. Creo que nuestros antepasados han tenido una lectura de un porvenir no fácil, sino muy difícil, por eso acudimos a los espíritus de la naturaleza, las montañas, los bosques, los ríos, las serpientes, las aves. Hay todo un significado milenario de nuestra lucha, nuestra cosmovisión y vinimos a la ciudad para transmitir este mensaje para garantizar la pervivencia física y cultural de nuestros pueblos.

Conocí a Gerardo Jumí Tapias a finales de los años 90 en Medellín, siendo presidente de la Organización Indígena de Antioquia, y me interesó su historia porque era un emberá eyabida nómada al que las monjas de la Madre Laura habían sacado del resguardo Jaidukama de Ituango, en el nordeste de ese departamento, para que no se quedara analfabeto y estudiara en Medellín. Terminó graduándose en Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y Administración Pública. Por eso el movimiento indígena lo eligió diputado a la Asamblea Departamental y luego senador de la República para el periodo 2002-2006. En ese lapso le hice varios reportajes y ahora lo reencuentro como consejero y secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) para charlar de su vida y de la violencia que por estos días tiene sitiadas a comunidades indígenas en Chocó, Cauca y la Sierra Nevada de Santa Marta, por nombrar los puntos más neurálgicos donde guerrillas, disidencias o mafias quieren asesinarlos o desterrarlos. (Vea la entrevista de Nelson Fredy Padilla al profesor Eduardo Sáenz Rovner sobre la historia del narcotráfico en Colombia).

Cuéntele a nuestros lectores un poco de sus raíces.

Qué gusto volver a hablar con usted. Provengo de una cultura embera nómada, aunque los últimos 300 años en su mayoría ha tenido que volverse sedentaria. Pero yo crecí en una familia que aún continuaba como nómada, cruzando ríos y montañas, viviendo de la caza y los frutos de los árboles. A los 16 años de edad me rebelé porque había llegado al nordeste antioqueño una misión de monjas de la Madre Laura, a quienes les agradezco y les mandó saludos por haberme sacado a estudiar.

¿Por qué su nombre original es Jaizareama?

Fueron los sabios del resguardo quienes lo escogieron. Quiere decir espíritu que ya es fuerte del todo.

Y muy fuerte porque ha liderado la defensa de las culturas indígenas desde muchos cargos, incluido presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y en mayo pasado fue elegido representante de Colombia ante el Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina (FILAC). ¿Por qué lo han elegido para tantas responsabilidades?

Seguramente es porque hemos hecho un buen trabajo y hemos tenido la confianza de nuestra gente. Nosotros nos debemos es a nuestras comunidades y a nuestras autoridades. Cuando hemos hecho bien una parte, nos van dando más responsabilidades. Ya me falta un año para terminar esta, uno se va cansando y hay otra generación que tiene las mismas o más capacidades y ellos asumirán. Yo me quiero dedicar a la actividad académica, al estudio, que siempre me ha gustado.

Aparte de las responsabilidades, deben agotar los riesgos de seguridad que enfrenta como dirigente.

Sí. Por ejemplo, en Antioquia me costó casi la muerte. Los paramilitares nos persiguieron porque íbamos a hacer un documental y dijeron que la información que tenían era que íbamos para una cumbre con la guerrilla. Después, la guerrilla de las Farc nos mandó a llamar y como teníamos como principio hacer diálogos humanitarios con todos los actores armados, fuimos acompañados del Comité Internacional de la Cruz Roja. No nos recibieron, nos devolvimos y cuando la Cruz Roja nos dejó solos nos cogieron y casi nos fusilan. Hemos vivido situaciones muy difíciles y ahora al frente, junto con otros consejeros, del Consejo Mayor de Gobierno de la Organización Indígena de Colombia, una de las organizaciones históricas con mayor presencia territorial y poblacional, no deja de ser difícil. Seguimos teniendo los mismos riesgos cuando vamos a territorios y comunidades indígenas en que nos pueden secuestrar, amenazar o asesinar.

Antes de profundizar en la violencia, cuente qué papel está cumpliendo por Colombia para los pueblos latinoamericanos en el FILAC.

