Avanza en el Congreso la “Ley de seguridad”, con polémicas sobre legítima defensa

En una sesión conjunta de las Comisiones Primeras del Congreso, que inició el pasado martes y concluyó este jueves, fue aprobado en primer debate el Proyecto de Ley de seguridad ciudadana. Esta iniciativa fue propuesta por el Gobierno nacional y busca responder a temas como la ola de inseguridad urbana en varias ciudades del país y a varias de las situaciones que dejó el paro nacional. No obstante, contiene temas que han generado controversias como cambios a la noción de proporcionalidad en lo relacionado con la legítima defensa.

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Durante la sesión hicieron presencia los ministros del Interior, Daniel Palacios, y de Justicia, Wilson Ruiz, que son las dos carteras que lideran la iniciativa. Tras la aprobación, Palacios aseguró que “el Gobierno Nacional tenía como propósito al radicar este Proyecto de Ley, de recoger el sentimiento de millones de colombianos, Alcaldes, Gobernadores que han visto con algún tipo de frustración en muchos elementos la impunidad en las sanciones”.

Palacios también destacó sobre el proyecto que es un mensaje a la delincuencia, teniendo en cuenta fija un aumento de hasta el 75 % cuando haya reiteración o reincidencia, crea un sistema nacional de recaudo y un sistema nacional para el cobro de multas. “La reincidencia será sancionada de manera ejemplar, quien haya sido condenado durante un tiempo de cinco años y vuelva a ser condenado, será un agravante para esa conducta punible”, agregó el Mininterior, quien agradeció no solo a los congresistas sino a otras instancias como Asocapitales, la Federación de Departamentos y la Federación de Municipios, entre otras, por su apoyo al proyecto.

En el proyecto se incluyeron aumentos de penas a varios delitos cuando sean cometidos en contra de miembros de la Fuerza Pública. Por ejemplo, en el homicidio se consideraría an gravante que sea cometido en contra de un uniformado y se castigaría con penas entre 41 y 60 años de prisióun. Asimismo, ocasionar lesiones personales a un miembro de la Fuerza Pública sería un agravante y en tal caso se ordenará un aumento de la pena en las dos terceras partes del monto original fijado por la ley.

Ese tema también fue resaltado por Palacios, en especial el apartado que indica que el delito “no podrá ser excarcelable y será agravado”, así como otros temas como el aumento de penas al daño al bien ajeno público, lo que se considera como una respuesta a lo ocurrido durante el paro.

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“Para que ese daño en bien ajeno, cuando se cometa en el transporte público, contra las instituciones al servicio de la seguridad ciudadana o infraestructura, o al servicio de la seguridad ciudadana o al servicio de la justicia, también se constituyan un agravante que no permita la excarcelación”, añadió el ministro.

Otro apartado del proyecto habla sobre el porte de armas blancas, respecto a lo que establece que cuando no sea para un fin lícito deberá ser castigado con penas entre los dos y tres años de prisión. También se incluye un agravante en la fabricación, tráfico o porte de armas cuando esta es menos letal, pero se modifiquen sus características para “que aumente su letalidad”. Sobre esto, Palacios comentó que “es un mensaje que estamos mandando aquí, a quién cometa un delito violento a través de la implementación de arma de fuego, arma blanca o arma de letalidad reducida, la medida de aseguramiento tendrá que ser intramural”.

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La aprobación del proyecto tuvo varias reacciones. El representante Juan Manuel Daza (Centro Democrático), coordinador ponente de la iniciativa, aseguró al concluir el debate que “entre otros aspectos establecemos que los hurtos mayores a 4 salarios mínimos dejarán de ser excarcelable. Un clamor de la ciudadanía, que veía como le hurtaban las cosas en la calle y más nos demorábamos en capturar y denunciar a ese delincuente, que la justicia dejándolo libre”.

Por su parte, desde la oposición el representante Inti Asprilla (Alianza Verde), tildó el proyecto como “la consolidación de una dictadura”. Para el congresista, el proyecto de seguridad no es otra cosa que un “plan macabro” para “aterrorizar, amedrentar y amenazar” a la ciudadanía.

