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“Que nos los devuelvan vivos porque vivos se los llevaron”. Esa es la consigna que ha repetido por 40 años Yolanda Sanjuán, hermana de Alfredo y Humberto Sanjuán, líderes estudiantiles desaparecidos en Bogotá el 8 de marzo de 1982. Sus palabras aún cargan el dolor de la incertidumbre y las repite este jueves en un encuentro de la Comisión de la Verdad en el que víctimas y responsables profundizarán sobre un flagelo que, para ella, ha pasado de agache: los múltiples impactos que ha dejado el conflicto armado en las universidades.
Si bien el país y la opinión pública no se han detenido con ímpetu en la violencia que vivieron estudiantes, profesores y trabajadores de varios claustros a lo largo del territorio, sus efectos no han sido pocos. Particularmente tras los estados de sitio, en las décadas de los 70, 80, 90 y luego en años 2000, cientos de personas no regresaron a sus casas. Otras fueron torturadas y asesinadas. Todas ellas, de las que no se sabe con suficiente información para contarlas oficialmente y rastrear su historia, recibieron el impacto de la guerra en su condición de universitarias, vinculadas a la vida académica de alguna forma.
El doctor Saúl Franco, comisionado de la Verdad, reconoce que la diversidad de fuentes y el subregistro de víctimas ha dificultado la consolidación de los datos. No obstante, la entidad creada del Acuerdo de Paz ha avanzado en ese camino.
“Uno de los informes que nos entregó la Universidad de Antioquia da cuenta de 323 hechos victimizantes en 50 años en ese claustro. Otro estudio nos entregó una cifra alarmante: más de 603 estudiantes asesinados en medio siglo. Eso da un promedio de un estudiante asesinado por mes. Es supremamente preocupante. A partir de esos informes estamos construyendo nuestras propias cifras. En el informe final estamos tratando de filtrar la información más sólida para poder entregar algo significativo”, explicó.
Además, Franco destacó el aporte que representa el testimonio de cientos de colombianos que salieron al exilio por cuenta del conflicto armado en las universidades. “El caso del exilio ha sido muy poco trabajado en Colombia y en otros informes de comisiones de la verdad [alrededor del mundo]. Creo que Colombia en este aspecto le aportará al mundo. Tenemos más de 250 testimonios de exiliados colombianos que se fueron en su condición de universitarios, sean estudiantes, profesores o trabajadores de los centros de estudio”, agregó.
Su voz no es la única. Darío Hernán Vásquez Padilla es sobreviviente y miembro de la organización estudiantil Alma Mater de la Universidad del Atlántico. Su contribución arroja datos sobre la incursión del paramilitarismo en dicho claustro entre 1998 y 2001. Entre otras cosas, expresó que la estigmatización hacia el pensamiento crítico que se vive en las universidades, esto por parte del Estado, los medios de comunicación y las propias dinámicas internas cuando los actores ilegales han incursionado en las aulas
“¿Quiénes son los que agencian esos procesos de victimización y quiénes son los que se benefician de ello? En primer lugar, está la responsabilidad del Estado, pero también la estigmatización que realizan los medios de comunicación y que luego llevan a la persecución. Al interior de las universidades también se han dado esos procesos de disputa que se da en ese escenario de las universidades públicas. En la Universidad del Atlántico se dio una articulación con las denuncias de hechos sobre corrupción al interior del claustro. entre 1998 a 2001 se da el mayor hecho de victimización y son asesinados compañeros nuestros, pero también personas que fueron cercanas a la administración y que luego que se distancian se da la persecución”, manifestó Vásquez.
Vásquez argumentó que la infiltración de los paramilitares y de las guerrillas en las facultades generó más violencia. En la Universidad del Atlántico, por ejemplo, indicó que el ingreso de un trabajador fue un elemento disparador en la mayoría de homicidios. “Un trabajador estuvo involucrado en por lo menos el 80 % de los asesinatos de miembros de la comunidad universitaria. Necesitamos más verdad y comprender cuál era el entramado que funcionó en contra de las universidades”, añadió.
Como ese testimonio, el de Yolanda Sanjuán refleja el horror que vivieron sus hermanos y varios compañeros de la época. “Mis hermanos eran activistas y estudiantes de la Universidad Nacional y la Distrital, ellos siempre se preocuparon por el bienestar de los estudiantes, sobre todo para los estudiantes de provincia. Prácticamente, la lucha y la reivindicación que ellos hacían los llevó a que los detuvieran y los desaparecieran. En 1982 hubo muchos casos, los de los estudiantes García Villamizar, Gustavo Campo Guevara, Pedro Pablo Silva Bejarano, muchos que desaparecieron. Hasta el momento se han abierto muchas investigaciones pero no ha habido nada concreto como para que haya un verdadero juicio y castigo para los responsables”, pidió reiteradamente Sanjuán.
Ella junto con otras víctimas de desaparición conformaron Colectivo 82, una organización con la que ha pedido verdad, justicia y reparación, a pesar de que, dijo, no se ha judicializado a nadie. Además de su caso, en el evento también se aborda la masacre del 26 de septiembre de 1971, en Cali, la guerra contra los estudiantes de la Universidad de Antioquia en los 80, la de la Universidad del Atlántico en los 90 y el Plan Pistola contra los miembros de la Universidad Industrial de Santander (UIS) en los años 2000. En honor a las víctimas de este último caso es que la Comisión de la Verdad realiza dicho encuentro en “la gallera”, un espacio donde se reunió la comunidad universitaria en la década de 1980 para organizarse y ser escuchados. Muchas de las víctimas siguen esperando justicia. “Que nos los devuelvan vivos porque vivos se los llevaron”, la frase de Yolanda Sanjuán, sigue tan vigente como hace 40 años.