Fui elegido por el Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de Colombia y luego certificado por el Ministerio del Interior y Cancillería de Colombia. El objetivo es incorporar a la vida pública institucional a los indígenas en cada uno de los 23 países que componen el FILAC desde 1992, entidad creada con ocasión de la conmemoración de la llegada de los europeos a América. Mi trabajo es promover el desarrollo propio con la identidad de los pueblos indígenas, a fin de que los Estados lo incorporen y reconozcan.

Me mostró varios documentos que elaboró la ONIC a propósito del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, que se celebra en agosto, y me impresionó esta cifra: 180.635 víctimas de los pueblos originarios por temas de violencia desde 2016 hasta hoy. ¿Cómo la establecieron?

En la ONIC tenemos el Observatorio de Derechos Humanos, donde trabajan abogados, antropólogos, sociólogos y psicólogos que recaudan información de las denuncias que presentan las autoridades indígenas y las víctimas y luego se la enviamos a los organismos de derechos humanos y a las entidades gubernamentales. Y esa cifra es solamente del 2016 al 2024. Ya en 2018 habíamos entregado un expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre alrededor de 3.000 personas indígenas asesinadas desde 52 años atrás a causa de violencia guerrillera, paramilitar y estatal.

¿Qué ha hecho la JEP a partir de ese expediente?

A partir de esa documentación ha podido ir identificando casos para la búsqueda de personas desaparecidas y definir los macrocasos donde los pueblos indígenas son víctimas en distintas regiones para judicializar a ciertos actores. Ha servido para mucho.

A propósito del incremento de la violencia contra los pueblos indígenas, la ONIC le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para los pueblos y los dirigentes indígenas a través del Gobierno colombiano. ¿En qué va ese proceso?

Ellos ya hicieron una visita. En marzo pasado estuvieron en varias regiones, recibieron informes de universidades, de ONGs defensoras de derechos humanos y de nuestra organización nacional. Ahora tienen que producir un informe de recomendaciones al gobierno colombiano para que lo pueda implementar. También en marzo nos visitó de las Naciones Unidas el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, y presentó una denuncia de enorme preocupación, ahora esperamos su informe final de recomendaciones al presidente de la República, para una mejor protección de los derechos colectivos e individuales.

¿Cuál es su balance como Organización Nacional Indígena luego de dos años de gobierno de Gustavo Petro?

Nosotros somos siempre muy optimistas y apoyamos la paz total, pero el balance es muy pobre. Mientras hay acuerdos y cese al fuego, parece que es como entre combatientes, del Estado y las guerrillas. Eso no ha significado mayor protección a la población civil, a los pueblos indígenas. Pero necesitamos que esas negociaciones de paz con todos los grupos delincuenciales se consoliden, porque si con el cese al fuego hay víctimas indígenas es peor si no lo hay.

Esta semana aquí en “El Espectador” hemos informado de la violencia que están viviendo los indígenas entre el Chocó y el Valle, a través del río San Juan por el paro armado de la guerrilla del Eln, y por cuenta de disidencias en el Cauca y mafias en la Sierra Nevada de Santa Marta, siempre confinados, desplazados o victimizados en medio de combates. ¿Le parece triste no ver cercana una solución de fondo?

Pues dan ganas de llorar, pero hay que perseverar. La gente no se merece esa suerte. Por eso no nos cansamos de denunciar y pedir la paz abierta, porque la gente la necesita. Llamo a los que están en oficinas, a los que han perdido la empatía, a los que contabilizan un muerto más sin sensibilidad, a que no pierdan la humanidad y les duela esto como a nosotros (lo dice entre lágrimas).

Desde que lo conozco, siempre carga ese portafolio lleno de denuncias por violaciones de derechos humanos.

Es nuestro deber. Y por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas estamos haciendo este nuevo análisis y publicando los datos actualizados y la tendencia es que aumentan los casos. Uno esperaría que con la paz total, que con las negociaciones de paz, mejorara la situación pero hasta ahora no.

¿El capítulo étnico de los acuerdos de paz que se firmaron con la guerrilla de las Farc se ha cumplido?

Es un ejemplo de los documentos de que nos valemos para pedir que se cumpla lo pactado en ese acuerdo de paz para protección de los pueblos indígenas, así el gobierno anterior lo haya vuelto trizas. Este gobierno no lo está pudiendo implementar adecuadamente, pero son acuerdos vinculantes que implican exigibilidad de nuestra parte.

