Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Corte Constitucional tiene en el orden del día de este viernes resolver la tutela interpuesta por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en la que pide la potestad para que, en adelante, la adjudicación de los terrenos baldíos del Estado no sea competencia de los jueces de la República sino que sea directamente el Gobierno el que asuma esta responsabilidad, precisamente a través de dicha entidad.
Un tema clave pues, ni más ni menos, se trata de definir las reglas de juego sobre si los baldíos, terrenos que son de propiedad de la Nación y deben destinarse a campesinos para la reforma agraria, pueden ser entregados o no a particulares mediante una figura legal llamada prescripción adquisitiva de dominio. La decisión tiene relación directa con uno de los puntos del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, por lo que varias organizaciones sociales y la Procuraduría han puesto la lupa en este debate.
Para José Alirio García Serna, presidente de Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en Risaralda e integrante de la dirección nacional de la misma agremiación, la ANT no tiene en estos momentos cómo administrar los predios baldíos de la nación y antes que todo debe existir voluntad política por parte del Gobierno Nacional para que realmente se tenga todo el personal necesario y en realidad pueda asumir esa responsabilidad.
Lea también: Abecé de la discusión de baldíos que adelanta la Corte Constitucional
“Debe ser el Estado colombiano, en concertación con todos los sectores, el que le dé dientes a la Agencia para que asuma esta tarea que le da la ley, pero si la misma ley no ha hecho nada para dotarla, es muy difícil que asuman esa responsabilidad. El llamado es para que sigamos trabajando con los jueces, mientras realmente dotamos a la Agencia Nacional de Tierras”, enfatizó García Serna.
Por su parte, el director ejecutivo de la veeduría Vercafé, José Alfredo Bernal Rivera, quien se ha dirigido en distintas oportunidades a la Corte Constitucional, nuevamente le remitió una misiva pidiéndole toda la atención en el llamado de millones de campesinos, que claman para que se estudie con toda profundidad la mencionada tutela, pues de lo que se trata es de darle a la ANT las facultades que por más de 50 años han tenido los jueces, en los fallos que han proferido sobre los terrenos balidos en el país.
“Entregarle la titulación de tierras a una entidad administrativa, como lo es la ANT, es un exabrupto, ya que se estaría politizando la entrega de predios baldíos en todo el territorio nacional y sería el partido de gobierno el que se vería beneficiado con esta decisión (…) la titulación de los predios baldíos del Estado debe seguir en manos de los jueces de la República, no por capricho de los campesinos, sino porque la eficiencia de estos es de admirar, sin desconocer las fallas de nuestro sistema judicial, pero aquí somos más los buenos. ¿Cómo entregarle al Estado el manejo de los baldíos, cuando ni siquiera ha sido capaz de contestar más de 37 mil peticiones de campesinos?”, manifestó Bernal Rivera.
“Esta pretensión de la ANT sería una verdadera pandemia. No puede ser que un gobierno, con los miles de problemas que tiene en todo el sentido de la palabra, pretenda que le den la administración de los predios baldíos de la nación. No se les puede quitar de un tajo esta potestad a los jueces, que por años son los que han definido muchos pleitos entre los ciudadanos en todo el país y el mismo gobierno nacional. Debemos hacer un alto en el camino y tener una concertación entre todas las partes, incluida la Agencia, pero sin desconocer a miles de miles de campesinos que tiene una, dos o tres cuadras de tierra desde hace muchos años y se las quieran quitar de la noche a la mañana”, agregó José Holmes Martínez, presidente de la Asociación de Comerciantes y Microempresarios del Quindío (ACOMI).
Javier Soto, integrante de la asociación ‘Campesinos Sin Tierra’, cuestionó que el Gobierno Nacional, por medio del director de la ANT, quiera que le entreguen el manejo de los baldíos, cuando no ha dado resultados en ninguna de las metas para que los campesinos tengan sus parcelas: “¿Cómo pueden hacer una petición de estas y por medio de una tutela, que es la que nos ampara a millones de colombianos, quieran que les entreguen el manejo de los baldíos? No tiene sentido que insistan en una propuesta de estas magnitud”.
Por último, Federmán Guativa, del Consejo Nacional de Participación Ciudadana de Tierras aseguró que, en su concepto, la petición de la ANT “es una extralimitación de funciones”, pues esa potestad de definir la titulación de baldíos la han tenido por más de 40 años los jueces, de acuerdo a la Ley 1564 de 2012 y la ley que reglamenta la Reforma Agraria. “Creemos en las decisiones de la Corte Constitucional y confiamos en ella”, concluyó.