La plenaria del Senado aprobó este martes 13 de junio el acto legislativo que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, que tiene como objetivo la garantía del acceso efectivo a la justicia en zonas rurales, así como la protección a los campesinos, víctimas del conflicto armado y a grupos étnicos. Era una deuda con la implementación primer punto del Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016, para resolver con los conflictos por tierra en el país.
“Esta reforma nos va a permitir empezar en el camino para resolver litigios y conflictos por la propiedad, uso y tenencia de la tierra y bienes inmuebles en zonas rurales”, explicó el senador y ponente de la iniciativa de Gobierno, Alexander López Maya (Pacto Histórico). El texto fue aprobado por 76 senadores en último debate: se dirige a conciliación y luego a sanción presidencial.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, expresó que “en Colombia los pleitos de tierras históricamente se han resuelto a bala. La creación de una Jurisdicción Agraria es una apuesta de paz, para resolver de modo civilizado, razonable y con justicia, esos conflictos que tienen tanta sangre y muertos detrás”.
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El proyecto modifica el artículo 116 de la Constitución Política, en el que se establece que la Jurisdicción Agraria y Rural administra justicia, así como lo hace la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces.
No obstante, la oposición y partidos tradicionales hicieron la aclaración de que el proyecto no eleva el trabajo y funciones de la Jurisdicción Agraria y Rural al de las altas cortes, pues el Gobierno se acogió a las proposiciones presentadas por esos sectores. “No se está creando una nueva alta corte, pues la Corte Suprema sería el órgano de cierre. Se están creando unos tribunales en el territorios y unos juzgados”, explicó el senador Germán Blanco (Partido Conservador).
“El órgano de cierre es la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural (que crea el texto) de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo de Estado en los términos del Artículo 237 de la Constitución Política de Colombia”, quedó en el texto.
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Por esa razón, el senador Wilson Arias, de la coalición de Gobierno, manifestó que ha habido “una especie de chantajismo político y el Gobierno ha moderado sus posturas, procurando coincidencias”, pero “a la hora de votar, la oposición se aparta de las decisiones colectivas. A pesar de estas modificaciones acompaño con espíritu positivo este proyecto, que fue obra de una concertación muy importante”, dijo.
Para la reglamentación de la ley, queda pendiente que el Gobierno presente un proyecto adicional en el que se establezca la estructura, funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, así como el procedimiento especial agrario. Esa iniciativa sería presentada la próxima legislatura. La bancada indígena solicitó que en ese proyecto adicional sean tenidos en cuenta los sistemas de justicia indígena y los derechos de los pueblos, que no fueron incluidos en lo aprobado.
Por otro lado, la senadora Jael Quiroga (Pacto Histórico) aseguró que eliminar el Tribunal Agrario “es un incumplimiento al Acuerdo de Paz y no contribuye a solucionar de fondo los problemas de acceso a la justicia en la ruralidad colombiana”; la congresista dejó esa queja como constancia.
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