Así es el proceso al que se enfrentará el gobierno Petro para el fast track

Entre el anuncio de que buscará un fast track y que este sea una realidad, el camino al que se enfrenta el presidente Gustavo Petro es complejo.

Para empezar, se trata de un mecanismo que se utilizó por primera y única vez en 2017. Es decir, el único punto de referencia para revivirlo es ese, cuando el país político atravesaba una coyuntura completamente distinta.

Por eso, resulta lógico que el presidente haya nombrado como ministro del Interior a Juan Fernando Cristo, quien estuvo en ese cargo entre 2014 y 2017 y estuvo al frente de las relaciones entre el gobierno y el Congreso para el fast track.

Para que se puedan implementar proyectos por fast track, el mecanismo debe ser aprobado como una reforma a la Constitución, toda vez que, en 2017 por una demanda del entonces senador Iván Duque, la Corte Constitucional le puso un freno al uso de la vía rápida, al señalar que este era de uso exclusivo para los proyectos que el Gobierno de entonces buscaba tramitar para el Acuerdo de Paz.

“Gracias a la demanda que ganamos en 2017 ante la Corte Constitucional, ya no hay fast track vigente”, recordó el expresidente en su cuenta en X.

Con eso en mente, el Gobierno deberá presentar un proyecto de acto legislativo. Al ser una reforma a la Constitución, esta debe surtir ocho debates en el Congreso: cuatro en Senado y cuatro en Cámara. En ese sentido, los tiempos son cortos toda vez que estos debates deben darse en una legislatura. Es decir, si se presentara el proyecto el próximo 20 de julio, el Gobierno tendría hasta el 20 de junio de 2025 para que se apruebe la reforma.

Y no será tarea fácil. A diferencia de Santos, que consiguió un fuerte apoyo en el Congreso, Petro ha tenido una relación compleja con el legislativo. Si bien en la Cámara ha logrado construir un respaldo más sólido, en el Senado las cuentas no son las mejores. De las 186 curules que hay en esa primera instancia, al menos 60 son de la oposición y el resto suele moverse más por conveniencia; y de los 107 asientos que tiene la plenaria del Senado, al menos 50 suelen votar en contra de lo que promueve la Casa de Nariño.

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Además, de ser aprobado, el fast track deberá pasar el examen de la Corte Constitucional. Aunque lo aprobó en 2016, el alto tribunal hizo explícita la exigencia de que los proyectos tramitados por ese método estuvieran directamente relacionados con el Acuerdo de Paz. Como Petro, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, dijo que el fast track será para la implementación del mismo, se esperaría una exigencia similar.

A juicio del exmagistrado de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, quien fue presidente del alto tribunal al momento de decidir sobre el fast track, dijo que no es un momento sencillo para la discusión.

“Pensaría que se trata de una propuesta bastante improvisada. Para darle vía a un procedimiento de esa naturaleza se requeriría una reforma constitucional”, dijo en los micrófonos de Blu Radio. Y agregó: “las circunstancias hoy no son las mismas que justificaron en el año 2016 al optar una medida de esta naturaleza”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en 'Congreso a la mano'.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

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Entre el anuncio de que buscará un fast track y que este sea una realidad, el camino al que se enfrenta el presidente Gustavo Petro es complejo.

Para empezar, se trata de un mecanismo que se utilizó por primera y única vez en 2017. Es decir, el único punto de referencia para revivirlo es ese, cuando el país político atravesaba una coyuntura completamente distinta.

Por eso, resulta lógico que el presidente haya nombrado como ministro del Interior a Juan Fernando Cristo, quien estuvo en ese cargo entre 2014 y 2017 y estuvo al frente de las relaciones entre el gobierno y el Congreso para el fast track.

Para que se puedan implementar proyectos por fast track, el mecanismo debe ser aprobado como una reforma a la Constitución, toda vez que, en 2017 por una demanda del entonces senador Iván Duque, la Corte Constitucional le puso un freno al uso de la vía rápida, al señalar que este era de uso exclusivo para los proyectos que el Gobierno de entonces buscaba tramitar para el Acuerdo de Paz.

“Gracias a la demanda que ganamos en 2017 ante la Corte Constitucional, ya no hay fast track vigente”, recordó el expresidente en su cuenta en X.

Con eso en mente, el Gobierno deberá presentar un proyecto de acto legislativo. Al ser una reforma a la Constitución, esta debe surtir ocho debates en el Congreso: cuatro en Senado y cuatro en Cámara. En ese sentido, los tiempos son cortos toda vez que estos debates deben darse en una legislatura. Es decir, si se presentara el proyecto el próximo 20 de julio, el Gobierno tendría hasta el 20 de junio de 2025 para que se apruebe la reforma.

Y no será tarea fácil. A diferencia de Santos, que consiguió un fuerte apoyo en el Congreso, Petro ha tenido una relación compleja con el legislativo. Si bien en la Cámara ha logrado construir un respaldo más sólido, en el Senado las cuentas no son las mejores. De las 186 curules que hay en esa primera instancia, al menos 60 son de la oposición y el resto suele moverse más por conveniencia; y de los 107 asientos que tiene la plenaria del Senado, al menos 50 suelen votar en contra de lo que promueve la Casa de Nariño.

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Además, de ser aprobado, el fast track deberá pasar el examen de la Corte Constitucional. Aunque lo aprobó en 2016, el alto tribunal hizo explícita la exigencia de que los proyectos tramitados por ese método estuvieran directamente relacionados con el Acuerdo de Paz. Como Petro, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, dijo que el fast track será para la implementación del mismo, se esperaría una exigencia similar.

A juicio del exmagistrado de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, quien fue presidente del alto tribunal al momento de decidir sobre el fast track, dijo que no es un momento sencillo para la discusión.

“Pensaría que se trata de una propuesta bastante improvisada. Para darle vía a un procedimiento de esa naturaleza se requeriría una reforma constitucional”, dijo en los micrófonos de Blu Radio. Y agregó: “las circunstancias hoy no son las mismas que justificaron en el año 2016 al optar una medida de esta naturaleza”.

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