Asistencia militar: ¿el Gobierno le cierra la puerta al diálogo?

La jornada del 28 de mayo del paro nacional, donde se conmemoraba un mes desde su comienzo, fue una de las más violentas en Cali. En el marco de las movilizaciones y bloqueos se reportaron entre siete y trece muertes, entre ellas las de dos jóvenes que fueron abaleados por un agente del CTI, que estaba de descanso y luego fue linchado por otros manifestantes. La respuesta del presidente Iván Duque se dio en la noche. Desde la misma capital vallecaucana, el mandatario ordenó aumentar el pie de fuerza del Ejército y la Armada en la ciudad y el Valle del Cauca, bajo la figura de asistencia militar, que implica que militares presten apoyo en labores civiles de la Policía.

Como parte de ese “máximo despliegue militar”, Duque también anunció que se retomaría el control de las carreteras que han sido bloqueadas en la región y se presentaría una especial protección a “activos estratégicos”. Luego, antes de la medianoche de ese viernes, se publicó el decreto presidencial, que dio cuenta de que la asistencia militar y las órdenes dadas no solo iban destinadas al Valle del Cauca y su capital, sino que eran también para otros siete departamentos (Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda) y doce ciudades del país (Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva).

Para la oposición, la determinación presidencial tiene sus peros. Por ejemplo, la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, calificó la medida como inconstitucional debido a que “viola la autonomía territorial, prioriza la acción militar sobre la policial en disturbios internos, el uso indiscriminado del toque de queda y de facto toma medidas de conmoción pero evita el control constitucional”. El senador Iván Cepeda fue mucho más severo al catalogar el decreto como “un verdadero golpe de Estado”, pues “crea regímenes militares en regiones del país, normaliza el terrorismo de Estado y da vía libre al paramilitarismo”.

Puede ver: La “asistencia militar” enreda negociación entre el Comité del Paro y el Gobierno

Igualmente, estamentos internacionales expresaron sus reservas. Es el caso de José Miguel Vivanco, cabeza para las Américas de Human Right Watch, quien afirmó que el decreto tiene un “peligroso vacío”. A su consideración, la orden presidencial no incluye ningún apartado para priorizar el diálogo, respetar los derechos humanos y hacer un uso medido de la fuerza, por lo que “puede tener consecuencias irreparables”. Preocupaciones similares expresó la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que pidió mantener el diálogo para “encontrar una solución negociada y pacífica al malestar social”.

Muy diferente fue la reacción del Centro Democrático, que horas antes del decreto había pedido un “despliegue total de la fuerza militar y de Policía en todo el territorio nacional” y no negociar con el Comité del Paro por los bloqueos. Al consultar al senador Gabriel Velasco, quien en un principio había criticado al presidente por su negativa a ir a Cali, este respondió: “La medida no solo es necesaria sino proporcional a la difícil situación que vivimos. Más de un mes de paro y bloqueos están atentando contra los derechos humanos”. Y frente a las implicaciones de cara a una negociación, agregó: “El diálogo debe ser una opción siempre, pero negociar con encapuchados o con bloqueos jamás dará como consecuencia algo positivo. La primera condición debe ser el cese de la violencia a la que nos someten”.

Es claro y hasta lógico encontrar posiciones encontradas entre los sectores políticos. Pero al trasladar las dudas a la Academia, la determinación presidencial no sale muy bien librada. Para la politóloga Diana Avellaneda, se están enviando “señales incorrectas frente a la negociación. No se puede decir que quiere negociar aumentando las acciones armadas”. En su concepto, el mensaje es de falta de voluntad debido a que en los diálogos hay un principio básico y es que “hay que ceder o si no no hay una negociación”. Es decir, la posición de Duque estaría enviando señales confusas que resultan problemáticas, dado que en el paro “la mano dura ha demostrado que no ha resultado en un buen término”.

