Así se construyó el acuerdo entre la Procuraduría y el Gobierno para el fondo anticorrupción

El choque entre el presidente Gustavo Petro y la Procuraduría se ha hecho evidente en la última semana, en la que el mandatario acusó al ente de control de extralimitar sus funciones, y en medio de la cual fue publicado un borrador de decreto que daría cuenta que, detrás de los señalamientos, habría un trabajo conjunto para avanzar en la política pública anticorrupción. Desde el 11 de mayo y hasta este sábado se pueden hacer comentarios sobre el texto que reglamenta el Fondo Especial para el Fortalecimiento del Ministerio Público, una promesa que se cumplirá después de dos años de haber sido aprobado por el Congreso y que ha sido cuestionada por ser un posible “regalo” para el ente de control.

El choque entre el presidente Gustavo Petro y la Procuraduría se ha hecho evidente en la última semana, en la que el mandatario acusó al ente de control de extralimitar sus funciones, y en medio de la cual fue publicado un borrador de decreto que daría cuenta que, detrás de los señalamientos, habría un trabajo conjunto para avanzar en la política pública anticorrupción. Desde el 11 de mayo y hasta este sábado se pueden hacer comentarios sobre el texto que reglamenta el Fondo Especial para el Fortalecimiento del Ministerio Público, una promesa que se cumplirá después de dos años de haber sido aprobado por el Congreso y que ha sido cuestionada por ser un posible “regalo” para el ente de control.

La Ley 2195 de 2022 establece en el artículo 38 la creación de este fondo, que funcionaría, en caso de ser aprobado el decreto presentado por la Secretaría de Transparencia, para financiar las acciones tomadas por la Procuraduría General para combatir la corrupción. Así, esta recibiría el 80 % de los recursos provenientes de sanciones disciplinarias en forma de multa impuestas a servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas. El otro 20 % sería destinado a cada una de las entidades a la que pertenecía la persona sancionada para financiar los programas de Bienestar Social de los empleados, según lo descrito en el decreto 2170 de 1992.

Menos de año y medio duró en el Congreso el proyecto que buscaba “adoptar medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción” antes de que fuera sancionado como ley el 18 de enero de 2022. Cuando fue radicado, en 2020, contaba con las firmas de algunos integrantes del gabinete del entonces presidente Iván Duque, entre ellos, la ministra del Interior, Alicia Arango Olmos; el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela; y la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez.

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También participaron otros exfuncionarios públicos como Carlos Felipe Córdoba (excontralor) y Francisco Ruiz Barbosa (exfiscal general), y Carlos Camargo Assis, quien continúa siendo el defensor del pueblo. Desde el Legislativo están como autores los excongresistas Andrés García Zuccardi, Jorge Enrique Burgos Lugo (ambos de Unión por la Gente), María Margarita Restrepo (Centro Democrático), el senador Juan Carlos García Gómez y los representantes Juan Carlos Wills Ospina (ambos del Partido Conservador) y Jorge Eliécer Tamayo Marulanda (Unión por la Gente).

Sin embargo, el fondo entraría a funcionar más de dos años después de su entrada en vigencia, en un periodo presidencial diferente. En ese tiempo en el que no fue reglamentado, 60 funcionarios públicos o particulares que ejercen funciones públicas han sido sancionados con una multa, con algunas que se extienden hasta por 15 años, de acuerdo con la base de datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI).

Ahora, tras un “apoyo constante”, según lo indica la Secretaría de Transparencia, con la Procuraduría, y mesas de trabajo que se realizaron entre febrero y mayo de 2024 con el Ministerio de Hacienda, se presentó el texto que finalmente cuenta con los requisitos legales y técnicos para que el fondo pueda entrar en funcionamiento.

Aun así, algunos reparos frente a este proyecto fueron señalados desde el momento de su creación en el 2022, pues aumentaría el presupuesto de la Procuraduría según las medidas impuestas. Aunque este monto es difícil de calcular, pues la multa puede corresponder de 10 a 180 días del salario básico que tenía la persona para la época en la que la falta fue cometido, se sumaría a los $502,6 billones que tiene el ente como presupuesto para el 2024, una cifra que es 18,9 % superior a la que obtuvo en el 2023.

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De cualquier forma, quien era la cabeza de la Procuraduría en 2022 sigue siéndolo hasta ahora: Margarita Cabello, quien llegó a ese puesto con el apoyo del Partido de la U, Colombia Justa Libres, el Mira, el Centro Democrático, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y ha sido señalada de haber sido muy cercana al mandatario que la posesionó. Su periodo como procuradora finalizará el próximo diciembre y entre varios choques con el actual jefe de Estado.

Al inicio de su mandato presidencial, el 6 de septiembre de 2022, Petro y Cabello se reunieron para discutir sobre la eliminación de la Procuraduría, una propuesta que había hecho el Ejecutivo días después de haber obtenido la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los 40 minutos de charla, en los que manifestaron estar dispuestos al diálogo y tener varias preocupaciones en común, no tuvieron los resultados deseados. En menos de dos años de gobierno, Petro ha tenido varios enfrentamientos con la cabeza del ente de control, que incluso han llevado a que este concuerde con voces de la oposición, entre ellas la del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien ha dicho que la existencia de la Procuraduría “se volvió inocua” contra congresistas, alcaldes y gobernadores.

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Lo cierto es que lo que se calificó en el 2022 como un “regalo” a la Procuraduría, hoy llega entre señalamientos entre el Ejecutivo y el ente de control, que el mismo Petro ha acusado de “abuso de poder” y ha pedido reformar por, presuntamente, quitar “derechos políticos a ciudadanos”. Las fichas todavía no están claras para suceder a la que fue llamada la “agente de Duque” en la elección que se dará en el segundo semestre de este año, pero suena el nombre del excontralor Carlos Felipe Córdoba, cuya candidatura está a la espera de una decisión del Consejo de Estado sobre los alcances de la Ley 2119 de 2021, que reglamenta la experiencia necesaria para llegar al cargo.

Córdoba, quien ya contaría con el apoyo del Senado para ser elegido en la terna propuesta compuesta por candidatos del presidente Petro, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, estaría a la espera de saber si la doble titulación sí podría “convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma área del conocimiento”. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado tendrá que decidir en los próximos días sobre la posible inhabilidad que enfrentaría el posible candidato para la Procuraduría.

Este es el borrador del decreto:

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