Audrey Mena y sus luchas por la justicia racial desde los activos culturales afro

A Audrey Mena, una mujer negra y abogada de la Universidad Tecnológica del Chocó, como le gusta definirse en principio, le indignan las injusticias contra las comunidades afro del país. Pero más allá de este sentimiento, le gusta enfrentar desafíos, preguntarse qué puede hacer en esos casos desde su rol cómo abogada y mujer del Pacífico, activar lo que ella llama su “sentido de justicia”.

Así lo hizo cuando se enteró que un empresario de Cali registró la marca “Viche del Pacífico”, apropiándose de un activo cultural de las comunidades negras, esa bebida ancestral utilizada con fines medicinales, ceremoniales y cómo forma de sustento económico. También lo hizo cuando, durante el covid-19, el Estado reconoció un incentivo a los trabajadores de la salud por su ardua labor, pero dejó por fuera a las parteras tradicionales que luchaban por salvar vidas en sus territorios.

El sentido de justicia también apareció cuando el censo del Dane de 2018 contó un millón menos de personas negras en Colombia, poniendo en riesgo las inversiones sociales que el Estado debe destinar a este grupo étnico. En cada caso actuó a través del derecho, con tutelas y otro tipo de recursos judiciales que han logrado llevar las discusiones hasta las altas cortes del país.

Lea también: La lucha por la justicia racial desde los datos y el litigio

En todas estas luchas ha sido fundamental el trabajo de ILEX Acción Jurídica, la organización que ella cofundó junto a otras abogadas afrocolombianas y que se dedica a defender la justicia racial a través del litigio estratégico, la investigación y la comunicación. Según Mena, su rol y el de su organización es abrir caminos y generar escenarios para que el país entienda que no se puede hablar de justicia racial sin que las comunidades negras estén vinculadas en los escenarios económicos, políticos y administrativos del país.

En esta entrevista, Audrey Mena habla de esos casos que han marcado su lucha por la justicia racial y asegura que el mes de la afrocolombianidad es un llamado de atención al Estado para que recuerde las deudas pendientes con las personas afro en Colombia. “Este es un país que tiene gente negra desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre”.

¿Cómo se generó en usted el sentido de justicia racial, cuáles son los factores que la han llevado a emprender esas batallas jurídicas tan complejas?

Siempre he tenido esa idea, me fastidian las desigualdades históricas. Mi vocación tiene que ver con cómo Colombia ha negado la subjetividad étnica negra, porque cuando nos niegan como grupo étnico, nos niegan la posibilidad de ser representativos en todos los escenarios de Colombia. A partir de ahí comienza mi entendimiento personal sobre qué significa ser una persona negra en Colombia y cuáles son los desafíos que tengo desde mi rol como abogada.

He entendido que en esta lucha por la justicia racial todos tenemos un rol y el mío siempre ha sido desde lo cultural, porque desde un principio fui músico de la banda San Francisco de Quibdó y a partir de ahí entendí nuestra subjetividad étnica. Yo siento que las personas afrocolombianas siempre hemos estado encasilladas, que sí es verdad, dentro del marco de victimización del conflicto armado o de escasez en determinantes sociales en los territorios, pero creo que debemos preocuparnos por cómo generar riqueza para romper los ciclos de pobreza y exclusión a través de nuestros activos culturales.

¿Cuáles son esos activos culturales y cómo ayudan a cerrar las brechas históricas de desigualdad?

Cuando hablamos de generar igualdad y riqueza siempre pensamos en el Estado como principal proveedor, pero yo siento que la forma de romper los ciclos de pobreza está en nosotros mismos y dentro de lo que tenemos en el territorio. Es fundamental que la gente vea sus activos culturales como una fuerza de riqueza. Yo veo en los activos culturales la forma de generar autonomía económica, por ejemplo en las mujeres, con las bebidas ancestrales y el conocimiento tradicional en general, que para mí es la fuerza colectiva que nos lleva al reconocimiento de sujetos étnicos negros en Colombia.

¿Cómo lograr que el resto del país entienda el valor o la riqueza de esos activos culturales de las comunidades negras?