Me mostraba también que sigue recibiendo denuncias de reclutamiento forzoso de indígenas. ¿Tampoco ha mejorado ese fenómeno?

Las medidas en ese sentido no han servido, al contrario, nosotros estamos denunciando que la guerrilla del ELN, en medio de las negociaciones de paz, ya lleva al menos 43.000 hechos victimizantes contra indígenas entre reclutamientos, confinamientos, amenazas y asesinatos. Cifras de nuestro observatorio supremamente lamentables y dolorosas.

Esta situación ha agravado el estrés dentro de las comunidades, aumentando también los casos de suicidio entre jóvenes. ¿Cierto?

Los casos de reclutamiento, confinamiento, desplazamiento y suicidio son los elementos más graves que están viviendo los pueblos indígenas. Por cuenta de que hay tanta presión, la gente no puede convivir, no puede salir a cazar o a pescar tranquilamente, a cultivar. Inclusive mientras están cultivando los han asesinado. Los jóvenes no tienen oportunidades, la única oportunidad es que sean voluntaria o forzosamente reclutados para engrosar esas filas de los grupos armados. Entonces, hay quienes no quieren someterse a ninguno de esos vejámenes y se suicidan.

¿Lo que usted hacía cuando era un adolescente nómada en el nordeste antioqueño, salir por horas o días en busca de frutos o animales, ya no se puede hacer?

No. La vida de nuestra gente ya es diferente. Recibimos reportes permanentes de que caen en minas antipersonales y nosotros le preguntamos hoy al gobierno colombiano qué se está haciendo de desminado humanitario en zonas indígenas. Lo mismo le preguntamos a los grupos armados ilegales: qué sentido le encuentran afectar así a la población civil.

Y eso que estamos hablando de un país que consagró la Constitución de 1991 la obligación de proteger y respetar a las culturas indígenas y donde está vigente una ley contra la discriminación.

Pues yo hablo permanentemente con los constituyentes indígenas que aún están vivos y están muy, muy desanimados porque Colombia es uno de los países que tiene mayores avances normativos, pero no es consecuente con los avances del goce efectivo de los derechos, sino sigue sumida en la violencia extrema y la pobreza extrema sigue en aumento. Tenemos que seguir haciendo muchos esfuerzos como sociedad civil, como movimiento indígena, y el Estado colombiano, en cabeza del gobierno nacional, tiene que seguir haciendo mayores esfuerzos para que la inversión pública en este sentido no vaya a quedar igual que en los gobiernos anteriores.

Hablando de discriminación, ¿la ONIC interpondrá una denuncia contra el exvicepresidente Francisco Santos porque los acusó hace poco en la red social X de “alquilarse” para las protestas petristras a cambio de “mermelada”?

Sí. Es que aquí permanentemente hay personalidades públicas muy irresponsables frente al país y frente al Estado, que pueden coger un medio de comunicación y decir cualquier cosa, denigrar de una población, descalificarla, insultarla o discriminarla y no dar cuenta de eso ante la sociedad. Decidimos que el movimiento indígena tiene que empezar a tomar acciones de orden político y judicial para que ellos tengan que recapacitar. En el caso de Santos, ya tenemos preparada la denuncia.

La derecha política también insiste en acusarlos de recibir cada vez más prebendas del Estado, por ejemplo más tierras, pero usted me ha mostrado documentos sobre la inviabilidad de muchos de esos predios y a pesar de eso, tiene cifras como que los indígenas producen en Colombia un millón de toneladas de alimentos cada año.

A los pueblos indígenas no hay que mandarles comida, porque producen su propia comida. Es más, participan en muchos mercados con su producción de plátano, yuca, cacao, café, frijol, todo eso. Pero déjeme decirle lo siguiente: viven denigrando de ellos y son los mayores protectores del medio ambiente. Tenemos 33 millones de hectáreas de tierras en calidad de resguardo, que no es una propiedad individual sino colectiva y cuidamos los mayores bosques del país para que lleguen los vientos, las lluvias y el agua para que las ciudades la puedan consumir tranquilamente a través de un grifo. Eso ocurre porque estamos protegiendo la biodiversidad. Somos 115 pueblos indígenas en Colombia y beneficiamos a cerca de 50 millones de habitantes.