También: Los detalles del decreto de militarización de Cali y otras zonas del país

Para Nadia Pérez, docente de la UNAB, el mensaje es claro: “Hay baja capacidad y negativa a negociar y descentralizar el diálogo”. La académica indicó que “el mensaje con la asistencia militar es el mismo desde el día uno: criminalización de la protesta y desconocimiento de las causas del paro”. Esto se reforzaría con la ausencia de condena a los actos de violencia contra los protestantes, pues “solo se habla de vandalismo”. Por su parte, Andrés Dávila, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, cree que el decreto refleja lo que significa un gobierno del “talante de Duque y Uribe” en el que se “privilegia la salida militar a la negociación”. Para este, se demuestra “una incapacidad de negociar y buscar una salida que calme los ánimos” y se da pasos para “acelerar una represión más abierta”.

Por otro lado, las posiciones están divididas sobre si la determinación presidencial fue una “jugadita” para tener una especie de conmoción interior sin el control de la Corte Constitucional. Para Jean Carlo Mejía, consultor en derechos humanos y derecho humanitario, a la asistencia militar “le han hecho un escándalo impresionante cuando la verdad es que está regulada en el Código de Policía”. Según él, la figura no es tan problemática como parece, debido a que es excepcional y obliga que los militares se comporten como servidores públicos civiles. Mejía criticó la posición “superideologizada” que ha llevado a que digan que es “un Estado de excepción disfrazado”, debido a que es “un acto administrativo que cualquiera lo puede demandar”.

Sin embargo, aunque coincidió en que es un acto administrativo demandable ante el Consejo de Estado, Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte Constitucional, sí considera que el decreto fue formulado con la intención de saltarse el control constitucional. “Muy bien que no estemos en estado de conmoción, pero es un decreto bastante duro en su aplicación”, comentó, haciendo énfasis en que la orden presidencial puede ser problemática debido a que le da al Ejército y Policía “facultades casi omnímodas para restaurar el orden y la circulación”, sin trazar limites. Y si bien hay quienes dicen que esos límites los ponen la Constitución y la ley, Beltrán asegura que era necesario incluirlos para evitar posibles excesos, como los que ya han ocurrido sin decreto.

La jornada del 28 de mayo del paro nacional, donde se conmemoraba un mes desde su comienzo, fue una de las más violentas en Cali. En el marco de las movilizaciones y bloqueos se reportaron entre siete y trece muertes, entre ellas las de dos jóvenes que fueron abaleados por un agente del CTI, que estaba de descanso y luego fue linchado por otros manifestantes. La respuesta del presidente Iván Duque se dio en la noche. Desde la misma capital vallecaucana, el mandatario ordenó aumentar el pie de fuerza del Ejército y la Armada en la ciudad y el Valle del Cauca, bajo la figura de asistencia militar, que implica que militares presten apoyo en labores civiles de la Policía.

Como parte de ese “máximo despliegue militar”, Duque también anunció que se retomaría el control de las carreteras que han sido bloqueadas en la región y se presentaría una especial protección a “activos estratégicos”. Luego, antes de la medianoche de ese viernes, se publicó el decreto presidencial, que dio cuenta de que la asistencia militar y las órdenes dadas no solo iban destinadas al Valle del Cauca y su capital, sino que eran también para otros siete departamentos (Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda) y doce ciudades del país (Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva).

Para la oposición, la determinación presidencial tiene sus peros. Por ejemplo, la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, calificó la medida como inconstitucional debido a que “viola la autonomía territorial, prioriza la acción militar sobre la policial en disturbios internos, el uso indiscriminado del toque de queda y de facto toma medidas de conmoción pero evita el control constitucional”. El senador Iván Cepeda fue mucho más severo al catalogar el decreto como “un verdadero golpe de Estado”, pues “crea regímenes militares en regiones del país, normaliza el terrorismo de Estado y da vía libre al paramilitarismo”.