Necesitamos generar escenarios equitativos en los que podamos tratar en igualdad de condiciones con las demás personas. Eso es algo que el país no ha entendido y por eso cuando sucedió lo del viche, que terceras personas querían usurpar este tipo de saberes, que más allá de una relación económica son primordiales para la concepción de un sujeto étnico negro, activamos el sentido de justicia y empezamos a movilizar el derecho para garantizar los derechos étnicos, colectivos y culturales de las comunidades.

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¿De qué se trata esa movilización del derecho, cuáles son las estrategias que manejan para la defensa de los derechos de las personas afro?

Hacemos tres cosas, la primera es movilización legal, que implica establecer acciones judiciales para que la estructura del Estado entienda que hay que incluir las formas de vida y pensamiento de otros sujetos étnico. También hacemos pedagogía a los jueces de la República, cada tutela que presentamos va más allá de la simple acción judicial, es una forma de explicar nuestra realidad a los jueces e incluso a los magistrados de la Corte Constitucional. Se trata un poco de generar escenarios jurídicos para que la institucionalidad entienda que hay una forma de vida que necesita otro tipo de intervención por parte del Estado.

Hablemos de ILEX Acción Jurídica, que es la organización desde la que usted emprende esas luchas. ¿Cómo nace la iniciativa y en qué trabaja actualmente?

ILEX es una organización de mujeres afrodescendientes y personas con orientación sexual diversa que nació en 2018. Nos conocimos cuando terminamos nuestras maestrías en Estados Unidos y decidimos venir a trabajar a Colombia por la justicia racial, desde la generación de caminos institucionales o desde el reconocimiento de las interseccionalidades. Somos seis abogadas fundadoras, pero tenemos un equipo de 15 personas trabajando desde Cartagena, Quibdó y otras partes del Pacífico.

Su primera experiencia en la defensa de los activos culturales fue la del viche, ¿cómo llegó a ese caso?

Empezamos con la Ley de Monopolio Rentístico, que decía que las comunidades indígenas no deberían pagar impuestos por sus bebidas porque son para uso cultural, pero resulta que esa ley había dejado por fuera a las comunidades negras, entonces vimos ahí una oportunidad de hacer pedagogía, de decirle al Estado que la ley afecta a un grupo étnico. Esa fue la primera vez que la Corte Constitucional habló de bebidas tradicionales y de la subjetividad étnica negra en entornos culturales.

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¿Y qué pasó con el registro que hizo un empresario sobre la bebida?

Todo explotó cuando esa persona registró la marca y quería participar en el Petronio, sin dejar vender a la gente negra, argumentando que él sí tenía registro Invima y una marca denominada Viche del Pacífico. Además de que nadie se explica cómo la Superintendencia otorgó la marca, se les estaba limitando a las comunidades el ejercicio de sus derechos culturales.

Las comunidades vicheras empezaron a organizarse, a mandar solicitudes de registro de marca, pero no les llegaba porque en Colombia solo estaba permitida la industria de los destilados, por lo que las bebidas tradicionales eran ilegales. Eso cambió con la ley del viche, pero el problema es que la norma no se ha podido reglamentar.

Entonces esa es una batalla que todavía tiene varios frentes abiertos…

Sí, las comunidades aún no tienen un registro en Invima, aunque la ley dice que esa entidad debe crear una categoría especial para que la gente acceda al permiso sanitario. Entonces, como no hay permiso Invima, a la gente en los territorios la Policía les está decomisando el viche, mientras los empresarios lo siguen vendiendo en los restaurantes de Bogotá. Es un tema que no se ha cerrado porque la medida se pensó para el público en general y no para la gente del Pacífico.

¿Eso mismo está pasando con el tema de las parteras, después de que la Corte Constitucional ordenara integrarlas al Sistema General de Seguridad Social en Salud?

