Redes que trafican con identidades colombianas tienen honorarios de hasta US$9.000

Un pasaporte colombiano fue el tiquete que utilizó la mujer más buscada de República Dominicana para escapar a Europa. La libreta vinotinto, por la que Francelys María Furcal pagó cerca de US$1.000 en el mercado ilegal de Medellín, le permitió hacer una serie de viajes que terminaron en Madrid, donde, un año después, en agosto de 2023, la capturó la Policía española. El pasado 6 de mayo regresó extraditada a su país para someterse a la justicia. Pero el suyo es solo uno de los 606 casos detectados de dominicanos que en los últimos tres años lograron falsear identidades colombianas.

Un pasaporte colombiano fue el tiquete que utilizó la mujer más buscada de República Dominicana para escapar a Europa. La libreta vinotinto, por la que Francelys María Furcal pagó cerca de US$1.000 en el mercado ilegal de Medellín, le permitió hacer una serie de viajes que terminaron en Madrid, donde, un año después, en agosto de 2023, la capturó la Policía española. El pasado 6 de mayo regresó extraditada a su país para someterse a la justicia. Pero el suyo es solo uno de los 606 casos detectados de dominicanos que en los últimos tres años lograron falsear identidades colombianas.

Furcal era buscada desde agosto de 2022 por haber asesinado a Chen Zongxin, un chino que era su jefe en una ferretería de Santo Domingo. Después de esconderse durante dos meses en su país, desde la capital dominicana tomó un vuelo a Medellín, considerada por autoridades judiciales como una especie de meca del tráfico de identidades. El Espectador estableció que, entre 2021 y 2024, en el punto migratorio del aeropuerto internacional José María Córdova se descubrieron 249 pasaportes colombianos irregulares.

Ya con su pasaporte colombiano en mano, Furcal se tiñó el pelo y salió en dirección a São Paulo, desde donde al parecer voló hacia Oriente Medio, luego a París y finalmente se asentó en el barrio Tetuán, en la capital de España. Este es uno de los puntos en donde las autoridades colombianas, por información compartida con la inteligencia de otras naciones, han tenido conocimiento de casos de este estilo, al igual que en Brasil, Panamá, Ecuador, Estados Unidos y Francia.

Al hacer un barrido por casos recientes y relacionados con falsificación de identidades y tráfico de migrantes se confirmó que algunas de las redes criminales incluso venden un paquete que no solo incluye el pasaporte y otros documentos colombianos, sino la salida efectiva de los extranjeros desde Colombia hacia otros países. Este era el caso de la red que dirigía Lucía Parra Rojas, alias Lucy, en la que estaban vinculados tres de sus familiares y seis funcionarios de la Registraduría y uno de Migración Colombia, que fueron capturados en marzo de este año.

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El expediente que construyó la Dijín reveló que los detenidos cobraban entre US$7.800 y US$9.000 por cada migrante que contrataba sus servicios. Por ese precio, la red se comprometía, en cuestión de solo 45 días, a conseguir los documentos de identidad y a coordinar el transporte aéreo de venezolanos, dominicanos y cubanos a Norteamérica, Centroamérica y Europa.

Aunque no es claro si la dominicana Francelys María Furcal acudió a la banda de Lucy o a otro grupo delincuencial para obtener un pasaporte colombiano, su estancia en Colombia tramitando la identidad falsa con la que luego pasó a Brasil coincide con el tiempo que esta red usaba para entregar los documentos fraudulentos y garantizar la salida del país: 41 días.

¿Cómo logran estas redes falsificar identidades colombianas? El común denominador es que adulteran los documentos base para obtener los pasaportes legalmente. Es decir, expedir registros civiles de nacimiento colombiano haciendo uso de nacionales que posan como padres y testigos ficticios para los migrantes que los contratan. Solo la organización de Lucy, de acuerdo con la información policial, logró falsear cerca de 20.000 registros civiles. Incluso, hay indicios de que falsificaron sellos de la Cancillería, de consulados y apostillas, al igual que cédulas de ciudadanía y otros documentos con los datos de colombianos fallecidos.

Los tentáculos de estas redes, cuyos integrantes son imputados por tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir, se metieron en entidades como Migración, la Cancillería y la Registraduría, tal cual lo hizo el grupo que dirigía Lucía Parra Rojas. De hecho, esta semana la Fiscalía desmanteló otra red tras capturar a 31 personas, incluyendo a tres funcionarios de la Registraduría y tres de la Cancillería, además de 11 exfuncionarios de ambas entidades.

