Así es la reforma a la justicia de Cambio Radical

Con el respaldo del excandidato presidencial Germán Vargas Lleras y la bancada de Cambio Radical en el Congreso —adelantándose a la anunciada propuesta del gobierno Duque en la misma materia—, el próximo martes será presentado un proyecto integral de reforma a la justicia. El articulado de la iniciativa plantea los temas cruciales que han sido motivo de controversia en el accionar del poder judicial en los últimos tiempos, como la participación de las cortes en la elección de altos dignatarios o el papel del Consejo Superior de la Judicatura.

De manera concreta, el proyecto de reforma constitucional plantea la eliminación de las facultades electorales de los magistrados. Sobre el argumento de que esos procesos electorales disminuyen el tiempo de las cortes para cumplir con sus funciones y desnaturalizan la tarea de los magistrados, la iniciativa busca que no vuelvan a participar en la elección del fiscal general, el registrador nacional, el contralor general, el procurador general y los magistrados de la Corte Constitucional.

En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura, la exposición de motivos que acompaña la reforma que será presentada al Congreso, y cuyo texto fue conocido por El Espectador, este organismo debe ser eliminado para dar paso a una entidad con enfoque gerencial que se centre en una mejor gestión de los recursos de la rama. En tal sentido, se propone retomar la idea de la Dirección de la Administración de Justicia, cuyo regente sería elegido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

En el capítulo específico del juzgamiento disciplinario de la conducta de los abogados, hoy desarrollado por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, la reforma que propondrá Cambio Radical busca crear un Colegio Nacional de Abogados para garantizar el ejercicio adecuado de esta profesión. Mientras entra en funcionamiento dicho organismo, la idea es que la misión disciplinaria para evaluar el comportamiento de los profesionales del derecho sea ejercida por la Procuraduría General de la Nación.

En otro aspecto conexo a estos temas, la reforma incluye la creación de la Corte de Aforados Constitucionales; es decir, el organismo para evaluar los delitos cometidos por funcionarios con fuero: presidente de la República, fiscal y magistrados de las altas cortes. En la actualidad, esta función la desarrolla la Comisión de Acusaciones de la Cámara con juicio del Senado. En criterio de los redactores del proyecto, este procedimiento es “antitécnico e ineficiente”, pues el Congreso no tiene capacidad para hacer esos juicios.

En este tema en particular, el texto de Cambio Radical recalca que entre 1992 y 2014 se presentaron 3.496 procesos, de los cuales 1.957 fueron archivados y 1.538 no han tenido avances. En desarrollo del Acto Legislativo de Equilibrio de Poderes, aprobado en 2015, se incluyó este sistema, pero luego de esta modificación fue declarada inconstitucional por la Corte. La nueva iniciativa subsana los errores detectados en el alto tribunal y admite que pertenezca a la rama judicial, pero con independencia.

La reforma a la justicia que será puesta a consideración del Congreso recalca aspectos que son de alta controversia jurídica en los altos tribunales. En concreto, lo que los abogados denominan “seguridad jurídica” o “certeza en la aplicación del derecho”. En consecuencia, lo que se busca es recobrar la figura del “precedente judicial”, para salvaguardar que cada juez aplique a su acomodo la jurisprudencia de las altas cortes. Por eso, la innovación es que en sus providencias los jueces acojan obligatoriamente la doctrina como criterio auxiliar de la actividad judicial.

Esa controversia toma forma en el articulado propuesto por medio de dos iniciativas particulares: prohibir las ‘tutelatones’, que se califican como una forma de manipulación política convocando a miles de ciudadanos a interponer tutelas para aumentar las posibilidades de una decisión favorable; y regular definitivamente el recurso de tutela contra providencias judiciales, que en opinión de los autores del proyecto sigue creando numerosos choques de trenes entre cortes, dilatando también los procesos.

Finalmente, la reforma de Cambio Radical, con el sello Vargas Lleras, plantea, como se ha hecho en varias oportunidades en el pasado, la eliminación de las contralorías departamentales, municipales y distritales. En el fondo lo que se busca es que se acabe la dispersión del ejercicio del control de los recursos públicos en organismos independientes y que todo el trabajo de control fiscal se concentre en la Contraloría General. De paso, se pretende evitar entes independientes sin recursos.

Con el aumento de requisitos para ser magistrado de las altas cortes y exigir una experiencia mínima de 25 años en la profesión de abogado, la cátedra universitaria o el ejercicio profesional, la iniciativa se complementa con la ampliación del periodo de estos a 12 años. El punto final de la propuesta de reforma constitucional es avanzar hacia la descongestión judicial del país y, en tal sentido, darles facultades jurisdiccionales a los notarios, registradores y, excepcionalmente, abogados.

El Espectador pudo establecer que desde el Ministerio de Justicia, hoy encabezado por Gloria María Borrero, ya se hicieron contactos con la bancada de Cambio Radical, con el propósito de que la reforma, que será radicada este martes, pueda integrarse con la que está elaborando el gobierno Duque. Cabe recordar que en desarrollo de su campaña a la Presidencia, esa fue una de las principales banderas del hoy primer mandatario.