El problema es que el Ministerio de Salud no entiende en qué consiste la partería y tampoco quiere saber. Ellas lo que están pidiendo es una caracterización del sistema y nosotras estamos haciendo esa interlocución, activando las mesas y haciéndole fortalecimiento a ellas sobre cuáles son sus derechos. En medio del debate de la reforma a la salud, propusimos un artículo para orientar la inclusión de estos sistemas tradicionales, pero como afectan la vida de los afrodescendientes, se debe hacer a través de consulta previa y el problema es que esas consultas se hacen ante instancias donde no están las parteras. Ahí hay un limbo que estamos tratando de trabajar.

Ahora hablemos del error en el censo del Dane, ¿qué acciones han tomado en ese caso?

Cómo vamos a hablar de igualdad y de intervención sin discriminación si ni siquiera tenemos bases de datos y registros administrativos que digan quiénes somos y dónde estamos. Si no conoces dónde está la gente negra del país, cómo vas a hacer políticas públicas para atender esta población. Cuando el Dane sale a decir que somos un millón de personas menos, lo que está diciendo es que va a haber menos inversión.

Ahí también nuestro sentido de justicia se activó, interpusimos una tutela pidiendo que se reconozca el error estadístico y también que se hiciera pedagogía sobre las formas de autorreconocimiento. El Dane hizo una encuesta sin tener en cuenta que hay unas dinámicas, producto incluso del mismo racismo, que hace que muchas personas tengan dificultades con su autorreconocimiento. Lo que se va a hacer para resarcir el tema es hacer pedagogía para el próximo censo, mientras el Dane hace algunas actividades internas para arreglar el fallo.

Lea: Francia Márquez en Kenia: los intereses medioambientales y económicos del Gobierno

Volvamos al tema de su conexión personal con los temas que ha trabajado. Después de tantos años, ¿qué reflexiones le han quedado sobre esa lucha por la justicia racial?

Que la defensa de los derechos del conocimiento tradicional tiene que ver con la reafirmación de lo que soy como negra. Siempre he tenido problemas con que nieguen lo que somos y nos traten de dibujar, encasillar o hacer ver como algo mejor de lo que el mundo siente que somos. Eso pasa con cómo nos enseñaron a mostrar nuestro cabello, cuál es el sistema de salud que sí funciona y el conocimiento que sí es verdadero. En esa relación nosotros siempre estamos dentro de lo que es lo malo.

¿Cuál es su mensaje en medio de la conmemoración del día o el mes de la afrocolombianidad?

El mes de la afrocolombianidad es raro porque empiezas a salir en revistas y en discursos hablando de justicia racial, pero sales a la calle y el celador de un lugar te revisa tres o cuatro veces. Como mujer negra del Pacífico siento que debemos materializar nuestra diversidad étnica del país. Un afrocolombiano no solamente tiene que pensarse en temas de discriminación racial en todos los escenarios, sino también en la carga histórica que asume, por ejemplo, cuando está en un cargo público.

Se habla de representatividad y ponen a la gente afro en los cargos públicos, pero no hay una red de apoyo que permita que esa persona se sostenga. Necesitamos que las empresas contraten personas afro, no por un tema de diversidad, que se ha vuelto un tema estético, sino por la necesidad de incluir otras fuerzas laborales. Es un mes que, más que para conmemorar, debe ser para recordar que todo debe reflejarse en las inversiones nacionales y para decir aquí estamos.

Ahora que habla de representatividad, ¿ve como un avance concreto que cada vez lleguen más personas negras a cargos importantes del Estado?

Es importante tener esos referentes, pero necesitamos más, porque al final terminan siendo cargos políticos en los que una persona ejerce cuatro años algunas acciones, pero necesitamos que eso se refleje en el mejoramiento de capacidades de acceso a la educación de calidad, medidas de seguridad para los líderes étnicos, más programas de resiliencia para los jóvenes basados en la cultura.

En ese sentido, ¿qué tanto pueden impactar iniciativas como la creación del Ministerio de la igualdad?

En un país tan diverso como Colombia no se le puede echar la carga a un solo ministerio, menos a uno que ni siquiera tiene una base presupuestal. El Ministerio de la Igualdad da una narrativa y un mensaje y yo creo que cualquier esfuerzo es importante para que la gente entienda la necesidad de establecer acciones por la igualdad y la equidad racial.