En un informe judicial de seis páginas, que elaboró la Fiscalía para sustentar su caso, el cual está en poder de este diario, se detalló que “Europe Express” —como se bautizó a la banda— cayó tras una investigación que tuvo su génesis en 2021 por cuenta de una denuncia de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. En esta se señaló que la organización estaría integrada por funcionarios en notarias, registradurías y oficinas de pasaporte, quienes recibirían dinero a cambio de asignar citas anticipadas y por expedir los documentos de identidad, incluso sin que el migrante tuviera que acercarse a la oficina.

“Una vez entregados los documentos, el extranjero viaja a países de Europa y a México o Guatemala para posteriormente entrar a Estados Unidos de manera ilegal”, se lee en uno de los apartados de la denuncia de la inteligencia estadounidense asentada en Bogotá.

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Después de casi tres años, el ente investigador estableció que los presuntos integrantes del grupo estaban en la capital del país y en Atlántico, Córdoba, Amazonas, Caquetá, Cesar, Sucre y La Guajira. El primer anillo de la operación ilegal, al parecer, estaba compuesto por 11 personas que atraían a los migrantes, en su mayoría dominicanos o venezolanos, para ofrecerles los servicios de documentación falsa.

Luego los empleados y exfuncionarios de la Registraduría procedían a buscar registros civiles de colombianos que no tuvieran cédula y así poder suplantarlos. El trabajo quedaba listo cuando quienes estaban vinculados con la Cancillería se aseguraban de que estas identidades falsas quedaran en firme en los pasaportes colombianos, con los que se tiene acceso sin visa a 135 países, que incluyen a la Unión Europea y el Reino Unido.

A raíz de información a la que logró acceder este diario mediante vías legales, se estableció que, desde 2022, en la Oficina de Control Interno de la Registraduría se han abierto 196 investigaciones disciplinarias a funcionarios por estar involucrados en casos de registros irregulares de identidades colombianas. De estos, 25 han sido llevados a la Fiscalía.

“Europe Express”, que cobraba entre US$2.000 y US$4.500 por persona, tendría dos cabecillas: Pedro Antonio Pereira de Jesús, alias Alexis, un dominicano sobre quien pesa una circular azul de la Interpol por sospecha de tráfico de migrantes y concierto para delinquir, y cuyo último rastro lo ubicaría en República Dominicana, y Diana Janne Gamarra, una colombiana quien también habría vinculado a por lo menos seis de sus familiares a la red en calidad de coordinadores.

Durante 2023, Migración Colombia detectó 283 casos de documentación fraudulenta colombiana, de los cuales casi todos, 271, eran de personas de República Dominicana. Once de los migrantes con pasaportes ilegales eran de Venezuela y solamente uno era de China. Frente a por qué abundan los episodios de dominicanos, la entidad aseguró que “los colombianos tenemos menos restricciones que los nacionales de República Dominicana para ingresar a algunos países, lo que podría ser una de las causales para la falsificación de los documentos”.

El organismo también contó que los acercamientos que ha tenido sobre estos temas con las autoridades migratorias de República Dominicana se han basado principalmente en intercambiar información sobre alertas —como la del cabecilla de “Europe Express”— y para verificar la identidad de viajeros. Pero los diálogos en profundidad sobre la situación de documentación colombiana fraudulenta está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual no accedió a hablar con El Espectador sobre este tema.

En general, la producción fraudulenta de pasaportes puede tener consecuencias graves en la seguridad nacional, un riesgo que se ha señalado claramente en otros países. En 2017, reportes de inteligencia develaron presuntas irregularidades en la emisión de visas y pasaportes venezolanos a personas que incluso podrían tener vínculos con el terrorismo de Oriente Medio.

La situación llegó hasta el Senado estadounidense, donde el congresista Marco Rubio expuso su preocupación por el posible rol del entonces vicepresidente venezolano Tareck El Aissami “con los 173 pasaportes y cédulas expedidas a individuos provenientes de Oriente Medio, incluida gente vinculada al grupo terrorista Hezbollah”.

“Una nación que está traficando y vendiendo pasaportes y documentos de viaje a individuos vinculados con el terrorismo representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos”, agregó el senador republicano en ese momento.

De hecho, Colombia vivió a comienzos de este 2024 una preocupación por un asunto similar: el 3 de enero arrestaron a tres hombres en Buenos Aires por sus vínculos con una “posible célula terrorista”, uno de ellos con pasaporte colombiano. La Cancillería pudo confirmar que Chassan Naem Chatay, un hombre de 68 años con raíces sirio-libanesas, era ciudadano colombiano por adopción desde 2022 y se había legalizado en una notaría de Bogotá.

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Tanto él como los otros dos capturados fueron liberados unos días después por la justicia argentina, a falta de pruebas que los vincularan con las acusaciones, pero la situación prendió alarmas y se levantaron preguntas sobre la forma en la que se tramitan las nacionalidades en el país.

