Así cerró la contratación en la Casa de Nariño y los ministerios en 2023
El rubro más alto lo firmó el Ministerio de Educación. La “economía popular” terminó beneficiada. Aún no se hacen públicos los de enero de 2024.
En el gabinete del presidente Gustavo Petro se perciben aires de cambio desde hace varias semanas. Tan solo el pasado 7 de febrero, el canciller Álvaro Leyva se apartó de su cargo tras acatar la suspensión de la Procuraduría por las presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. Su salida se sumó a las de otros funcionarios que renunciaron en la primera semana del segundo mes del año tras una tensa cita con el jefe de Estado, en la que les reclamó por la baja ejecución.
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En el gabinete del presidente Gustavo Petro se perciben aires de cambio desde hace varias semanas. Tan solo el pasado 7 de febrero, el canciller Álvaro Leyva se apartó de su cargo tras acatar la suspensión de la Procuraduría por las presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. Su salida se sumó a las de otros funcionarios que renunciaron en la primera semana del segundo mes del año tras una tensa cita con el jefe de Estado, en la que les reclamó por la baja ejecución.
Entre los que se fueron estuvo el director del Departamento de Planeación (DNP), Jorge Iván González, quien presentó su carta de dimisión debido a diferencias con Petro, especialmente por la contratación con Juntas de Acción Comunal (JAC) para proyectos de infraestructura. Daniel Rojas, cabeza de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), asumirá en encargo.
Sobre esa modalidad para el manejo presupuestal y la ejecución de las partidas aprobadas para 2024 hay expectativas, pues en el caso de la asignación para 2023, la ejecución del Gobierno estuvo cuatro puntos porcentuales por debajo del promedio histórico y, según un estudio de la Universidad Javeriana, solo fue hasta los últimos meses del año que alcanzó un 88 %.
Por eso, El Espectador revisó la contratación pública de la Casa de Nariño y de los 18 ministerios entre noviembre y diciembre de 2023, período en el cual se habría incrementado el gasto público y en el que en medio de las festividades navideñas hay grandes contratos que pasan inadvertidos, pero que pueden ser jugosos.
En los últimos dos meses del año hubo 707 contratos, que incluyeron a todos los ministerios, al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y al Departamento de Prosperidad Social (DPS).
El Ministerio del Deporte, dirigido por Astrid Rodríguez, fue la cartera que más contratos suscribió en ese lapso. En total, se firmaron 119 convenios, de los cuales 109 fueron con las JAC -lo que desató las diferencias con el exdirector del DNP- en distintas zonas. Cada uno por $168 millones, para recuperar escenarios deportivos, con la vereda Costa Rica de La Jagua de Ibirico, en Cesar; con el barrio Buenos Aires, en Medellín; con la vereda Brisas del Río, en Popayán, entre otros.
Rodríguez es una de las ministras que pronto dejaría el Gobierno. Aunque presentó su carta de renuncia el pasado 10 de enero, debido a la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, aún no ha sido aceptada por el presidente.
Petro abrió el camino para la contratación directa con asociaciones comunitarias a través del Plan de Desarrollo, que incluye a las JAC, comunidades étnicas, negras, mujeres y víctimas. En lo que va del Gobierno, estas modalidades organizativas habrían recibido 8.547 contratos, y aunque se plantearon para el mejoramiento de vías, al menos finalizando el año, no se firmaron contratos con comunidades para ese propósito.
No obstante, los ministerios del Interior, Cultura y Agricultura sí otorgaron sumas a esos sectores. Por ejemplo, con la Asociación de Cabildos Indígenas Embera Wounaan Katío-Chami, en Chocó, por $5.914 millones para mejorar los sistemas de cultivo de maíz, plátano y chontaduro, y otro con la Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas por $4,630 millones para la productividad y calidad en los sistemas de cultivos de plátano. En el caso de la cartera liderada por Luis Fernando Velasco, se realizaron convenios para la enseñanza de lenguas indígenas.
Arrendamiento e infraestructura
Después del sector deporte, uno de los ministerios que más contrató fue el del Trabajo, en cabeza de Gloria Inés Ramírez. En total se celebraron 73 acuerdos, de los cuales al menos 45 fueron firmados el mismo día, el 1° de diciembre de 2023, mediante contratación directa, con personas naturales para el arrendamiento de las oficinas de las direcciones territoriales.
El arriendo más alto fue por $595 millones con José Eduardo Barreneche -vicepresidente jurídico del grupo Daabon- para la sede de Magdalena. Le siguieron la instalación en Meta por $413 millones y en Caldas por $382 millones. Además, el DPS, liderado por Laura Sarabia -una de las funcionarias más cercanas a Petro- también firmó 24 contratos de arrendamiento, siendo el más cuantioso por $1.324 millones con Blue One Solutions para una sede en la Zona Industrial de Bogotá, y otro por $562 millones en el mismo sector para el funcionamiento del archivo, con Inversiones Jaisac.
