Así se manejan los datos sensibles por los que Petro volvió a cargar contra Thomas Greg

El supuesto “monopolio” que tendría, según el presidente Gustavo Petro, la firma Thomas Greg & Sons sobre los datos personales de los colombianos despertó las dudas sobre la protección de la información más sensible. Aunque la Registraduría es la única con la capacidad de acceder de forma completa a estos datos, este acceso tendría algunos bemoles.

El supuesto “monopolio” que tendría, según el presidente Gustavo Petro, la firma Thomas Greg & Sons sobre los datos personales de los colombianos despertó las dudas sobre la protección de la información más sensible. Aunque la Registraduría es la única con la capacidad de acceder de forma completa a estos datos, este acceso tendría algunos bemoles.

Solo la firma francesa Idemia, que trabaja desde los 90 con la Registraduría para proveer “soluciones de bases de datos y tecnología para la identificación”, tiene la capacidad de administrar esos datos, pero privados podrían consultar la información allí disponible, aunque por un precio y bajo un acuerdo previo. Entre ellos estarían cinco empresas asociadas al nombre Thomas Greg, que han participado en contratos electorales con la Registraduría en 51 ocasiones entre 2011 y 2023.

Idemia presta una “administración técnica” de la base de datos que contiene información como el número de la cédula, el reconocimiento facial y registros biométricos, que, a su vez, está bajo la custodia de la Registraduría. Habría cierto acceso a esos datos en elecciones, pero únicamente “con funciones de consulta”, según explicó el ente. ¿Qué información sería consultada? El censo electoral, el número de personas que asistirían a cada mesa de votación y, por supuesto, los dígitos de las cédulas habilitadas para la votación.

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La posibilidad de consultar estos datos en tiempos electorales lo tiene la compañía que firme el que es uno de los contratos estatales no solo más importantes, sino también de los más costosos. Se trata del acuerdo que permite una “solución integral de servicios logísticos, tecnológicos e informáticos para la organización de los procesos electorales a realizarse”. Para las elecciones del año pasado, el valor total estimado de ese contrato, que iba desde el 5 de junio hasta el 29 de diciembre de ese mismo año, fue de un poco más de un billón de pesos ($1′004.321′513.847).

La Unión Temporal Distribución Procesos Electorales 2023 (Disproel) fue la que se lo ganó. Once sociedades conforman a Disproel: Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S. A., Thomas Greg & Sons de Colombia S. A., Thomas Processing & Systems S. A. S., Manejo Técnico de Información S. A., Securid S. A. S., Thomas Greg Express S. A., Seguridad Móvil de Colombia S. A., Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S. A., Grupo Asesoría de Sistematización de Datos Por Acciones Simplificada — Grupo ASD S. A. S., Sociedad Operadora S. A. S. — OPESA y Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP BICA. En esta unión temporal, la participación de empresas relacionadas con Thomas Greg asciende al 75,64 %.

Ver este nombre en contratos como es ocasional, de acuerdo con el informe “Monitoreo y hallazgos sobre la contratación de bienes y servicios electorales y las garantías de acceso a la información pública – Elecciones de Congreso y Presidencia 2022 y elecciones de Autoridades Locales 2023” de la Misión de Observación Electoral (MOE). De 46 contratos adjudicados para el tema electoral en el lapso de 2011 a 2023, más de la mitad fueron para uniones temporales, en los que la empresa Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S. A. cuenta con 20 participaciones. Thomas Greg & Sons de Colombia S. A. aparece, por su parte, tiene 12. Según el informe de la MOE, “la [Registraduría] no ha expuesto un estudio técnico que fundamente la necesidad de englobar en una solución integral la gran mayoría de los asuntos tecnológicos y logísticos”.

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La empresa no se ha librado de estar en una pelea con el Ejecutivo por la licitación de pasaportes, con la que reclama al Estado $117.000 millones como compensación porque la Cancillería declaró desierto el proceso contractual. En todo caso, aunque el presidente pida que por estar tan envuelto en varios contratos que tocan los datos sensibles de los colombianos, el registrador Hernán Penagos ha sido claro: “el Estatuto Contractual no permite hacerle vetos a ningún proveedor”.

Aun así, hacer parte de esta unión temporal y suscribir un contrato con la Registraduría no significa un acceso completo a las bases de datos. Lo que tienen permitido estas empresas es únicamente el préstamo del servicio de identificación y autenticación, lo que no implica que inmediatamente puedan tener todos los datos con los que cuenta el órgano.

“No es el acceso a la base de datos, sino la posibilidad de consultar. Tienen el permiso para preguntarle a la Registraduría si esta persona es quien dice ser y ya”, explicó Juan Diego Castañeda, codirector de la Fundación Karisma, que trabaja para la promoción de los derechos humanos en las tecnologías digitales. “La Registraduría, hasta donde sabemos, tiene completamente prohibida la copia de sus bases de datos”, añadió.

El problema, sin embargo, podría radicar en otra cuestión. Al haber hecho parte de la creación misma del Sistema de Identificación Nacional (SNI), Idemia es una parte inseparable de los procesos de la identificación en Colombia. Sin la infraestructura tecnológica que ofrece la empresa francesa, sencillamente “no tienes identidades colombianas”, apuntó Castañeda.

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Con esa empresa, indicó Karisma, la Registraduría ahora cuenta con los registros biométricos de todos aquellos ciudadanos colombianos que tengan más de 7 años. El sistema puede funcionar como un servicio para todas las entidades que necesiten verificar e identificar a personas. Los parámetros de esos posibles convenios, sin embargo, no son claros. Lo que se sabe hasta el momento es que la Registraduría es la encargada de evaluar si una empresa privada podría hacer uso de ese sistema de identificación y autenticación.

El informe de Rendición de Cuentas de la Registraduría del 2023 resaltó que a finales del año pasado había 17 contratos vigentes para el acceso a la información del Archivo Nacional de Identificación (ANI) con entidades particulares. Sobre el acceso a la validación biométrica, 18 entidades particulares tienen un contrato vigente.

El monopolio que advirtió el presidente sobre la información más sensible no lo tiene, en realidad, Thomas Greg. Solo la Registraduría, que compite con privados para ser la entidad escogida para la consulta en un sistema de autenticación e identificación y mantiene una relación con Idemia que parece no ser separada ni por las tres décadas que lleva, podría tener un acceso sin restricción a estos datos. Las preguntas se mantienen, pues la entidad no sería tan clara para detallar a qué entidades permite— y a cuáles no— la posibilidad de estar en el sistema.

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