Así es la ruta con la que el Gobierno busca regular la hoja de coca

En un documento de 17 páginas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro trazó una ruta con la que espera darle un uso legal a los cultivos de coca, amapola y extender el marco normativo que existe con el cannabis. El borrador de decreto, cuyo contenido completo conoció El Espectador y que comenzará a socializarse a partir de este jueves, deja en firme las reglas para expedir permisos para que quienes tengan proyectos productivos o de investigación con esas plantas, puedan hacerlo de manera legal.

Aunque este texto plantea un marco normativo y regulatorio para las tres plantas, lo cierto es que el impacto más grande recaerá sobre la hoja de coca, que en Colombia siempre ha estado prohibida, a menos que sea con usos ancestrales de los pueblos étnicos. Con esta propuesta, pretenden dar el primer paso hacia lo que Petro, en varias ocasiones, ha denominado una acción para desestigmatizar la hoja de coca, pues en Colombia, dependiendo del número de hectáreas sembradas, una persona puede llegar a pagar desde 8 hasta 18 años de prisión.

Lo que no sucede, necesariamente, con el cultivo de cannabis, que sí tiene un marco regulatorio y que en 2021, incluso, permitió que Colombia exportara flor de cannabis. En el gobierno de Iván Duque, alrededor de 1.800 personas naturales y jurídicas accedieron a licencias de uso de cultivo de semillas de cannabis psicoactivo y no psicoactivo.

Por eso, este borrador de decreto busca ser el primer paso para que comience a andar la política antidrogas. En el documento, en poder de este diario, se plantea que el Consejo Nacional de Estupefacientes sea el órgano rector del proceso, como el único que podrá otorgar la autorización de posesión de semillas, así como las licencias de cultivo, esas plantas y la autorización de uso de las plantaciones.

Lea también: Política antidrogas que presentó Petro en Cauca arrancó con “peros” de cocaleros

Sin embargo, uno de los requisitos principales para la persona o comunidad que busque alguno de los permisos es tener un proyecto productivo específico con la plantación, bien sea médico, científico o industrial con la planta. La propuesta, además, no sería únicamente para los proyectos futuros, sino también para los que ya están andando sin el permiso del Gobierno y que quieran formalizarse.

En diálogo con El Espectador, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, fue enfático en decir que esto no es un primer paso para regular la cocaína; sino que “de lo que se trata es de comenzar a tener unas medidas procedentes para que el tránsito de la economía de la cocaína y la economía cocalera a economías lícitas también tenga lugar en esa materia”.

Y en esa medida caben todas las posibilidades productivas: desde consolidar un proyecto para promover productos medicinales a base de hoja de coca, amapola o marihuana, hasta solicitar el permiso con fines académicos o investigativos. Por eso, esta propuesta, aunque está liderada por el ministerio de Justicia, involucra también a otras carteras como la de Agricultura y Salud, en el ánimo de fomentar nuevos usos de las hojas. “Piense, por ejemplo, fertilizantes, plásticos o pinturas a partir de la hoja de coca”, señaló el ministro Osuna.

Los permisos, licencias y autorizaciones que emitiría el Consejo Nacional de Estupefacientes, según el borrador de decreto en poder de este diario, tendrían una vigencia de hasta cinco años y se podrían renovar de manera indefinida por el mismo período, si la persona justifica la permanencia —o renovación— del proyecto en el que utiliza las plantas.

Le puede interesar: El giro de la política de drogas de Petro costaría $18 billones, ¿qué propone?

Ahora bien, en la propuesta del Gobierno, plantean que cuando la persona o comunidad termine el proyecto o las actividades para las que estaba autorizado el cultivo o la tenencia de las semillas, “se deberá realizar la destrucción de las semillas, plantas, los derivados y productos fiscalizados que no cuenten con autorización para seguir haciendo uso de ellos”. Esto, con el fin de evitar que se haga uso ilícito o con fines del narcotráfico del resto de plantaciones o cultivos. Y, para eso, la entidad que acompañaría el proceso sería el Fondo Nacional de Estupefacientes.

En este documento también advierten de la importancia de crear un comité de evaluación, seguimiento y control de autorizaciones y licencias, que sea la entidad encargada de los procesos de otorgamiento de licencias y del estado del proyecto en ejecución.

Lo cierto es que la propuesta del Gobierno va en la misma línea de la política antidrogas, que dirige Gloria Miranda, y la de sustitución de cultivos de uso ilícito, a la cabeza de Felipe Tascón, con la que pretenden buscar alternativas productivas a los cultivos, como una opción a la sustitución o la erradicación. En diálogo con este diario en octubre pasado, Tascón, de hecho, calificó como “una aberración que la hoja de coca siga en las listas del prohibicionismo”.