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A Audrey Mena, una mujer negra y abogada de la Universidad Tecnológica del Chocó, como le gusta definirse en principio, le indignan las injusticias contra las comunidades afro del país. Pero más allá de este sentimiento, le gusta enfrentar desafíos, preguntarse qué puede hacer en esos casos desde su rol cómo abogada y mujer del Pacífico, activar lo que ella llama su “sentido de justicia”.

Así lo hizo cuando se enteró que un empresario de Cali registró la marca “Viche del Pacífico”, apropiándose de un activo cultural de las comunidades negras, esa bebida ancestral utilizada con fines medicinales, ceremoniales y cómo forma de sustento económico. También lo hizo cuando, durante el covid-19, el Estado reconoció un incentivo a los trabajadores de la salud por su ardua labor, pero dejó por fuera a las parteras tradicionales que luchaban por salvar vidas en sus territorios.

El sentido de justicia también apareció cuando el censo del Dane de 2018 contó un millón menos de personas negras en Colombia, poniendo en riesgo las inversiones sociales que el Estado debe destinar a este grupo étnico. En cada caso actuó a través del derecho, con tutelas y otro tipo de recursos judiciales que han logrado llevar las discusiones hasta las altas cortes del país.

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En todas estas luchas ha sido fundamental el trabajo de ILEX Acción Jurídica, la organización que ella cofundó junto a otras abogadas afrocolombianas y que se dedica a defender la justicia racial a través del litigio estratégico, la investigación y la comunicación. Según Mena, su rol y el de su organización es abrir caminos y generar escenarios para que el país entienda que no se puede hablar de justicia racial sin que las comunidades negras estén vinculadas en los escenarios económicos, políticos y administrativos del país.

En esta entrevista, Audrey Mena habla de esos casos que han marcado su lucha por la justicia racial y asegura que el mes de la afrocolombianidad es un llamado de atención al Estado para que recuerde las deudas pendientes con las personas afro en Colombia. “Este es un país que tiene gente negra desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre”.

¿Cómo se generó en usted el sentido de justicia racial, cuáles son los factores que la han llevado a emprender esas batallas jurídicas tan complejas?

Siempre he tenido esa idea, me fastidian las desigualdades históricas. Mi vocación tiene que ver con cómo Colombia ha negado la subjetividad étnica negra, porque cuando nos niegan como grupo étnico, nos niegan la posibilidad de ser representativos en todos los escenarios de Colombia. A partir de ahí comienza mi entendimiento personal sobre qué significa ser una persona negra en Colombia y cuáles son los desafíos que tengo desde mi rol como abogada.

He entendido que en esta lucha por la justicia racial todos tenemos un rol y el mío siempre ha sido desde lo cultural, porque desde un principio fui músico de la banda San Francisco de Quibdó y a partir de ahí entendí nuestra subjetividad étnica. Yo siento que las personas afrocolombianas siempre hemos estado encasilladas, que sí es verdad, dentro del marco de victimización del conflicto armado o de escasez en determinantes sociales en los territorios, pero creo que debemos preocuparnos por cómo generar riqueza para romper los ciclos de pobreza y exclusión a través de nuestros activos culturales.

¿Cuáles son esos activos culturales y cómo ayudan a cerrar las brechas históricas de desigualdad?

Cuando hablamos de generar igualdad y riqueza siempre pensamos en el Estado como principal proveedor, pero yo siento que la forma de romper los ciclos de pobreza está en nosotros mismos y dentro de lo que tenemos en el territorio. Es fundamental que la gente vea sus activos culturales como una fuerza de riqueza. Yo veo en los activos culturales la forma de generar autonomía económica, por ejemplo en las mujeres, con las bebidas ancestrales y el conocimiento tradicional en general, que para mí es la fuerza colectiva que nos lleva al reconocimiento de sujetos étnicos negros en Colombia.

¿Cómo lograr que el resto del país entienda el valor o la riqueza de esos activos culturales de las comunidades negras?

