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Por las duras peleas que ha dado en términos de avanzar en la consecución de derechos es que muchos consideran que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes es un muro de contención para quienes intentan legislar desde la moralidad y la mirada religiosa en este estado laico. Las fuertes diferencias en los argumentos de los dos sectores que componen la Comisión han protagonizado batallas donde siempre está de por medio la libertad de los y las colombianas. En esta ocasión no fue diferente.
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Un bloque de parlamentarios conservadores, de derecha, presentaron un proyecto de ley para prohibir el aborto. La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho que tienen las mujeres y personas gestantes en tres causales -desde 2006, gracias a la postura de la Corte Constitucional-, pero que aún persiste como un delito en el Código Penal. Es un tema en el que el Congreso no ha legislado para concederle a las mujeres lo que les pertenece: el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. En otras palabras: la autonomía de la que sí gozan los varones.
Contrario a lo que ha dicho la guardiana de la Constitución, la uribista Milla Romero (conocida por realizar un video de Tik Tok llamado #DerechoANacerChallenge), radicó esta iniciativa que buscaba, de forma muy simple y concisa, modificar el artículo 11 de la Carta Política. La idea, según el documento, era añadirle unas cuantas palabras. Así, la frase “el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”, se le sumaba que ese derecho a la vida era inviolable “a partir del momento mismo de la concepción”.
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Se conoció la propuesta legislativa y, una vez más, en la Comisión Primera ardió Troya por una simple razón: la oración, inofensiva a ojos de sus defensores, implica una catástrofe real para cientos de mujeres que tan solo ayer estaban en las calles de Bogotá pidiendo en cuerpo propio que el aborto sea gratuito, seguro y completamente libre. Es decir, las mínimas características para que la interrupción legal del embarazo la pueda realizar cualquier mujer, sin barreras ni prejuicios de la sociedad y de los funcionarios de salud.
Erwin Arias, de Cambio Radical, era el ponente de la iniciativa y la defendió con un argumento contradictorio: “No debemos fijarnos en el discurso de moda sobre penalizar o despenalizar el aborto. Este proyecto tiene un objetivo de proteger la vida desde la concepción. No hay lugar más sagrado que el vientre de la mamá. Se busca que se proteja a la mujer”, dijo, desconociendo la potente voz de la marea verde y morada que ayer inundó el espacio público para pedir garantías para ejercer la autonomía sobre sus cuerpos. “La maternidad será deseada o no será”, dijeron miles de mujeres y disidencias sexuales, portando un pañuelo verde con el que le pidieron a la Corte Constitucional que legisle a favor de la ciudadanía libre. “Libertad para decidir”, insistieron todas ellas y sin embargo esa voz no fue escuchada por el bloque de parlamentarios conservadores.
El representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, recalcó en ese planteamiento, jactándose de que sí respeta la libre decisión de quienes tienen un útero y pueden dar vida. “Hemos acogido el derecho a la libertad de decisión, las mujeres llevan sobre sus hombros la responsabilidad de la maternidad, pero pensemos también en ese otro actor que es la vida que está por nacer. De tajo quieren abortar el proyecto. Démosle la oportunidad a un proyecto que no le hace daño a nadie”, dijo, olvidando una vez más a la marea verde y morada, y obviando la discusión que está llevando a cabo la Corte Constitucional.
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¿El proyecto no le hace daño a nadie? Como dijeron las representantes Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, y Ángela María Robledo, asegurar eso de cara al país es falso. Al presentarse para modificar la Constitución, la iniciativa busca echar para atrás la jurisprudencia frente a la interrupción voluntaria del embarazo. “Este proyecto no es una política de protección de las mujeres gestantes. Eso es mentira porque si fuera así, sería una ley ordinaria. Una reforma constitucional en este sentido busca penalizar la interrupción del embarazo en cualquier momento. Sus argumentos son mentirosos. Si lo aprobamos estaríamos legislando de manera regresiva”, expresó Robledo.
Las cifras, en ese sentido, son dicientes y aplastan de inmediato la idea de que la propuesta es “inofensiva”. A partir de 2008, en promedio, hay 400 casos de persecución penal al año contra mujeres por el delito del aborto. Como explicó Goebertus, el 65 % de ese total termina en condena. ¿Quienes son esas mujeres a las que se le condena? Así lo explicó la parlamentaria verde:
“El 25 % de esas mujeres condenadas son menores de edad. El 34.3 % son mujeres dedicadas al hogar o al servicio domestico, que dependían de un hombre. El 97 % de los casos de condena son mujeres habitantes de la ruralidad colombiana, con precariedad de acceso a educación, salud, vías. En la ruralidad es donde más perseguimos a esas mujeres. El 81% las condenadas eran mujeres que manifestaron que dieron un aborto consentido, que era su voluntad y que era su ultima alternativa. En el 29 % de los casos no solo fueron condenadas sino que antes fueron víctimas de otros delitos como violencia previa, intrafamiliar, lesiones personales, delitos sexuales. Las mujeres que el Estado persigue son perseguidas luego de haber sido violentadas. El 73 % de los casos la investigación empezó por funcionarios de los hospitales: a las mujeres se nos niega el acceso a la salud porque si vamos a la salud nos van a denunciar por escoger ese camino”, señaló Goebertus. “Nos dedicamos a perseguir abortos consentidos”, agregó.
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La votación estuvo reñida: al final de la exposición de motivos, 13 congresistas votaron a favor de archivar el proyecto y 10 votaron en contra de hacerlo. De manera multipartidista los integrantes de la Comisión Primera funcionaron unidos para ser, de nuevo, un muro de contención a favor de los derechos fundamentales. Predominó la concepción de que el derecho penal no es el camino para forzar los embarazos no deseados.