Aun así, entre todos los compromisos adquiridos, el más alto lo tiene el Ministerio de Educación de Aurora Vergara, quien cerró uno con la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) por $500.000 millones para la infraestructura y dotación del “Plan Educativo de la Vida Comunitaria”.
Por su parte, el Ministerio del Interior también otorgó dos contratos millonarios a Findeter para finalizar el año: uno por $84.684 millones y otro por $71.343 millones, para programas de “atención integral a comunidades” y para la “ejecución de proyectos de infraestructura”. El Gobierno asignó estos recursos en medio de los rumores que sugieren que congresistas del Partido Liberal habrían pedido representación en la entidad a cambio de su voto positivo a la reforma de salud en la Cámara.
Seguridad y paz total
La cartera política también suscribió un contrato con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares por $97.120 millones, destinado a la ejecución de proyectos, que abarcan la instalación de comunicaciones por radio, vehículos de guerra y desarrollo de software. El contrato fue firmado el 17 de noviembre y estaría vigente hasta 2025 como parte de la política de seguridad.
En ese marco igual se asignaron recursos para la paz total, y el contrato más significativo del Ministerio de Defensa se suscribió con la Unión Temporal Logística Integral, para atender a “las personas que se presenten para desmovilizarse o someterse a la justicia, y a su grupo familiar”.
De otro lado, el DPS entregó dos contratos a la Corporación Reiniciar. El más significativo tiene como destino a los dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, por un monto de $2.933 millones.
Obras en el San Juan de Dios
El Ministerio de Cultura se comprometió con el contrato para la restauración del Hospital Materno Infantil, firmado el 13 de diciembre de 2023 mediante licitación pública con el consorcio constructor HMI y tendrá un costo para el Estado de $109.892 millones. Esa obra es una de las prioridades del presidente Petro, pues fue uno de sus proyectos inconclusos durante su alcaldía y ahora busca retomarlo como presidente. Esa intención quedó plasmada en el PND, que le otorgó facultades extraordinarias para ese propósito.
Eventos y propaganda
Al igual que la Presidencia -con “Vida”, que costó $653 millones-, el Ministerio del Interior tendrá su propio periódico, tras la firma con la Imprenta Nacional por $299 millones del diseño, impresión y distribución a nivel nacional de un impreso de asuntos legislativos, con el que harían pedagogía de las reformas y buscarían mejorar la relación con el Legislativo. Este diario consultó a fuentes que señalaron que Velasco quiere dejar listo ese periódico antes de terminar su período como ministro, entre mayo y junio.
Desde el Dapre también salió plata entre noviembre y diciembre para eventos para “La paz en las regiones” por $10.000 millones con la empresa Pubblica y con miras a encuentros de otro tipo, con la Plaza Mayor Medellín por $9.883 millones (ambos cerraron el 31 de diciembre). De otro lado, se destinaron $8.540 millones para tiquetes aéreos por 11 meses en rutas nacionales e internacionales con la agencia Subatours.
Los abogados de la Cancillería
En medio de la polémica por las posibles irregularidades en la licitación de pasaportes, que llevaron a la suspensión de Leyva, fueron contratados dos asesores para abordar la crisis: Germán Calderón, por $36 millones, que renunció solo 42 días después de su vinculación, pues, según dijo, no fueron aceptadas sus recomendaciones. Luego, Ernesto Matallana asumió la defensa por $18 millones.
Además, con relación al nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO, el Gobierno planea invertir más en esa área y firmó un contrato de dos años con la FAO Colombia por $8.141 millones para promover la producción sostenible en departamentos de frontera, siendo este el acuerdo más cuantioso del Fondo Rotatorio.
(Lea: “Esta fue la intimidad de una de las semanas más turbulentas de Petro en el poder”)
La revisión de El Espectador ilustra la cifra del Ministerio de Hacienda que indicó que, en 2023, el Gobierno gastó más plata en funcionamiento (62,5 %) que en inversión (18,3 %), incluyendo arrendamientos, eventos y personal. Destacan los contratos con las JAC y otras organizaciones populares. Aunque aún no se ha publicado el consolidado de enero en las plataformas de transparencia pública, como Secop y Paco, sí han surgido controversias como la extensión del contrato del coreógrafo Nerú Martínez por $88 millones en el grupo de bienestar de la Presidencia.
De cualquier manera, la ejecución será fundamental, especialmente de cara a una eventual crisis ministerial y con un presupuesto aprobado para 2024 que asciende los $502,6 billones.
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