Puede ver: La “asistencia militar” enreda negociación entre el Comité del Paro y el Gobierno

Igualmente, estamentos internacionales expresaron sus reservas. Es el caso de José Miguel Vivanco, cabeza para las Américas de Human Right Watch, quien afirmó que el decreto tiene un “peligroso vacío”. A su consideración, la orden presidencial no incluye ningún apartado para priorizar el diálogo, respetar los derechos humanos y hacer un uso medido de la fuerza, por lo que “puede tener consecuencias irreparables”. Preocupaciones similares expresó la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que pidió mantener el diálogo para “encontrar una solución negociada y pacífica al malestar social”.

Muy diferente fue la reacción del Centro Democrático, que horas antes del decreto había pedido un “despliegue total de la fuerza militar y de Policía en todo el territorio nacional” y no negociar con el Comité del Paro por los bloqueos. Al consultar al senador Gabriel Velasco, quien en un principio había criticado al presidente por su negativa a ir a Cali, este respondió: “La medida no solo es necesaria sino proporcional a la difícil situación que vivimos. Más de un mes de paro y bloqueos están atentando contra los derechos humanos”. Y frente a las implicaciones de cara a una negociación, agregó: “El diálogo debe ser una opción siempre, pero negociar con encapuchados o con bloqueos jamás dará como consecuencia algo positivo. La primera condición debe ser el cese de la violencia a la que nos someten”.

Es claro y hasta lógico encontrar posiciones encontradas entre los sectores políticos. Pero al trasladar las dudas a la Academia, la determinación presidencial no sale muy bien librada. Para la politóloga Diana Avellaneda, se están enviando “señales incorrectas frente a la negociación. No se puede decir que quiere negociar aumentando las acciones armadas”. En su concepto, el mensaje es de falta de voluntad debido a que en los diálogos hay un principio básico y es que “hay que ceder o si no no hay una negociación”. Es decir, la posición de Duque estaría enviando señales confusas que resultan problemáticas, dado que en el paro “la mano dura ha demostrado que no ha resultado en un buen término”.

También: Los detalles del decreto de militarización de Cali y otras zonas del país

Para Nadia Pérez, docente de la UNAB, el mensaje es claro: “Hay baja capacidad y negativa a negociar y descentralizar el diálogo”. La académica indicó que “el mensaje con la asistencia militar es el mismo desde el día uno: criminalización de la protesta y desconocimiento de las causas del paro”. Esto se reforzaría con la ausencia de condena a los actos de violencia contra los protestantes, pues “solo se habla de vandalismo”. Por su parte, Andrés Dávila, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, cree que el decreto refleja lo que significa un gobierno del “talante de Duque y Uribe” en el que se “privilegia la salida militar a la negociación”. Para este, se demuestra “una incapacidad de negociar y buscar una salida que calme los ánimos” y se da pasos para “acelerar una represión más abierta”.

Por otro lado, las posiciones están divididas sobre si la determinación presidencial fue una “jugadita” para tener una especie de conmoción interior sin el control de la Corte Constitucional. Para Jean Carlo Mejía, consultor en derechos humanos y derecho humanitario, a la asistencia militar “le han hecho un escándalo impresionante cuando la verdad es que está regulada en el Código de Policía”. Según él, la figura no es tan problemática como parece, debido a que es excepcional y obliga que los militares se comporten como servidores públicos civiles. Mejía criticó la posición “superideologizada” que ha llevado a que digan que es “un Estado de excepción disfrazado”, debido a que es “un acto administrativo que cualquiera lo puede demandar”.

Sin embargo, aunque coincidió en que es un acto administrativo demandable ante el Consejo de Estado, Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte Constitucional, sí considera que el decreto fue formulado con la intención de saltarse el control constitucional. “Muy bien que no estemos en estado de conmoción, pero es un decreto bastante duro en su aplicación”, comentó, haciendo énfasis en que la orden presidencial puede ser problemática debido a que le da al Ejército y Policía “facultades casi omnímodas para restaurar el orden y la circulación”, sin trazar limites. Y si bien hay quienes dicen que esos límites los ponen la Constitución y la ley, Beltrán asegura que era necesario incluirlos para evitar posibles excesos, como los que ya han ocurrido sin decreto.