Aunque los casos de Lucy y “Europe Express” fueron documentados en 2024, este patrón criminal tiene su propia estela. En noviembre de 2023 se legalizó la captura de cuatro hombres conocidos como Los Mochileros, quienes tenían en Barranquilla y Campo de la Cruz, cerca de la capital atlanticense, su centro de operaciones.

Para tramitar las cédulas y pasaportes, Daniel Antonio Barrera Villa, Juan Tomás Peña Pulido, Emidio Miguel Pérez Martínez y Alfonso Rafael Pacheco presuntamente expedían registros civiles en los que se alteraban los datos básicos de información: nombres, edades, fechas y lugares de nacimiento. Por este trámite cobrarían mínimo $600.000.

En las interceptaciones legales que hizo la Fiscalía se escucha a dos de ellos negociando cuánto pedir por la documentación que acredita a los migrantes como ciudadanos colombianos: “Yo miro a ver si lo cedulamos por El Carmen, que ahí cobran $500.000 (...). Entonces, para decirle que $2.500.000″.

Otro camino que habrían usado Los Mochileros, y que también ha sido parte del repertorio de otras bandas, es conseguir a terceras personas colombianas para que figuren como padres de los extranjeros. Para esto se aprovechan de las leyes que permiten el trámite del registro civil a través de la declaración juramentada de dos testigos.

Es decir, hay casos irregulares que violentan lo que estipula la Sentencia T-393 de 2022 de la Corte Constitucional, la cual indicó que la Registraduría puede inscribir los registros de personas como colombianas cuando dos testigos den fe de que estas nacieron en este país. De esta manera, las redes consiguen a colombianos que hacen las veces de testigos ficticios y, así, el registrador emite el registro civil al migrante.

Fuentes de inteligencia y de la Registraduría le dijeron a El Espectador que este tipo de casos son difíciles de rastrear, sobre todo en las registradurías y notarías con función registral que se ubican en zonas de frontera, como la de más de 2.000 kilómetros entre Colombia y Venezuela. En los últimos años se han identificado seis episodios en Cúcuta y uno en Puerto Santander, y lo propio sucede en otras latitudes. Migración Colombia tiene conocimiento de 10 en Leticia, seis en Maicao y 12 en Ipiales. Algunos casos han sido entregados a la Policía Nacional y otros viajeros han sido expulsados.

Más allá de Los Mochileros, las autoridades han venido siguiendo este tema hace varios años por los riesgos que representa; en esas pesquisas se han documentado casos de chinos, paquistaníes, venezolanos y otras nacionalidades que han sacado provecho de identidades colombianas fraudulentas. Por ejemplo, hace 24 meses, en París capturaron a seis venezolanos con pasaporte colombiano que eran parte de una red de apartamenteros en la capital de Francia.

De los casos que logró documentar este diario, la opción a la que menos recurren quienes quieren conseguir un pasaporte colombiano es falsificar la libreta. Resulta más sencillo hacer el fraude con los documentos base y, con ellos, acceder a un pasaporte real, emitido por la Cancillería colombiana. Fabricar un pasaporte colombiano es más difícil también por los estándares de calidad de uno real. De hecho, en 2018, el pasaporte colombiano ganó reconocimiento por ser el “más seguro del mundo”.

Precisamente, estos estándares de seguridad en el documento son parte de las preocupaciones que han surgido desde que la Cancillería anunció que la producción de pasaportes estaría a cargo de la Imprenta Nacional, después del escándalo por las dos fallidas licitaciones que causaron un revolcón en el interior de ese Ministerio.

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Lo cierto es que los casos de pasaportes fraudulentos han venido aumentando en los últimos años. Migración tiene documentados, hasta el momento, 22 episodios de identidades colombianas falsas en 2024. El año pasado fueron 283; es decir, 32 más que en 2022 y 109 más que en 2021. Además de lo que esto puede implicar en términos de seguridad nacional, voces desde la Registraduría no descartan que esto pueda traer problemas más adelante, por ejemplo, para que les quiten a los colombianos la visa estadounidense o, incluso, para que se revisen los convenios que ya existen con países europeos.

Por el momento, la Registraduría ha anulado 344 cédulas falsas que habrían sido entregadas por el grupo delincuencial “Europe Express”, que se desarticuló esta semana, y constató la expedición irregular de 304 pasaportes. De los 31 capturados, el pasado jueves en la noche, 18 ya aceptaron total o parcialmente los cargos. Este lunes y miércoles se pedirán las medidas cautelares para los presuntos miembros de la red.

En todo caso, ya se están rastreando más redes que se dedican a fabricar identidades colombianas como negocio y que han penetrado instituciones claves del Estado. Se vienen más capturas.

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