Vea: “El Gobierno se propone poner fábricas para comprar hoja de coca”: Petro

Y en la propuesta de política antidrogas que presentó el Gobierno también mencionan la importancia de dar un tratamiento diferencial a los pequeños cultivadores actuales de hoja de coca, de manera que se conviertan en sujetos de especial protección constitucional. Esto se traducirá en que las comunidades que se han dedicado a los cultivos de uso ilícito puedan ser propietarias de tierras.

En este decreto, que además estará abierto a observaciones ciudadanas durante 15 días en la página web del Ministerio de Justicia, a partir de este jueves, 30 de noviembre, se establecen una serie de requisitos para que las personas soliciten formalmente una licencia para tener o cultivar semillas de alguna de esas plantas.

Uno de esos es que el proyecto productivo esté sustentado en dos componentes: que sea presentado por comunidades étnicas, campesinas, organizaciones sociales de base en los territorios, y que tenga también el aval de una entidad pública, bien sea alcaldía, gobernación, entidades nacionales o cabildos. Incluso, deja abierta la posibilidad a que empresarios amplifiquen la comercialización de los productos, uniéndose a la cadena de valor como aliados del proyecto.

Además, es fundamental que el proyecto de impacto esté situado en zonas de afectación por el conflicto armado o el narcotráfico. Pero también se plantea la necesidad de que los solicitantes identifiquen el área donde pretenden tener el cultivo, su extensión en hectáreas y la ubicación exacta de donde se ubicaría la plantación. También se debe establecer la cantidad aproximada de semillas y plantas requeridas, justificando la estimación.

En este punto, el ministerio del Interior estableció que en el caso de que los proyectos sean o estén asociados con comunidades étnicas, deberá cumplirse primero con la consulta previa.

Lo que busca el Gobierno, con este documento, es crear un marco regulatorio que no solo abre la puerta a la política antidrogas, sino en el que también convergen otros procesos como la lucha contra el cambio climático y desarrollo rural del país. Es por eso que, después de las observaciones ciudadanas, el borrador de decreto tendría la firma del ministro de Justicia, Néstor Osuna; y también de Jhenifer Mojica (Agricultura) y de Guillermo Jaramillo (Salud). El piloto apenas comienza.

Vea el decreto completo aquí:

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En un documento de 17 páginas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro trazó una ruta con la que espera darle un uso legal a los cultivos de coca, amapola y extender el marco normativo que existe con el cannabis. El borrador de decreto, cuyo contenido completo conoció El Espectador y que comenzará a socializarse a partir de este jueves, deja en firme las reglas para expedir permisos para que quienes tengan proyectos productivos o de investigación con esas plantas, puedan hacerlo de manera legal.

Aunque este texto plantea un marco normativo y regulatorio para las tres plantas, lo cierto es que el impacto más grande recaerá sobre la hoja de coca, que en Colombia siempre ha estado prohibida, a menos que sea con usos ancestrales de los pueblos étnicos. Con esta propuesta, pretenden dar el primer paso hacia lo que Petro, en varias ocasiones, ha denominado una acción para desestigmatizar la hoja de coca, pues en Colombia, dependiendo del número de hectáreas sembradas, una persona puede llegar a pagar desde 8 hasta 18 años de prisión.

Lo que no sucede, necesariamente, con el cultivo de cannabis, que sí tiene un marco regulatorio y que en 2021, incluso, permitió que Colombia exportara flor de cannabis. En el gobierno de Iván Duque, alrededor de 1.800 personas naturales y jurídicas accedieron a licencias de uso de cultivo de semillas de cannabis psicoactivo y no psicoactivo.

Por eso, este borrador de decreto busca ser el primer paso para que comience a andar la política antidrogas. En el documento, en poder de este diario, se plantea que el Consejo Nacional de Estupefacientes sea el órgano rector del proceso, como el único que podrá otorgar la autorización de posesión de semillas, así como las licencias de cultivo, esas plantas y la autorización de uso de las plantaciones.

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Sin embargo, uno de los requisitos principales para la persona o comunidad que busque alguno de los permisos es tener un proyecto productivo específico con la plantación, bien sea médico, científico o industrial con la planta. La propuesta, además, no sería únicamente para los proyectos futuros, sino también para los que ya están andando sin el permiso del Gobierno y que quieran formalizarse.

