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Iniciamos el año con una dura confrontación entre el Eln y el Frente 10 de los disidentes de las Farc en Arauca. Las muertes son indeterminadas, se habla entre 25 y 80 muertos, en confrontaciones que se iniciaron de manera simultánea la madrugada del domingo 2 de enero en Saravena, Tame, Fortul y Arauquita, lo cual denota que fue una acción coordinada y previamente definida.
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El trasfondo de esta grave situación es una disputa por el territorio, el eterno retorno a lo mismo, pues estas confrontaciones no son nada nuevas y la más grave se dio entre 2005 y 2011 cuando en una cruel confrontación entre Farc y Eln se pudieron producir por encima de 1.000 muertos, la gran mayoría civiles, en una guerra entre conocidos, que es de las peores que se pueden dar. Se trata de una herida aún abierta en una martirizado territorio, que ahora vive un nuevo ciclo de violencia y donde los que van a pagar los mayores costos son las comunidades que, al momento de escribir este texto, eran cientos de familias campesinas que se están desplazando de las zonas rurales a las cabeceras urbanas en busca de protección.
Arauca es el territorio donde el conflicto armado es de mayores dimensiones, porque está arraigado en la sociedad. En la región hay una profunda desconfianza con el Estado central y cuatro décadas de presencia del Eln y las Farc, han dejado huellas. Las guerrillas son instituciones en la medida que tienen vínculos con dinámicas de sociedad y ejercen como Estados, con las atribuciones básicas de seguridad, justicia y tributación a su manera ilegal.
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El desafío en Arauca no es menor y debe ser asumido por el conjunto de la sociedad, con el concurso de un Estado nacional que debe dialogar, promover y concertar la superación de todos los conflictos hoy presentes en este territorio, donde el más visible es el conflicto armado, pero no es el único. Hay otro conflicto igualmente grande y con arraigo social y político: la desconfianza con el poder nacional que los ha maltratado y utilizado de manera grotesca. Arauca ha sido importante para el Estado por sus cuantiosos recursos petroleros y ya. Esta será una tarea para un próximo gobierno si se decide por un camino de ampliar esta precaria democracia. El actual va en contravía de ello.
Hace pocos meses la Fiscalía capturó al gobernador de Arauca, Facundo Castillo Cisneros, y al anterior mandatario, Ricardo Alvarado Bestene, ambos acusados de tener vínculos con las guerrillas. Ahora están presos y con un proceso judicial en curso, mientras que el actual gobernador de Arauca es un militar en retiro, el general Alejandro Navas, que denota cómo ve el Gobierno Nacional a Arauca: un tema de orden público, no de un territorio que requiere de diálogos y concertaciones difíciles lideradas por un Gobierno que entiende y asume la complejidad de este territorio.
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La tarea prioritaria en Arauca es construir un pacto de convivencia democrática, que supere la desconfianza con el poder central, que cierre de manera definitiva las violencias organizadas y que emprenda la construcción concertada de un territorio con toda su diversidad social y política.
Construir ese pacto de convivencia implica diálogos y negociaciones nacionales con el Eln, volver a pensar qué tratamiento darles a las disidencias de las Farc, restablecer un dialogo diplomático con Venezuela y, ante todo, un protagonismo civilista de la sociedad araucana para salir de más de cuatro décadas de violencia.
Hoy las comunidades vuelven a sentir el duro golpe de unas violencias a superar. Corresponde al Gobierno Nacional protegerlas y acompañarlas en todo lo que requieran. La anterior guerra entre Farc y Eln en Arauca duró seis años. Esperemos que esta se resuelva pronto y sin nuevas víctimas qué lamentar.
*Luis Eduardo Celis. Analista del conflicto armado y sus perspectivas de superación. Asesor de la Fundación Paz y Reconciliación.