Necesitamos generar escenarios equitativos en los que podamos tratar en igualdad de condiciones con las demás personas. Eso es algo que el país no ha entendido y por eso cuando sucedió lo del viche, que terceras personas querían usurpar este tipo de saberes, que más allá de una relación económica son primordiales para la concepción de un sujeto étnico negro, activamos el sentido de justicia y empezamos a movilizar el derecho para garantizar los derechos étnicos, colectivos y culturales de las comunidades.

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¿De qué se trata esa movilización del derecho, cuáles son las estrategias que manejan para la defensa de los derechos de las personas afro?

Hacemos tres cosas, la primera es movilización legal, que implica establecer acciones judiciales para que la estructura del Estado entienda que hay que incluir las formas de vida y pensamiento de otros sujetos étnico. También hacemos pedagogía a los jueces de la República, cada tutela que presentamos va más allá de la simple acción judicial, es una forma de explicar nuestra realidad a los jueces e incluso a los magistrados de la Corte Constitucional. Se trata un poco de generar escenarios jurídicos para que la institucionalidad entienda que hay una forma de vida que necesita otro tipo de intervención por parte del Estado.

Hablemos de ILEX Acción Jurídica, que es la organización desde la que usted emprende esas luchas. ¿Cómo nace la iniciativa y en qué trabaja actualmente?

ILEX es una organización de mujeres afrodescendientes y personas con orientación sexual diversa que nació en 2018. Nos conocimos cuando terminamos nuestras maestrías en Estados Unidos y decidimos venir a trabajar a Colombia por la justicia racial, desde la generación de caminos institucionales o desde el reconocimiento de las interseccionalidades. Somos seis abogadas fundadoras, pero tenemos un equipo de 15 personas trabajando desde Cartagena, Quibdó y otras partes del Pacífico.

Su primera experiencia en la defensa de los activos culturales fue la del viche, ¿cómo llegó a ese caso?

Empezamos con la Ley de Monopolio Rentístico, que decía que las comunidades indígenas no deberían pagar impuestos por sus bebidas porque son para uso cultural, pero resulta que esa ley había dejado por fuera a las comunidades negras, entonces vimos ahí una oportunidad de hacer pedagogía, de decirle al Estado que la ley afecta a un grupo étnico. Esa fue la primera vez que la Corte Constitucional habló de bebidas tradicionales y de la subjetividad étnica negra en entornos culturales.

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¿Y qué pasó con el registro que hizo un empresario sobre la bebida?

Todo explotó cuando esa persona registró la marca y quería participar en el Petronio, sin dejar vender a la gente negra, argumentando que él sí tenía registro Invima y una marca denominada Viche del Pacífico. Además de que nadie se explica cómo la Superintendencia otorgó la marca, se les estaba limitando a las comunidades el ejercicio de sus derechos culturales.

Las comunidades vicheras empezaron a organizarse, a mandar solicitudes de registro de marca, pero no les llegaba porque en Colombia solo estaba permitida la industria de los destilados, por lo que las bebidas tradicionales eran ilegales. Eso cambió con la ley del viche, pero el problema es que la norma no se ha podido reglamentar.

Entonces esa es una batalla que todavía tiene varios frentes abiertos…

Sí, las comunidades aún no tienen un registro en Invima, aunque la ley dice que esa entidad debe crear una categoría especial para que la gente acceda al permiso sanitario. Entonces, como no hay permiso Invima, a la gente en los territorios la Policía les está decomisando el viche, mientras los empresarios lo siguen vendiendo en los restaurantes de Bogotá. Es un tema que no se ha cerrado porque la medida se pensó para el público en general y no para la gente del Pacífico.

¿Eso mismo está pasando con el tema de las parteras, después de que la Corte Constitucional ordenara integrarlas al Sistema General de Seguridad Social en Salud?