En diálogo con El Espectador, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, fue enfático en decir que esto no es un primer paso para regular la cocaína; sino que “de lo que se trata es de comenzar a tener unas medidas procedentes para que el tránsito de la economía de la cocaína y la economía cocalera a economías lícitas también tenga lugar en esa materia”.

Y en esa medida caben todas las posibilidades productivas: desde consolidar un proyecto para promover productos medicinales a base de hoja de coca, amapola o marihuana, hasta solicitar el permiso con fines académicos o investigativos. Por eso, esta propuesta, aunque está liderada por el ministerio de Justicia, involucra también a otras carteras como la de Agricultura y Salud, en el ánimo de fomentar nuevos usos de las hojas. “Piense, por ejemplo, fertilizantes, plásticos o pinturas a partir de la hoja de coca”, señaló el ministro Osuna.

Los permisos, licencias y autorizaciones que emitiría el Consejo Nacional de Estupefacientes, según el borrador de decreto en poder de este diario, tendrían una vigencia de hasta cinco años y se podrían renovar de manera indefinida por el mismo período, si la persona justifica la permanencia —o renovación— del proyecto en el que utiliza las plantas.

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Ahora bien, en la propuesta del Gobierno, plantean que cuando la persona o comunidad termine el proyecto o las actividades para las que estaba autorizado el cultivo o la tenencia de las semillas, “se deberá realizar la destrucción de las semillas, plantas, los derivados y productos fiscalizados que no cuenten con autorización para seguir haciendo uso de ellos”. Esto, con el fin de evitar que se haga uso ilícito o con fines del narcotráfico del resto de plantaciones o cultivos. Y, para eso, la entidad que acompañaría el proceso sería el Fondo Nacional de Estupefacientes.

En este documento también advierten de la importancia de crear un comité de evaluación, seguimiento y control de autorizaciones y licencias, que sea la entidad encargada de los procesos de otorgamiento de licencias y del estado del proyecto en ejecución.

Lo cierto es que la propuesta del Gobierno va en la misma línea de la política antidrogas, que dirige Gloria Miranda, y la de sustitución de cultivos de uso ilícito, a la cabeza de Felipe Tascón, con la que pretenden buscar alternativas productivas a los cultivos, como una opción a la sustitución o la erradicación. En diálogo con este diario en octubre pasado, Tascón, de hecho, calificó como “una aberración que la hoja de coca siga en las listas del prohibicionismo”.

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Y en la propuesta de política antidrogas que presentó el Gobierno también mencionan la importancia de dar un tratamiento diferencial a los pequeños cultivadores actuales de hoja de coca, de manera que se conviertan en sujetos de especial protección constitucional. Esto se traducirá en que las comunidades que se han dedicado a los cultivos de uso ilícito puedan ser propietarias de tierras.

En este decreto, que además estará abierto a observaciones ciudadanas durante 15 días en la página web del Ministerio de Justicia, a partir de este jueves, 30 de noviembre, se establecen una serie de requisitos para que las personas soliciten formalmente una licencia para tener o cultivar semillas de alguna de esas plantas.

Uno de esos es que el proyecto productivo esté sustentado en dos componentes: que sea presentado por comunidades étnicas, campesinas, organizaciones sociales de base en los territorios, y que tenga también el aval de una entidad pública, bien sea alcaldía, gobernación, entidades nacionales o cabildos. Incluso, deja abierta la posibilidad a que empresarios amplifiquen la comercialización de los productos, uniéndose a la cadena de valor como aliados del proyecto.

Además, es fundamental que el proyecto de impacto esté situado en zonas de afectación por el conflicto armado o el narcotráfico. Pero también se plantea la necesidad de que los solicitantes identifiquen el área donde pretenden tener el cultivo, su extensión en hectáreas y la ubicación exacta de donde se ubicaría la plantación. También se debe establecer la cantidad aproximada de semillas y plantas requeridas, justificando la estimación.

En este punto, el ministerio del Interior estableció que en el caso de que los proyectos sean o estén asociados con comunidades étnicas, deberá cumplirse primero con la consulta previa.

Lo que busca el Gobierno, con este documento, es crear un marco regulatorio que no solo abre la puerta a la política antidrogas, sino en el que también convergen otros procesos como la lucha contra el cambio climático y desarrollo rural del país. Es por eso que, después de las observaciones ciudadanas, el borrador de decreto tendría la firma del ministro de Justicia, Néstor Osuna; y también de Jhenifer Mojica (Agricultura) y de Guillermo Jaramillo (Salud). El piloto apenas comienza.

Vea el decreto completo aquí:

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