Con el respaldo del excandidato presidencial Germán Vargas Lleras y la bancada de Cambio Radical en el Congreso —adelantándose a la anunciada propuesta del gobierno Duque en la misma materia—, el próximo martes será presentado un proyecto integral de reforma a la justicia. El articulado de la iniciativa plantea los temas cruciales que han sido motivo de controversia en el accionar del poder judicial en los últimos tiempos, como la participación de las cortes en la elección de altos dignatarios o el papel del Consejo Superior de la Judicatura.

De manera concreta, el proyecto de reforma constitucional plantea la eliminación de las facultades electorales de los magistrados. Sobre el argumento de que esos procesos electorales disminuyen el tiempo de las cortes para cumplir con sus funciones y desnaturalizan la tarea de los magistrados, la iniciativa busca que no vuelvan a participar en la elección del fiscal general, el registrador nacional, el contralor general, el procurador general y los magistrados de la Corte Constitucional.

En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura, la exposición de motivos que acompaña la reforma que será presentada al Congreso, y cuyo texto fue conocido por El Espectador, este organismo debe ser eliminado para dar paso a una entidad con enfoque gerencial que se centre en una mejor gestión de los recursos de la rama. En tal sentido, se propone retomar la idea de la Dirección de la Administración de Justicia, cuyo regente sería elegido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

En el capítulo específico del juzgamiento disciplinario de la conducta de los abogados, hoy desarrollado por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, la reforma que propondrá Cambio Radical busca crear un Colegio Nacional de Abogados para garantizar el ejercicio adecuado de esta profesión. Mientras entra en funcionamiento dicho organismo, la idea es que la misión disciplinaria para evaluar el comportamiento de los profesionales del derecho sea ejercida por la Procuraduría General de la Nación.

En otro aspecto conexo a estos temas, la reforma incluye la creación de la Corte de Aforados Constitucionales; es decir, el organismo para evaluar los delitos cometidos por funcionarios con fuero: presidente de la República, fiscal y magistrados de las altas cortes. En la actualidad, esta función la desarrolla la Comisión de Acusaciones de la Cámara con juicio del Senado. En criterio de los redactores del proyecto, este procedimiento es “antitécnico e ineficiente”, pues el Congreso no tiene capacidad para hacer esos juicios.

En este tema en particular, el texto de Cambio Radical recalca que entre 1992 y 2014 se presentaron 3.496 procesos, de los cuales 1.957 fueron archivados y 1.538 no han tenido avances. En desarrollo del Acto Legislativo de Equilibrio de Poderes, aprobado en 2015, se incluyó este sistema, pero luego de esta modificación fue declarada inconstitucional por la Corte. La nueva iniciativa subsana los errores detectados en el alto tribunal y admite que pertenezca a la rama judicial, pero con independencia.

La reforma a la justicia que será puesta a consideración del Congreso recalca aspectos que son de alta controversia jurídica en los altos tribunales. En concreto, lo que los abogados denominan “seguridad jurídica” o “certeza en la aplicación del derecho”. En consecuencia, lo que se busca es recobrar la figura del “precedente judicial”, para salvaguardar que cada juez aplique a su acomodo la jurisprudencia de las altas cortes. Por eso, la innovación es que en sus providencias los jueces acojan obligatoriamente la doctrina como criterio auxiliar de la actividad judicial.

Esa controversia toma forma en el articulado propuesto por medio de dos iniciativas particulares: prohibir las ‘tutelatones’, que se califican como una forma de manipulación política convocando a miles de ciudadanos a interponer tutelas para aumentar las posibilidades de una decisión favorable; y regular definitivamente el recurso de tutela contra providencias judiciales, que en opinión de los autores del proyecto sigue creando numerosos choques de trenes entre cortes, dilatando también los procesos.

Finalmente, la reforma de Cambio Radical, con el sello Vargas Lleras, plantea, como se ha hecho en varias oportunidades en el pasado, la eliminación de las contralorías departamentales, municipales y distritales. En el fondo lo que se busca es que se acabe la dispersión del ejercicio del control de los recursos públicos en organismos independientes y que todo el trabajo de control fiscal se concentre en la Contraloría General. De paso, se pretende evitar entes independientes sin recursos.

Con el aumento de requisitos para ser magistrado de las altas cortes y exigir una experiencia mínima de 25 años en la profesión de abogado, la cátedra universitaria o el ejercicio profesional, la iniciativa se complementa con la ampliación del periodo de estos a 12 años. El punto final de la propuesta de reforma constitucional es avanzar hacia la descongestión judicial del país y, en tal sentido, darles facultades jurisdiccionales a los notarios, registradores y, excepcionalmente, abogados.

El Espectador pudo establecer que desde el Ministerio de Justicia, hoy encabezado por Gloria María Borrero, ya se hicieron contactos con la bancada de Cambio Radical, con el propósito de que la reforma, que será radicada este martes, pueda integrarse con la que está elaborando el gobierno Duque. Cabe recordar que en desarrollo de su campaña a la Presidencia, esa fue una de las principales banderas del hoy primer mandatario.