El problema es que el Ministerio de Salud no entiende en qué consiste la partería y tampoco quiere saber. Ellas lo que están pidiendo es una caracterización del sistema y nosotras estamos haciendo esa interlocución, activando las mesas y haciéndole fortalecimiento a ellas sobre cuáles son sus derechos. En medio del debate de la reforma a la salud, propusimos un artículo para orientar la inclusión de estos sistemas tradicionales, pero como afectan la vida de los afrodescendientes, se debe hacer a través de consulta previa y el problema es que esas consultas se hacen ante instancias donde no están las parteras. Ahí hay un limbo que estamos tratando de trabajar.

Ahora hablemos del error en el censo del Dane, ¿qué acciones han tomado en ese caso?

Cómo vamos a hablar de igualdad y de intervención sin discriminación si ni siquiera tenemos bases de datos y registros administrativos que digan quiénes somos y dónde estamos. Si no conoces dónde está la gente negra del país, cómo vas a hacer políticas públicas para atender esta población. Cuando el Dane sale a decir que somos un millón de personas menos, lo que está diciendo es que va a haber menos inversión.

Ahí también nuestro sentido de justicia se activó, interpusimos una tutela pidiendo que se reconozca el error estadístico y también que se hiciera pedagogía sobre las formas de autorreconocimiento. El Dane hizo una encuesta sin tener en cuenta que hay unas dinámicas, producto incluso del mismo racismo, que hace que muchas personas tengan dificultades con su autorreconocimiento. Lo que se va a hacer para resarcir el tema es hacer pedagogía para el próximo censo, mientras el Dane hace algunas actividades internas para arreglar el fallo.

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Volvamos al tema de su conexión personal con los temas que ha trabajado. Después de tantos años, ¿qué reflexiones le han quedado sobre esa lucha por la justicia racial?

Que la defensa de los derechos del conocimiento tradicional tiene que ver con la reafirmación de lo que soy como negra. Siempre he tenido problemas con que nieguen lo que somos y nos traten de dibujar, encasillar o hacer ver como algo mejor de lo que el mundo siente que somos. Eso pasa con cómo nos enseñaron a mostrar nuestro cabello, cuál es el sistema de salud que sí funciona y el conocimiento que sí es verdadero. En esa relación nosotros siempre estamos dentro de lo que es lo malo.

¿Cuál es su mensaje en medio de la conmemoración del día o el mes de la afrocolombianidad?

El mes de la afrocolombianidad es raro porque empiezas a salir en revistas y en discursos hablando de justicia racial, pero sales a la calle y el celador de un lugar te revisa tres o cuatro veces. Como mujer negra del Pacífico siento que debemos materializar nuestra diversidad étnica del país. Un afrocolombiano no solamente tiene que pensarse en temas de discriminación racial en todos los escenarios, sino también en la carga histórica que asume, por ejemplo, cuando está en un cargo público.

Se habla de representatividad y ponen a la gente afro en los cargos públicos, pero no hay una red de apoyo que permita que esa persona se sostenga. Necesitamos que las empresas contraten personas afro, no por un tema de diversidad, que se ha vuelto un tema estético, sino por la necesidad de incluir otras fuerzas laborales. Es un mes que, más que para conmemorar, debe ser para recordar que todo debe reflejarse en las inversiones nacionales y para decir aquí estamos.

Ahora que habla de representatividad, ¿ve como un avance concreto que cada vez lleguen más personas negras a cargos importantes del Estado?

Es importante tener esos referentes, pero necesitamos más, porque al final terminan siendo cargos políticos en los que una persona ejerce cuatro años algunas acciones, pero necesitamos que eso se refleje en el mejoramiento de capacidades de acceso a la educación de calidad, medidas de seguridad para los líderes étnicos, más programas de resiliencia para los jóvenes basados en la cultura.

En ese sentido, ¿qué tanto pueden impactar iniciativas como la creación del Ministerio de la igualdad?

En un país tan diverso como Colombia no se le puede echar la carga a un solo ministerio, menos a uno que ni siquiera tiene una base presupuestal. El Ministerio de la Igualdad da una narrativa y un mensaje y yo creo que cualquier esfuerzo es importante para que la gente entienda la necesidad de establecer acciones por la igualdad y la equidad racial.

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