“Lo que pretenden hacerle ver a la ciudadanía como una defensa de seguridad, no es otra cosa que el plan macabro de seguir pensando que la gente aguantará la inmundicia y la corrupción de un gobierno uribista los próximos cuatro años”, dijo Asprilla.

Controversia sobre la legítima defensa

Una de las mayores controversia sobre el proyecto de ley de seguridad ciudadana fue la inclusión de una proposición de “Legítima defensa privilegiada”, algo que para algunos puede resultar contraproducente. Puntualmente, la proposición dice lo siguiente: “Se presume también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que usando maniobras que superen las barreras de la propiedad o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno”.

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Pero la parte que ha generado controversia es el parágrafo que indica que “en los casos del ejercicio de la legítima defensa privilegiada, la valoración de la defensa se deberá aplicar un estándar de proporcionalidad diferenciado en favor de quién la ejerce”. Ese apartado, de acuerdo con el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, envían “el mensaje de “sálvese quien pueda” a la ciudadanía y delega su función de garantizar la seguridad a los ciudadanos”.

De acuerdo con los académicos, los cambios en la proporcionalidad puede llegar a ser problemático, ya que, según el grupo de estudio, “el proyecto modifica el alcance de dicha presunción de manera preocupante”. El grupo recordó que actualmente se presume que hay proporcionalidad cuando alguien actúa para contrarrestar a alguien que intente entrar o haya entrado en una habitación propia, pero el proyecto propone un enfoque que puede ser problemático ante un alcance posiblemente desproporcionado.

Para esta célula de la Universidad de los Andes, el cambio es peligroso debido a que normalmente se concibe la legítima defensa cuando “la vida o integridad física están en peligro”, pero en este caso se estaría poniendo al “patrimonio y el sistema económico al mismo nivel de la vida” y hasta se estaría permitiendo que su defensa incluya la fuerza letal.

“Es paradójico que esta sea una iniciativa de seguridad, pues en realidad daría rienda suelta a la violencia de los ciudadanos protegiéndose a ellos mismos”, expresó el grupo de académicos, que alertaron sobre estas prácticas que ya se han adelantado por fuera de la ley y han derivado en temas como el paramilitarismo y la limpieza social, por lo que sería muy peligroso entrar a legalizar este tipo de conductas.

En una sesión conjunta de las Comisiones Primeras del Congreso, que inició el pasado martes y concluyó este jueves, fue aprobado en primer debate el Proyecto de Ley de seguridad ciudadana. Esta iniciativa fue propuesta por el Gobierno nacional y busca responder a temas como la ola de inseguridad urbana en varias ciudades del país y a varias de las situaciones que dejó el paro nacional. No obstante, contiene temas que han generado controversias como cambios a la noción de proporcionalidad en lo relacionado con la legítima defensa.

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Durante la sesión hicieron presencia los ministros del Interior, Daniel Palacios, y de Justicia, Wilson Ruiz, que son las dos carteras que lideran la iniciativa. Tras la aprobación, Palacios aseguró que “el Gobierno Nacional tenía como propósito al radicar este Proyecto de Ley, de recoger el sentimiento de millones de colombianos, Alcaldes, Gobernadores que han visto con algún tipo de frustración en muchos elementos la impunidad en las sanciones”.

Palacios también destacó sobre el proyecto que es un mensaje a la delincuencia, teniendo en cuenta fija un aumento de hasta el 75 % cuando haya reiteración o reincidencia, crea un sistema nacional de recaudo y un sistema nacional para el cobro de multas. “La reincidencia será sancionada de manera ejemplar, quien haya sido condenado durante un tiempo de cinco años y vuelva a ser condenado, será un agravante para esa conducta punible”, agregó el Mininterior, quien agradeció no solo a los congresistas sino a otras instancias como Asocapitales, la Federación de Departamentos y la Federación de Municipios, entre otras, por su apoyo al proyecto.

En el proyecto se incluyeron aumentos de penas a varios delitos cuando sean cometidos en contra de miembros de la Fuerza Pública. Por ejemplo, en el homicidio se consideraría an gravante que sea cometido en contra de un uniformado y se castigaría con penas entre 41 y 60 años de prisióun. Asimismo, ocasionar lesiones personales a un miembro de la Fuerza Pública sería un agravante y en tal caso se ordenará un aumento de la pena en las dos terceras partes del monto original fijado por la ley.

