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Se espera que la próxima semana la nueva ministra de Salud, Carolina Corcho, radique en el Congreso el texto de la reforma a la Salud, del cual poco o nada se sabe y que promete cambios profundos en el sistema. Entre ellos, al parecer, cambiar las EPS por Centros de Atención Primaria, donde se resolverían asuntos de salud que no requieren un especialista. Según Corcho, se requieren un total de 2.973 establecimientos, cuyo costo superaría los $24 billones.
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Entre otros cambios, Corcho ha dado pistas de que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) podría dejar de ser una entidad centralizada, con sede en Bogotá. La idea es construir unos fondos regionales que tendrían gerentes departamentales y distritales, y que recibirán los aportes con los que funciona el sistema. Y, como ha peleado Corcho desde que presidió la Asociación Nacional de Internos y Residentes en Bogotá, se pretende aumentar la oferta de especialistas a nivel nacional.
No obstante, el expresidente Cesar Gaviria, presidente del Partido Liberal, ha puesto en entredicho lo que se sabe de la reforma a la Salud e, incluso, ha pedido públicamente que no se “arrase” con el sistema. En documento conocido por El Espectador, tanto Gaviria como su partido le piden al gobierno de Gustavo Petro replantear su reforma y, en pocas palabras, construir sobre lo ya construido. Gaviria, en definitiva, develó su total apoyo a la red de EPS e IPS.
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Entre las recomendaciones que le allegará a Corcho está, por ejemplo, fortalecer las capacidades de la Superintendencia de Salud, con el fin de que le pueda hacer un seguimiento fuerte al funcionamiento del sistema. Y, así, adoptar medidas de manera oportuna cuando se identifiquen fallas o abusos de las EPS o las IPS. Gaviria le pidió a Corcho que le dé un espacio más grande a la justicia administrativa, por encima de la congestionada justicia judicial.
“Generar un instrumento de resolución de conflictos del sector salud que sea más accesible y rápido que la acción de tutela. Este sería administrado por la Superintendencia Nacional de Salud, o el Ministerio de Salud, y debe ser diseñado de tal forma, que permita el acceso oportuno a la resolución ágil de solicitudes y o conflictos entre los usuarios y el propio sistema, en el marco de la Ley Estatutaria de la Salud 1751 de 2015, pero con pleno conocimiento de niveles razonables de cumplimiento eficiente”, se lee en el texto.
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Por otro lado, diseñar una política de innovación en salud, a largo plazo, que fomente el desarrollo de capacidades locales de investigación, desarrollo y producción, así como la transferencia de tecnología y la introducción de nuevas tecnologías a Colombia. Y, por último, “adoptar medidas para dignificar el servicio prestado por los médicos y los trabajadores que apoyan su labor con servicios de enfermería, así como para garantizarles una remuneración justa”.
Para sustentar su posición, el Partido Liberal incluyó datos de diversas fuentes que sostienen que el sistema de salud colombiano está, en ciertos aspectos, andando. Por ejemplo, la publicación en línea Our World in Data, sostiene que el país ha registrado un deceso constante y significativo de la mortalidad materna, pasando de 100 (año 2000) a 50 (año 2019) por cada 100.000 nacimientos. Asimismo, como los sostiene el Ministerio de Salud, la mortalidad neonatal muestra una reducción sostenida entre 2005 y 2017, pasando de 9,9 por cada 1.000 nacidos, a 6,9 por cada 1.000 nacidos.
“En los últimos años, el evento malario ha mantenido una tendencia al descenso, pasando de 171.960 casos en el 2000, a 50.301 casos en el 2017 y en las primeras 48 semanas de 2018 se han notificado 54.545 casos. Esto demuestra una reducción cercana al 70% en el número de casos”, recogió el Partido Liberal del Informe sobre el Plan Decenal de Salud Pública anterior del Ministerio de Salud. Y, entre otros datos, que el plan de inmunización nacional superaba el 90% antes de la pandemia. El Partido Liberal ya mostró sus cartas en la mesa. La ministra Corcho decidirá si hacerle caso.
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