En esa cantidad de tierras se escudan para decir que ya tienen suficiente. Sin embargo, explique por qué el Estado les debe más.

Nos faltan siete millones de hectáreas de tierras que no tienen título de resguardo aunque tienen la protección de la Constitución. Y las tierras que tenemos lo que pasa es que la mayoría tienen otro tipo de vocación; tienen vocación forestal, son áreas degradables, áreas de protección y apenas un 11% sirve para la agricultura y la pequeña agroindustria. Eso hay que dejarlo claro frente a los criticadores y a los irresponsables que no valoran nuestro enorme aporte. Al paso que vamos, se requieren cien años para poder satisfacer las demandas y necesidades de los pueblos indígenas y que no entremos en una situación de acabose como sociedad en su conjunto.

Otro factor es que a pesar de que tengan tierras, miles y miles de indígenas viven desplazados por actores violentos que quieren apropiarse de esas zonas y ocurren casos como el de los indígenas embera que llegan al Parque Nacional de Bogotá y cada cierto tiempo los devuelven a regiones como el Chocó donde están en mayor peligro. ¿Es otro fenómeno sin solución?

La solución tiene que ver con la necesidad de una paz total, para que no haya grupos armados que están asediando y reclutando a los indígenas. Ahora, hacer un retorno no es meramente contratar unos buses y dejarlos allá. Retornar es retornar con voluntariedad, con garantías y seguridad. Y también la gente tiene que llegar donde ya se haya adecuado por parte del Estado, en este caso estamos a la espera de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y las entidades gubernamentales del orden nacional, los ministerios del Interior, Defensa, Medio Ambiente, Vivienda, para que la gente pueda regresar, pueda sembrar con asistencia técnica agropecuaria, tenga viviendas, infraestructura y seguridad. Eso sí sería un retorno con garantías. Pero según lo que nosotros estuvimos coordinando con las autoridades, no hay ningún preparativo para cuando llegue la gente. Yo he ido allá y al ratico se van a devolver porque no existen las comodidades mínimas que hoy en día todo colombiano debería tener, como agua potable, escuelas, vías de acceso.

Una situación similar vive el resguardo donde usted nació. ¿Ha vuelto recientemente?

Sí he ido, pero me toca de un día para otro. Mejor dicho, que sepan que aquí estuvo, pero ya se fue, porque allá lo pueden secuestrar o asesinar y esos son riesgos permanentes que vive mi familia, que ha sido desplazada por esa violencia que no cesa.

Dicen que ahora manda allá el llamado Clan del Golfo. ¿Es verdad?

Tenemos que reconocer que el Clan del Golfo existe y que es un actor real y que hay que negociar la paz con ellos. Pedimos que apliquen el Derecho Internacional Humanitario, que respeten a la población civil, que respeten a los pueblos indígenas y que los excluyan de todo tipo de confrontación armada como la que están viviendo.

Después de cuatro décadas de haber salido de ese resguardo, ¿todo lo que ha vivido tiene sentido o se arrepiente de haber salido hacia la llamada “civilización”?

Yo no me arrepiento. Podía vivir de pronto más tranquilo bajo el silencio de los árboles si no hubiera salido, pero estaría sometido a los grupos armados. En cambio, aquí estamos llevando una vocería pública para que nuestra gente sufra menos. Yo tengo días en que quisiera descansar un poquito más, pero cuando reviso las cosas por hacer por la gente que está sufriendo ya mi pie está en el sueldo, me levanto instantáneamente, sin pensarlo. Deberíamos tener tiempos de más tranquilidad, pero eso no es posible todavía. Tenemos que seguir trabajando por nuestra gente.

¿Tiene que ver con el significado del tejido que tiene en la camisa y en el pecho?

Vea: es un atuendo que quiere decir que el camino está tejido, ya está trazado, el camino de la resistencia seguramente. Creo que nuestros antepasados han tenido una lectura de un porvenir no fácil, sino muy difícil, por eso acudimos a los espíritus de la naturaleza, las montañas, los bosques, los ríos, las serpientes, las aves. Hay todo un significado milenario de nuestra lucha, nuestra cosmovisión y vinimos a la ciudad para transmitir este mensaje para garantizar la pervivencia física y cultural de nuestros pueblos.