Ese tema también fue resaltado por Palacios, en especial el apartado que indica que el delito “no podrá ser excarcelable y será agravado”, así como otros temas como el aumento de penas al daño al bien ajeno público, lo que se considera como una respuesta a lo ocurrido durante el paro.

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“Para que ese daño en bien ajeno, cuando se cometa en el transporte público, contra las instituciones al servicio de la seguridad ciudadana o infraestructura, o al servicio de la seguridad ciudadana o al servicio de la justicia, también se constituyan un agravante que no permita la excarcelación”, añadió el ministro.

Otro apartado del proyecto habla sobre el porte de armas blancas, respecto a lo que establece que cuando no sea para un fin lícito deberá ser castigado con penas entre los dos y tres años de prisión. También se incluye un agravante en la fabricación, tráfico o porte de armas cuando esta es menos letal, pero se modifiquen sus características para “que aumente su letalidad”. Sobre esto, Palacios comentó que “es un mensaje que estamos mandando aquí, a quién cometa un delito violento a través de la implementación de arma de fuego, arma blanca o arma de letalidad reducida, la medida de aseguramiento tendrá que ser intramural”.

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La aprobación del proyecto tuvo varias reacciones. El representante Juan Manuel Daza (Centro Democrático), coordinador ponente de la iniciativa, aseguró al concluir el debate que “entre otros aspectos establecemos que los hurtos mayores a 4 salarios mínimos dejarán de ser excarcelable. Un clamor de la ciudadanía, que veía como le hurtaban las cosas en la calle y más nos demorábamos en capturar y denunciar a ese delincuente, que la justicia dejándolo libre”.

Por su parte, desde la oposición el representante Inti Asprilla (Alianza Verde), tildó el proyecto como “la consolidación de una dictadura”. Para el congresista, el proyecto de seguridad no es otra cosa que un “plan macabro” para “aterrorizar, amedrentar y amenazar” a la ciudadanía.

“Lo que pretenden hacerle ver a la ciudadanía como una defensa de seguridad, no es otra cosa que el plan macabro de seguir pensando que la gente aguantará la inmundicia y la corrupción de un gobierno uribista los próximos cuatro años”, dijo Asprilla.

Controversia sobre la legítima defensa

Una de las mayores controversia sobre el proyecto de ley de seguridad ciudadana fue la inclusión de una proposición de “Legítima defensa privilegiada”, algo que para algunos puede resultar contraproducente. Puntualmente, la proposición dice lo siguiente: “Se presume también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que usando maniobras que superen las barreras de la propiedad o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno”.

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Pero la parte que ha generado controversia es el parágrafo que indica que “en los casos del ejercicio de la legítima defensa privilegiada, la valoración de la defensa se deberá aplicar un estándar de proporcionalidad diferenciado en favor de quién la ejerce”. Ese apartado, de acuerdo con el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, envían “el mensaje de “sálvese quien pueda” a la ciudadanía y delega su función de garantizar la seguridad a los ciudadanos”.

De acuerdo con los académicos, los cambios en la proporcionalidad puede llegar a ser problemático, ya que, según el grupo de estudio, “el proyecto modifica el alcance de dicha presunción de manera preocupante”. El grupo recordó que actualmente se presume que hay proporcionalidad cuando alguien actúa para contrarrestar a alguien que intente entrar o haya entrado en una habitación propia, pero el proyecto propone un enfoque que puede ser problemático ante un alcance posiblemente desproporcionado.

Para esta célula de la Universidad de los Andes, el cambio es peligroso debido a que normalmente se concibe la legítima defensa cuando “la vida o integridad física están en peligro”, pero en este caso se estaría poniendo al “patrimonio y el sistema económico al mismo nivel de la vida” y hasta se estaría permitiendo que su defensa incluya la fuerza letal.

“Es paradójico que esta sea una iniciativa de seguridad, pues en realidad daría rienda suelta a la violencia de los ciudadanos protegiéndose a ellos mismos”, expresó el grupo de académicos, que alertaron sobre estas prácticas que ya se han adelantado por fuera de la ley y han derivado en temas como el paramilitarismo y la limpieza social, por lo que sería muy peligroso entrar a legalizar este tipo de conductas.